Crítica:
El artículo presenta una narrativa claramente sesgada hacia la perspectiva del Partido Popular, sin ofrecer una visión equilibrada que incluya la respuesta o justificación del Ministerio del Interior o de Fernando Grande-Marlaska.
El PP acusa a Marlaska de «boicotear» la investigación sobre el rescate de Plus Ultra
Marlaska boicotea caso Plus Ultra
Otros artículos
Reforma millonaria en Vivienda
El Gobierno de Pedro Sánchez destina 16 millones de euros a reformar la Casa de la Arquitectura y dependencias anexas en el Complejo de Nuevos Ministerios de Madrid, mientras enfrenta críticas por no haber construido ninguna casa desde 2018. El proyecto incluye la ampliación de la sede de la Casa de la Arquitectura, la rehabilitación de espacios exteriores y la creación de un vestíbulo de acceso representativo, una tienda y una cafetería. La licitación para el concurso de proyectos arquitectónicos cuenta con un presupuesto de 1,7 millones de euros y un plazo de ocho meses para su redacción. El Gobierno justifica estas actuaciones como necesarias para dotar a la Casa de la Arquitectura de un marco físico y ambiental coherente con sus objetivos culturales y sostenibles. Sin embargo, la decisión ha sido cuestionada debido al déficit de viviendas en España, estimado en 700.000 unidades según el Banco de España, y la promesa del Ejecutivo de construir 15.000 viviendas anuales para alquiler asequible.
Yolanda Díaz se queda sin preguntas
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, protagonizó un bochornoso momento en un directo de Instagram al no recibir ninguna pregunta de sus seguidores. A pesar de invitar a sus seguidores a hacerle preguntas sobre el salario mínimo y otros temas de interés, el silencio fue total. Díaz se mostró visiblemente nerviosa, gesticulando y pidiendo que se animaran a hacerle preguntas. Finalmente, decidió comenzar a hablar sin que nadie le hubiera preguntado nada. Este incidente se suma a otras polémicas recientes protagonizadas por Díaz, como sus controvertidas declaraciones sobre la prohibición del burka, argumentando que vulneraría la Constitución española. Sus palabras han generado un intenso debate en redes sociales.
España excluida del Sáhara
En un giro inesperado, España se queda fuera de la mesa de negociación sobre el futuro del Sáhara Occidental, pese a que la cumbre crucial se celebrará en Madrid a mediados de marzo. La reunión, convocada por Estados Unidos en su embajada, reunirá a representantes de Marruecos y el Frente Polisario, junto con emisarios de la ONU y observadores de Argelia y Mauritania. España, considerada potencia administradora según resoluciones de la ONU, brillará por su ausencia. La Administración Trump busca acelerar las negociaciones para lograr un acuerdo antes del 31 de octubre, fecha en que expira el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso). Marruecos presenta un plan de autonomía, mientras el Frente Polisario insiste en un referéndum de autodeterminación pactado en 1991. El conflicto del Sáhara, enquistado durante décadas, enfrenta posturas irreconciliables. España, que abandonó la colonia en 1975 tras la Marcha Verde, ha variado su postura tradicional al respaldar el plan marroquí en 2022, en una decisión controvertida tomada por Pedro Sánchez sin consulta parlamentaria.
RTVE: manipulación y cifras
La polémica sobre la neutralidad de RTVE ha alcanzado un punto crítico. Un análisis del Instituto Juan de Mariana revela un sesgo izquierdista en la televisión pública, con tres impactos negativos contra la oposición por cada crítica al Gobierno. El estudio, basado en el procesamiento de datos con software especializado, cuestiona la equidad en un ente financiado con recursos públicos. Diego Sánchez de la Cruz, coordinador de publicaciones del Instituto, analiza los datos en el podcast 'Economía Para Quedarse Sin Amigos', invitando a reflexionar sobre el modelo mediático actual.
Okupación cuesta 720.000 euros
La Administración Pública española ha gastado más de 720.000 euros en 2025 en medidas de seguridad contra la ocupación ilegal de viviendas y locales públicos, contradiciendo la narrativa del Gobierno de Pedro Sánchez de que la okupación es un problema 'minoritario'. Entre los contratos adjudicados se encuentran el suministro de puertas antiokupas, sistemas de alarma y cerramientos antivandálicos por parte de empresas como Wallner Europa y Grupo Torneo Seguridad. Destaca un contrato de 491.204,58 euros para la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid y otro de 123.420 euros para la Junta de Andalucía. Estos gastos revelan una discrepancia entre las declaraciones públicas del Gobierno y las acciones emprendidas para proteger viviendas públicas.
Marlaska deja a guardias sin coches
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado a los guardias civiles patrullar a pie en diversas zonas de España debido a la falta de vehículos policiales. En Loja (Granada), por ejemplo, los agentes deben turnarse para patrullar a pie o en el único vehículo operativo disponible, dependiendo de las condiciones climáticas. Mientras tanto, vehículos de lujo asignados a mandos permanecen sin usarse en las instalaciones policiales. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia esta situación como un 'despropósito' y critica la falta de medios para los agentes, contrastando con gastos excesivos en merchandising, jardinería y equipamiento no esencial. El número de delitos en España aumentó un 0,8% en 2025 respecto a 2024, con incrementos significativos en homicidios, secuestros y agresiones sexuales.
Corrupción en Plan Linares
El juez José Ignacio Vilaplana investiga el Plan Linares Futuro, activado por la Junta de Andalucía en 2011 para recolocar a 750 trabajadores tras el cierre de Santana Motor. El auto judicial del 16 de febrero revela que 17 personas cobraron anticipos sin ser beneficiarios y que se concedió un préstamo de 1.497.343,36 euros a la Asociación '28 de Febrero' sin garantías suficientes. La investigación apunta a posibles delitos de prevaricación y malversación, involucrando a ex directivos de la Agencia IDEA y representantes de la asociación beneficiaria. El mecanismo de pago, canalizado a través de transferencias de financiación de capital de IDEA, 'eludía controles y fiscalizaciones', según el auto. Figuran como investigados Bienvenido Martínez, ex directivo de IDEA, y Francisco S. J. y Salvador C. G., representantes de la Asociación '28 de Febrero'. El plan, firmado con UGT y CCOO, incluía una prestación mensual a más de 700 ex trabajadores, prometiendo recolocación en empresas tecnológicas que nunca llegaron.
Comentarios