Crítica:
La noticia presenta una declaración crucial de Carmen Pano que vincula directamente a Ábalos con la trama del fuel. Sin embargo, falta contexto sobre las posibles repercusiones legales inmediatas para Ábalos.
Carmen Pano confirmó al juez que la trama del fuel pagó 'un kilo' tras cesar Ábalos: "La casa, efectivo y otras cosas"
Ábalos envuelto en trama fuel
Otros artículos
Sánchez promete 15.000 viviendas
El Gobierno de Pedro Sánchez ha prometido la construcción de 15.000 nuevas viviendas financiadas con 3.400 millones de euros procedentes de fondos europeos. Sin embargo, esta promesa llega en un contexto de lenta ejecución de los fondos Next Generation destinados a la vivienda. A finales de noviembre, el Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, tenía presupuestados 3.813 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pero solo había realizado pagos por valor de 372 millones. La diferencia entre las obligaciones reconocidas y los pagos efectivos asciende a 3.441 millones, un dinero que permanece 'atascado' en las administraciones. El Partido Popular ha criticado duramente al Gobierno por su ineficacia en la gestión de estos fondos y ha pedido la comparecencia de los ministros para explicar el 'fracaso global' en la inversión. La promesa de Sánchez se enmarca en el fondo 'España Crece', una iniciativa que busca aprovechar los fondos europeos antes de la fecha límite de agosto de 2025.
Yolanda Díaz deja sin bonus
La ministra Yolanda Díaz ha generado un gran descontento entre los inspectores de Trabajo y Seguridad Social al pagar el bonus de productividad colectiva solo a la dirección, dejando sin cobrar a cerca de 2.000 inspectores y subinspectores. Este bonus, prometido por el Ministerio para motivar a los funcionarios por sus actuaciones extraordinarias en 2025, incluye logros como segundas visitas, salarios recuperados y conversiones de contratos temporales en indefinidos. Mientras que el equipo directivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha recibido ya el 100% del bonus, incluso el correspondiente a enero de 2026, la mayoría de los inspectores solo han cobrado el 42% de su bonus semestral en diciembre, quedando pendientes más de 500 euros por trabajador. Los sindicatos denuncian discriminación y falta de criterio en el pago, ya que la dirección recibe este complemento salarial mensualmente, independientemente de que se cumplan los objetivos anuales. El Ministerio de Trabajo argumenta falta de presupuesto, pese a que la Dirección ha confirmado el cumplimiento de los objetivos. Los sindicatos, incluyendo el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y el Sindicato Estatal de Subinspectores Laborales, han difundido un comunicado denunciando el 'malestar' y la 'preocupación' por el impago y exigiendo que se solvente en marzo. Además, lamentan que aún no se hayan fijado los objetivos para 2026, lo que supone una incertidumbre sobre el cobro de este bonus para el ejercicio en curso.
Zapatero mueve ficha en Venezuela
En un giro inesperado, el Gobierno español, con José Luis Rodríguez Zapatero detrás, ha decidido pedir a la Unión Europea que levante las sanciones contra Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. Esta decisión llega tras la aprobación unánime de una ley de amnistía para presos políticos en Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha sido el portavoz de esta iniciativa, argumentando que las sanciones son un medio, no un fin, y que la Unión Europea debe acompañar los pasos hacia el diálogo y la democracia en Venezuela. Sin embargo, desde la oposición venezolana se acusa a Zapatero de blanquear la imagen de un régimen responsable de torturas y fraude electoral. La ley de amnistía, aprobada el jueves pasado, excluye a aquellos que cometieron delitos graves como violaciones de derechos humanos o narcotráfico. Delcy Rodríguez ha pedido que se evalúen casos adicionales para 'curar heridas y reencauzar la convivencia democrática'. Mientras tanto, Nicolás Maduro permanece detenido en Estados Unidos tras ser capturado en Caracas el 3 de enero.
Escándalo embajador en India
La visita de Pedro Sánchez a la India se vio empañada por un escándalo relacionado con el embajador español en Nueva Delhi, Juan Antonio March. March está siendo investigado por presuntas irregularidades en la organización de conciertos culturales en Rajastán, con un presupuesto de más de 40.000 euros y la participación de la mezzosoprano china Huiling Zhu, cercana al embajador. Los conciertos, previstos del 22 al 27 de febrero, fueron finalmente paralizados debido a la falta de seguimiento de los procedimientos administrativos y un sistema de financiación fuera del control del Ministerio de Asuntos Exteriores. Funcionarios de la Embajada advirtieron sobre las irregularidades, pero la cúpula de Exteriores no respondió. El proyecto fue rechazado por la AECID al no cumplir los criterios exigidos. March negó cualquier irregularidad, afirmando que el proyecto no se materializó. La polémica ha reabierto el debate sobre el perfil del embajador, nombrado en 2024 tras más de una década fuera de la carrera diplomática y vinculado a una controvertida reforma en Naciones Unidas.
Imputados en Ribera por planta solar
La expansión de las energías renovables en España ha generado un intenso debate, especialmente cuando afecta a espacios naturales protegidos. Ahora, dos altos cargos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por Teresa Ribera, han sido imputados por prevaricación al autorizar la planta solar fotovoltaica TAGUS en Alcántara (Cáceres), dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 'Llanos de Alcántara y Brozas'. La planta, promovida por Iberenova Promociones SAU, filial de Iberdrola, prevé una potencia instalada de 379,97 megavatios pico (MWp) y ha generado controversia por su impacto ambiental. La Fiscalía de Medio Ambiente ha emitido un informe crítico, cuestionando la legalidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable emitida en 2023. El juzgado ha solicitado este informe, que respalda sustancialmente los argumentos de la denuncia presentada por Fondenex. La investigación judicial se centra en la posible infracción de la normativa sobre evaluación ambiental y la falta de comunicación al Gobierno de Portugal, pese a estar en la frontera. La planta podría impactar en especies protegidas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, la cigüeña negra o el lince ibérico. La directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Marta Gómez Palenque, y el subdirector Eugenio Domínguez han sido citados como investigados.
Bruselas reprende España por baliza
Con la entrada en vigor de la obligatoriedad de llevar la baliza V16 en los vehículos, Bruselas ha destapado una 'chapuza jurídica' del Gobierno de Pedro Sánchez al no notificar esta normativa a la Unión Europea. La Comisión Europea ha advertido que esta omisión podría tener consecuencias jurídicas relevantes, incluyendo la posibilidad de que la normativa española carezca de efecto jurídico contra los particulares. El Gobierno español aprobó la normativa sin informar previamente a Bruselas, lo que ha generado un conflicto legal que podría afectar a miles de conductores. A pesar de que la DGT anunció que aplicaría la normativa con flexibilidad durante los primeros meses, ya se han notificado las primeras sanciones a conductores que no llevan el dispositivo. La Comisión Europea subraya que el uso de la baliza V16 no está armonizado a nivel comunitario, pero alerta de que la imposición de requisitos técnicos específicos a nivel nacional podría constituir una restricción del comercio en el mercado interior.
Verificación huellas inmigrantes imposible
La Policía Nacional alerta de que verificar la identidad de un millón de inmigrantes irregulares acogidos a la regularización masiva anunciada por el Gobierno llevará más de un año con los medios actuales. Los agentes calculan que, dedicándose exclusivamente a comprobar huellas, tardarían 365 días trabajando 24/7. Cada comisaría apenas podría verificar una veintena de huellas diarias debido al laborioso proceso de cotejo en el Sistema Automático de Identificación Biométrico (SAIB). El proceso implica introducir las huellas en la base de datos y compararlas manualmente con las 'aproximaciones' que devuelve el sistema, entre 20 y 30 por cada persona. Con 240 comisarías operativas, el total de verificaciones diarias no superaría las 3.000. Ante esta imposibilidad, los policías prevén que el Gobierno acabe permitiendo la regularización sin verificación exhaustiva, convirtiéndolo en un 'coladero' de inmigrantes.
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