La noticia presenta un sesgo claro contra la decisión del Ministerio del Interior, sin ofrecer una visión equilibrada del asunto. La falta de información objetiva sobre la situación de Sarah Santaolalla y la ausencia de declaraciones de la propia interesada o del Ministerio del Interior debilitan la credibilidad del artículo.
Un enfado policial ha estallado tras la decisión del Ministerio del Interior de asignar una escolta a la tertuliana Sarah Santaolalla, después de que denunciara al activista ultra Vito Quiles por acoso y lesiones. Los sindicatos policiales Jupol y SUP han calificado esta medida como un 'absoluto escándalo', reclamando conocer los informes técnicos que justifican el despliegue de medios públicos y solicitando saber si se han detraído efectivos de otras unidades operativas para proteger a Santaolalla. La juez que investiga el caso había denegado previamente la orden de alejamiento solicitada por la supuesta víctima, al no advertir un 'riesgo objetivo que justificase' dicha medida. Los sindicatos policiales consideran que la activación de la escolta implica la asignación de 'recursos policiales limitados' y que es necesario que las autoridades competentes expliquen qué circunstancias concretas han llevado a apreciar la concurrencia de los supuestos que justifican la protección policial. Por otro lado, los sindicatos reclaman conocer qué medios policiales se han destinado a la escolta de Sarah Santaolalla y si para su prestación se han detraído agentes de otras unidades operativas de la Policía Nacional. Esto se produce en un contexto en el que unidades especializadas como la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) llevan tiempo alertando de la elevada carga de trabajo que soportan los agentes encargados de la protección y seguimiento de víctimas dentro del Sistema VioGén. En algunos casos, un solo policía tiene que encargarse del seguimiento y protección de decenas de víctimas, llegando a ratios cercanas a un agente para más de cien mujeres con protección activa. Mientras faltan medios para proteger a víctimas reconocidas por la justicia, el Ministerio del Interior decide destinar efectivos a escoltas cuya necesidad resulta, cuanto menos, cuestionable. La Comisaría General de Seguridad Ciudadana ordenó a la Brigada Central de Escoltas que dispusiera un indicativo de protección a la colaboradora a finales de la pasada semana, aunque no se trata de una escolta permanente. Los policías acompañarán a la colaboradora televisiva en momentos puntuales, en concreto cuando asista a eventos públicos o a aquellos en los que haya congregada una multitud de personas. La orden vino directamente de la Secretaría de Estado de Seguridad.
La guerra en Irán ha desencadenado una crisis en la construcción en España, ya que el aumento del coste de las materias primas como el petróleo, el gas, el acero, el aluminio, la madera y el asfalto pone en peligro la continuidad de miles de obras. Según Mariano Sanz, secretario general de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), sin una revisión de precios, las constructoras no tienen incentivos para seguir trabajando, ya que el margen de beneficio es muy estrecho. En los últimos cinco años, el coste de construcción de viviendas nuevas ha aumentado un 32% debido al encarecimiento de los materiales. La patronal de la construcción está recibiendo llamadas de empresas promotoras preocupadas por el aumento de los precios de la energía y los combustibles, y están valorando si continuar o no con sus proyectos. La necesidad de revisar la Ley de Desindexación es urgente, ya que la falta de actualización de precios pone en riesgo la viabilidad de los contratos y puede frenar la ejecución de las obras. La CNC recuerda que muchos materiales de construcción se han disparado más de un 45% desde 2021, y que el periodo de maduración de la ejecución de una obra va de 24 a 36 meses, lo que hace que la predictibilidad de los costes sea especialmente complicada. En este contexto, las constructoras están asustadas y valorando cómo actuar de cara a las próximas semanas, ya que parar las obras supondría enfrentarse a duras penalizaciones por no cumplir con los objetivos y plazos establecidos. La CNC insiste en que la revisión de precios es el mecanismo más fácil para intentar compensar el desastre en el que están metidos.
La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha desencadenado un aumento constante en el precio del petróleo, afectando a los precios de la gasolina y el diésel en todo el mundo. El bloqueo del Estrecho de Ormuz ha sido el principal responsable de esta subida, ya que afecta al 20% del petróleo consumido globalmente y al 20% del gas natural licuado mundial. En este contexto, el Gobierno portugués, liderado por el Partido Social Demócrata y el primer ministro Luis Montenegro, ha decidido implementar una reducción temporal y extraordinaria en el Impuesto sobre Productos Derivados del Petróleo (ISP) al diésel, con el fin de mitigar el impacto de la subida prevista de los precios de los carburantes. Esta medida se traduce en un descuento extraordinario y temporal de 3,55 céntimos por litro al gasóleo de carretera, lo que, considerando la incidencia del IVA, se traduce en un ahorro real de 4,37 céntimos por litro. Un conductor que reposte 50 litros de gasóleo ahorrará aproximadamente 2,19 euros, ya que sin la medida el gasto extra por el aumento del diésel habría sido de 23,4 céntimos por litro. Mientras tanto, en España, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez no ha anunciado aún ninguna medida similar para dar un respiro al bolsillo de los consumidores. La situación es crítica, y la medida portuguesa puede ser un ejemplo a seguir para otros países europeos, como España, Francia y Alemania, que también se ven afectados por el aumento de los precios de los combustibles. La reducción temporal del impuesto al diésel en Portugal puede ser un paso hacia la estabilización de los precios de los carburantes y un alivio para los conductores. Sin embargo, la situación sigue siendo incierta, y es necesario seguir de cerca los desarrollos en el mercado energético para determinar el impacto a largo plazo de estas medidas. El aumento del precio del petróleo ha sido constante desde el 28 de febrero, y es probable que siga subiendo en las próximas semanas. En este contexto, las medidas tomadas por los gobiernos para mitigar el impacto de la subida de los precios de los carburantes serán fundamentales para proteger el poder adquisitivo de las familias y las empresas.
La investigación del caso Forestalia sigue arrojando sorpresas. Una de las últimas revelaciones es la vinculación de Julio Tejedor, ex mano derecha del presidente Javier Lambán en el Gobierno de Aragón, con una de las empresas del dueño de Forestalia, Fernando Samper. Tejedor, un abogado y catedrático, posee el 4% de las participaciones de la sociedad Energía Inagotable de Brenda SL, una empresa creada para impulsar proyectos de autoconsumo industrial. Esta sociedad fue fundada en 2023, justo después de que Tejedor dejará su cargo en la DGA. La noticia ha causado revuelo en la comunidad política y empresarial, ya que plantea serias preguntas sobre la relación entre los líderes políticos y los empresarios. El caso Forestalia sigue siendo un tema candente, con nuevas revelaciones que salen a la luz cada día. La participación de Tejedor en esta empresa ha generado un gran interés, ya que se trata de un personaje clave en la política aragonesa. La investigación sigue en marcha, y es probable que se descubran más sorpresas en el futuro. Con un porcentaje de participación del 4%, Tejedor tiene una presencia significativa en la empresa, lo que ha generado un gran debate sobre la ética y la transparencia en la política. El caso Forestalia sigue siendo un tema de gran interés para la opinión pública, y es probable que siga generando titulares en los próximos días. La relación entre Tejedor y Samper es solo una de las muchas preguntas que siguen sin respuesta en este caso. La investigación sigue adelante, y es probable que se descubran más detalles sobre la relación entre los líderes políticos y los empresarios en los próximos días.
En un movimiento contundente, Globalia Corporación Empresarial ha decidido llevar a la Audiencia Nacional su disputa sobre una liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que data de los ejercicios 2018 y 2019, con un monto total de 2,54 millones de euros. Esta decisión se produce después de que el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) desestimara sus alegaciones en diciembre de 2025, confirmado así la deuda tributaria. Con el liderazgo de Juan José Hidalgo, Globalia busca revertir esta resolución, argumentando que la liquidación realizada por la Agencia Tributaria no se ajusta a derecho. Mientras tanto, la empresa ha solicitado medidas cautelares para evitar el pago inmediato de la deuda, ofreciendo un aval bancario como garantía. En un giro significativo, la Audiencia Nacional ha aceptado esta medida cautelar, suspendiendo el pago hasta que se resuelva el recurso contencioso-administrativo. Esta decisión se fundamenta en la doctrina fijada por el Tribunal Supremo, que establece que cuando una deuda tributaria está garantizada con un aval bancario, su suspensión en vía judicial es procedente. La aplicación de esta doctrina en el caso de Globalia marca un hito importante en la interpretación de las medidas cautelares en el ámbito contencioso-administrativo. Con la suspensión del pago, Globalia evita un perjuicio irreparable mientras se analiza el fondo del asunto, lo que puede tener implicaciones significativas para la empresa y su capacidad para operar en el mercado. La resolución final de este caso tendrá un impacto directo en la situación financiera de Globalia y sus empresas asociadas, como Air Europa, que ha recibido apoyo financiero durante la pandemia. La Audiencia Nacional ahora deberá determinar si la liquidación del impuesto practicada por la Administración es conforme a derecho, lo que podría sentar un precedente para casos similares en el futuro.
La empresa pública Tragsatec se encuentra en el centro de una polémica por su presunta implicación en un caso de corrupción relacionado con la tramitación de autorizaciones ambientales para la empresa Forestalia. Según informes de la Guardia Civil, Eugenio Domínguez, exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental, creó un sistema de tramitación paralelo para favorecer a Forestalia, utilizando a Tragsatec como herramienta central para tramitar los proyectos de la empresa. Los investigadores señalan que Domínguez ejercía un control completo sobre la tramitación de los proyectos, recibiendo la documentación y asignándola a Tragsatec sin pasar por el registro oficial. Los empleados de la empresa pública emitían informes bajo las directrices de Domínguez, quien solo tenía que firmarlos. La Ucoma destaca que tres funcionarios describieron la vía de tramitación paralela en términos casi idénticos, lo que sugiere un modus operandi consolidado y notorio. Además, se revela que Tragsatec contrató a Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, quien cobró al menos 9.500 euros sin ir a trabajar. La empresa pública cuenta con 14.500 empleados y depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, aunque está adscrita a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La investigación destaca la existencia de un circuito de trabajo cerrado y ajeno a los controles internos, lo que determinó el resultado final de los proyectos. En un caso concreto, el proyecto de Green Capital fue evaluado por técnicos de Transición Ecológica y resuelto de forma desfavorable, mientras que el proyecto de Forestalia fue estudiado por miembros de Tragsatec y resuelto a favor de la empresa. La posición de los aerogeneradores era prácticamente idéntica en ambos proyectos, lo que plantea dudas sobre la impartialidad de la tramitación. La investigación sigue en marcha, y se espera que se esclarezcan los hechos y se tomen las medidas necesarias para evitar la corrupción en el futuro.
En un giro inesperado, un socialista cercano a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, ha traspasado dos sociedades inmobiliarias a Forestalia, una empresa energética aragonesa bajo investigación en el caso SEPI y por presuntos amaños en Aragón. El traspaso, registrado el 18 de diciembre de 2025, ha levantado sospechas sobre las relaciones entre el partido y la empresa, especialmente considerando que Forestalia ha sido objeto de registros por parte de la UCO en el marco de las investigaciones en curso. Iosu Belio Añón, el político navarro que efectuó el traspaso, tiene una carrera ligada al mundo inmobiliario y ha estado vinculado al PSOE, formando parte de su ejecutiva en Navarra entre 2015 y 2021. La cesión de las sociedades, Terrenos San Mateo y Vivienda Asequible Norte 11, a Energía Inagotable Brenda, filial de Forestalia, ha generado más preguntas sobre la transparencia de las operaciones y la posible influencia política en el sector energético. Mientras tanto, Forestalia se encuentra en el centro de otra investigación por presuntos amaños con un ex alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica, con el fin de obtener licencias para parques de renovables, lo que ha llevado a pagos significativos, incluyendo 200.000 euros entre 2021 y 2023. El caso sigue sumando capas de complejidad, destacando la necesidad de una mayor claridad en las relaciones entre el mundo político y empresarial en España.
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