Crítica:
El artículo cae en la banalidad de un escándalo sin sustancia, usando la polémica como mero gancho. La narrativa carece de contexto y se queda en la superficie del fraude.
Un concejal del PSOE se cambia de sexo para obtener ayudas: "Lo que no entiendo es por qué no lo hacen más hombres"
Concejal cambia sexo para ayudas
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Supremo condena a policía en disparo
La lluvia golpeaba las calles de Cáceres cuando, el 2 de marzo de 2018, un joven de 24 años escapó de la custodia y un disparo inesperado marcó la noche. El detenido, con antecedentes por robo con fuerza, se lanzó sobre el vehículo que lo trasladaba, empujó al agente y arrojó una muleta con la que golpeó a otro policía. La persecución se volvió un caos cuando el perseguidor se cayó y el arma personal del oficial, con el dedo en el gatillo, salió disparada. Más de tres horas después, el fugitivo se escondió en una vivienda. Los agentes, aún en lluvia y terreno mojado, lo persiguieron de nuevo, disparando al aire. La tensión se disparó cuando el joven lanzó una piedra, provocó que el oficial se resbalara, su arma cayó y un disparo accidental impactó la espalda del fugitivo. El Supremo, tras revisar el recurso interpuesto por la familia, dictó condena. Consideró que conservar el dedo en el gatillo incrementaba el riesgo de un disparo involuntario y calificó la acción como infracción del deber medio de previsión, sancionable bajo el artículo 142.2 del Código Penal. El agente pagará una multa de 2.700 euros, perderá el permiso de portar armas durante seis meses y deberá indemnizar a la familia con más de 160.000 euros: 71.297 euros a cada progenitor y 20.000 al hermano. El Estado también asume responsabilidad subsidiaria por la imprudencia cometida en ejercicio profesional. El caso subraya la tensión entre la necesidad de mantener la seguridad y la gestión de armas personales dentro de la fuerza policial. La sentencia abre un debate sobre protocolos de seguridad y la cultura de portar armas entre los agentes.
Gais y prohibición: polémica PSOE
Con la llegada de marzo de 2026, la escena política valenciana se transformó en un escenario de escándalo cuando Damián López, secretario LGTBI del PSOE de Valencia, lanzó una declaración que resonó más allá de los límites del partido. En una publicación del 8 de marzo, López respondió a un usuario que cuestionaba si “ser gay no es una deuda moral con la izquierda”. La respuesta, tachada de “nazi” por el interlocutor, desencadenó una cadena de comentarios que giraron en torno a la idea de “prohibir a los gais de derechas usar los espacios conquistados”, una frase que, según López, estaba dirigida a figuras como Jaime de los Santos, el diputado del PP, apodado “Jaimito” por el socialista. El eco de la polémica no tardó en llegar a la prensa. Pilar Bernabé, asesora de la responsable de Igualdad en Ferraz y delegada del Gobierno en Valencia, reiteró la idea de prohibición en un tuit que comenzaba con “habría que prohibirles a todos estos gais que utilicen los espacios conquistados. Empezando por Jaimecito…”. Este comentario no solo amplió el debate, sino que también puso de manifiesto la fricción entre los sectores del PSOE que buscan consolidar un discurso de inclusión y aquellos que, según los críticos, están dispuestos a limitar derechos en función de la ideología. El 9 de marzo, Jaime de los Santos respondió en redes, calificando los comentarios de López como un “delito de odio en toda regla” y comparándolo con la propaganda de Goebbels. La controversia se escalaría cuando Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, criticó la “estafa” del partido que “escupe odio” mientras prepara la primera cumbre internacional contra el odio, programada para el 11 de marzo. En esa misma fecha, Sánchez, el líder del PSOE, organizó una jornada contra el odio que, según Muñoz, era una fachada para la fabricación de violencia. López intentó mitigar la furia citando la ironía y el “fuera de contexto” de sus palabras, pero la retórica no logró desactivar la crítica. En la noche de 9 de marzo, un medio ultraderechista publicó un titular que, según López, “fue totalmente fuera de contexto”, y él respondió atacando al periodista y al medio. La disputa se convirtió en una batalla de narrativas donde cada partido juraba defender la verdad y acusaba al otro de difamación. El caso ha revelado una realidad inquietante: la política del siglo XXI se ha vuelto un juego de exclusión donde la identidad y la ideología se convierten en armas. La discusión no se centra en los derechos LGTBI per se, sino en la delimitación de quién puede ejercerlos según su alineación política. Mientras la tensión aumenta, la pregunta sigue: ¿hasta dónde llegará la política de exclusión para consolidar un discurso de “lo que es correcto” dentro de un espectro cada vez más polarizado?
Sánchez comparado con Orban por EU
Este lunes, en la sala del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen deslumbra a sus homólogos con una declaración que reverbera más allá de las paredes de la Comisión: nadie debe llorar por el régimen iraní, y Europa ya no puede ser la guardiana del viejo mundo. En medio de ese discurso, se escucha un murmullo que, según fuentes comunitarias, señala a Pedro Sánchez como el nuevo rival de la presidenta. La directora general de la UE, con el mismo tono que la semana pasada al denunciar la crisis de refugiados, se queja en voz baja de que cada propuesta que llega al Consejo debe enfrentarse a dos «enemigos»: Viktor Orbán y Pedro Sánchez. La comparación parece sacada de un guion político: ambos, según von der Leyen, se resisten a las posturas europeas porque buscan un beneficio electoral a expensas del consenso. Sánchez, que en la crisis de la relación con Estados Unidos ha intentado posicionarse como el líder de la oposición a Trump, se encuentra ahora bajo la lupa de los altos cargos europeos. El primer ministro húngaro, que ha sido acusado de impulsar una política nacionalista, se convierte en el espejo que la presidenta quiere que el español aprenda a evitar. El choque no se limita a la rivalidad interna. La tensión se agrava cuando el canciller alemán, Friedrich Merz, no se posiciona en defensa de España frente a las amenazas de Trump de cortar la relación comercial por la negativa de Sánchez a permitir el uso de bases estadounidenses para la ofensiva iraní. Merz, presente en el despacho Oval, permanece en silencio mientras el presidente estadounidense critica al Gobierno español. Aún más, el tema de la oficialidad del catalán en la UE, promesa del Gobierno socialista, ha generado descontento en el Ejecutivo alemán, que percibe la iniciativa como un riesgo para la cohesión del bloque. Así, la relación entre España y la UE se vuelve una partida de ajedrez donde cada movimiento de Sánchez se evalúa con la misma mirada crítica que la de von der Leyen sobre Orbán. La presidenta, en su intento por mantener la unidad europea, parece haber perdido la confianza en el primer ministro español que, según sus palabras, busca beneficios electorales en lugar de la política común. El mensaje claro de la Comisión es que la política de Sánchez, al igual que la de Orbán, no solo amenaza la estabilidad interna, sino también la percepción de la UE como garante de la paz y la solidaridad en un mundo que ya no respeta los viejos acuerdos.
Muebles de Cerdán: ¿Quién los pagó?
Con la sombra de la corrupción sobre la ciudad, la UCO desentrañó un entramado de pagos que no solo financiara el alquiler de la lujosa vivienda de Santos Cerdán en Hilarión Eslava 32, sino también el amueblado al gusto de su esposa, a quien la trama llamó ‘la Paqui’. El expediente, descubierto en la sede de Servinabar, contenía un folio con el logotipo de Acciona y anotaciones manuscritas que revelaban montos dispersos: 3 000, 4 000, 2 400, 3 000, 1 900, 2 500, 3 500, 3 500 y un 10 000 marcado con la palabra ‘muebles’, todos ligados por signos de suma. La evidencia mostró que los primeros 800 € de fianza, pagados el 7 octubre 2017, se destinaron al alquiler cerca de la Glorieta de Quevedo, mientras que, en noviembre, Servinabar comenzó a transferir mensualmente 800 € a Ezequiel Moreno Mozo, propietario de la vivienda en Cardenal Cisneros 65. Entre noviembre de 2017 y julio de 2018, el total de alquiler ascendió a 7 200 €. Tras la moción de censura de junio 2018, la trama cambió de objetivo y empezó a abonar una nueva cuota de arrendamiento para la casa de la calle Hilarión Eslava 32, con pagos mensuales que sumaron 45 055,93 € y una fianza de 2 450 € el 24 julio 2018, totalizando 47 505,93 €. Al término del contrato, Servinabar recibió 2 860,67 € de Gloria Puerto, quedando 44 645,26 € en manos del titular del inmueble. Además de los alquileres, los registros bancarios y los correos de Antxón confirman que la compra de muebles para la vivienda también se efectuó desde las cuentas de Servinabar, todo bajo la apariencia de una operación corporativa legítima. La UCO, con su meticulosa documentación, ha puesto de manifiesto cómo la trama de obras públicas, a través de Servinabar y con el respaldo visible de Acciona, manipuló los recursos públicos para beneficiar a Santos Cerdán y su familia, dejando un rastro de facturas, folios y transferencias que no dejan lugar a dudas sobre la magnitud del escándalo.
Narcopolicía desafía acusación
En un giro inesperado, el inspector jefe Óscar Sánchez, conocido como el 'narcopolicía' procesado por ayudar a introducir al menos 73 toneladas de cocaína en España, acusa a sus compañeros de la Policía Nacional de 'tergiversar' la investigación que le mantiene en prisión desde hace más de dos años. Con un total de 20 millones de euros hallados en su vivienda de Alcalá de Henares y un millón de euros más en su despacho de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la defensa de Sánchez busca la nulidad de la causa, alegando que el origen de la investigación está 'viciado'. La historia comenzó en 2021, cuando se incautó 1,6 toneladas de cocaína en el Puerto de Algeciras, pero según la defensa, los agentes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) ocultaron información crucial. El juez Francisco de Jorge, sin embargo, replica que esta incautación no fue el origen de la investigación, sino que fueron unas diligencias abiertas en enero de 2024 tras recabar 'indicios' de que Sánchez estaba colaborando con una organización criminal. Con un total de 39 contenedores marítimos involucrados y una cantidad estimada de 73 toneladas de cocaína introducidas en España desde 2020, el caso se vuelve cada vez más complejo. La defensa de Sánchez argumenta que se han vulnerado sus derechos como investigado, incluyendo el derecho a la información y el derecho a un proceso con todas las garantías. Ahora, con la prisión provisional, comunicada y sin fianza, decretada por el magistrado, Sánchez tomará la palabra por primera vez para exponer sus supuestas irregularidades en la investigación. La red de narcotráfico liderada por Ignacio Torán y la participación de Sánchez en ella son solo algunos de los hilos que el juez De Jorge deberá desenredar para esclarecer este caso que ha sacudido a la Policía Nacional.
Blanqueo suizo: EEUU apunta a Venezuela
A finales de 2021, una transferencia de 519.000 USD de la aerolínea española Plus Ultra llegó a una cuenta de MBaer Merchant Bank, un banco suizo que recientemente ha sido señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una pieza central en redes de blanqueo que abarcan Venezuela, Irán y Rusia. La historia se complica cuando se descubre que ese mismo vuelo de Plus Ultra, impulsado por empresarios venezolanos, fue rescatado por el Gobierno español con un aporte de 53 millones de euros, pese a que la compañía nunca había generado beneficios. El Tesoro, a través de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ha catalogado más de 100 millones de dólares en transacciones “ilícitas” realizadas entre 2019 y 2021 a través de MBaer, y ha iniciado un procedimiento para declarar al banco como una institución de preocupación primaria por blanqueo de capitales. El expediente detalla cómo MBaer facilitó transferencias vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica y su unidad Quds, organizaciones sancionadas por Washington, y a clientes rusos de alto riesgo, incluidos individuos sancionados tras la invasión de Ucrania. Entre los nombres que aparecen en la trama se encuentran el financiero Simon Leendert Verhoeven y el político ucraniano prorruso Víctor Medvedchuk. Verhoeven, quien recibió los 519.000 USD de Plus Ultra, también estaba involucrado en la gestión de salarios de intermediarios que, según FinCEN, movían fondos provenientes de contratos inflados y sobornos dentro de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Alex Saab, señalado por Washington como posible “testaferro” de Nicolás Maduro, también aparece en la red. El Tesoro señala que los fondos de la aerolínea se utilizaron para pagar a Verhoeven y, en última instancia, para lavar dinero de la corrupción venezolana que se ha extendido a programas como los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción). El banco suizo, por su parte, ha sido objeto de investigaciones en Suiza y Francia, y la FINMA suiza ya ha iniciado su liquidación tras detectar graves deficiencias en sus controles. El proceso de alegaciones se cerrará en abril próximo; si se confirma la sospecha, los bancos estadounidenses perderán su capacidad de abrir cuentas corresponsales para MBaer, cortándolo efectivamente del sistema del dólar. Este movimiento habría paralizado el acceso de la entidad al mecanismo financiero internacional, marcando un golpe decisivo a una red que ha operado entre tres grandes potencias y una nación de crisis. El caso ilustra cómo las sanciones y la fiscalización global pueden converger en un banco aparentemente neutral, desmantelando una cadena que vincula corporaciones, gobiernos y actores de riesgo en una trama de corrupción transnacional.
Tensión España Alemania
En un episodio que refleja el clima de malestar entre Madrid y Berlín, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no respondió a dos llamadas telefónicas del canciller alemán, Friedrich Merz, tras el incidente en el que Donald Trump criticó el nivel de inversión militar de España en la Casa Blanca. Merz, quien se encontraba presente en el momento de las críticas, evitó defender públicamente la posición española, lo que fue interpretado en Moncloa como una falta de apoyo de un socio clave dentro de la Unión Europea. El enfado llevó a Sánchez a no devolver las llamadas, y el malestar no quedó solo en el plano político, ya que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, trasladó formalmente a Berlín la sorpresa del Ejecutivo español por la actitud del canciller. La queja se comunicó tanto al Ministerio de Exteriores alemán como a la embajada alemana en Madrid. La tensión diplomática coincide con una presión creciente de Alemania para que España incremente su gasto en defensa, lo que ha generado incomodidad en el Gobierno español. En este contexto, el secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, Géza Andreas von Geyr, viajará a Madrid para trasladar al Gobierno español la posición del canciller. Alemania se ha alineado con las demandas de Estados Unidos de que los aliados de la OTAN avancen hacia un gasto militar cercano al 5% del PIB, lo que ha generado debate en el Ejecutivo español, que mantiene que el debate no debe centrarse únicamente en porcentajes, sino en garantizar capacidades militares comparables a las del resto de socios. Desde Moncloa también se advierte de que asumir ese objetivo supondría tensiones presupuestarias importantes y podría obligar a recortes en otras áreas del gasto público o a incrementos fiscales. La visita de von Geyr servirá para trasladar al Gobierno español la posición del canciller y para abordar el debate sobre el gasto militar en el contexto de la OTAN. En resumen, la tensión entre Madrid y Berlín se ha intensificado en los últimos días, y la visita de von Geyr puede ser un paso importante para resolver el malestar y encontrar una solución para el gasto militar en España. Con un contexto geopolítico marcado por la guerra en Ucrania y el deterioro del entorno de seguridad europeo, la presión para que España incremente su gasto en defensa es cada vez mayor, y el Ejecutivo español debe encontrar un equilibrio entre las demandas de Alemania y Estados Unidos y las necesidades y prioridades del país. La situación es compleja, y la visita de von Geyr puede ser un punto de inflexión en la relación entre Madrid y Berlín, y en el debate sobre el gasto militar en España. En los próximos días, se espera que la visita de von Geyr genere un diálogo constructivo entre el Gobierno español y el alemán, y que se encuentre una solución que beneficie a ambas partes. La tensión diplomática entre Madrid y Berlín es un tema que requiere atención y solución, y la visita de von Geyr puede ser el primer paso hacia una resolución pacífica y beneficiosa para todos.
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