La noticia revela una red de influencias y operaciones financieras turbias que involucran a un expresidente y un empresario imputado. La falta de transparencia en la investigación y los detalles sobre las presiones ejercidas por Zapatero sugieren un entramado de poder y corrupción.
La saturación de los consulados españoles debido a la regulación de inmigrantes concedida por el gobierno de Pedro Sánchez ha llevado al Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, a tomar medidas extraordinarias. A partir del 15 de febrero, se aceptará el sello de Argelia para tramitar visados, evitando así la necesidad de legalizar documentos en el Consulado de España en Argelia. Esta decisión se debe a la imposibilidad material de atender la alta demanda de solicitudes. Fuentes de Exteriores estiman que entre uno y tres millones de inmigrantes podrían beneficiarse de esta regularización. Mientras tanto, los consulados de Marruecos en España han aumentado su actividad, ampliando sus horarios de atención para hacer frente a la demanda. El gobierno de Marruecos ha reforzado su personal consular para apoyar a los ciudadanos y garantizar la eficacia de los servicios. La medida ha generado largas colas en diversos ayuntamientos y consulados, y Podemos pretende ir más allá, permitiendo votar a los regularizados sin esperar los plazos legales.
El accidente de tren en Adamuz, que se cobró 46 vidas, ha generado controversia sobre el estado de las obras en el momento del siniestro. Un documento oficial del Gobierno, fechado el 18 de junio de 2025, revela que varias mejoras en materia de telecomunicaciones y sistemas de control estaban 'en ejecución' en ese mes. El sistema de detección de objetos en la vía, crucial para prevenir accidentes, estaba sin terminar. El ministro Óscar Puente había asegurado que las obras concluyeron en mayo de 2025, pero el documento oficial contradice esta versión. La cronología de los hechos será clave en el caso judicial. Las obras incluían la renovación de la infraestructura por 52,49 millones de euros, la renovación de desvíos por 26,86 millones y la implantación del ERTMS por 104,72 millones de euros. La investigación apunta a una posible rotura de soldadura como causa del accidente.
En un contexto de creciente tensión con Marruecos, el Tercio Duque de Alba 2º de la Legión (TERLEG 2) ha intensificado su preparación militar en Ceuta con un curso de asalto a posiciones defensivas. Este ejercicio, parte del Programa Anual de Preparación de la unidad, busca reforzar sus capacidades ofensivas en entornos fortificados y garantizar su disponibilidad operativa en primera línea. La proximidad de Marruecos y sus permanentes reclamaciones sobre las plazas de soberanía española acentúa el carácter estratégico del ejercicio. Durante el curso, los legionarios se adiestraron en progresión bajo fuego simulado, coordinación entre secciones, empleo de apoyos y consolidación de objetivos, utilizando las zonas de instrucción del Tercio y el campo exterior de Ceuta. Estos terrenos permiten reproducir situaciones tácticas realistas y resultan especialmente relevantes dada la confluencia de entornos variados en un espacio geográfico reducido. El asalto a posiciones defensivas es una de las maniobras más complejas dentro de la táctica de infantería, exigiendo sincronización, rapidez, precisión y liderazgo. La Comandancia General de Ceuta mantiene unidades con capacidad de respuesta inmediata, y el adiestramiento continuo responde tanto a criterios doctrinales como a la necesidad estratégica de preservar la disuasión y la capacidad de reacción en una plaza de especial relevancia geopolítica.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha mantenido una intensa agenda internacional en los últimos tres meses, con seis viajes oficiales al extranjero. El pasado 1 de diciembre, Díaz viajó a Bruselas para participar en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la Unión Europea. Dos días después, se trasladó a Saint-Vincent, en el Valle de Aosta (Italia), para intervenir en el coloquio '¿Cómo prospera la democracia?' del The Grand Continent Summit. El 11 de diciembre, viajó a Ginebra para visitar la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ratificar el Convenio 183 OIT sobre la Protección de la Maternidad. En enero, Díaz se desplazó a Finlandia, donde se reunió con representantes de la Organización Central de Sindicatos de Finlandia y fue acompañada por su hija de 13 años, lo que generó polémica en redes sociales. A principios de febrero, inició una gira por Estados Unidos, visitando Cambridge y Nueva York, donde se reunió con académicos, periodistas y representantes de organizaciones sindicales y políticas. Durante su estancia en EE. UU., Díaz mantuvo encuentros con la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohammed, y con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, entre otros.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprobado un anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española para garantizar el derecho al aborto. El nuevo apartado reconoce 'el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo' y obliga a los poderes públicos a garantizar su prestación en condiciones de igualdad efectiva. El Consejo de Estado ha emitido dos dictámenes sobre esta cuestión, uno elaborado por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y otro por María Luisa Carcedo, ambos defendiendo el derecho al aborto pero criticando que la reforma se haga por el artículo 43 y no por el 15, lo que lo convertiría en un derecho fundamental. El Gobierno justifica el uso del artículo 43 porque 'la interrupción voluntaria del embarazo se configura como una libertad fundamental y un derecho constitucional de carácter prestacional'. La reforma constitucional deberá ser aprobada por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, según el artículo 167 de la Constitución. El Gobierno busca evitar la disolución inmediata de las Cortes y la convocatoria de elecciones que conllevaría modificar el artículo 15.
El Tribunal Supremo ha dado la razón a Isabel Díaz Ayuso en su pugna contra Pedro Sánchez por los 53,64 millones de euros que el Gobierno central retuvo a la Comunidad de Madrid en 2019. La sentencia, dictada a finales de 2025, revoca la inadmisión decretada por la Audiencia Nacional en julio de 2022 y establece jurisprudencia pionera al considerar recurribles las comunicaciones estatales de entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. El conflicto se remonta al verano de 2018, cuando Hacienda comunicó a Madrid una previsión inicial de 14.485,77 millones de euros para 2019. Sin embargo, debido a la prórroga presupuestaria estatal, el importe se redujo a 13.752,86 millones en enero de 2019. Finalmente, en octubre de 2019, se comunicó una tercera cifra: 14.432,12 millones, aún inferior en 53,64 millones a la estimación inicial. La Comunidad de Madrid, entonces gobernada por PP y Ciudadanos, elaboró sus presupuestos basándose en la primera previsión. El Tribunal Supremo subraya que las entregas a cuenta condicionan la elaboración de los presupuestos autonómicos y posibilitan la financiación sin esperar a la liquidación definitiva. La resolución enfatiza que estas comunicaciones no son meramente informativas, sino actos administrativos con efectos jurídicos. El caso vuelve ahora a la Audiencia Nacional para determinar si el recorte fue indebido. Esta sentencia marca un hito en las relaciones financieras entre el Estado y las autonomías, permitiendo a otras comunidades impugnar las cuantías comunicadas por Hacienda.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha visto cómo su marido, Diego Fernández-Polanco, y su cuñada, María Fernández-Polanco, impartían un curso organizado por el Cedex, un organismo vinculado a su ministerio. El curso, que tuvo un coste de 1.100 euros por alumno, versó sobre el tratamiento de aguas residuales y explotación de estaciones depuradoras. Fernández-Polanco, ingeniero químico y cofundador de la empresa teCH4+ (Te Consulting House 4 Plus SL), fue presentado en la web institucional del Cedex junto a su empresa, que fue promocionada por el Gobierno. Su cuñada, doctora en Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente por la Universidad de Valladolid, también participó como ponente. El curso se celebró en noviembre de 2024, cuando Aagesen ya era secretaria de Estado de Energía. La empresa de Fernández-Polanco ha recibido subvenciones del Gobierno por al menos 375.900 euros. Entre ellas, una de 204.600 euros para el desarrollo del Proyecto Advisor en diciembre de 2018, cuando Aagesen era asesora de Teresa Ribera en el Ministerio de Transición Ecológica. Posteriormente, ya como secretaria de Estado de Energía, su empresa recibió otras ayudas.
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