El reloj de la red eléctrica dio una nueva señal: el Gobierno, aprovechando el decreto-ley por la crisis en Oriente Medio, ha introducido un paquete de medidas que, más allá de las esperadas rebajas fiscales, apuntan al cierre progresivo de la central nuclear de Almaraz en Cáceres.
La noticia llega con la modificación del Real Decreto-ley 23/2020, que permite al Ejecutivo ampliar el listado de nudos de transición justa sin necesidad de aprobar otra ley. Así, los puntos de conexión que se utilizan para evacuar centrales térmicas o nucleares pueden añadirse a la lista siempre que el cierre sea inmediato o programado.
La nueva norma también abarca nudos en la zona de influencia o dentro de un radio de 50 kilómetros, facilitando la implantación de proyectos renovables en esas áreas. Para cerrar el círculo, Iberdrola, Endesa y Naturgy solicitaron la prórroga de tres años de la central extremeña, acompañados de la llamada «tasa Enresa» vinculada a la gestión de residuos nucleares.
Tras la aprobación de rebajas fiscales por la Junta de Extremadura, el trío se retiró de la demanda de reducción de la tasa. Ahora, la decisión final sobre la continuidad de Almaraz recae en el Consejo de Seguridad Nuclear, cuyo dictamen, previsto para los próximos meses, será decisivo para el calendario de cierre del resto de reactores.
El Gobierno también endurece los requisitos de acceso a la red, elimina los llamados proyectos fantasma y prioriza iniciativas industriales y de electrificación. Se promueve el autoconsumo, la integración de biometano y la ampliación de plazos administrativos para evitar la caducidad de proyectos renovables.
Además, se crea un fondo público para apoyar inversiones en hidrógeno y electrificación de procesos industriales, con contratos por diferencias de carbono. La oposición política acusa a la medida de consolidar el calendario de cierre nuclear y de otorgar al Ejecutivo mayor margen para influir en la selección de proyectos energéticos y industriales.
Mientras tanto, la presión social y política se intensifica en medio de la transición hacia un modelo libre de energía nuclear. La verdadera pregunta es si la reforma logra equilibrar la seguridad energética con la necesidad de descarbonizar el sector.
Crítica:
El gobierno se inventa la burocracia para justificar la muerte de Almaraz. La normativa parece más un juego de ajedrez que una política energética.
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