Crítica:
El artículo presenta una información crucial sobre la investigación del accidente de Adamuz, pero podría profundizar más en las implicaciones legales y las posibles consecuencias para Adif. El título es directo y refleja el contenido.
El demoledor oficio de la Guardia Civil contra Adif: «Se llevaron pruebas sin advertirlo ni solicitarlo»
Adif denunciado por Guardia Civil
Otros artículos
UPV veta acto Vox
La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha vetado un acto de Vox en su campus de Álava, citando 'riesgos para la seguridad' y calificando la ideología de la formación como 'totalitarismo'. Sin embargo, en su claustro de profesores figuran varios exmiembros de ETA, como Julen Zabalo Bilbao, condenado a 25 años de prisión por pertenencia a banda armada, y Ainhoa Ozaeta, exjefa del aparato de extorsión de ETA, contratada como profesora en el Departamento de Economía y Gestión tras cumplir su condena en 2023. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) denunció la contratación de Ozaeta, calificándola de 'despropósito preocupante' y cuestionando la celeridad del proceso. La contradicción entre el veto a Vox y la presencia de exetarras en el profesorado ha generado controversia.
Sánchez manipula el 23-F
El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado la desclasificación de los documentos del 23-F, lo que ha generado dudas razonables en varios sectores debido a la tendencia del Ejecutivo a reescribir la historia y manipular la memoria. El anuncio ha sido visto como un intento de desprestigiar a la Corona y calentar el republicanismo, aprovechando la desclasificación para mostrar solo los documentos que favorezcan sus intereses y ocultar aquellos que beneficien al Rey Juan Carlos. La decisión se produce en un momento en que Sánchez está acorralado por numerosos escándalos de corrupción y abusos sexuales. Políticos como Jaime Mayor Oreja, Isabel Díaz Ayuso, Cayetana Álvarez de Toledo y Esther Muñoz han advertido que la verdadera aspiración de Sánchez es instaurar la República, desprestigiando primero la Monarquía y la Transición. La desclasificación parcial y tergiversada de los documentos podría ser el comienzo de una campaña para arrebatar a Don Juan Carlos uno de sus grandes logros: haber frenado el intento de golpe de Estado de 1981. Con un precio de la manipulación histórica, el Gobierno busca tapar sus escándalos y movilizar a una izquierda decepcionada con su líder.
Bildu exige datos Guardia Civil
En un contexto de creciente tensión entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las fuerzas políticas vascas, Bildu, el partido liderado por Arnaldo Otegi, ha presentado una serie de preguntas parlamentarias que buscan arrojar luz sobre la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el País Vasco y Navarra. El diputado de Bildu, Jon Iñárritu, ha sido el encargado de presentar estas preguntas, que incluyen la solicitud de información detallada sobre los controles policiales realizados por ambos cuerpos en los últimos cinco años, incluyendo la ubicación exacta de dichos controles, el número de personas identificadas, detenidas y sancionadas, así como los motivos de estas acciones. Además, Bildu ha exigido conocer el número de agentes que han sido detenidos en los últimos cinco años por presuntos delitos vinculados al narcotráfico. Esta iniciativa se produce después de que el Gobierno accediera a otra petición de Bildu, proporcionando un listado de muertes ocurridas bajo custodia policial o durante actuaciones policiales en los últimos cinco años. Los datos proporcionados por el Gobierno revelaron que la mayoría de las muertes bajo custodia policial se debieron a causas naturales, mientras que las ocurridas durante actuaciones policiales fueron en su mayoría accidentales. Con estas preguntas, Bildu busca ejercer un mayor control sobre las fuerzas de seguridad del Estado en una región históricamente sensible.
Sube precio balas Guardia Civil
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha licitado un contrato por 8,1 millones de euros para el suministro de munición de 9 milímetros para la Guardia Civil, un 18% más que el precio anterior. Este aumento se debe a la rescisión del contrato con IMI Systems, empresa israelí que había ganado el concurso anterior por 6,8 millones de euros. La decisión de vetar a IMI Systems se tomó tras la aprobación del embargo de armas a Israel en septiembre de 2025, lo que obligó al Gobierno a buscar un nuevo proveedor. El contrato anterior tenía una vigencia de 27 meses y debía durar hasta 2027, pero se rescindió debido a la imposibilidad legal sobrevenida derivada de la prohibición de importar material de defensa desde Israel. El nuevo contrato tiene un precio base de licitación de 8,1 millones de euros, que con impuestos incluidos asciende a 9,1 millones de euros.
Incoherencia en requisitos penales
El Gobierno de España ha generado controversia al exigir a los becarios de un programa de 'talento' para la internacionalización de la entidad pública ICEX que carezcan de antecedentes penales, mientras que los inmigrantes en situación irregular podrán regularizarse con una simple 'declaración responsable' de no tener antecedentes penales. Esta declaración se dará por buena si el Gobierno no recibe información sobre sus antecedentes en un plazo de dos meses. La Policía Nacional ha alertado sobre los riesgos de fraude en este proceso, ya que los inmigrantes podrían omitir información sobre sus antecedentes penales en otros países. El programa de becas, dotado para 'jóvenes empresarios', busca mejorar su inserción laboral y la competitividad de las empresas españolas. Sin embargo, la contradicción entre los requisitos para los becarios y los inmigrantes ha generado críticas.
Marlaska nombra comisario acusado
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha colocado al comisario Óscar San Juan González como alto cargo de la Policía Científica pese a estar acusado de presionar a la víctima de una violación en el DAO. San Juan fue destituido tras conocerse su implicación en el escándalo y ahora asumirá un puesto clave en la Brigada de Coordinación Operativa. Aunque su nuevo cargo tiene un nivel inferior, seguirá cobrando como si fuera el número dos del DAO debido a la 'consolidación de grado' tras 8 años junto a José Ángel González. El sindicato Jupol considera 'un escándalo' que no se le haya abierto un expediente disciplinario. San Juan también recibe una pensión vitalicia por la medalla de plata al mérito policial concedida por Marlaska y el director general de la Policía.
Sánchez gasta poco en presas
Con los embalses españoles al 82,49% de su capacidad, acumulando 46.229 hectómetros cúbicos de agua, el Gobierno de Pedro Sánchez ha invertido solo el 3,2% de lo recomendado por los expertos en mantenimiento de presas. De las 2.400 presas en España, 375 dependen del Estado, y en 2023, se destinaron 16,25 millones de euros para su mantenimiento, una cantidad insuficiente frente a los 500 millones de euros anuales recomendados. La mayoría de las presas grandes tienen más de seis décadas y el 39% se clasifica en situación de riesgo potencial. El Ejecutivo aprobó en 2021 un Real Decreto con normas técnicas de seguridad para presas y embalses, destacando la responsabilidad del titular en su seguridad.
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