Crítica:
La noticia revela la ambición desmedida de la familia del presidente Sánchez, pero carece de contexto sobre las implicaciones legales actuales de estos hechos ocurridos hace más de dos décadas.
El suegro de Sánchez intentó meter también tragaperras en sus prostíbulos y el Ayuntamiento le paró los pie...
Suegro de Sánchez y tragaperras
Otros artículos
Supremo falla a favor Ayuso
El Tribunal Supremo ha dado la razón a Isabel Díaz Ayuso en su pugna contra Pedro Sánchez por los 53,64 millones de euros que el Gobierno central retuvo a la Comunidad de Madrid en 2019. La sentencia, dictada a finales de 2025, revoca la inadmisión decretada por la Audiencia Nacional en julio de 2022 y establece jurisprudencia pionera al considerar recurribles las comunicaciones estatales de entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. El conflicto se remonta al verano de 2018, cuando Hacienda comunicó a Madrid una previsión inicial de 14.485,77 millones de euros para 2019. Sin embargo, debido a la prórroga presupuestaria estatal, el importe se redujo a 13.752,86 millones en enero de 2019. Finalmente, en octubre de 2019, se comunicó una tercera cifra: 14.432,12 millones, aún inferior en 53,64 millones a la estimación inicial. La Comunidad de Madrid, entonces gobernada por PP y Ciudadanos, elaboró sus presupuestos basándose en la primera previsión. El Tribunal Supremo subraya que las entregas a cuenta condicionan la elaboración de los presupuestos autonómicos y posibilitan la financiación sin esperar a la liquidación definitiva. La resolución enfatiza que estas comunicaciones no son meramente informativas, sino actos administrativos con efectos jurídicos. El caso vuelve ahora a la Audiencia Nacional para determinar si el recorte fue indebido. Esta sentencia marca un hito en las relaciones financieras entre el Estado y las autonomías, permitiendo a otras comunidades impugnar las cuantías comunicadas por Hacienda.
Nepotismo en curso de aguas
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha visto cómo su marido, Diego Fernández-Polanco, y su cuñada, María Fernández-Polanco, impartían un curso organizado por el Cedex, un organismo vinculado a su ministerio. El curso, que tuvo un coste de 1.100 euros por alumno, versó sobre el tratamiento de aguas residuales y explotación de estaciones depuradoras. Fernández-Polanco, ingeniero químico y cofundador de la empresa teCH4+ (Te Consulting House 4 Plus SL), fue presentado en la web institucional del Cedex junto a su empresa, que fue promocionada por el Gobierno. Su cuñada, doctora en Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente por la Universidad de Valladolid, también participó como ponente. El curso se celebró en noviembre de 2024, cuando Aagesen ya era secretaria de Estado de Energía. La empresa de Fernández-Polanco ha recibido subvenciones del Gobierno por al menos 375.900 euros. Entre ellas, una de 204.600 euros para el desarrollo del Proyecto Advisor en diciembre de 2018, cuando Aagesen era asesora de Teresa Ribera en el Ministerio de Transición Ecológica. Posteriormente, ya como secretaria de Estado de Energía, su empresa recibió otras ayudas.
Txeroki: 18 años y libre
La complicada caza de Txeroki, el exjefe de ETA condenado a 404 años de cárcel pero liberado tras solo 18 años, revela la compleja historia detrás de su detención y el contexto político de la época. En marzo de 2006, ETA anunció un 'alto el fuego permanente', lo que llevó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a iniciar negociaciones. Sin embargo, el 30 de noviembre de ese año, ETA atentó contra la Terminal 4 de Barajas, matando a dos ecuatorianos y frustrando las esperanzas de paz. El CNI, dirigido por Alberto Saiz, jugó un papel crucial en la captura de Txeroki en 2008, utilizando técnicas de espionaje avanzadas para localizarlo. Su detención en Cauterets, Francia, fue el resultado de un operativo conjunto con la Guardia Civil y fuerzas de seguridad francesas. La historia pone de relieve la tensión entre la reinserción y el castigo en el sistema judicial.
Castellano en aulas catalanas pendiente
El Defensor del Pueblo ha instado al Govern de Cataluña, liderado por Salvador Illa, a aclarar cómo garantiza el aprendizaje del castellano en las aulas, más de medio año después de su primera solicitud en junio de 2025. La petición se produce tras una queja presentada por Societat Civil Catalana en 2024, denunciando la posible discriminación de alumnos hispanohablantes debido al decreto aprobado por el Ejecutivo autonómico en mayo de 2024, que definía el catalán como 'lengua vehicular' en los colegios. El decreto, conocido como Decreto 91/2024, fue parcialmente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en septiembre de 2025, declarándose nulos varios de sus artículos por contravenir la Constitución. A pesar de esto, el Defensor del Pueblo, dirigido por Ángel Gabilondo, continúa exigiendo información sobre los criterios aplicados por la Generalitat para garantizar la enseñanza del castellano. La situación refleja la tensión entre el Govern y las entidades que abogan por el bilingüismo en las escuelas catalanas, mientras que el Ejecutivo autonómico mantiene su adhesión al modelo de inmersión lingüística iniciado décadas atrás. La falta de respuesta del Govern ha llevado al Defensor del Pueblo a recordar su 'inexcusable deber de colaboración', regulado en la Ley Orgánica 3/1981. La batalla por el bilingüismo en Cataluña sigue siendo un tema candente, con implicaciones legales y educativas que afectan a miles de estudiantes.
Gobierno dona 155M al Fondo
El Gobierno de España ha donado 155 millones de euros al Fondo de Adaptación Climática, un mecanismo clave en la arquitectura financiera climática de la ONU. Esta donación se produce en un contexto en el que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha cuestionado el destino de más de 6.000 millones de euros destinados a cooperación internacional para el desarrollo entre 2021 y 2023. El Fondo financia proyectos en países como Pakistán, Mauritania, Yibuti, Samoa, Jamaica, Honduras y Mongolia, enfocándose en la reducción del riesgo de inundaciones, agricultura, seguridad alimentaria y gestión de recursos hídricos. Mientras tanto, España enfrenta problemas similares en sus propias fronteras, como la gestión de zonas costeras y recursos hídricos. La donación del Gobierno español al Fondo se ha multiplicado en 2025, alcanzando los 15 millones de euros en una subvención dineraria sin contraprestación el 19 de enero de 2026.
España ayuda Etiopía con bambú
En 2025, España destinó casi un millón de euros a Etiopía a través de dos partidas de ayuda para proyectos relacionados con el bambú y el café con enfoque de género. La primera partida, de 790.000 euros, se otorgó a la Organización Internacional del Bambú y el Ratán para promover la economía circular basada en el bambú. La segunda, de 350.000 euros, se concedió al Instituto Etíope de Investigación Agraria para ampliar innovaciones sensibles al género y al clima en el cultivo del café. Sin embargo, la efectividad y transparencia de estas ayudas son cuestionables debido a la situación de inestabilidad política y corrupción en Etiopía.
Colapso Consulado España en Argelia
El Consulado General de España en Orán ha colapsado debido al aumento exponencial de solicitudes de citas para legalización tras el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de regularizar a medio millón de inmigrantes. Ante la imposibilidad de atender la demanda, el consulado ha delegado en el Ministerio de Exteriores de Argelia la expedición de certificados a partir del 15 de febrero de 2026. Expertos alertan de que esto podría suponer una pérdida de control sobre la autenticidad de los documentos y aumentar el riesgo de fraude. La medida se produce después de que el consulado en Argel sufriera un intento de asalto por parte de 300 personas. El colapso no solo afecta a los consulados, sino también a las oficinas de extranjería y padrones municipales, así como a las comisarías, que han visto un aumento del 60% en denuncias relacionadas con la supuesta pérdida de pasaporte por parte de extranjeros que buscan regularizar su situación.
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