Crítica:
El artículo es directo y presenta hechos concretos, pero podría profundizar más en las implicaciones políticas y ambientales de la decisión de autorizar la planta solar en una zona protegida.
Imputados dos altos cargos de Ribera por prevaricación al autorizar una planta solar en zona protegida de Cáceres
Imputados en Ribera por planta solar
Otros artículos
Zapatero mueve ficha en Venezuela
En un giro inesperado, el Gobierno español, con José Luis Rodríguez Zapatero detrás, ha decidido pedir a la Unión Europea que levante las sanciones contra Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. Esta decisión llega tras la aprobación unánime de una ley de amnistía para presos políticos en Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha sido el portavoz de esta iniciativa, argumentando que las sanciones son un medio, no un fin, y que la Unión Europea debe acompañar los pasos hacia el diálogo y la democracia en Venezuela. Sin embargo, desde la oposición venezolana se acusa a Zapatero de blanquear la imagen de un régimen responsable de torturas y fraude electoral. La ley de amnistía, aprobada el jueves pasado, excluye a aquellos que cometieron delitos graves como violaciones de derechos humanos o narcotráfico. Delcy Rodríguez ha pedido que se evalúen casos adicionales para 'curar heridas y reencauzar la convivencia democrática'. Mientras tanto, Nicolás Maduro permanece detenido en Estados Unidos tras ser capturado en Caracas el 3 de enero.
Escándalo embajador en India
La visita de Pedro Sánchez a la India se vio empañada por un escándalo relacionado con el embajador español en Nueva Delhi, Juan Antonio March. March está siendo investigado por presuntas irregularidades en la organización de conciertos culturales en Rajastán, con un presupuesto de más de 40.000 euros y la participación de la mezzosoprano china Huiling Zhu, cercana al embajador. Los conciertos, previstos del 22 al 27 de febrero, fueron finalmente paralizados debido a la falta de seguimiento de los procedimientos administrativos y un sistema de financiación fuera del control del Ministerio de Asuntos Exteriores. Funcionarios de la Embajada advirtieron sobre las irregularidades, pero la cúpula de Exteriores no respondió. El proyecto fue rechazado por la AECID al no cumplir los criterios exigidos. March negó cualquier irregularidad, afirmando que el proyecto no se materializó. La polémica ha reabierto el debate sobre el perfil del embajador, nombrado en 2024 tras más de una década fuera de la carrera diplomática y vinculado a una controvertida reforma en Naciones Unidas.
Bruselas reprende España por baliza
Con la entrada en vigor de la obligatoriedad de llevar la baliza V16 en los vehículos, Bruselas ha destapado una 'chapuza jurídica' del Gobierno de Pedro Sánchez al no notificar esta normativa a la Unión Europea. La Comisión Europea ha advertido que esta omisión podría tener consecuencias jurídicas relevantes, incluyendo la posibilidad de que la normativa española carezca de efecto jurídico contra los particulares. El Gobierno español aprobó la normativa sin informar previamente a Bruselas, lo que ha generado un conflicto legal que podría afectar a miles de conductores. A pesar de que la DGT anunció que aplicaría la normativa con flexibilidad durante los primeros meses, ya se han notificado las primeras sanciones a conductores que no llevan el dispositivo. La Comisión Europea subraya que el uso de la baliza V16 no está armonizado a nivel comunitario, pero alerta de que la imposición de requisitos técnicos específicos a nivel nacional podría constituir una restricción del comercio en el mercado interior.
Verificación huellas inmigrantes imposible
La Policía Nacional alerta de que verificar la identidad de un millón de inmigrantes irregulares acogidos a la regularización masiva anunciada por el Gobierno llevará más de un año con los medios actuales. Los agentes calculan que, dedicándose exclusivamente a comprobar huellas, tardarían 365 días trabajando 24/7. Cada comisaría apenas podría verificar una veintena de huellas diarias debido al laborioso proceso de cotejo en el Sistema Automático de Identificación Biométrico (SAIB). El proceso implica introducir las huellas en la base de datos y compararlas manualmente con las 'aproximaciones' que devuelve el sistema, entre 20 y 30 por cada persona. Con 240 comisarías operativas, el total de verificaciones diarias no superaría las 3.000. Ante esta imposibilidad, los policías prevén que el Gobierno acabe permitiendo la regularización sin verificación exhaustiva, convirtiéndolo en un 'coladero' de inmigrantes.
Ex DAO con pensión máxima
El comisario principal José Ángel González Jiménez ha sido destituido como director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional mediante una orden interna firmada por el ministro Fernando Grande-Marlaska y publicada en el BOE extraordinario del 19 de febrero de 2026. Con una carrera de más de tres décadas al servicio del Estado, González Jiménez enfrentaba una denuncia por agresión sexual presentada por una subordinada que grabó los hechos durante 40 minutos. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el ex DAO cuenta con apoyos personales sólidos, como la visita de la esposa de Segundo Martínez, ex jefe de Seguridad de la Presidencia del Gobierno durante los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero. La pensión que percibirá será la máxima permitida para un funcionario de su rango y antigüedad, aunque no podrá sumar los pluses mensuales por sus condecoraciones. Su patrimonio inmobiliario incluye propiedades en Valladolid y Aguilar del Río Alhama, su localidad natal en La Rioja. La destitución implica la entrega inmediata de los elementos policiales asignados al cargo, como el teléfono móvil oficial y la residencia oficial en la zona de Cuzco de Madrid. La causa judicial sigue adelante, con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid solicitando pruebas documentales, y el abogado de la denunciante ha confirmado que otras personas han comenzado a relatar situaciones similares atribuidas a otros mandos comisarios.
Violaciones se disparan con Marlaska
En un informe explosivo publicado el 20 de febrero de 2026, el Ministerio del Interior revela un alarmante incremento del 288% en las violaciones desde que Fernando Grande-Marlaska asumió el cargo en 2017. Los datos pasan de 1.382 casos en 2017 a 5.363 en 2025, coincidiendo con un escándalo por la violación imputada al ex DAO José Ángel González, mano derecha de Marlaska en la Policía. Los sindicatos policiales exigen la dimisión de Marlaska y del director de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, acusándolos de encubrimiento. El aumento de la criminalidad desmonta el discurso de Marlaska sobre la bajada de la delincuencia. Los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa han pasado de 799 a 1.413, y los delitos contra la libertad sexual e indemnidad sexual de 11.692 a 21.659. Además, el 40% de las violaciones y agresiones sexuales son cometidas por extranjeros según otro informe de Interior. En 2025, España registró 2.474.156 delitos, un 0,8% más que en 2024. Los hurtos siguen bajando, pero otros delitos graves como homicidios (7,7%), secuestros (9,6%), agresiones sexuales con penetración (2,8%) y tráfico de drogas (5,5%) aumentan. El presidente Pedro Sánchez presume de un Gobierno feminista y de tener 'las calles más seguras', pese a estos datos. La ley del 'solo sí es sí' ha beneficiado a miles de abusadores, reduciendo sus condenas. Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía, denuncia la falta de transparencia en los datos y la falta de medios para la Policía Nacional.
Zapatero y comisario protegen DAO
En un episodio que se remonta a 1998, el comisario jubilado Segundo Martínez, considerado uno de los hombres de máxima confianza del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, intervino para frenar las consecuencias internas de un altercado en un local de alterne de Valladolid protagonizado por José Ángel González Jiménez, entonces un mando policial en ascenso y posteriormente director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional. Martínez, que ocupó el cargo de jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Castilla y León entre 2002 y 2003, medió para que el incidente no derivara en consecuencias administrativas o disciplinarias, consolidando así una relación de confianza con González Jiménez que se prolongaría durante años. La trayectoria de Martínez en la Policía Nacional incluye destinos en León y Valladolid, y su nombramiento como jefe de seguridad del Palacio de la Moncloa durante las dos legislaturas de Zapatero (2004-2011). González Jiménez, conocido como 'Jota', desarrolló su carrera principalmente en Castilla y León, llegando a dirigir la VII Unidad de Intervención Policial (UIP) en Valladolid y ocupando el puesto de comisario provincial de Valladolid entre 2005 y 2014. En 2018 fue nombrado DAO por el ministro Fernando Grande-Marlaska, convirtiéndose en el máximo responsable operativo del Cuerpo. Fuentes policiales sitúan a Martínez como una figura con capacidad de influencia en la estructura de mando actual, incluso después de su jubilación, y le atribuyen un papel determinante en la promoción de González Jiménez a DAO. La relación entre ambos se considera clave en los equilibrios internos de la Policía Nacional y en la modulación del alcance de determinadas investigaciones sensibles.
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