En Castro Urdiales, una ciudad que parecía tranquila, los vecinos han salido a la calle para protestar contra la inmigración ilegal. La regularización masiva de inmigrantes sin documentación aprobada por el Gobierno central ha sido calificada de «ilegal e inconstitucional» por los manifestantes.
Jacobo Zunzunegui, uno de los portavoces de la concentración, denunció que el Gobierno ha implantado una tiranía al aprobar la medida mediante un decreto, sin pasar por el Congreso. Los asistentes argumentaron que España no está en condiciones de acoger a un número masivo de personas cuando los servicios públicos están en una «decadencia abismal».
Citaron ejemplos como el accidente ferroviario de Adamuz, la muerte de seis jóvenes en Cantabria y el deterioro de las listas de espera en la sanidad pública. También criticaron la asignación de 2,3 millones de euros de fondos públicos a la gestión de centros para menores a través de la Fundación Cuin, una entidad privada con un entramado empresarial detrás.
Detrás de la Fundación Cuin, hay un negocio redondo: a mayor presión migratoria, más centros tutelados; a más centros, más contratos millonarios; y, en consecuencia, mayor facturación para estas empresas. Los manifestantes también denunciaron el incremento estadístico de las violaciones, que ha aumentado cerca de un 300% desde 2017.
La protesta también se centró en la apertura de pisos tutelados en el barrio de Cazoña, en Santander, que se realizó sin información previa a los vecinos del edificio. Los asistentes criticaron que en Mioño se habilitara una casa de acogida para supuestos menores no acompañados, aludiendo a un informe del Parlamento Europeo que apuntaría a que en la mayoría de los casos no son menores de edad.
La concentración concluyó con cánticos que reclamaban pensiones y ayudas sociales para los nacionales y para las personas mayores residentes en España. La alcaldesa de Castro Urdiales fue criticada por dirigirse a los vecinos «de manera altiva» y por haber anunciado que no concurrirá a las próximas elecciones municipales.
La pregunta es, ¿qué está pasando en España? ¿Por qué los vecinos se sienten abandonados por la clase política? La respuesta es simple: la hipocresía y el negocio de la inmigración ilegal están detrás de todo. Mientras los políticos hablan de integración y solidaridad, los vecinos ven cómo sus servicios públicos se deterioran y cómo la seguridad se convierte en un lujo.
La concentración en Castro Urdiales es solo el comienzo de una larga lucha por la justicia y la transparencia en la gestión de la inmigración en España.
Crítica:
La noticia carece de profundidad y no ofrece soluciones concretas para abordar el problema de la inmigración ilegal en España. La crítica a la alcaldesa de Castro Urdiales parece injusta y no se ofrece contexto sobre su posición en el tema.
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