Crítica:
El artículo revela una gestión cuestionable de recursos públicos. Mientras los agentes carecen de medios básicos, se destinan fondos a gastos superfluos.
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Okupación cuesta 720.000 euros
La Administración Pública española ha gastado más de 720.000 euros en 2025 en medidas de seguridad contra la ocupación ilegal de viviendas y locales públicos, contradiciendo la narrativa del Gobierno de Pedro Sánchez de que la okupación es un problema 'minoritario'. Entre los contratos adjudicados se encuentran el suministro de puertas antiokupas, sistemas de alarma y cerramientos antivandálicos por parte de empresas como Wallner Europa y Grupo Torneo Seguridad. Destaca un contrato de 491.204,58 euros para la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid y otro de 123.420 euros para la Junta de Andalucía. Estos gastos revelan una discrepancia entre las declaraciones públicas del Gobierno y las acciones emprendidas para proteger viviendas públicas.
Corrupción en Plan Linares
El juez José Ignacio Vilaplana investiga el Plan Linares Futuro, activado por la Junta de Andalucía en 2011 para recolocar a 750 trabajadores tras el cierre de Santana Motor. El auto judicial del 16 de febrero revela que 17 personas cobraron anticipos sin ser beneficiarios y que se concedió un préstamo de 1.497.343,36 euros a la Asociación '28 de Febrero' sin garantías suficientes. La investigación apunta a posibles delitos de prevaricación y malversación, involucrando a ex directivos de la Agencia IDEA y representantes de la asociación beneficiaria. El mecanismo de pago, canalizado a través de transferencias de financiación de capital de IDEA, 'eludía controles y fiscalizaciones', según el auto. Figuran como investigados Bienvenido Martínez, ex directivo de IDEA, y Francisco S. J. y Salvador C. G., representantes de la Asociación '28 de Febrero'. El plan, firmado con UGT y CCOO, incluía una prestación mensual a más de 700 ex trabajadores, prometiendo recolocación en empresas tecnológicas que nunca llegaron.
Gobierno exige plazas para bicis
El Gobierno de España planea modificar el Código Técnico de Edificación (CTE) para incluir requisitos que promuevan la sostenibilidad en los edificios, siguiendo las directrices de la Unión Europea. Entre los cambios propuestos, destaca la obligatoriedad de incluir plazas para bicicletas en los inmuebles. Según el borrador del nuevo CTE, los edificios residenciales deberán tener al menos dos plazas para bicicletas por vivienda, mientras que en edificios no residenciales, el 5% de la capacidad total de usuarios deberá destinarse a aparcamiento para bicicletas. Las dimensiones mínimas para estas plazas serán de 2,00 x 0,4 metros, y un 5% de ellas deberán ser de mayor tamaño (2,5 x 0,9 metros) para acomodar bicicletas de gran longitud o para personas con discapacidad. El sector de la construcción ya ha expresado su preocupación por el aumento de costes que estos cambios podrían suponer, especialmente en un momento en que los precios de la vivienda ya están disparados. El Colegio de Aparejadores de Madrid estima que los nuevos requisitos podrían encarecer las nuevas viviendas en hasta 18.000 euros una vez estén plenamente implantados.
Retraso en Autoridad de Accidentes
El Gobierno ha desbloqueado con más de medio año de retraso la creación de la nueva Autoridad Administrativa Independiente que investigará accidentes ferroviarios, aéreos y marítimos. Esta entidad debía haberse constituido antes de agosto pasado y sustituirá a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente del Ministerio de Transportes. La ley que aprobó su puesta en marcha entró en vigor en agosto de 2024, estableciendo un plazo máximo de un año para el inicio de sus actividades mediante un real decreto. El Ejecutivo se ha escudado en las asociaciones de víctimas para justificar el retraso, argumentando que se ha realizado un 'proceloso y cuidado procedimiento de máxima difusión' con la participación de dichas asociaciones y entidades representativas del sector. Sin embargo, la Comisión Europea ya había instado a España a reforzar la seguridad ferroviaria y aplicar la directiva europea de Resiliencia de las Entidades Críticas. La Junta de Andalucía también pondrá en marcha una comisión de seguimiento sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).
Sánchez promete 15.000 viviendas
El Gobierno de Pedro Sánchez ha prometido la construcción de 15.000 nuevas viviendas financiadas con 3.400 millones de euros procedentes de fondos europeos. Sin embargo, esta promesa llega en un contexto de lenta ejecución de los fondos Next Generation destinados a la vivienda. A finales de noviembre, el Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, tenía presupuestados 3.813 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pero solo había realizado pagos por valor de 372 millones. La diferencia entre las obligaciones reconocidas y los pagos efectivos asciende a 3.441 millones, un dinero que permanece 'atascado' en las administraciones. El Partido Popular ha criticado duramente al Gobierno por su ineficacia en la gestión de estos fondos y ha pedido la comparecencia de los ministros para explicar el 'fracaso global' en la inversión. La promesa de Sánchez se enmarca en el fondo 'España Crece', una iniciativa que busca aprovechar los fondos europeos antes de la fecha límite de agosto de 2025.
Yolanda Díaz deja sin bonus
La ministra Yolanda Díaz ha generado un gran descontento entre los inspectores de Trabajo y Seguridad Social al pagar el bonus de productividad colectiva solo a la dirección, dejando sin cobrar a cerca de 2.000 inspectores y subinspectores. Este bonus, prometido por el Ministerio para motivar a los funcionarios por sus actuaciones extraordinarias en 2025, incluye logros como segundas visitas, salarios recuperados y conversiones de contratos temporales en indefinidos. Mientras que el equipo directivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha recibido ya el 100% del bonus, incluso el correspondiente a enero de 2026, la mayoría de los inspectores solo han cobrado el 42% de su bonus semestral en diciembre, quedando pendientes más de 500 euros por trabajador. Los sindicatos denuncian discriminación y falta de criterio en el pago, ya que la dirección recibe este complemento salarial mensualmente, independientemente de que se cumplan los objetivos anuales. El Ministerio de Trabajo argumenta falta de presupuesto, pese a que la Dirección ha confirmado el cumplimiento de los objetivos. Los sindicatos, incluyendo el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y el Sindicato Estatal de Subinspectores Laborales, han difundido un comunicado denunciando el 'malestar' y la 'preocupación' por el impago y exigiendo que se solvente en marzo. Además, lamentan que aún no se hayan fijado los objetivos para 2026, lo que supone una incertidumbre sobre el cobro de este bonus para el ejercicio en curso.
Ábalos envuelto en trama fuel
La empresaria Carmen Pano confirmó ante el juez de la Audiencia Nacional que la trama del fuel habría pagado un millón de euros tras el cese de José Luis Ábalos como ministro de Transportes. Según Pano, este pago se hizo para agilizar la obtención de licencias del fuel. La declaración coincide con las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Pano detalló que el dinero se distribuyó entre una casa, efectivo y otras cosas, y que Víctor de Aldama se encargó de las gestiones para adquirir un inmueble en La Alcaidesa por casi 600.000 euros. Además, Pano reiteró haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en dos ocasiones. El juez Santiago Pedraz está a un paso de imputar a Ábalos en la trama de hidrocarburos.
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