El artículo revela la exclusión de España de las negociaciones sobre el Sáhara Occidental de manera abrupta, sin profundizar en las razones detrás de esta decisión. La falta de contexto sobre el papel de España en las negociaciones previas y su relación con Marruecos y el Frente Polisario deja al lector con interrogantes.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, protagonizó un bochornoso momento en un directo de Instagram al no recibir ninguna pregunta de sus seguidores. A pesar de invitar a sus seguidores a hacerle preguntas sobre el salario mínimo y otros temas de interés, el silencio fue total. Díaz se mostró visiblemente nerviosa, gesticulando y pidiendo que se animaran a hacerle preguntas. Finalmente, decidió comenzar a hablar sin que nadie le hubiera preguntado nada. Este incidente se suma a otras polémicas recientes protagonizadas por Díaz, como sus controvertidas declaraciones sobre la prohibición del burka, argumentando que vulneraría la Constitución española. Sus palabras han generado un intenso debate en redes sociales.
El Partido Popular ha lanzado un ataque directo contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acusándolo de 'boicotear' la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra. La acusación surge tras la negativa del Ministerio del Interior a localizar a Julio Martínez Martínez, señalado como posible testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, para que comparezca en el Senado el próximo jueves 26. Según el PP, esta negativa es una 'excusa ridícula' dado que Julio Martínez Martínez fue detenido y está imputado, lo que facilitaría su localización. El PP sugiere que el intento de 'torpedear' la declaración se debe al temor de lo que Martínez podría revelar. La formación liderada por Feijóo destaca que el testimonio de Julio Martínez es 'clave' para la investigación del 'escándalo de Plus Ultra', ya que todo apunta a que podría ser el testaferro de Zapatero, habiendo cobrado una comisión por el rescate y posteriormente devolviendo el dinero a través de facturas fantasma por asesorías a Zapatero y a la empresa de sus hijas. El PP advierte que si Marlaska impide la comparecencia, buscarán fórmulas alternativas para asegurarse de que Julio Martínez rinda cuentas.
La polémica sobre la neutralidad de RTVE ha alcanzado un punto crítico. Un análisis del Instituto Juan de Mariana revela un sesgo izquierdista en la televisión pública, con tres impactos negativos contra la oposición por cada crítica al Gobierno. El estudio, basado en el procesamiento de datos con software especializado, cuestiona la equidad en un ente financiado con recursos públicos. Diego Sánchez de la Cruz, coordinador de publicaciones del Instituto, analiza los datos en el podcast 'Economía Para Quedarse Sin Amigos', invitando a reflexionar sobre el modelo mediático actual.
La Administración Pública española ha gastado más de 720.000 euros en 2025 en medidas de seguridad contra la ocupación ilegal de viviendas y locales públicos, contradiciendo la narrativa del Gobierno de Pedro Sánchez de que la okupación es un problema 'minoritario'. Entre los contratos adjudicados se encuentran el suministro de puertas antiokupas, sistemas de alarma y cerramientos antivandálicos por parte de empresas como Wallner Europa y Grupo Torneo Seguridad. Destaca un contrato de 491.204,58 euros para la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid y otro de 123.420 euros para la Junta de Andalucía. Estos gastos revelan una discrepancia entre las declaraciones públicas del Gobierno y las acciones emprendidas para proteger viviendas públicas.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado a los guardias civiles patrullar a pie en diversas zonas de España debido a la falta de vehículos policiales. En Loja (Granada), por ejemplo, los agentes deben turnarse para patrullar a pie o en el único vehículo operativo disponible, dependiendo de las condiciones climáticas. Mientras tanto, vehículos de lujo asignados a mandos permanecen sin usarse en las instalaciones policiales. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia esta situación como un 'despropósito' y critica la falta de medios para los agentes, contrastando con gastos excesivos en merchandising, jardinería y equipamiento no esencial. El número de delitos en España aumentó un 0,8% en 2025 respecto a 2024, con incrementos significativos en homicidios, secuestros y agresiones sexuales.
El juez José Ignacio Vilaplana investiga el Plan Linares Futuro, activado por la Junta de Andalucía en 2011 para recolocar a 750 trabajadores tras el cierre de Santana Motor. El auto judicial del 16 de febrero revela que 17 personas cobraron anticipos sin ser beneficiarios y que se concedió un préstamo de 1.497.343,36 euros a la Asociación '28 de Febrero' sin garantías suficientes. La investigación apunta a posibles delitos de prevaricación y malversación, involucrando a ex directivos de la Agencia IDEA y representantes de la asociación beneficiaria. El mecanismo de pago, canalizado a través de transferencias de financiación de capital de IDEA, 'eludía controles y fiscalizaciones', según el auto. Figuran como investigados Bienvenido Martínez, ex directivo de IDEA, y Francisco S. J. y Salvador C. G., representantes de la Asociación '28 de Febrero'. El plan, firmado con UGT y CCOO, incluía una prestación mensual a más de 700 ex trabajadores, prometiendo recolocación en empresas tecnológicas que nunca llegaron.
El Gobierno de España planea modificar el Código Técnico de Edificación (CTE) para incluir requisitos que promuevan la sostenibilidad en los edificios, siguiendo las directrices de la Unión Europea. Entre los cambios propuestos, destaca la obligatoriedad de incluir plazas para bicicletas en los inmuebles. Según el borrador del nuevo CTE, los edificios residenciales deberán tener al menos dos plazas para bicicletas por vivienda, mientras que en edificios no residenciales, el 5% de la capacidad total de usuarios deberá destinarse a aparcamiento para bicicletas. Las dimensiones mínimas para estas plazas serán de 2,00 x 0,4 metros, y un 5% de ellas deberán ser de mayor tamaño (2,5 x 0,9 metros) para acomodar bicicletas de gran longitud o para personas con discapacidad. El sector de la construcción ya ha expresado su preocupación por el aumento de costes que estos cambios podrían suponer, especialmente en un momento en que los precios de la vivienda ya están disparados. El Colegio de Aparejadores de Madrid estima que los nuevos requisitos podrían encarecer las nuevas viviendas en hasta 18.000 euros una vez estén plenamente implantados.
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