Crítica:
La noticia revela un entramado de influencias y control en la Policía Nacional vinculado a Zapatero, pero falta profundizar en las implicaciones legales de la dimisión de Jota y su conexión con el caso Plus Ultra.
Zapatero pierde a su hombre clave en la Policía en el cénit de la investigación de Plus Ultra
Zapatero pierde su hombre clave
Otros artículos
Pegasus infecta Moncloa: caos total
En los meses posteriores al descubrimiento del espionaje con Pegasus al Gobierno de Pedro Sánchez, Moncloa se sumió en una ola de histeria y paranoia. Según fuentes de inteligencia consultadas por THE OBJECTIVE, las revisiones de seguridad realizadas en decenas de teléfonos móviles de asesores y personal próximo al presidente revelaron 'indicadores de compromiso' vinculados al software israelí. Sin embargo, casi cinco años después, se sospecha que muchos de aquellos positivos fueron generados de forma anómala por la rudimentaria técnica disponible en ese momento. La herramienta informática de Amnistía Internacional utilizada para analizar los teléfonos del Consejo de Ministros podría ser la causa de los falsos positivos. El incidente Pegasus desveló la falta de medios y la escasa fiabilidad de los análisis de seguridad en ese momento, lo que llevó a Moncloa a enfrentar un 'complicadísimo' escenario. Las infecciones detectadas en los móviles de Sánchez, Marlaska y Robles no fueron las únicas en las altas esferas del Gobierno socialista. La situación en Moncloa fue especialmente sorprendente, con un elevado número de dispositivos mostrando signos de infección por Pegasus. Los técnicos de inteligencia española tuvieron que utilizar una herramienta de Amnistía Internacional debido a la falta de medios adecuados para detectar y combatir posibles operaciones extranjeras. Esta herramienta, aunque inicialmente considerada efectiva, demostró tener resultados cuestionables. La crisis por Pegasus llevó a encuentros en Málaga, Madrid y Tel Aviv para contener el daño provocado por la exfiltración de datos, y Moncloa y Rabat pactaron una salida a la crisis en enero de 2022.
Interior en crisis por agresión
La denuncia por agresión sexual contra el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha generado un terremoto en el Ministerio del Interior. Pese a las declaraciones del ministro Grande-Marlaska afirmando que «nadie sabía nada», diversas fuentes aseguran que la cúpula del ministerio y altos mandos policiales estaban al tanto de los hechos. La víctima ha aportado pruebas contundentes, incluyendo grabaciones que demuestran el acoso y la agresión sexual. El caso ha desencadenado una crisis de confianza en la Policía y ha puesto en cuestionamiento la gestión de los altos cargos. Sindicatos policiales han pedido la dimisión del director de la Policía y del ministro, mientras otros abogan por prudencia y respeto a la presunción de inocencia.
Catalán para regularizar inmigrantes
El Gobierno español ha incluido el conocimiento del catalán como requisito para la regularización de inmigrantes a través de un nuevo Real Decreto. Esta medida, celebrada por ERC, busca fomentar la integración real en la sociedad catalana y reconocer la diversidad lingüística del Estado. El Real Decreto, que será aprobado próximamente por el Consejo de Ministros, forma parte de una regularización masiva pactada con Podemos que podría beneficiar a 500.000 inmigrantes que ya están en España. La Comisión Europea ha mostrado su preocupación por posibles conflictos con la política actual de la Unión Europea.
Catalán obligatorio en comercios
La Plataforma per la Llengua ha denunciado a media docena de comercios en Baleares por no utilizar el catalán, exigiendo al Govern de Marga Prohens que los obligue por ley. La entidad, conocida como los 'espías del catalán', busca recuperar la Ley de Comercio de 2001 que garantizaba el uso del catalán en la rotulación y atención al público. Aunque Baleares es bilingüe, la Plataforma per la Llengua omite el castellano en sus exigencias. En 2025, recibieron 89 quejas lingüísticas, la mayoría en establecimientos comerciales. La entidad ofrece un servicio de defensa de derechos lingüísticos con especialistas.
España rechaza proteger anguila
La propuesta de incluir la anguila europea como 'en peligro de extinción' en el Catálogo Español de Especies Amenazadas ha sido rechazada por seis comunidades autónomas pesqueras. A pesar de que los científicos llevan años alertando sobre su declive crítico, con una caída del 90% desde los años 60, el sector se resiste a aceptar una prohibición total debido al alto valor económico de este producto premium. El Ministerio ha creado un grupo de trabajo con las CCAA para discutir medidas, pero los expertos dudan que sea efectivo. La situación refleja la tensión entre conservación y economía, así como la fragmentación en la gobernanza europea sobre el tema.
Crisis energética en Madrid
La Comunidad de Madrid ha hecho sonar las alarmas sobre la situación energética en la región, calificándola de 'crítica' debido a la propuesta de planificación eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para el periodo 2025-2030. El consejero Carlos Novillo presentó un informe que advierte de que 116.000 nuevas viviendas previstas en desarrollos del Sureste podrían quedarse sin suministro eléctrico, lo que podría retrasar su puesta en marcha más allá de 2030. Además, la propuesta compromete iniciativas estratégicas vinculadas a la digitalización y la inteligencia artificial, afectando proyectos clave para el desarrollo económico y tecnológico de la región. Novillo criticó la política energética del Gobierno de Pedro Sánchez, calificándola de 'elefante en la habitación' y 'agujero negro' que podría detener el progreso de Madrid y España. El informe subraya la importancia de la energía nuclear para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico a corto y medio plazo, y advierte de que su cierre provocaría un incremento del coste de la electricidad y dificultaría el cumplimiento de los objetivos de descarbonización. La Comunidad de Madrid ha solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear un pronunciamiento urgente sobre la situación de la central nuclear de Almaraz.
Guardia Civil actúa contra
La Guardia Civil ha actuado contra un matrimonio por delito de usurpación y otro de urbanismo después de que estuvieran ejecutando obras en el Hacho, en un territorio de Defensa cedido a la Ciudad de Ceuta. La investigación, llevada a cabo por el Equipo de Investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (EPRONA), se inició tras un requerimiento de colaboración del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) de la Policía Local en noviembre pasado. Los agentes municipales habían sido alertados por ciudadanos que localizaron una obra en ejecución en la zona forestal del Monte Hacho, donde varias personas levantaban muros de bloque y estructuras metálicas. La inspección ocular conjunta y las posteriores gestiones de investigación confirmaron que la parcela afectada es propiedad del Ministerio de Defensa, catalogada como suelo rústico y de especial protección, y que las obras carecían de cualquier tipo de licencia o autorización. El dictamen pericial indicó que las obras no eran legalizables dada la clasificación del terreno. Por ello, se procedió a la lectura de derechos en calidad de investigadas a dos personas responsables de la promoción y ejecución de la construcción ilegal. Este caso se suma a otros similares en la zona, como el caso de octubre de 2025 donde el Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta dictó sentencia condenatoria contra tres personas por hechos similares cometidos en 2024.
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