Crítica:
El artículo carece de contexto sobre las declaraciones de Sarandon en los Goya. La crítica de Ana Rosa parece sesgada y no ofrece una visión equilibrada de la situación.
El artículo carece de contexto sobre las declaraciones de Sarandon en los Goya. La crítica de Ana Rosa parece sesgada y no ofrece una visión equilibrada de la situación.
La Guardia Civil ha entregado un nuevo atestado a la jueza encargada del siniestro de Adamuz, revelando que 'especialistas no ferroviarios' realizaron las soldaduras. El informe destaca la denuncia de un responsable del sindicato CGT que afirma que la delegación en sucesivas subcontratas determina que no sean especialistas quienes acometan los trabajos. La soldadura que unía un carril instalado en 1989 y otro en 2023 es investigada como principal causante del accidente que provocó 46 muertes. La Guardia Civil ha solicitado información a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tras detectar 'incongruencias' en la documentación sobre las soldaduras. La investigación también revela que la soldadura se realizó por un trabajador de Maquisaba S.L. con más de cinco años de experiencia. Además, se informa que la última inspección por ultrasonidos se realizó el 25 de junio de 2025 y se dio por 'aceptada', pero el acta es considerada 'documentación de carácter reservado' por Adif.
El Ministerio de Igualdad ha sido objeto de críticas por parte del Tribunal de Cuentas debido a su uso indebido de contratos públicos para financiar actividades privadas. Según el informe del Tribunal, correspondiente al ejercicio de 2024 y analizado por THE OBJECTIVE, el ministerio utilizó la figura del contrato menor para adjudicar directamente servicios o suministros por importes inferiores a 15.000 euros, sin necesidad de licitación pública, cuando en realidad debería haber tramitado esas ayudas como subvenciones. Entre los casos examinados se encuentran la organización de premios, congresos, jornadas y seminarios vinculados al ámbito competencial del Ministerio de Igualdad, organizados por entidades privadas que recibieron financiación pública mediante adjudicación directa. El Tribunal de Cuentas advirtió que 'prima el apoyo a actividades privadas de carácter social sobre la obtención de un retorno publicitario' y concluyó que 'en realidad no hay contrato, sino subvención'. Esto implica que el ministerio utilizó contratos públicos no para recibir servicios, sino para financiar actividades externas. El informe identificó expedientes cuyo objeto formal era el patrocinio de iniciativas externas vinculadas a la actividad institucional del Ministerio de Igualdad, como eventos divulgativos, encuentros profesionales, certámenes y jornadas públicas relacionadas con la igualdad y la sensibilización social. El análisis también detectó que una parte significativa de los contratos se adjudicó por importes próximos al límite máximo permitido para el contrato menor, lo que refleja un recurso generalizado a esta fórmula. Además, se encontraron deficiencias en la justificación de los contratos analizados, ya que en numerosos casos la documentación aportada se limitaba a señalar que el importe estaba dentro del límite legal, sin explicar por qué se recurrió al contrato menor en lugar de utilizar procedimientos ordinarios. Entre los casos destacados figura un contrato adjudicado a Santiago Antonio Yerga Cobos, exdirector general de Migraciones, para la elaboración de un texto normativo, y otro para elaborar un análisis sobre la acreditación de entidades especializadas en la atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual. El Tribunal recordó que el contrato menor es una figura excepcional y advirtió de que su uso no debe sustituir los procedimientos ordinarios previstos en la normativa.
En una tensa comparecencia ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, José Luis Rodríguez Zapatero negó rotundamente haber sido el facilitador del rescate a Plus Ultra, calificando de 'falsedades' las afirmaciones de José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. El expresidente del Gobierno aseguró que su primer encuentro con Ábalos como titular de Transportes ocurrió después de que el Consejo de Ministros aprobara la ayuda de 53 millones de euros en marzo de 2021. Zapatero también desvinculó sus trabajos de asesoría para Análisis Relevante, la empresa que ha cobrado una media de 70.000 euros anuales durante seis años de Plus Ultra, su único cliente. La empresa de sus hijas, Whathefav, habría cobrado otros 200.000 euros por tareas de marketing. Ábalos, Koldo y Aldama han contradicho la versión de Zapatero, afirmando que este presionó para favorecer a la aerolínea. La investigación continúa mientras el PP acusa al exmandatario de orquestar una campaña electoral en Castilla y León.
La comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado ha destapado un nuevo cabo suelto en torno a su presunta implicación en la concesión del rescate público a Plus Ultra. La investigación ha revelado que una empresa llamada Voli Analítica, fundada por el empresario Martínez Martínez, considerado 'testaferro' de Zapatero, cobró 99.000 euros procedentes de la aerolínea. Esta empresa cambió su actividad de inmobiliaria a bróker aéreo justo después de que el Gobierno aprobara el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra en marzo de 2021. Zapatero negó conocer el asunto, pero admitió haber cobrado 450.000 euros por informes y que la empresa de sus hijas recibió casi 200.000 euros por editarlos. La investigación apunta a que la dirección de Voli Analítica se ocultó deliberadamente para proteger al expresidente. El chalé de Zapatero en la urbanización de Vera, donde se registró inicialmente la empresa, ha sido un punto clave en la investigación. Zapatero también reconoció haber cobrado 70.000 euros anuales durante seis años por labores de consultoría para la empresa de Martínez Martínez.
En un giro diplomático inesperado, la Embajada de Irán en Madrid ha expresado su 'pleno reconocimiento y respeto' hacia la postura del Gobierno español liderado por Pedro Sánchez, quien ha reafirmado que las bases militares de Rota y Morón de la Frontera no serán utilizadas por EEUU en operaciones contra Irán. El ministro José Manuel Albares ha sido contundente: 'España no se prestará a nada que no esté en el Tratado ni tenga encaje en la Carta de Naciones Unidas'. Esta declaración ha sido valorada positivamente por Irán, que ha visto en ella una consonancia con el derecho internacional. Sin embargo, el embajador iraní, Reza Zabib, ha lanzado una advertencia: 'Responderemos a cualquier agresión, sin importar dónde sea'. La tensión se mantiene alta mientras el Gobierno español convoca a Zabib para expresar su 'condena' a los ataques iraníes contra varios países de Oriente Próximo y Chipre, y exigir el cese inmediato de estas acciones. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negado categóricamente que las bases españolas estén involucradas en la operación contra Irán. Mientras tanto, Albares ha reafirmado la solidaridad con Chipre y ha destacado la necesidad de que Europa mantenga su compromiso con la paz y la diplomacia. Con unos 30.000 ciudadanos españoles en la región, la situación sigue siendo de máxima preocupación para el Ejecutivo español.
La Guardia Civil ha concluido la investigación de la Operación Pantano, un caso de presunta corrupción en el PSOE de Madrid. El informe final revela que la ex alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, María Luz Lastras Parras, y su equipo de gobierno ordenaron el pago de 1.628.897,21 euros en contratos irregulares a personas vinculadas al entorno del Gobierno municipal entre 2014 y 2019. Los investigadores detectaron que los mecanismos de control interno del Ayuntamiento fueron sistemáticamente desactivados, y que los responsables municipales hicieron caso omiso a los dictámenes de la Intervención Municipal. Entre los delitos investigados figuran prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias, fraude contra la administración y falsedad documental. La Fundación Castillo de la Coracera, un patrimonio histórico adquirido por el Ayuntamiento, ha sido utilizada como pantalla en contrataciones y para lucrar a terceras personas afines o relacionadas con el Ayuntamiento. El caso, iniciado en 2019 por una denuncia de Mercedes Zarzalejo, actual consejera de Educación del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero.
El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha lanzado una dura crítica al Gobierno de Pedro Sánchez por su negativa a permitir que EE. UU. utilice las bases españolas de Morón y Rota en una posible ofensiva contra Irán. Esta decisión ha sido celebrada por Teherán, lo que ha generado un tenso intercambio de acusaciones en redes sociales. Saar cuestionó en X si España está 'en el lado correcto de la historia' al recibir agradecimientos de Hamás, los hutíes y ahora Irán. La controversia se intensifica al recordar el comentario de la actriz Susan Sarandon, quien elogió a Sánchez por estar 'en el lado correcto de la historia' en referencia a la situación en Gaza. Con un precio político cada vez más alto, el Gobierno español se enfrenta a un difícil equilibrio entre su postura diplomática y las presiones internacionales.
Comentarios