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El Gobierno contraataca para frenar el arbitraje de 1.250 millones de Berkeley por la mina de uranio

Gobierno detiene la manguera de uranio

politica Una mesa de negociación con papeles esparcidos, un mapa de España con Salamanca resaltado, un fondo de tribunales y un símbolo de uranio estilizado, sin rostros ni texto, con un toque artístico y atmosférico.

El Gobierno español se ha puesto la capa de superhéroe y ha lanzado la bomba contra el gigante australiano Berkeley, que ha sacado de la caja de Pandora una demanda de 1.250 millones de dólares por la mina de uranio de Retortillo. La historia se abre en febrero de 2024, cuando la compañía, con la ayuda de Herbert Smith Freehills Kramer y Riaño Abogados, presentó su reclamación completa ante el CIADI, el tribunal internacional que se encarga de los conflictos de inversión.

El documento no solo detalla la trayectoria de la “Mina Salamanca”, sino que también incluye testimonios, informes técnicos y la valoración de los daños, todo con la precisión de una receta de cocina que nadie quiere probar. Para ponerle freno a la tormenta, el Gobierno, con la abogacía del Estado, ha exigido al CIADI que separe el procedimiento y determine primero si tiene jurisdicción.

Esta maniobra, que puede tardar meses, es como tirar una piedra al agua y esperar que la ola se detenga antes de lanzar el disparo. Los árbitros, nombrados en marzo de 2025, son una mezcla de veteranos: Sabina Sacco, experta en casos de Colombia, México y Venezuela; Klaus Reichert, que ya se crujió la fama en el caso Antín vs España; y Zachary Douglas, quien ha jugado en los torneos de arbitraje más caros del sector energético. El conflicto comenzó en 2021 cuando el Ministerio para la Transición Ecológica, bajo Teresa Ribera, bloqueó la autorización de la mina con la ayuda de un informe negativo del CSN que cuestionó la fiabilidad de los análisis geotécnicos e hidrológicos.

Ese mismo año se aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que cerró la puerta a nuevas explotaciones de uranio en España. Berkeley sostiene que sus permisos previos la exentas de esa prohibición y acusa al CSN y al Ministerio de actuar de forma arbitraria. En paralelo, la comunidad y los tribunales locales atacaron la mina.

En diciembre de 2023 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló permisos urbanísticos clave, y en noviembre de 2022 la compañía ya había enviado una notificación formal al Gobierno bajo el Tratado de la Carta de la Energía. En mayo de 2024, Berkeley elevó la cifra de 920 millones de euros a 1.250 millones de dólares, convirtiendo el caso Retortillo en uno de los más caros que se haya presentado contra España. El Gobierno ahora se enfrenta a la doble tarea de proteger el patrimonio público y de demostrar que las reclamaciones de los inversionistas no son un arma de doble filo.

Mientras los tribunales se preparan, la mina sigue siendo un punto de tensión donde el dinero, la política y la sostenibilidad chocan como gasolina y un encendedor en la mesa de un bar de la esquina.

Vía: vozpopuli.com coments compartir
Noticias>Politica>30-Apr-2026>gobierno_detiene_la_manguera_de_uranio

Crítica:

El autor se queda corto con los números y se apoya demasiado en la narrativa de la defensa estatal. El título suena a propaganda más que a análisis objetivo.

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La corrupción política es como una casa de cartas: puede parecer estable, pero un soplo de verdad puede hacer que se derrumbe. El caso de Aldama y su relación con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, es un ejemplo perfecto de esto. Aldama, un empresario con conexiones en el mundo de la política, ha revelado que Sánchez le dio las gracias por su apoyo en una reunión privada en 2019, lo que ha generado un gran escándalo. Pero lo que es más interesante es que Aldama también ha implicado a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, en la trama, afirmando que ella quería adquirir un terreno en el complejo inmobiliario de la SEPI en Campos Velázquez. La pregunta es, ¿qué tanto sabía Sánchez sobre las actividades de su esposa y Aldama? La respuesta puede estar en los 250.000 euros que Aldama entregó al ministerio, dinero que según él era para la financiación del partido. Es como si alguien estuviera tirando de la tarjeta de crédito del PSOE, sin que nadie se diera cuenta. La lista de la compra de la corrupción es larga y incluye a ministros, barones territoriales y hasta al presidente del Gobierno. El sablazo en la factura de la democracia es grande, y es hora de que alguien pague. En este caso, el pago puede ser la pérdida de la confianza de los ciudadanos en el sistema político. La paradoja es que, mientras los políticos hablan de transparencia y honestidad, la corrupción sigue siendo un problema grave en nuestro país. Es hora de que alguien tome medidas efectivas para combatirla, antes de que sea demasiado tarde.

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El 18 de febrero, en el Colegio de la Abogacía de Madrid, el juez David Maman Benchimol, a cargo del caso de violación contra el ex jefe de la Policía José Ángel González, soltó comentarios que, según la izquierda, son un desfile de machismo. Maman, con la elegancia de un barista que sirve café fuerte a quien no quiere, explicó que las mujeres que solicitan órdenes de protección a menudo tienen "ventajas" para denunciar y que, si fuera abogado, simplemente tomaría la denuncia y la presentaría. Su charla, que de repente se convirtió en la salsa de un partido político que se alimenta de la indignación, también criticó la ley del impago de pensiones, alegando que las madres, que pagan las deudas del padre, merecen un juicio especializado. La ministra de Igualdad, con la misma rapidez con la que se lanza un mensaje en el Senado, declaró que Maman no debería seguir encabezando la jurisdicción de protección de mujeres. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió una diligencia informativa, tras que más de 100 organizaciones pidieron una investigación por las declaraciones del juez. Entre los datos duros: la denuncia de OKDIARIO, la fecha de la conferencia (18 feb), la fecha de la actualización (30 abr 2026), el ministerio que interviene, el CGPJ, y el hecho de que la izquierda mediática lanzó el linchamiento la semana anterior. El tono de la polémica es como una lista de la compra: la izquierda apunta a cada producto con la precisión de un camarero que quiere cobrar. Mientras el juez intenta explicar que la ley de pensiones no es un juego de Monopoly, la izquierda lo llama "machista" como si el término fuera un accesorio de moda. El clímax llega cuando la ministra y el CGPJ se unen, como un dúo de policías de la noche, para lanzar la investigación. La ironía es que el juez, que al principio parece un personaje de telenovela con argumentos de oficina de abogados, termina siendo el centro de un escándalo que parece sacado de un episodio de "The West Wing". En definitiva, el caso es un recordatorio de cómo la política y la justicia pueden convertirse en un juego de ajedrez donde las piezas, sin saberlo, se mueven con la intención de ganar el público.

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