La noticia presenta una visión parcial al centrarse en la perspectiva de Julio Iglesias sin explorar en profundidad las acusaciones en su contra. Falta contexto sobre las diligencias preprocesales y las razones detrás de la decisión de la Fiscalía.
La reciente querella presentada contra la juez instructora del 'caso DANA', Nuria Ruiz Tobarra, y su marido, Jorge Martínez Ribera, ha destapado una polémica en torno a la instrucción de uno de los casos más delicados de la justicia española. La Ley del Poder Judicial prohíbe que dos magistrados cónyuges formen parte del mismo tribunal para evitar la influencia del vínculo afectivo en la independencia judicial. Sin embargo, según la querella, el marido de la juez habría intervenido en la toma de declaración a familiares de las víctimas de la DANA valenciana, pese a no tener ningún cargo que lo legitimara. Los querellantes, familiares de las víctimas, han presentado pruebas, como grabaciones de audio, que demuestran la participación activa de Jorge Martínez Ribera en las declaraciones. La querella acusa a la juez y a su marido de coacciones, revelación de secretos, usurpación de funciones públicas y prevaricación, entre otros delitos. Además, se acusa al letrado Joaquín Esteve Esteve de filtrar información de las declaraciones a medios de comunicación. Los querellantes solicitan el apartamiento de la juez, la suspensión de ambos magistrados y la nulidad de la instrucción practicada hasta la fecha.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) ha enviado 383.480 euros a Túnez para actividades deportivas, específicamente a la empresa 'Société Promosport', cuya principal actividad parece ser las apuestas deportivas. La convocatoria, publicada el 12 de enero de 2026 en la Base de Datos de Subvenciones, asignó 191.740 euros a esta empresa, exactamente la mitad de la cantidad total. La falta de transparencia en la gestión de estos fondos públicos ha generado dudas sobre la idoneidad de la cooperación internacional española y su posible uso para blanqueo de dinero. La Aecid, encargada de distribuir estos fondos, ha sido criticada por la opacidad en su gestión y la dificultad para rastrear el destino final de los fondos. El autor denuncia que la cooperación internacional se ha convertido en un 'lugar opaco' para prácticas corruptas.
Con un precio de 131.000 euros por dos años de colaboración, Pablo Iglesias se estrena como productor en Colombia con el programa 'La minga', un espacio de análisis y coyuntura política que se emite en Señal Colombia desde el 25 de febrero. El programa, producido por el Canal Red de Iglesias, se inspira en el formato de 'La base' y busca ofrecer una lectura crítica de la actualidad colombiana y global. La emisión del programa supone un salto cualitativo para el grupo mediático de Iglesias, que ya ha alcanzado un acuerdo para sumarse a la parrilla de Movistar+ después de un periodo de prueba. El Canal Red de Iglesias, lanzado para 'construir una televisión latinoamericana para resistir la ofensiva cultural e ideológica del trumpismo', ha logrado beneficios de 81.269 euros en 2024 y 50.518 euros en 2023. El acuerdo con RTVC confirma una relación que empezó en noviembre de 2024 con la emisión en diferido de 'La Base'. La oposición al Gobierno de Gustavo Petro ya criticó la primera alianza con el Canal Red, acusando a Petro de usar dinero público para financiar a Iglesias. Sin embargo, el gerente de RTVC, Hollman Morris, defendió que Iglesias es 'una de las voces más influyentes y críticas del pensamiento progresista en Iberoamérica'.
En el entramado de relaciones entre gobiernos españoles y Venezuela destaca un episodio clave tras la visita de Hugo Chávez a España en 2004. José Bono, entonces ministro de Defensa, forjó una particular amistad con Chávez que culminó en un contrato histórico de 1.700 millones de euros para la compra de doce aviones militares y ocho fragatas. Sin embargo, la operación se complicó por la inclusión de software estadounidense y la negativa de Washington a permitir su reventa. Finalmente, el contrato se redujo a 1.207 millones de euros por la eliminación de los aviones. Investigaciones posteriores revelaron que Caracas pagó 1.249 millones, lo que sugiere una comisión de 42 millones a la empresa Rebazve Holding, de la cual al menos 12 millones fueron a parar a manos de Javier Salas y Antonio Rodríguez-Andín. A pesar de estas evidencias, el caso fue archivado al no considerarse un quebranto para las arcas públicas españolas. El escándalo salió a la luz nuevamente en 2021 cuando Hugo 'El Pollo' Carvajal mencionó a Bono y otros exministros españoles como posibles destinatarios de las corruptelas ante la Audiencia Nacional.
La alcaldesa socialista de Getafe, Sara Hernández, está en el ojo del huracán por unos supuestos gastos millonarios en protocolo, propaganda y 'regalitos'. El Partido Popular denuncia que Hernández ha gastado 'cerca de 3,5 millones de euros' en estos conceptos, una cifra que el PP calcula a partir de la duplicación de los presupuestos anuales. Concretamente, en 2024 se destinaron 130.000 euros a protocolo y representación, mientras que en 2025 la cantidad ascendió a 200.000 euros. Entre los gastos más llamativos se encuentran 14.500 euros en 2.200 botellas de aceite de oliva virgen extra para los trabajadores del Ayuntamiento, 14.500 euros en 160 'corazones de metacrilato' como reconocimientos a deportistas, y 10.942,86 euros en 4.500 bolsas de regalo con el logo del Ayuntamiento para un programa educativo. El PP critica la falta de transparencia y acusa a Hernández de ocultar información y negarse a mostrar las facturas. El PSOE responde que la cifra es 'inventada' y que los populares están sumando conceptos distintos para inflar las cifras. Defienden que los regalos son parte de programas educativos y reconocimientos institucionales. El líder del PP en Getafe, Antonio José Mesa, arremete contra la alcaldesa, acusándola de 'derrochar' en protocolo y autobombo mientras impone tasas abusivas a los ciudadanos.
La investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros ha destapado un presunto entramado de corrupción que involucra al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas, Laura y Alba. Según ha podido acreditar THE OBJECTIVE, las hijas de Zapatero ofrecían acceso a su padre y sus contactos a cambio de una suscripción mensual a sus servicios de consultoría a través de su agencia de comunicación, Whathefav. Esta empresa, que tenía entre sus clientes al presunto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, ofrecía un servicio integral de comunicación y 'consultoría estratégica' por varios miles de euros al mes. Empresarios han relatado a TO que recibieron ofertas de Whathefav para acceder a Zapatero y sus contactos en Latinoamérica, especialmente en Colombia y México, donde el exmandatario tiene influencia a través del Grupo de Puebla. Aunque algunas empresas dudaron de la efectividad de estos servicios y decidieron no contratarlos, los pagos de Análisis Relevante SL, la empresa vinculada a Julio Martínez, a Whathefav y a Zapatero están siendo investigados. La cantidad pagada a Zapatero asciende a unos 450.000 euros, mientras que a la empresa de sus hijas se le han abonado alrededor de 200.000 euros. Tras la detención de Martínez, las hijas de Zapatero eliminaron gran parte del contenido de sus redes sociales y borraron el rastro de algunas colaboraciones empresariales.
En una tensa sesión del Consejo de Ministros, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, protagonizaron un enfrentamiento verbal por las filtraciones relacionadas con la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el 18 de enero y que dejó 46 muertos y más de un centenar de heridos. El conflicto surgió a raíz de un informe de la Guardia Civil que alertaba de que personal de Adif retiró piezas clave de la vía sin autorización judicial. Marlaska acusó a Puente de actuar 'por su cuenta' y cuestionó la labor de la Guardia Civil, mientras que Puente defendió la actuación de Adif y criticó la construcción de un relato que, según él, no se ajusta a los hechos. Este choque refleja las tensiones internas del Gobierno de Pedro Sánchez, donde dos de sus ministros más destacados gestionan conflictos que afectan directamente a sus ámbitos sin lograr coordinar un relato común. La investigación del accidente sigue en curso en el juzgado de Montoro, pero el efecto político ya se ha hecho notar.
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