En la mañana de un viernes que nadie quiso recordar, Moncloa lanzó su nuevo batallón de X para limpiar los filtros de la verdad sobre el ‘decretazo’ de regularización masiva. La campaña, un híbrido de TikToker y diplomático, intentó demostrar que el proceso no exige antecedentes penales.
El mensaje, que se disfrazó de “bulo” y luego de “bulo del bulo”, se convirtió en la nueva crónica de las redes: Sánchez, con su habitual guante de seda, declaró que la ley no pedía antecedentes, mientras que Begoña, la voz que suele disparar alarmas, señalaba que el gobierno sí los pidió.
Elma Sainz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, añadió la frase de la “realidad y la información contrastada” para que el público creyera que no había engaño, aunque en el mismo post compartía un enlace que confirmaba la exigencia de antecedentes. El corazón de la polémica late en la cláusula oculta del acuerdo con Tragsatec, filial de Tragsa.
“La exigencia de carecer de antecedentes penales salvaguarda los intereses de la sociedad española, prestándose especial atención a aquellos delitos especialmente relevantes, sin perjuicio de la preservación de la situación jurídica de las personas que hayan podido actuar en estado de necesidad”, lee el texto.
La frase suena como un comodín de juego de cartas: “si has roto la regla, no te tiras de la mano”. El Código Penal, con su definición de estado de necesidad, exige que el daño no supere el que se evita, que la necesidad sea no provocada y que el infractor no tenga obligaciones de sacrificio.
Pero el decreto parece querer usar esa definición como pase de entrada para los que llegan sin antecedentes, lo que, según juristas, es una “amnistía anticipada y precautoria”. El Consejo de Estado, con su presidenta Carmen Calvo, y la Sección Segunda, presidida por Magdalena Valerio, emitieron dictámenes que de alguna manera se alinean con la postura oficial, pero la política de Moncloa sigue haciendo un “bulo” que, de alguna forma, se mantiene en la red.
El mensaje final, que se lee como un anuncio de la nueva política de regularización, termina con la pregunta de quién valorará el estado de necesidad y si realmente se trata de un proceso masivo o de una excusa para atajar los delitos que se cometen por necesidad. En definitiva, la campaña de X es una especie de teatro de marionetas donde los guiones cambian al ritmo de cada publicación, y el público se queda con la misma duda: ¿realmente se está protegiendo a quienes actúan en estado de necesidad o simplemente se está afinando la ley para un juego de poder?
Crítica:
El titular simplifica la complejidad legal, ocultando el debate sobre el estado de necesidad. Falta citar la posición del Consejo de Estado y de la Sección Segunda, dejando al lector sin una visión completa.
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