La Fiscalía General del Estado, bajo la dirección de Dolores Delgado, ha naufragado en su primera investigación por torturas durante el franquismo. La denuncia, presentada por una víctima que sufrió violencia física y psíquica en Barcelona en 1977, no ha podido determinar la identidad de los autores materiales.
La Fiscalía considera que las torturas se perpetraron en el contexto de la persecución y represión política instaurada por el franquismo y en el marco de un régimen institucionalizado de opresión sistemática y generalizada. La investigación se abrió tras la denuncia interpuesta por la víctima, que relata cómo agentes de la Brigada Político-Social la detuvieron y le infligieron violencia física y psíquica con el fin de obtener información y conseguir una confesión.
La Fiscalía ha concluido que no hay autor conocido y solicitará el archivo provisional de la denuncia, aunque se abre a emprender otras acciones judiciales, como los expedientes de jurisdicción voluntaria en el ámbito civil. La víctima ha sido reconocida como víctima del franquismo, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre de 2022.
La investigación es solo uno de los muchos casos de torturas durante el franquismo que han sido archivados o han fracasado en su búsqueda de justicia. La Audiencia Provincial de Barcelona confirmó el archivo de una querella presentada por dos hermanos que habían sufrido torturas en la Jefatura de la Policía Nacional de la Via Laietana en Barcelona.
La decisión llegó tres meses después de que un juzgado de instrucción archivara la causa con el argumento de que los hechos no podían juzgarse por estar amparados por la ley de amnistía de 1977. La Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, creada por la Ley de Memoria Democrática, tiene el objetivo de investigar y perseguir los crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo.
La designación de Dolores Delgado como fiscal de esta sala fue polémica, ya que su sucesor en la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, debió ascenderla a la máxima categoría fiscal. El Tribunal Supremo anuló el nombramiento al apreciar «desviación de poder».
La víctima y otras como ella llevan cuatro décadas reclamando sin éxito que los jueces investiguen las torturas. En septiembre de 2024, el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid archivó la querella de Julio Pacheco, la primera persona que declaró por estos hechos ante un juez en España.
Las asociaciones memorialistas hablan de cientos de querellas archivadas. El juez que cerca a Begoña Gómez también investiga un caso de torturas durante el franquismo. Juan Carlos Peinado admitió a trámite en enero del año pasado la querella que presentó Carlos Serrano, que acusa a cinco policías de crímenes contra la humanidad por las palizas que sufrió en 1975.
Serrano fue detenido en dos ocasiones, en mayo y octubre de 1975, cuando apenas tenía 17 años. En ese momento estaba afiliado a la Liga Comunista y era un destacado activista universitario. Su oposición al franquismo le hizo dar con sus huesos a la Real Casa de Correos, entonces sede de la Dirección General de Seguridad (DGS) y actualmente sede de la Comunidad de Madrid.
El Gobierno de Pedro Sánchez la convirtió el pasado octubre en Lugar de Memoria a pesar de las reticencias de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que llevó el asunto hasta el Tribunal Constitucional. El franquismo convirtió Madrid en una inmensa cárcel. Con las instalaciones de La Modelo destruidas por la guerra y los reclusos hacinados en Porlier, el régimen decidió en 1940 levantar un nuevo penal en Carabanchel, ya derruido, y dedicar una veintena de edificios diseminados por la ciudad a centros de detención y tortura.
El historiador Antonio Ortiz dedicó dos años en recopilar la información y ubicar esos lugares en un mapa. Desde entonces, solo un puñado han sido señalizados. La Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática es un paso hacia la justicia y la memoria para las víctimas del franquismo.
La designación de Dolores Delgado es un paso adelante en la lucha contra la impunidad. La investigación de las torturas durante el franquismo es un proceso largo y difícil, pero es necesario para que las víctimas y sus familias puedan encontrar la justicia y la paz. La sociedad española debe seguir luchando por la memoria y la justicia para que estos crímenes no se repitan.
Crítica:
El artículo es una crónica detallada y bien documentada de la investigación de las torturas durante el franquismo, pero carece de una perspectiva más amplia sobre el contexto histórico y político en el que se produjeron estos crímenes. La falta de análisis y reflexión sobre las implicaciones actuales de estos hechos es notable.
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