Crítica:
El Gobierno justifica el retraso con un procedimiento 'proceloso y cuidado', pero la Comisión Europea ya había instado a España a actuar. La burocracia sigue siendo un obstáculo.
El Gobierno se escuda en las víctimas para justificar el retraso en la creación de la autoridad que investigará los accidentes de tren
Retraso en Autoridad de Accidentes
Otros artículos
Gobierno exige plazas para bicis
El Gobierno de España planea modificar el Código Técnico de Edificación (CTE) para incluir requisitos que promuevan la sostenibilidad en los edificios, siguiendo las directrices de la Unión Europea. Entre los cambios propuestos, destaca la obligatoriedad de incluir plazas para bicicletas en los inmuebles. Según el borrador del nuevo CTE, los edificios residenciales deberán tener al menos dos plazas para bicicletas por vivienda, mientras que en edificios no residenciales, el 5% de la capacidad total de usuarios deberá destinarse a aparcamiento para bicicletas. Las dimensiones mínimas para estas plazas serán de 2,00 x 0,4 metros, y un 5% de ellas deberán ser de mayor tamaño (2,5 x 0,9 metros) para acomodar bicicletas de gran longitud o para personas con discapacidad. El sector de la construcción ya ha expresado su preocupación por el aumento de costes que estos cambios podrían suponer, especialmente en un momento en que los precios de la vivienda ya están disparados. El Colegio de Aparejadores de Madrid estima que los nuevos requisitos podrían encarecer las nuevas viviendas en hasta 18.000 euros una vez estén plenamente implantados.
Sánchez promete 15.000 viviendas
El Gobierno de Pedro Sánchez ha prometido la construcción de 15.000 nuevas viviendas financiadas con 3.400 millones de euros procedentes de fondos europeos. Sin embargo, esta promesa llega en un contexto de lenta ejecución de los fondos Next Generation destinados a la vivienda. A finales de noviembre, el Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, tenía presupuestados 3.813 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pero solo había realizado pagos por valor de 372 millones. La diferencia entre las obligaciones reconocidas y los pagos efectivos asciende a 3.441 millones, un dinero que permanece 'atascado' en las administraciones. El Partido Popular ha criticado duramente al Gobierno por su ineficacia en la gestión de estos fondos y ha pedido la comparecencia de los ministros para explicar el 'fracaso global' en la inversión. La promesa de Sánchez se enmarca en el fondo 'España Crece', una iniciativa que busca aprovechar los fondos europeos antes de la fecha límite de agosto de 2025.
Yolanda Díaz deja sin bonus
La ministra Yolanda Díaz ha generado un gran descontento entre los inspectores de Trabajo y Seguridad Social al pagar el bonus de productividad colectiva solo a la dirección, dejando sin cobrar a cerca de 2.000 inspectores y subinspectores. Este bonus, prometido por el Ministerio para motivar a los funcionarios por sus actuaciones extraordinarias en 2025, incluye logros como segundas visitas, salarios recuperados y conversiones de contratos temporales en indefinidos. Mientras que el equipo directivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha recibido ya el 100% del bonus, incluso el correspondiente a enero de 2026, la mayoría de los inspectores solo han cobrado el 42% de su bonus semestral en diciembre, quedando pendientes más de 500 euros por trabajador. Los sindicatos denuncian discriminación y falta de criterio en el pago, ya que la dirección recibe este complemento salarial mensualmente, independientemente de que se cumplan los objetivos anuales. El Ministerio de Trabajo argumenta falta de presupuesto, pese a que la Dirección ha confirmado el cumplimiento de los objetivos. Los sindicatos, incluyendo el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y el Sindicato Estatal de Subinspectores Laborales, han difundido un comunicado denunciando el 'malestar' y la 'preocupación' por el impago y exigiendo que se solvente en marzo. Además, lamentan que aún no se hayan fijado los objetivos para 2026, lo que supone una incertidumbre sobre el cobro de este bonus para el ejercicio en curso.
Ábalos envuelto en trama fuel
La empresaria Carmen Pano confirmó ante el juez de la Audiencia Nacional que la trama del fuel habría pagado un millón de euros tras el cese de José Luis Ábalos como ministro de Transportes. Según Pano, este pago se hizo para agilizar la obtención de licencias del fuel. La declaración coincide con las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Pano detalló que el dinero se distribuyó entre una casa, efectivo y otras cosas, y que Víctor de Aldama se encargó de las gestiones para adquirir un inmueble en La Alcaidesa por casi 600.000 euros. Además, Pano reiteró haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en dos ocasiones. El juez Santiago Pedraz está a un paso de imputar a Ábalos en la trama de hidrocarburos.
Zapatero mueve ficha en Venezuela
En un giro inesperado, el Gobierno español, con José Luis Rodríguez Zapatero detrás, ha decidido pedir a la Unión Europea que levante las sanciones contra Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. Esta decisión llega tras la aprobación unánime de una ley de amnistía para presos políticos en Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha sido el portavoz de esta iniciativa, argumentando que las sanciones son un medio, no un fin, y que la Unión Europea debe acompañar los pasos hacia el diálogo y la democracia en Venezuela. Sin embargo, desde la oposición venezolana se acusa a Zapatero de blanquear la imagen de un régimen responsable de torturas y fraude electoral. La ley de amnistía, aprobada el jueves pasado, excluye a aquellos que cometieron delitos graves como violaciones de derechos humanos o narcotráfico. Delcy Rodríguez ha pedido que se evalúen casos adicionales para 'curar heridas y reencauzar la convivencia democrática'. Mientras tanto, Nicolás Maduro permanece detenido en Estados Unidos tras ser capturado en Caracas el 3 de enero.
Escándalo embajador en India
La visita de Pedro Sánchez a la India se vio empañada por un escándalo relacionado con el embajador español en Nueva Delhi, Juan Antonio March. March está siendo investigado por presuntas irregularidades en la organización de conciertos culturales en Rajastán, con un presupuesto de más de 40.000 euros y la participación de la mezzosoprano china Huiling Zhu, cercana al embajador. Los conciertos, previstos del 22 al 27 de febrero, fueron finalmente paralizados debido a la falta de seguimiento de los procedimientos administrativos y un sistema de financiación fuera del control del Ministerio de Asuntos Exteriores. Funcionarios de la Embajada advirtieron sobre las irregularidades, pero la cúpula de Exteriores no respondió. El proyecto fue rechazado por la AECID al no cumplir los criterios exigidos. March negó cualquier irregularidad, afirmando que el proyecto no se materializó. La polémica ha reabierto el debate sobre el perfil del embajador, nombrado en 2024 tras más de una década fuera de la carrera diplomática y vinculado a una controvertida reforma en Naciones Unidas.
Imputados en Ribera por planta solar
La expansión de las energías renovables en España ha generado un intenso debate, especialmente cuando afecta a espacios naturales protegidos. Ahora, dos altos cargos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por Teresa Ribera, han sido imputados por prevaricación al autorizar la planta solar fotovoltaica TAGUS en Alcántara (Cáceres), dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 'Llanos de Alcántara y Brozas'. La planta, promovida por Iberenova Promociones SAU, filial de Iberdrola, prevé una potencia instalada de 379,97 megavatios pico (MWp) y ha generado controversia por su impacto ambiental. La Fiscalía de Medio Ambiente ha emitido un informe crítico, cuestionando la legalidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable emitida en 2023. El juzgado ha solicitado este informe, que respalda sustancialmente los argumentos de la denuncia presentada por Fondenex. La investigación judicial se centra en la posible infracción de la normativa sobre evaluación ambiental y la falta de comunicación al Gobierno de Portugal, pese a estar en la frontera. La planta podría impactar en especies protegidas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, la cigüeña negra o el lince ibérico. La directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Marta Gómez Palenque, y el subdirector Eugenio Domínguez han sido citados como investigados.
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