En la tarde del 9 de abril, la noticia de que Adif había entregado el contrato de supervisión de la soldadura de la línea de Adamuz a Redalsa, la empresa que la propia Adif posee el 52 %, se convirtió en la sensación del día. 46 vidas se desvanecieron en la noche del 22 de junio de 2025, y el silencio de la oficina de la Guardia Civil se rompió con un informe que no es más que un espejo de la burocracia que se empeña en vender la palabra de "suficiente" con la fuerza de un contrato de 9,7 millones de euros.
El contrato, firmado en enero de 2023, exigía técnicos de nivel 2 con dos años de experiencia, pero la Guardia Civil descubrió que los certificados de David A. y Pedro A. tenían menos de dos años desde su expedición. La empresa, que ganó el contrato en noviembre de 2022 al ofrecer la cifra más baja, recibió una calificación de 1,4 sobre 3 en calidad, un número que Adif prefirió ignorar frente a su programa ambiental. Redalsa, con el 52 % de sus acciones en manos de Adif, se le había concedido el encargo de inspección ultrasónica de 114 soldaduras en junio de 2025.
A pesar de que la inspección se realizó y se marcó como "aptas", la Guardia Civil señala que la normativa exige registrar los datos brutos; Redalsa afirma que la normativa de Adif no lo exige. El Gobierno, por su parte, ha negado a OKDIARIO la publicación del acta de la inspección, alegando que es un "documento reservado".
Cuando la Guardia Civil pidió los datos, Redalsa respondió que no disponía de un registro digital completo y que la inspección se basaba en la certificación de sus técnicos. La paradoja no termina aquí: el Sistema de Alerta de Seguridad (SAM) que debía detectar una fractura, no fue obligado a ser diseñado con esa función.
La vía se rompió 22 horas antes del desastre, pero el sistema no avisó. La consecuencia es que la supervisión se convirtió en un cuento de hadas burocrático en el que la palabra "capacidad" se usa tanto como un adjetivo de la política y la palabra "responsabilidad" como un concepto legal. El día después de la tragedia, las voces de los supervivientes y de la familia de las víctimas se mezclaron con la respuesta de Adif, que se mostró al tanto de las deficiencias, pero no de la magnitud.
El informe de la Guardia Civil no es una simple lista de fallos, es la evidencia de que la gestión pública a menudo se basa en el hecho de que un contrato se haya firmado, más que en la garantía de que sus requisitos técnicos se cumplan. La ironía del asunto es tan aguda que cualquier lector que no esté cansado de la hipocresía política se dará cuenta de que la supervisión de la soldadura de Adamuz no es una cuestión de acero, sino de cuentas que se balancean entre la palabra y la realidad.
Crítica:
El artículo deja al lector con la sensación de que la información está filtrada y la verdad se oculta detrás de tecnicismos. Falta profundidad en la explicación de cómo se evaluó la calidad del contrato y la participación del Gobierno.
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