La noticia se centra en la presencia de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en los Goya, resaltando su elegancia y los saludos afectuosos con otros políticos. Sin embargo, omite detalles sobre las imputaciones a Gómez y su posible impacto en la imagen del presidente.
La gala de los Premios Goya 2026 ha generado controversia al utilizar una imagen icónica de 1998, en la que José Luis Borau condenaba los crímenes de ETA, para denunciar 'el genocidio en Gaza' sin mencionar el contexto original. El acto, presentado por Luis Tosar y Rigoberta Bandini, ha contado con la presencia de Pedro Sánchez, cuyo Gobierno depende del apoyo de Bildu, lo que ha avivado la polémica. La imagen, que se ha convertido en un momento histórico del cine español, ha sido reutilizada sin hacer referencia a su significado inicial, lo que ha generado críticas por parte de algunos sectores. La gala ha celebrado los 40 años de historia de los Premios Goya, pero el uso de esta imagen ha eclipsado otros momentos destacados de la noche.
Gibraltar ha expandido su territorio un 15% en cinco décadas mediante la ganancia de terreno al mar, incorporando cerca de un millón de metros cuadrados. Esta ampliación, equivalente a todo el Parque del Retiro de Madrid, ha permitido crear suelo urbanizable, infraestructuras y áreas portuarias. El Tratado de Utrecht de 1713 cedió 'la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas' a Reino Unido, pero no incluyó el istmo ni las aguas circundantes. España sostiene que la soberanía británica se limita al perímetro original y que los rellenos posteriores crearon territorio inexistente en el momento de la cesión. La disputa territorial permanece sin resolver. Recientemente, la UE y el Reino Unido han alcanzado un acuerdo que redefine la relación de Gibraltar con la UE tras el Brexit, eliminando la verja física y trasladando los controles al puerto y al aeropuerto, e integrando de facto el enclave en el espacio Schengen.
La reciente querella presentada contra la juez instructora del 'caso DANA', Nuria Ruiz Tobarra, y su marido, Jorge Martínez Ribera, ha destapado una polémica en torno a la instrucción de uno de los casos más delicados de la justicia española. La Ley del Poder Judicial prohíbe que dos magistrados cónyuges formen parte del mismo tribunal para evitar la influencia del vínculo afectivo en la independencia judicial. Sin embargo, según la querella, el marido de la juez habría intervenido en la toma de declaración a familiares de las víctimas de la DANA valenciana, pese a no tener ningún cargo que lo legitimara. Los querellantes, familiares de las víctimas, han presentado pruebas, como grabaciones de audio, que demuestran la participación activa de Jorge Martínez Ribera en las declaraciones. La querella acusa a la juez y a su marido de coacciones, revelación de secretos, usurpación de funciones públicas y prevaricación, entre otros delitos. Además, se acusa al letrado Joaquín Esteve Esteve de filtrar información de las declaraciones a medios de comunicación. Los querellantes solicitan el apartamiento de la juez, la suspensión de ambos magistrados y la nulidad de la instrucción practicada hasta la fecha.
Julio Iglesias ha decidido emprender acciones legales contra la Fiscalía General del Estado por presunta vulneración de sus derechos fundamentales. El cantante afirma que se le ha negado el acceso a la denuncia presentada por sus ex empleadas, quienes lo acusaron de agresión sexual, trata de seres humanos y delitos contra los trabajadores. La defensa de Iglesias sostiene que esta negativa constituye una violación de los artículos 23 y 24 de la Constitución Española, que garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías. Iglesias ha calificado este proceso como un episodio que le ha quitado 'cinco años de vida' y se muestra decidido a luchar por su inocencia. El próximo 2 de marzo, su equipo legal presentará una demanda de amparo judicial por lesiones de derechos fundamentales. La situación ha generado un gran debate sobre la transparencia y el derecho a la información en los procesos judiciales.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) ha enviado 383.480 euros a Túnez para actividades deportivas, específicamente a la empresa 'Société Promosport', cuya principal actividad parece ser las apuestas deportivas. La convocatoria, publicada el 12 de enero de 2026 en la Base de Datos de Subvenciones, asignó 191.740 euros a esta empresa, exactamente la mitad de la cantidad total. La falta de transparencia en la gestión de estos fondos públicos ha generado dudas sobre la idoneidad de la cooperación internacional española y su posible uso para blanqueo de dinero. La Aecid, encargada de distribuir estos fondos, ha sido criticada por la opacidad en su gestión y la dificultad para rastrear el destino final de los fondos. El autor denuncia que la cooperación internacional se ha convertido en un 'lugar opaco' para prácticas corruptas.
Con un precio de 131.000 euros por dos años de colaboración, Pablo Iglesias se estrena como productor en Colombia con el programa 'La minga', un espacio de análisis y coyuntura política que se emite en Señal Colombia desde el 25 de febrero. El programa, producido por el Canal Red de Iglesias, se inspira en el formato de 'La base' y busca ofrecer una lectura crítica de la actualidad colombiana y global. La emisión del programa supone un salto cualitativo para el grupo mediático de Iglesias, que ya ha alcanzado un acuerdo para sumarse a la parrilla de Movistar+ después de un periodo de prueba. El Canal Red de Iglesias, lanzado para 'construir una televisión latinoamericana para resistir la ofensiva cultural e ideológica del trumpismo', ha logrado beneficios de 81.269 euros en 2024 y 50.518 euros en 2023. El acuerdo con RTVC confirma una relación que empezó en noviembre de 2024 con la emisión en diferido de 'La Base'. La oposición al Gobierno de Gustavo Petro ya criticó la primera alianza con el Canal Red, acusando a Petro de usar dinero público para financiar a Iglesias. Sin embargo, el gerente de RTVC, Hollman Morris, defendió que Iglesias es 'una de las voces más influyentes y críticas del pensamiento progresista en Iberoamérica'.
En el entramado de relaciones entre gobiernos españoles y Venezuela destaca un episodio clave tras la visita de Hugo Chávez a España en 2004. José Bono, entonces ministro de Defensa, forjó una particular amistad con Chávez que culminó en un contrato histórico de 1.700 millones de euros para la compra de doce aviones militares y ocho fragatas. Sin embargo, la operación se complicó por la inclusión de software estadounidense y la negativa de Washington a permitir su reventa. Finalmente, el contrato se redujo a 1.207 millones de euros por la eliminación de los aviones. Investigaciones posteriores revelaron que Caracas pagó 1.249 millones, lo que sugiere una comisión de 42 millones a la empresa Rebazve Holding, de la cual al menos 12 millones fueron a parar a manos de Javier Salas y Antonio Rodríguez-Andín. A pesar de estas evidencias, el caso fue archivado al no considerarse un quebranto para las arcas públicas españolas. El escándalo salió a la luz nuevamente en 2021 cuando Hugo 'El Pollo' Carvajal mencionó a Bono y otros exministros españoles como posibles destinatarios de las corruptelas ante la Audiencia Nacional.
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