Crítica:
La noticia carece de contexto sobre la red de narcotráfico y la participación de otros agentes, lo que podría ser un punto de investigación más profundo. El título es sensacionalista y podría considerarse engañoso.
El 'narcopolicía' cazado con 20 millones en su casa acusa a los agentes del caso de "tergiversar" la investigación
Narcopolicía desafía acusación
Otros artículos
Blanqueo suizo: EEUU apunta a Venezuela
A finales de 2021, una transferencia de 519.000 USD de la aerolínea española Plus Ultra llegó a una cuenta de MBaer Merchant Bank, un banco suizo que recientemente ha sido señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una pieza central en redes de blanqueo que abarcan Venezuela, Irán y Rusia. La historia se complica cuando se descubre que ese mismo vuelo de Plus Ultra, impulsado por empresarios venezolanos, fue rescatado por el Gobierno español con un aporte de 53 millones de euros, pese a que la compañía nunca había generado beneficios. El Tesoro, a través de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ha catalogado más de 100 millones de dólares en transacciones “ilícitas” realizadas entre 2019 y 2021 a través de MBaer, y ha iniciado un procedimiento para declarar al banco como una institución de preocupación primaria por blanqueo de capitales. El expediente detalla cómo MBaer facilitó transferencias vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica y su unidad Quds, organizaciones sancionadas por Washington, y a clientes rusos de alto riesgo, incluidos individuos sancionados tras la invasión de Ucrania. Entre los nombres que aparecen en la trama se encuentran el financiero Simon Leendert Verhoeven y el político ucraniano prorruso Víctor Medvedchuk. Verhoeven, quien recibió los 519.000 USD de Plus Ultra, también estaba involucrado en la gestión de salarios de intermediarios que, según FinCEN, movían fondos provenientes de contratos inflados y sobornos dentro de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Alex Saab, señalado por Washington como posible “testaferro” de Nicolás Maduro, también aparece en la red. El Tesoro señala que los fondos de la aerolínea se utilizaron para pagar a Verhoeven y, en última instancia, para lavar dinero de la corrupción venezolana que se ha extendido a programas como los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción). El banco suizo, por su parte, ha sido objeto de investigaciones en Suiza y Francia, y la FINMA suiza ya ha iniciado su liquidación tras detectar graves deficiencias en sus controles. El proceso de alegaciones se cerrará en abril próximo; si se confirma la sospecha, los bancos estadounidenses perderán su capacidad de abrir cuentas corresponsales para MBaer, cortándolo efectivamente del sistema del dólar. Este movimiento habría paralizado el acceso de la entidad al mecanismo financiero internacional, marcando un golpe decisivo a una red que ha operado entre tres grandes potencias y una nación de crisis. El caso ilustra cómo las sanciones y la fiscalización global pueden converger en un banco aparentemente neutral, desmantelando una cadena que vincula corporaciones, gobiernos y actores de riesgo en una trama de corrupción transnacional.
Tensión España Alemania
En un episodio que refleja el clima de malestar entre Madrid y Berlín, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no respondió a dos llamadas telefónicas del canciller alemán, Friedrich Merz, tras el incidente en el que Donald Trump criticó el nivel de inversión militar de España en la Casa Blanca. Merz, quien se encontraba presente en el momento de las críticas, evitó defender públicamente la posición española, lo que fue interpretado en Moncloa como una falta de apoyo de un socio clave dentro de la Unión Europea. El enfado llevó a Sánchez a no devolver las llamadas, y el malestar no quedó solo en el plano político, ya que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, trasladó formalmente a Berlín la sorpresa del Ejecutivo español por la actitud del canciller. La queja se comunicó tanto al Ministerio de Exteriores alemán como a la embajada alemana en Madrid. La tensión diplomática coincide con una presión creciente de Alemania para que España incremente su gasto en defensa, lo que ha generado incomodidad en el Gobierno español. En este contexto, el secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, Géza Andreas von Geyr, viajará a Madrid para trasladar al Gobierno español la posición del canciller. Alemania se ha alineado con las demandas de Estados Unidos de que los aliados de la OTAN avancen hacia un gasto militar cercano al 5% del PIB, lo que ha generado debate en el Ejecutivo español, que mantiene que el debate no debe centrarse únicamente en porcentajes, sino en garantizar capacidades militares comparables a las del resto de socios. Desde Moncloa también se advierte de que asumir ese objetivo supondría tensiones presupuestarias importantes y podría obligar a recortes en otras áreas del gasto público o a incrementos fiscales. La visita de von Geyr servirá para trasladar al Gobierno español la posición del canciller y para abordar el debate sobre el gasto militar en el contexto de la OTAN. En resumen, la tensión entre Madrid y Berlín se ha intensificado en los últimos días, y la visita de von Geyr puede ser un paso importante para resolver el malestar y encontrar una solución para el gasto militar en España. Con un contexto geopolítico marcado por la guerra en Ucrania y el deterioro del entorno de seguridad europeo, la presión para que España incremente su gasto en defensa es cada vez mayor, y el Ejecutivo español debe encontrar un equilibrio entre las demandas de Alemania y Estados Unidos y las necesidades y prioridades del país. La situación es compleja, y la visita de von Geyr puede ser un punto de inflexión en la relación entre Madrid y Berlín, y en el debate sobre el gasto militar en España. En los próximos días, se espera que la visita de von Geyr genere un diálogo constructivo entre el Gobierno español y el alemán, y que se encuentre una solución que beneficie a ambas partes. La tensión diplomática entre Madrid y Berlín es un tema que requiere atención y solución, y la visita de von Geyr puede ser el primer paso hacia una resolución pacífica y beneficiosa para todos.
Pujol y Andorra: 30 millones ocultos
Con la llegada del verano de 1992, un tren de billetes se deslizó por las estrechas calles de Andorra, cargando el peso de la ambición y la sombra de la ilegalidad. Entre 1992 y 2004, la familia Pujol, encabezada por Josep Pujol Ferrusola, depositó en cuentas del Andbank y el BPA casi 5.000 millones de pesetas, equivalentes a 30 millones de euros, todo en efectivo. La cifra se esconde tras una red de subcuentas: una en pesetas, otra de tránsito, una en euros y otra en dólares americanos, cada una con su propio patrón de movimientos. El inspector de la UDEF, segundo testigo ante la Audiencia Nacional, reveló que de 1993 a 2000 se registraron 25 ingresos en efectivo de 204 millones de pesetas, de origen desconocido, y que en la subcuenta en euros se detectaron tres depósitos de cerca de un millón cada uno. Pero la trama no se limitó a los billetes; un cuadro elaborado por la Policía mostró 18 fechas entre 1995 y 2003 en las que los hermanos –Josep, Jordi, Oriol, Oleguer, Pere, Mireia y Marta Ferrusola– ingresaron más de 1.200 millones de pesetas en efectivo, coordinando movimientos para diluir la trazabilidad. Los hermanos también intercambiaron fondos entre sí: Josep recibió ocho transferencias de sus hermanos por unos 25 millones de euros, principalmente de Jordi, y realizó 14 envíos a los mismos por 48 millones de pesetas, mayormente a Jordi y Oriol. El 25 % de los ingresos en la subcuenta de pesetas se destinó a inversiones financieras, el 55 % a compraventa de moneda y el 10 % a depósitos a plazo fijo, una maniobra clásica de blanqueo. En junio a noviembre de 1997, la cuenta de Josep recibió abonos de casi 750 000 dólares provenientes de Suiza y Mónaco, mientras que la cuenta de BPA, abierta entre 2016 y 2017, mostraba ingresos superiores a 2 millones de euros y 34 disposiciones en efectivo de 1.600 000 euros. Además, se hallaron transferencias de más de un millón de euros a cuentas españolas y depósitos con el concepto «arbit», posiblemente una criptomoneda. La trama se complejiza con un préstamo ficticio entre Jorge B., directivo de CAT Helicopters, y los hermanos Jordi y Josep, que la Fiscalía sospecha que facilitó el blanqueo de capitales. Este supuesto préstamo se habría vinculado a contratos públicos de CAT Helicopters con el Servicio Catalán de Tráfico entre 2008 y 2015, generando una sospecha de connivencia y posible incompatibilidad que la Intervención General no pudo confirmar. Todo ello pinta un cuadro de una familia que, a lo largo de doce años, utilizó la banca andorrana y la sofisticación de múltiples monedas para ocultar la procedencia de sus riquezas, mientras el sistema judicial intenta desenredar las capas de dinero negro que todavía aguardan su veredicto.
Zapatero factura sospechosa
La vida de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, sigue siendo objeto de escrutinio. Un nuevo escándalo ha salido a la luz, relacionado con la dirección que utilizó en una factura de conferenciante. En lugar de utilizar la dirección de su vivienda familiar, situada en la calle Níscalo 16, Zapatero optó por la dirección del garaje de su urbanización, en la calle Darío Aparicio 14. Esta elección ha generado suspicacias, ya que se asemeja a un patrón ya analizado en otro caso que salpica al expresidente. La factura en cuestión corresponde a un cargo de 24.200 euros por su participación en un foro internacional en Astana, emitida a la consultora Thinking Heads en diciembre de 2023. Esta información ha sido revelada en un momento en que Zapatero ya había vendido su vivienda en la exclusiva urbanización de Aravaca, en la que había vivido desde su salida de La Moncloa en 2011. La urbanización, llamada Urbalia Valdemarín, estuvo fuertemente vigilada por el Ministerio del Interior durante sus años de estancia, con cámaras de vigilancia apuntando a la calle Níscalo. La elección de Zapatero de utilizar la dirección del garaje en lugar de la de su vivienda ha generado preguntas sobre sus motivaciones. Algunos investigadores han sugerido que esta elección podría ser una medida de discreción o protección, similar a la omisión consciente de información en el registro mercantil de la sociedad Voli Analítica, relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. En este caso, la sociedad cambió su actividad de inmobiliaria a bróker aéreo y su administrador único se convirtió en Julio Martínez Martínez, un empresario considerado como testaferro de Zapatero. La investigación sigue en marcha, con los agentes buscando vínculos claros entre Zapatero y la sociedad Voli Analítica. Mientras tanto, Zapatero ha negado cualquier implicación en el caso Plus Ultra, aunque ha admitido haber cobrado 450.000 euros por una serie de informes. La empresa de sus hijas también cobró casi 200.000 euros por editarlos. La situación sigue siendo confusa, con muchos interrogantes sobre las acciones y motivaciones de Zapatero. La opinión pública sigue expectante, esperando respuestas claras y transparentes sobre los acontecimientos que rodean al expresidente del Gobierno.
Falcon sin destino
En agosto de 2022, cuatro aeronaves Falcon del Ejército del Aire aterrizaron en República Dominicana sin que se conociera el propósito de esos desplazamientos. Los registros de tráfico aéreo del Ala 45, analizados por THE OBJECTIVE, muestran que los aviones llegaron a la isla caribeña los días 5, 8, 22 y 27 de agosto de ese año, con intervalos de tres, 14 y cinco días entre cada vuelo. La documentación aeronáutica no especifica si se trataba de misiones gubernamentales, militares, de la Casa Real o de otro tipo. Los Falcon llegaron desde España, Portugal, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico y Honduras, y la mayoría aterrizó en el Aeropuerto Internacional Las Américas, situado en Boca Chica, a unos treinta kilómetros de Santo Domingo. Esta concentración de vuelos en agosto de 2022 no es un hecho aislado, ya que se han registrado episodios similares en otros momentos del calendario, como en mayo y junio de 2021, y entre finales de noviembre y comienzos de diciembre de 2021. La falta de transparencia sobre el propósito de estos vuelos ha generado numerosas incógnitas y preguntas, especialmente en el contexto de la creciente presencia de empresarios y exresponsables políticos españoles en República Dominicana, donde se han desarrollado proyectos empresariales y se han invertido grandes cantidades de dinero en sectores como la energía y el desarrollo urbanístico. El expresidente del Congreso José Bono es uno de los que mantiene vínculos empresariales en el país caribeño, y algunas empresas vinculadas a la trama Koldo han tenido presencia o actividad en República Dominicana. La presencia recurrente de aviones oficiales del Estado español en la Dominicana ha generado un debate político en España, y las preguntas sobre el asunto formuladas a través de Transparencia o en el Congreso han quedado sin responder. El Ejecutivo ha alegado motivos de seguridad para no publicar datos sobre pasajeros o misiones de los aviones oficiales a Dominicana, lo que ha aumentado la especulación y la desconfianza sobre el propósito de estos vuelos misteriosos. La investigación de THE OBJECTIVE ha permitido reconstruir la cronología de los vuelos y detectar un patrón, pero la falta de información oficial ha limitado la capacidad de entender completamente el propósito de estos desplazamientos. En este contexto, la necesidad de transparencia y rendición de cuentas es fundamental para evitar la especulación y la desconfianza, y para garantizar que los ciudadanos puedan conocer la verdad sobre el uso de los aviones oficiales del Estado. La historia de estos vuelos misteriosos es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, y de la necesidad de que los ciudadanos puedan acceder a la información que les corresponde. La investigación de THE OBJECTIVE es un paso importante en este sentido, pero es necesario que se continúe trabajando para obtener más información y para garantizar que los ciudadanos puedan conocer la verdad sobre el uso de los aviones oficiales del Estado.
Corrupción en la cima
Un escándalo de corrupción sacude el Ministerio de Transición Ecológica. Eugenio Domínguez, ex alto cargo y subordinado de la actual comisaria europea Teresa Ribera, ha sido detenido por presuntamente amañar licencias en favor de la empresa energética Forestalia. Según los investigadores, Domínguez creó un sistema de tramitación paralelo para beneficiar a Forestalia, empresa que le pagó 5,2 millones de euros a través de una empresa de su esposa. Los funcionarios del ministerio relatan cómo Domínguez acudía habitualmente a la sede de Forestalia en Madrid, después de su jornada laboral, y cómo se autoasignaba los proyectos de la empresa para así controlar su tramitación al margen de los cauces reglamentarios. La empresa de su esposa, Estudio de Asesoramiento Dherco, fue constituida en junio de 2023, mes en que Domínguez se jubiló, y tiene un objeto social que incluye la redacción de estudios de impacto ambiental. Los investigadores también destacan la relación estrecha entre el propietario de Forestalia, Fernando Samper, y el exdirector del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Jesús Lobera, con reuniones casi semanales. La Ucoma apunta a que Domínguez incurrió en un conflicto de funciones al ser supervisor y gestor a la vez, lo que permitió irregularidades posteriores. Los testigos califican de 'extraordinaria' la práctica de Domínguez de autoasignarse los proyectos de Forestalia, lo que habría permitido 'todas las irregularidades posteriores'. La tramitación de los proyectos se realizaba bajo la dirección y supervisión de Domínguez, excluyendo por completo la participación de los consejeros y los técnicos funcionarios del Ministerio de Transición Ecológica. La Guardia Civil investiga si Samper pagó un sobrecoste por la empresa que compró en 2018, tres años después de que el dirigente del Partido Aragonés (PAR) la creara. El caso ha generado una gran conmoción y ha llevado a Teruel Existe a exigir la dimisión o cese del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, por mantener a Domínguez en la estructura de Transición Ecológica después de su jubilación. La Ucoma revela que Forestalia pagó 5,2 millones de euros a Domínguez a cambio de otorgar autorizaciones ambientales a los proyectos de la empresa de Samper 'a sabiendas de que no cumplen con los requisitos legales'. La 'contraprestación' se habría abonado a través de la empresa de su esposa. Los investigadores consideran a Lobera como una 'figura central' para facilitar la expansión de Forestalia a través de la 'presión' a funcionarios del Gobierno de Aragón. Los encuentros entre Samper y Lobera habrían sido 'habituales y casi semanales', lo que ha llevado a los investigadores a sospechar que el antiguo subordinado de Ribera también recibió acciones de 15 sociedades de Forestalia. La sociedad de la esposa de Domínguez tiene una 'nula actividad comercial' y su objeto social incluye la redacción de estudios de impacto ambiental. Los agentes destacan la relación estrecha entre Domínguez y Forestalia, así como la cantidad de dinero que recibió a cambio de otorgar autorizaciones ambientales. La Ucoma apunta a que Domínguez incurrió en un conflicto de funciones al ser supervisor y gestor a la vez, lo que permitió irregularidades posteriores. El caso ha generado una gran conmoción y ha llevado a Teruel Existe a exigir la dimisión o cese del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, por mantener a Domínguez en la estructura de Transición Ecológica después de su jubilación.
Dana Valencia: PP involucrado
La investigación sobre la dana de Valencia ha dado un giro inesperado con la revelación de que la hermana de la jueza Nuria Ruiz Tobarra, Pilar Ruiz Tobarra, fue despedida del Partido Popular en 2015. En aquella época, Pilar era militante y trabajadora del partido en Valencia, ejerciendo como administrativa y organizadora de actos. Su despido se produjo en el marco de un reajuste de plantilla y organización tras las derrotas electorales del PP en la región. Ahora, casi una década después, la hermana de Pilar, Nuria, se encuentra al frente de una instrucción sumamente cuestionada por casi todas las partes implicadas, a excepción de la representación de la izquierda valenciana. La jueza ha señalado directamente a los cargos del PP en la gestión de la trágica riada, lo que ha generado un gran revuelo. La relación entre la hermana de la magistrada y el PP ha generado un nuevo motivo de controversia en una causa judicial que ya estaba empañada por cuestiones externas. Nuria Ruiz Tobarra, de tendencias conservadoras, ha sido objeto de críticas por su instrucción, que podría incurrir en motivos de nulidad. La situación se complica aún más por la cercanía de la jueza con la formación política que lidera la Generalitat Valenciana, lo que ha generado dudas sobre su imparcialidad. A pesar de todo, no se prevé que la jueza sea recusada por este motivo, lo que significa que la causa judicial seguirá adelante con la misma instructora. La sombra del despido de Pilar Ruiz Tobarra del PP en 2015 se cierne sobre la causa, generando un nuevo motivo de tensión en un proceso que ya estaba lleno de controversias. La pregunta es, ¿cómo afectará este nuevo dato a la instrucción y a la percepción de la justicia en este caso?, en un contexto en el que la confianza en las instituciones es fundamental. La instrucción de Nuria Ruiz Tobarra ha generado un gran debate en la sociedad valenciana, y la revelación de la relación de su hermana con el PP ha añadido un nuevo capítulo a este drama judicial. La justicia debe ser imparcial y transparente, y cualquier sombra de duda sobre la imparcialidad de un juez o jueza puede tener consecuencias graves para la percepción de la justicia en la sociedad. En este sentido, la causa de la dana de Valencia se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo la justicia puede ser influenciada por factores externos, y cómo la percepción de la imparcialidad de un juez o jueza puede ser clave para la confianza en el sistema judicial. La sociedad valenciana sigue pendiente de los desarrollos de esta causa, que ha generado un gran impacto en la opinión pública. La revelación de la relación de la hermana de la jueza con el PP ha generado un nuevo motivo de reflexión sobre la independencia del poder judicial y la necesidad de garantizar la imparcialidad en la administración de justicia. En este contexto, la causa de la dana de Valencia se ha convertido en un caso de estudio sobre la importancia de la transparencia y la imparcialidad en la justicia, y cómo la percepción de la sociedad sobre la justicia puede ser influenciada por factores externos.
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