Crítica:
El artículo omite la perspectiva de los comercios denunciados y no explora las implicaciones económicas de imponer el catalán como lengua obligatoria.
Los espías del catalán señalan a los comercios que no lo usan y exigen a Prohens que los obligue por ley
Catalán obligatorio en comercios
Otros artículos
Zapatero pierde su hombre clave
La dimisión de José Ángel González, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, conocido como Jota, sacude la investigación judicial sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. González era una pieza clave en el entramado policial vinculado a Zapatero, gracias a su estrecha relación con Segundo Martínez, ex jefe de seguridad de Zapatero en Moncloa y actual jefe de seguridad en Huawei, y con Francisco Pardo, director de la Policía Nacional. La caída de Jota se produce tras ser denunciado por presunto delito de agresión sexual por una subordinada. Fuentes policiales creen que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, podría haber conocido los hechos, lo que ha llevado a desmontar la llamada 'cloaca policial'. La investigación sobre Plus Ultra, rescatada por el Gobierno en marzo de 2021, podría salirse del control de Zapatero. La conexión entre González y Martínez se forjó en Castilla y León, donde ambos desarrollaron parte de sus carreras. La dimisión de Jota pone en jaque el blindaje de la investigación que pretendía 'cortarle el paso a la Guardia Civil' y mantener el control en la Policía Nacional.
Catalán para regularizar inmigrantes
El Gobierno español ha incluido el conocimiento del catalán como requisito para la regularización de inmigrantes a través de un nuevo Real Decreto. Esta medida, celebrada por ERC, busca fomentar la integración real en la sociedad catalana y reconocer la diversidad lingüística del Estado. El Real Decreto, que será aprobado próximamente por el Consejo de Ministros, forma parte de una regularización masiva pactada con Podemos que podría beneficiar a 500.000 inmigrantes que ya están en España. La Comisión Europea ha mostrado su preocupación por posibles conflictos con la política actual de la Unión Europea.
España rechaza proteger anguila
La propuesta de incluir la anguila europea como 'en peligro de extinción' en el Catálogo Español de Especies Amenazadas ha sido rechazada por seis comunidades autónomas pesqueras. A pesar de que los científicos llevan años alertando sobre su declive crítico, con una caída del 90% desde los años 60, el sector se resiste a aceptar una prohibición total debido al alto valor económico de este producto premium. El Ministerio ha creado un grupo de trabajo con las CCAA para discutir medidas, pero los expertos dudan que sea efectivo. La situación refleja la tensión entre conservación y economía, así como la fragmentación en la gobernanza europea sobre el tema.
Crisis energética en Madrid
La Comunidad de Madrid ha hecho sonar las alarmas sobre la situación energética en la región, calificándola de 'crítica' debido a la propuesta de planificación eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para el periodo 2025-2030. El consejero Carlos Novillo presentó un informe que advierte de que 116.000 nuevas viviendas previstas en desarrollos del Sureste podrían quedarse sin suministro eléctrico, lo que podría retrasar su puesta en marcha más allá de 2030. Además, la propuesta compromete iniciativas estratégicas vinculadas a la digitalización y la inteligencia artificial, afectando proyectos clave para el desarrollo económico y tecnológico de la región. Novillo criticó la política energética del Gobierno de Pedro Sánchez, calificándola de 'elefante en la habitación' y 'agujero negro' que podría detener el progreso de Madrid y España. El informe subraya la importancia de la energía nuclear para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico a corto y medio plazo, y advierte de que su cierre provocaría un incremento del coste de la electricidad y dificultaría el cumplimiento de los objetivos de descarbonización. La Comunidad de Madrid ha solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear un pronunciamiento urgente sobre la situación de la central nuclear de Almaraz.
Guardia Civil actúa contra
La Guardia Civil ha actuado contra un matrimonio por delito de usurpación y otro de urbanismo después de que estuvieran ejecutando obras en el Hacho, en un territorio de Defensa cedido a la Ciudad de Ceuta. La investigación, llevada a cabo por el Equipo de Investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (EPRONA), se inició tras un requerimiento de colaboración del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) de la Policía Local en noviembre pasado. Los agentes municipales habían sido alertados por ciudadanos que localizaron una obra en ejecución en la zona forestal del Monte Hacho, donde varias personas levantaban muros de bloque y estructuras metálicas. La inspección ocular conjunta y las posteriores gestiones de investigación confirmaron que la parcela afectada es propiedad del Ministerio de Defensa, catalogada como suelo rústico y de especial protección, y que las obras carecían de cualquier tipo de licencia o autorización. El dictamen pericial indicó que las obras no eran legalizables dada la clasificación del terreno. Por ello, se procedió a la lectura de derechos en calidad de investigadas a dos personas responsables de la promoción y ejecución de la construcción ilegal. Este caso se suma a otros similares en la zona, como el caso de octubre de 2025 donde el Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta dictó sentencia condenatoria contra tres personas por hechos similares cometidos en 2024.
Juez pide documentación cloacas PSOE
El juez Arturo Zamarriego, que investiga las cloacas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ha solicitado formalmente a la Audiencia Nacional toda la documentación relacionada con la operación Leire. Esta petición se produce en el marco de una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, en la que figura como investigada Leire Díez Castro, exmilitante socialista detenida en diciembre junto al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y al empresario Antxon Alonso. La operación Leire ha generado gran expectación debido a las presuntas maniobras de Díez Castro para obtener información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles. En este contexto, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, declaró el 2 de febrero ante el juez Zamarriego, admitiendo haberse reunido con Díez en dos ocasiones para recibir audios relacionados con la 'policía patriótica' y supuestas escuchas en las saunas del padre de Begoña Gómez. Además, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, también reconoció haber mantenido una reunión con Díez, acompañado de Cerdán y su mano derecha, Juanfran Serrano, quien permanece en la secretaría de Organización del partido.
Funcionarios reducen jornada laboral
La Administración General del Estado (AGE) se prepara para implementar una jornada laboral de 35 horas semanales a partir de marzo, según lo aprobado por la comisión permanente. Esta medida, respaldada por sindicatos como UGT y CCOO, busca mejorar la productividad sin afectar la contratación. La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, destacó que la reducción horaria no impactará en la Oferta de Empleo Público y que prácticamente el 90% de las administraciones locales ya han adoptado esta jornada. Sin embargo, ciertos colectivos como trabajadores de instituciones penitenciarias y personal docente y sanitario de Ceuta y Melilla requerirán un ajuste adicional, previsto para abril. La implementación será adaptada por cada departamento, con una reducción diaria de media hora para quienes actualmente trabajan 37,5 horas de lunes a viernes. Araque también criticó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su anterior negativa a implementar las 35 horas hasta que el Estado lo hiciera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI 2022-2024, que también incluye otros pendientes como la recuperación de la jubilación parcial y la reclasificación profesional.
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