El Tribunal de Cuentas, ese guardián de la contabilidad pública que suele pasar desapercibido, ha sacado a relucir un caso que parece sacado de una telenovela burocrática: el Ministerio de Igualdad, bajo la dirección de Ana Redondo, ha contratado a dedo a un ex alto cargo del Gobierno para que le redacte la ley de trata.
Sí, le has oído bien. En el informe de fiscalización del 2024, se señala que el contrato de asistencia técnica para la redacción del anteproyecto de ley orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos se adjudicó por 14.990 € sin seguir el procedimiento habitual.
La cartera no publicó un proceso de licitación, sino un anuncio en su propia web que buscaba “profesionales con amplia experiencia en políticas migratorias, extranjería, en los sistemas de protección de víctimas de trata de seres humanos, así como en infancia”. El anuncio no explicaba la finalidad del perfil ni que el objetivo era redactar la ley de trata.
Dos candidaturas fueron recibidas y, de forma casi milagrosa, el contrato fue concedido a Santiago Antonio Yerga Cobos, quien en ese momento era Director General de Migraciones, un cargo que había ocupado bajo Pedro Sánchez. En abril de 2025, Yerga fue nombrado Director General de Gestión Migratoria, justo un mes antes de que terminara el contrato.
Y no es la única anomalía: Yerga también ganó otro contrato menor de Igualdad, por 14.900 € para estudiar la posibilidad de acreditar a entidades especializadas en trabajar con víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y prostitución. El Tribunal de Cuentas no se queda en la superficialidad.
Alega la falta de justificación de la necesidad de asistencia técnica en una materia que pertenece al propio Ministerio y la ausencia de evidencia de que el objeto del contrato era excepcional e imprevisible, requisitos esenciales para un procedimiento de contratación menor. Además, el cálculo presupuestario es un misterio: se paga por mensualidades basadas en un valor prefijado de 14.900 €, sin desglose ni criterios de valoración.
La ausencia de transparencia y la contratación a dedo revelan un patrón de privilegio burocrático que convierte a la ley de trata en una tarea que, en teoría, debería ser manejada por el propio departamento. En la vida cotidiana, esta historia suena a que el gobierno está usando la ley como un carrito de compras: se elige el precio, no el producto.
Mientras la burocracia se dedica a redactar la normativa, la población se queda en la misma situación de vulnerabilidad que la ley pretende erradicar. El Tribunal de Cuentas, en su informe, ha levantado la cortina y expuesto el teatro de la contratación indebida, pero la pregunta que queda es: ¿qué sigue cuando la misma mesa que debería proteger a las víctimas se convierte en un escenario de favoritismo político?
Crítica:
El informe no profundiza en quién autoriza los contratos ni en la falta de auditoría interna; la verdadera alarma es la ausencia de transparencia que permite estos despachos a dedo.
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