Crítica:
La noticia revela una trama de acoso y agresión sexual en la Policía Nacional que compromete a altos cargos del Ministerio del Interior. La credibilidad de la versión oficial está en entredicho.
Las pruebas de la víctima acorralan a Interior: «Nadie se cree que no lo supieran»
Interior en crisis por agresión
Otros artículos
Embajador español pide fondos opacos
El embajador español en la India, Juan Antonio March, solicitó al Instituto Cervantes (IC) en Nueva Delhi que actuara como intermediaria para canalizar fondos de empresas patrocinadoras sin el conocimiento ni la aprobación del Ministerio de Asuntos Exteriores. La directora del IC, María Gil, se negó tras consultar con su sede central en Madrid, pese a la insistencia del embajador. El consejero cultural de la embajada advirtió que la petición era 'completamente irregular' y que el IC no debía actuar como 'empresa pantalla' para estas transacciones. El informe detallado de 16 páginas sobre este episodio ha generado preocupación en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).
Pegasus infecta Moncloa: caos total
En los meses posteriores al descubrimiento del espionaje con Pegasus al Gobierno de Pedro Sánchez, Moncloa se sumió en una ola de histeria y paranoia. Según fuentes de inteligencia consultadas por THE OBJECTIVE, las revisiones de seguridad realizadas en decenas de teléfonos móviles de asesores y personal próximo al presidente revelaron 'indicadores de compromiso' vinculados al software israelí. Sin embargo, casi cinco años después, se sospecha que muchos de aquellos positivos fueron generados de forma anómala por la rudimentaria técnica disponible en ese momento. La herramienta informática de Amnistía Internacional utilizada para analizar los teléfonos del Consejo de Ministros podría ser la causa de los falsos positivos. El incidente Pegasus desveló la falta de medios y la escasa fiabilidad de los análisis de seguridad en ese momento, lo que llevó a Moncloa a enfrentar un 'complicadísimo' escenario. Las infecciones detectadas en los móviles de Sánchez, Marlaska y Robles no fueron las únicas en las altas esferas del Gobierno socialista. La situación en Moncloa fue especialmente sorprendente, con un elevado número de dispositivos mostrando signos de infección por Pegasus. Los técnicos de inteligencia española tuvieron que utilizar una herramienta de Amnistía Internacional debido a la falta de medios adecuados para detectar y combatir posibles operaciones extranjeras. Esta herramienta, aunque inicialmente considerada efectiva, demostró tener resultados cuestionables. La crisis por Pegasus llevó a encuentros en Málaga, Madrid y Tel Aviv para contener el daño provocado por la exfiltración de datos, y Moncloa y Rabat pactaron una salida a la crisis en enero de 2022.
Zapatero pierde su hombre clave
La dimisión de José Ángel González, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, conocido como Jota, sacude la investigación judicial sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. González era una pieza clave en el entramado policial vinculado a Zapatero, gracias a su estrecha relación con Segundo Martínez, ex jefe de seguridad de Zapatero en Moncloa y actual jefe de seguridad en Huawei, y con Francisco Pardo, director de la Policía Nacional. La caída de Jota se produce tras ser denunciado por presunto delito de agresión sexual por una subordinada. Fuentes policiales creen que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, podría haber conocido los hechos, lo que ha llevado a desmontar la llamada 'cloaca policial'. La investigación sobre Plus Ultra, rescatada por el Gobierno en marzo de 2021, podría salirse del control de Zapatero. La conexión entre González y Martínez se forjó en Castilla y León, donde ambos desarrollaron parte de sus carreras. La dimisión de Jota pone en jaque el blindaje de la investigación que pretendía 'cortarle el paso a la Guardia Civil' y mantener el control en la Policía Nacional.
Catalán para regularizar inmigrantes
El Gobierno español ha incluido el conocimiento del catalán como requisito para la regularización de inmigrantes a través de un nuevo Real Decreto. Esta medida, celebrada por ERC, busca fomentar la integración real en la sociedad catalana y reconocer la diversidad lingüística del Estado. El Real Decreto, que será aprobado próximamente por el Consejo de Ministros, forma parte de una regularización masiva pactada con Podemos que podría beneficiar a 500.000 inmigrantes que ya están en España. La Comisión Europea ha mostrado su preocupación por posibles conflictos con la política actual de la Unión Europea.
Catalán obligatorio en comercios
La Plataforma per la Llengua ha denunciado a media docena de comercios en Baleares por no utilizar el catalán, exigiendo al Govern de Marga Prohens que los obligue por ley. La entidad, conocida como los 'espías del catalán', busca recuperar la Ley de Comercio de 2001 que garantizaba el uso del catalán en la rotulación y atención al público. Aunque Baleares es bilingüe, la Plataforma per la Llengua omite el castellano en sus exigencias. En 2025, recibieron 89 quejas lingüísticas, la mayoría en establecimientos comerciales. La entidad ofrece un servicio de defensa de derechos lingüísticos con especialistas.
España rechaza proteger anguila
La propuesta de incluir la anguila europea como 'en peligro de extinción' en el Catálogo Español de Especies Amenazadas ha sido rechazada por seis comunidades autónomas pesqueras. A pesar de que los científicos llevan años alertando sobre su declive crítico, con una caída del 90% desde los años 60, el sector se resiste a aceptar una prohibición total debido al alto valor económico de este producto premium. El Ministerio ha creado un grupo de trabajo con las CCAA para discutir medidas, pero los expertos dudan que sea efectivo. La situación refleja la tensión entre conservación y economía, así como la fragmentación en la gobernanza europea sobre el tema.
Crisis energética en Madrid
La Comunidad de Madrid ha hecho sonar las alarmas sobre la situación energética en la región, calificándola de 'crítica' debido a la propuesta de planificación eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para el periodo 2025-2030. El consejero Carlos Novillo presentó un informe que advierte de que 116.000 nuevas viviendas previstas en desarrollos del Sureste podrían quedarse sin suministro eléctrico, lo que podría retrasar su puesta en marcha más allá de 2030. Además, la propuesta compromete iniciativas estratégicas vinculadas a la digitalización y la inteligencia artificial, afectando proyectos clave para el desarrollo económico y tecnológico de la región. Novillo criticó la política energética del Gobierno de Pedro Sánchez, calificándola de 'elefante en la habitación' y 'agujero negro' que podría detener el progreso de Madrid y España. El informe subraya la importancia de la energía nuclear para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico a corto y medio plazo, y advierte de que su cierre provocaría un incremento del coste de la electricidad y dificultaría el cumplimiento de los objetivos de descarbonización. La Comunidad de Madrid ha solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear un pronunciamiento urgente sobre la situación de la central nuclear de Almaraz.
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