Dicen que las universidades son la sangre del Estado, pero el pulso de la educación se ha vuelto una batería de bajo rendimiento. El 30 de abril de 2026, justo cuando la campaña electoral para el 17 de mayo está a punto de arrancar, la Junta de Andalucía decide inyectar 37,5 millones de euros en el presupuesto de las diez universidades públicas.
El total llega a 1 825,7 millones de euros, cifra que suena como un billete de 100 euros en la calle, pero que al deslizarlo al mostrador del presupuesto, se vuelve un soborno de bolsillo para los rectores. La partida extra se reparte en dos fracciones: 21,5 millones para cubrir acuerdos salariales de docentes, investigadores y personal técnico, y 16 millones que quedan a la vista de las plataformas como 'Universidades Andaluzas por la Pública', que ven la cifra como un parche sobre una deuda estructural que no se ha abocado.
Mientras el Ejecutivo, con Carolina España al mando, canta la canción de la responsabilidad financiera, los estudiantes y sindicatos en Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, Jaén y Almería se han puesto a la calle, con la Universidad de Málaga (UMA) como chispa: un rescate de 48,5 millones de euros que no ha silenciado la protesta. El 2,5 % de aumento salarial que la Universidad de Sevilla desea aplicar obliga a la institución a cerrar centros de tarde, recortar grupos y limitar contrataciones temporales.
La financiación básica no cubre ni el mantenimiento ni la calidad, y los rectores piden un 1 % del PIB para la educación superior, como un pacto de los años 2030, mientras la LUPA abre la puerta a una "ofensiva mercantilista" que permitiría que las universidades públicas se autofinanciaran hasta el 30 %.
La Junta, con la voz de la ‘responsabilidad’ y el modelo equilibrado, ignora la desconexión que, según la portavoz del Ejecutivo, no logra comprender la movilización. Con la pre‑campaña en pleno apogeo, Montero, la candidata del PSOE‑A, se coloca en la escena con la queja de que la universidad pública no recibe la inversión que necesita y que algunos rectores ya hablan de cerrar universidades.
El Consejo Andaluz de Universidades (CAU) aprueba el reparto con nueve de los diez rectores a favor, pero el rector de Jaén, Nicolás Ruiz, se abstiene, demostrando que la unanimidad institucional es más un acto de teatro que un reflejo de la realidad. En este teatro de cifras y promesas, la universidad se ha convertido en un campo de batalla político donde la Junta de Andalucía, con el presidente Juan Ma Moreno al timón, intenta demostrar que el modelo de financiación es equilibrado, mientras los sindicatos y la comunidad académica claman por una educación 100 % pública.
La lección, más que la cifra, es que el dinero público se gasta en la burocracia, mientras la calidad del aprendizaje se destroza en el rincón más oscuro de la oficina. El 30 de abril, la Universidad de Sevilla se enfrenta a una crisis de identidad: una gran inversión, un pequeño plan de recortes y la acusación de que la Junta es una máquina de asfixia.
Y en la calle, los estudiantes siguen pidiendo que la educación no sea un negocio más, sino un derecho. Si la campaña política está en marcha, la universidad ya está en la lucha de su propia supervivencia.
Crítica:
El texto no profundiza en las causas estructurales de la crisis financiera universitaria. El título podría inducir a interpretar la movilización como un simple acto de presión política, perdiendo la complejidad del debate.
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