Crítica:
La falta de notificación de la normativa de la baliza V16 por parte del Gobierno español pone en evidencia una grave 'chapuza jurídica' que podría tener consecuencias legales importantes.
La falta de notificación de la normativa de la baliza V16 por parte del Gobierno español pone en evidencia una grave 'chapuza jurídica' que podría tener consecuencias legales importantes.
La visita de Pedro Sánchez a la India se vio empañada por un escándalo relacionado con el embajador español en Nueva Delhi, Juan Antonio March. March está siendo investigado por presuntas irregularidades en la organización de conciertos culturales en Rajastán, con un presupuesto de más de 40.000 euros y la participación de la mezzosoprano china Huiling Zhu, cercana al embajador. Los conciertos, previstos del 22 al 27 de febrero, fueron finalmente paralizados debido a la falta de seguimiento de los procedimientos administrativos y un sistema de financiación fuera del control del Ministerio de Asuntos Exteriores. Funcionarios de la Embajada advirtieron sobre las irregularidades, pero la cúpula de Exteriores no respondió. El proyecto fue rechazado por la AECID al no cumplir los criterios exigidos. March negó cualquier irregularidad, afirmando que el proyecto no se materializó. La polémica ha reabierto el debate sobre el perfil del embajador, nombrado en 2024 tras más de una década fuera de la carrera diplomática y vinculado a una controvertida reforma en Naciones Unidas.
La expansión de las energías renovables en España ha generado un intenso debate, especialmente cuando afecta a espacios naturales protegidos. Ahora, dos altos cargos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por Teresa Ribera, han sido imputados por prevaricación al autorizar la planta solar fotovoltaica TAGUS en Alcántara (Cáceres), dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 'Llanos de Alcántara y Brozas'. La planta, promovida por Iberenova Promociones SAU, filial de Iberdrola, prevé una potencia instalada de 379,97 megavatios pico (MWp) y ha generado controversia por su impacto ambiental. La Fiscalía de Medio Ambiente ha emitido un informe crítico, cuestionando la legalidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable emitida en 2023. El juzgado ha solicitado este informe, que respalda sustancialmente los argumentos de la denuncia presentada por Fondenex. La investigación judicial se centra en la posible infracción de la normativa sobre evaluación ambiental y la falta de comunicación al Gobierno de Portugal, pese a estar en la frontera. La planta podría impactar en especies protegidas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, la cigüeña negra o el lince ibérico. La directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Marta Gómez Palenque, y el subdirector Eugenio Domínguez han sido citados como investigados.
La Policía Nacional alerta de que verificar la identidad de un millón de inmigrantes irregulares acogidos a la regularización masiva anunciada por el Gobierno llevará más de un año con los medios actuales. Los agentes calculan que, dedicándose exclusivamente a comprobar huellas, tardarían 365 días trabajando 24/7. Cada comisaría apenas podría verificar una veintena de huellas diarias debido al laborioso proceso de cotejo en el Sistema Automático de Identificación Biométrico (SAIB). El proceso implica introducir las huellas en la base de datos y compararlas manualmente con las 'aproximaciones' que devuelve el sistema, entre 20 y 30 por cada persona. Con 240 comisarías operativas, el total de verificaciones diarias no superaría las 3.000. Ante esta imposibilidad, los policías prevén que el Gobierno acabe permitiendo la regularización sin verificación exhaustiva, convirtiéndolo en un 'coladero' de inmigrantes.
El comisario principal José Ángel González Jiménez ha sido destituido como director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional mediante una orden interna firmada por el ministro Fernando Grande-Marlaska y publicada en el BOE extraordinario del 19 de febrero de 2026. Con una carrera de más de tres décadas al servicio del Estado, González Jiménez enfrentaba una denuncia por agresión sexual presentada por una subordinada que grabó los hechos durante 40 minutos. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el ex DAO cuenta con apoyos personales sólidos, como la visita de la esposa de Segundo Martínez, ex jefe de Seguridad de la Presidencia del Gobierno durante los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero. La pensión que percibirá será la máxima permitida para un funcionario de su rango y antigüedad, aunque no podrá sumar los pluses mensuales por sus condecoraciones. Su patrimonio inmobiliario incluye propiedades en Valladolid y Aguilar del Río Alhama, su localidad natal en La Rioja. La destitución implica la entrega inmediata de los elementos policiales asignados al cargo, como el teléfono móvil oficial y la residencia oficial en la zona de Cuzco de Madrid. La causa judicial sigue adelante, con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid solicitando pruebas documentales, y el abogado de la denunciante ha confirmado que otras personas han comenzado a relatar situaciones similares atribuidas a otros mandos comisarios.
En un informe explosivo publicado el 20 de febrero de 2026, el Ministerio del Interior revela un alarmante incremento del 288% en las violaciones desde que Fernando Grande-Marlaska asumió el cargo en 2017. Los datos pasan de 1.382 casos en 2017 a 5.363 en 2025, coincidiendo con un escándalo por la violación imputada al ex DAO José Ángel González, mano derecha de Marlaska en la Policía. Los sindicatos policiales exigen la dimisión de Marlaska y del director de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, acusándolos de encubrimiento. El aumento de la criminalidad desmonta el discurso de Marlaska sobre la bajada de la delincuencia. Los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa han pasado de 799 a 1.413, y los delitos contra la libertad sexual e indemnidad sexual de 11.692 a 21.659. Además, el 40% de las violaciones y agresiones sexuales son cometidas por extranjeros según otro informe de Interior. En 2025, España registró 2.474.156 delitos, un 0,8% más que en 2024. Los hurtos siguen bajando, pero otros delitos graves como homicidios (7,7%), secuestros (9,6%), agresiones sexuales con penetración (2,8%) y tráfico de drogas (5,5%) aumentan. El presidente Pedro Sánchez presume de un Gobierno feminista y de tener 'las calles más seguras', pese a estos datos. La ley del 'solo sí es sí' ha beneficiado a miles de abusadores, reduciendo sus condenas. Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía, denuncia la falta de transparencia en los datos y la falta de medios para la Policía Nacional.
En un episodio que se remonta a 1998, el comisario jubilado Segundo Martínez, considerado uno de los hombres de máxima confianza del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, intervino para frenar las consecuencias internas de un altercado en un local de alterne de Valladolid protagonizado por José Ángel González Jiménez, entonces un mando policial en ascenso y posteriormente director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional. Martínez, que ocupó el cargo de jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Castilla y León entre 2002 y 2003, medió para que el incidente no derivara en consecuencias administrativas o disciplinarias, consolidando así una relación de confianza con González Jiménez que se prolongaría durante años. La trayectoria de Martínez en la Policía Nacional incluye destinos en León y Valladolid, y su nombramiento como jefe de seguridad del Palacio de la Moncloa durante las dos legislaturas de Zapatero (2004-2011). González Jiménez, conocido como 'Jota', desarrolló su carrera principalmente en Castilla y León, llegando a dirigir la VII Unidad de Intervención Policial (UIP) en Valladolid y ocupando el puesto de comisario provincial de Valladolid entre 2005 y 2014. En 2018 fue nombrado DAO por el ministro Fernando Grande-Marlaska, convirtiéndose en el máximo responsable operativo del Cuerpo. Fuentes policiales sitúan a Martínez como una figura con capacidad de influencia en la estructura de mando actual, incluso después de su jubilación, y le atribuyen un papel determinante en la promoción de González Jiménez a DAO. La relación entre ambos se considera clave en los equilibrios internos de la Policía Nacional y en la modulación del alcance de determinadas investigaciones sensibles.
La finca de José Bono en Salobre, Albacete, es un reflejo de su conexión con sus raíces manchegas. Construida en los años 40 y reformada en los 80, esta propiedad de 400 metros cuadrados presume de un 'río privado', una terraza con vistas impresionantes y una placa en la fachada dedicada a su padre, exalcalde del pueblo. La vivienda, que fue televisada en 'Mi casa es la tuya', cuenta con cuatro fuentes dedicadas a sus hijos y una puerta que antiguamente conectaba con el negocio familiar. Aunque Bono divide su vida entre Madrid y República Dominicana, Salobre sigue siendo un lugar especial para él, donde disfruta de sus períodos vacacionales con su familia. La localidad, con apenas 400 habitantes, se caracteriza por su entorno natural privilegiado, con el río Salobre atravesando el valle y rodeado de montañas. El pueblo conserva su encanto rural, con la Iglesia de Santa Ana como edificio destacado y un balneario de aguas termales a pocos kilómetros. La huella de Bono en la zona es palpable, tanto por su legado político como por su presencia ocasional en la vida local.
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