Crítica:
La noticia carece de contexto y no profundiza lo suficiente en las implicaciones de la corrupción en el sistema político. El título es engañoso y no refleja la complejidad del tema.
Aldama sitúa a Sánchez al frente de la corrupción del PSOE, implica a Begoña Gómez y reafirma la financiación ilegal
Sánchez en el ojo del huracán
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Aldama, el tirador que evita prisiones
La Fiscalía Anticorrupción, bajo la dirección de Teresa Peramato, y la acusación popular liderada por el PP, están de pie ante la decisión de reducir la petición de pena. Ambas partes han otorgado la atenuante de confesión “cualificada”, pero Aldama, con la astucia de un jugador de ajedrez, busca convertirla en una “muy cualificada” para bajar la pena a menos de dos años en cada delito. Si la corte cede, la historia tendrá un giro donde el comisionista podrá saltar la celda y seguir jugando en el tablero político, mientras el gobierno se enfrenta a la presión de la “caja B” que, como el gas de un coche viejo, se filtra y se consume en la marcha del poder.
Política de cheques
En el corazón de La Moncloa, late una estrategia política bien engrasada para contener el escándalo del 'caso mascarillas' y mantener el poder. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido hacer frente a las acusaciones de Víctor de Aldama con una combinación de propaganda y 'chequevotos', es decir, medidas redistributivas para ganar el favor del electorado. La apuesta es arriesgada, pero coherente con una forma de hacer política en la que el impacto inmediato prima sobre el desgaste a largo plazo. El Ingreso Mínimo Vital, la revalorización de las pensiones y las bonificaciones al transporte son solo algunos de los instrumentos que el Ejecutivo utiliza para generar un vínculo directo entre los beneficiarios y la Administración, con el objetivo de fidelizar el voto. Sin embargo, la gestión del escándalo sigue un patrón de contención clásica, con un perfil bajo y respuestas medidas para evitar sobrerreaccionar y desvincular al núcleo del poder de los hechos investigados. La pregunta es, ¿podrá el Gobierno mantener el pulso de la agenda y evitar que el caso marque los tiempos políticos? La respuesta, solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, el Ejecutivo sigue adelante con su política social expansiva, convencido de que el voto se decide más en la cuenta corriente que en los sumarios. Un cálculo electoral que puede tener consecuencias a largo plazo, pero que de momento parece ser la apuesta más segura para mantener el poder. La memoria del votante es selectiva, y en un contexto de incertidumbre económica, prioriza el bolsillo sobre el escándalo. Así que, el Gobierno sigue adelante, con la convicción de que el coste del escándalo es asumible frente a los beneficios de una política social que refuerza su posición electoral. Pero, ¿a qué costo? El debate sobre la sostenibilidad fiscal y el margen real del Estado para mantener este nivel de transferencias en el medio plazo es un tema que sigue pendiente de respuesta. Mientras tanto, el Ejecutivo sigue transitando una legislatura en equilibrio entre la presión judicial y la ofensiva social, con la convicción de que el voto se decide más en la cuenta corriente que en los sumarios.
La izquierda apunta al juez
El 18 de febrero, en el Colegio de la Abogacía de Madrid, el juez David Maman Benchimol, a cargo del caso de violación contra el ex jefe de la Policía José Ángel González, soltó comentarios que, según la izquierda, son un desfile de machismo. Maman, con la elegancia de un barista que sirve café fuerte a quien no quiere, explicó que las mujeres que solicitan órdenes de protección a menudo tienen "ventajas" para denunciar y que, si fuera abogado, simplemente tomaría la denuncia y la presentaría. Su charla, que de repente se convirtió en la salsa de un partido político que se alimenta de la indignación, también criticó la ley del impago de pensiones, alegando que las madres, que pagan las deudas del padre, merecen un juicio especializado. La ministra de Igualdad, con la misma rapidez con la que se lanza un mensaje en el Senado, declaró que Maman no debería seguir encabezando la jurisdicción de protección de mujeres. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió una diligencia informativa, tras que más de 100 organizaciones pidieron una investigación por las declaraciones del juez. Entre los datos duros: la denuncia de OKDIARIO, la fecha de la conferencia (18 feb), la fecha de la actualización (30 abr 2026), el ministerio que interviene, el CGPJ, y el hecho de que la izquierda mediática lanzó el linchamiento la semana anterior. El tono de la polémica es como una lista de la compra: la izquierda apunta a cada producto con la precisión de un camarero que quiere cobrar. Mientras el juez intenta explicar que la ley de pensiones no es un juego de Monopoly, la izquierda lo llama "machista" como si el término fuera un accesorio de moda. El clímax llega cuando la ministra y el CGPJ se unen, como un dúo de policías de la noche, para lanzar la investigación. La ironía es que el juez, que al principio parece un personaje de telenovela con argumentos de oficina de abogados, termina siendo el centro de un escándalo que parece sacado de un episodio de "The West Wing". En definitiva, el caso es un recordatorio de cómo la política y la justicia pueden convertirse en un juego de ajedrez donde las piezas, sin saberlo, se mueven con la intención de ganar el público.
Condones, Drogas y la Gran Navegación
En el 2026 la Armada israelí volvió a hacer la gran parada en el mar y, una vez más, se presentó con el mismo guante de seda y el puño de hierro que la política suele usar: la “ayuda médica” de un convoy de 58 embarcaciones que zarpó de Barcelona con la intención de romper el bloqueo naval sobre Gaza. La Flotilla Global Sumud, con sus nombres de “paz” y “solidaridad”, se encontró con una patrulla israelí que, más que una nave de ayuda, parecía el guardián de la frontera. En un vídeo que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel distribuyó a la prensa, se mostró una caja de condones y una bolsa de drogas –el paquete “higiénico” del convoy– y la frase: “Ésta es la ayuda médica de la flotilla a Gaza”. La ironía se hizo evidente cuando el mismo ministerio invitó a los participantes a dirigir su ayuda a través de los canales oficiales, y a cambiar de rumbo hacia el puerto de Ashdod, el que, desde 1965, controla el 60 % de las importaciones israelíes y se encuentra a 40 km al sur de Tel Aviv. Pero la historia no termina en la costa. Mientras las embarcaciones se acercaban a Creta, cientos de millas náuticas de Israel, la armada lanzó sus lanchas rápidas, con láseres y armas semiautomáticas, ordenando a los manifestantes que se colocaran en la proa y se pusieran de rodillas. Los contactos de radio se jamearon y se disparó un SOS. Irene Montero, eurodiputada de Podemos, calificó el episodio como un “secuestro” en aguas internacionales, mientras que Jaume Asens, de Sumar, pidió al Gobierno de Sánchez una fragata militar desde el primer día. Ione Belarra exigió acciones concretas contra Israel, no solo palabras. El relato se complica con la historia de 2025, cuando la Flotilla de la Libertad de Gaza, también crítica al bloqueo, se vio envuelta en denuncias de conducta sexual y la presencia de figuras como Ada Colau y la ex‑alcaldesa de Barcelona. En la playa de la solidaridad, la flotilla se transformó en una mezcla de esperanza y espectáculo. Los condones y las drogas no son un regalo de la humanidad, sino el símbolo de la hipocresía que se oculta tras la guerra. La Marina israelí, al declarar que la ayuda debía pasar por Ashdod, recuerda a los que se creen en la diplomacia que la verdadera ayuda se entrega a veces con un puñado de pólvora y un destornillador. El 2026 nos recuerda que la “ayuda” a menudo llega con una factura que incluye condones, drogas y una carta de advertencia para cambiar de rumbo. La crítica es clara: la política internacional sigue siendo un teatro donde el público paga con la moral y la esperanza.
Gobierno chupa plata, que no la necesita
En la última edición de la prensa, el Gobierno español decidió, con la elegancia de un político que ha perdido la brújula, destinar 30 000 millones de euros, parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a un nuevo fondo soberano y, con la gracia de un ladrón que se cree invisible, dejar a las empresas con solo el 5 % de lo que les correspondía. La cifra, que se suponía debía fluir como una corriente de aire fresco en la economía, se transformó en un agujero negro de la fiscalidad, dejando a la mayoría de las compañías en la misma posición que un cliente sin tarjeta: sin crédito, sin respaldo, sin esperanza de un préstamo en condiciones ventajosas. Mientras el Ejecutivo se enorgullece de que la economía “va como un cohete”, las cifras lo cuentan todo: en noviembre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) gestionaba 8 150 millones de euros en líneas de crédito, pero hoy quedan menos de 600 compañías con acceso a fondos, una caída brutal que revela una negligencia que no se podía pasar por alto. La metáfora de la lista de la compra se vuelve cruel cuando el gobierno decide que las empresas no necesitan ayuda porque, según el portavoz del PP, la economía está en su punto más alto. Parece que el único préstamo que se les exige es el de la arrogancia. El “robo” no es un acto de robo en el sentido literal, sino una ingeniería financiera que convierte la ayuda pública en un colchón para la banca y el Estado, dejando a las pequeñas y medianas empresas con la sensación de que su propio negocio es una deuda que debe pagar a sí misma. El nuevo fondo soberano, que se supone que debe impulsar la inversión, se ha convertido en la nueva víctima de la política de austeridad, mientras el Gobierno continúa con la estrategia de “no pedir créditos” como si la falta de financiación fuera una señal de prosperidad. El mensaje para los empresarios es claro: si no están listos para pedir créditos, no los recibirán. Si están listos para la deuda, el Estado se las ofrece con intereses mucho más altos que los que se prometían. Todo esto, bajo la justificación de que la economía va bien, se convierte en un ejercicio de hipocresía donde el gasto público se vuelve un juego de manos que beneficia a las entidades estatales y a los grandes actores financieros a costa de las pequeñas empresas.
Begoña Gómez, madrina del ego
En abril de 2023, la Universidad Carlos III, ese templo de la ingeniería que también formará a la princesa Leonor, se convirtió en escenario de un desfile de patrocinios políticos. La presidenta del Gobierno, Begoña Gómez, se presentó como madrina del nuevo máster titulado *La [in]diferencia*, proclamado como el único en Europa para la formación en producción sostenible, eficiencia energética y ecodiseño. Mientras los alumnos de ingeniería se alinean con sus portátiles, la mujer del presidente, quien ostenta una licenciatura en marketing obtenida en una academia privada sin homologación oficial, se pronuncia con la misma pompa que un anuncio de coche de lujo. El acto, bajo la supervisión del rector Ángel Arias, ingeniero industrial de la misma universidad, y con la presencia telemática de la vicepresidenta tercera Teresa Ribera, se convirtió en una especie de desfile de moda política: traje a medida, discurso a la medida, y un gran cartel que anunciaba el nombre del máster con la promesa de “transformación social competitiva”. La audiencia, compuesta por ingenieros de todo tipo —industrial, mecánica, eléctrica, aeroespacial, biomédica, física, química industrial—, escuchaba mientras la presidenta recalaba que “para el 2050 seremos 9.100 millones de personas y necesitaremos tres veces nuestro planeta”. Con la misma voz que la que promociona el “Plan España 2050”, la presidenta habló de reducción de consumo de carne, ropa, electrodomésticos y desplazamientos, como si el mundo se hubiera convertido en un buffet de la conciencia ambiental. Sin embargo, el plan se alinea con la misma lógica de marketing que la candidata, promoviendo la idea de que la política puede subirse al escenario y venderse como una solución, mientras que la universidad sigue siendo la que se beneficia del flujo de fondos públicos. El máster, que promete cubrir una necesidad planetaria, se promociona como una oportunidad única, pero su perfil de ingreso indica que solo los graduados en ingenierías pueden participar, y la directora de la cátedra en Transformación Social Competitiva de la Complutense, Begoña Gómez, se presenta como la fuerza motriz de la iniciativa, pese a su título de marketing. El discurso, que intenta convencer a los ingenieros de que deben adoptar hábitos de reciclaje, se convierte en el nuevo slogan de la campaña: “estamos siendo indiferentes” y la respuesta de las universidades es un eco vacío. En esta crónica, la hipocresía política se viste de traje y se sirve con la promesa de un futuro sostenible mientras el gobierno sigue utilizando la universidad como un megáfono para su propia publicidad.
Consejo, clase y ley en choque
Si la palabra ‘incompatibilidad’ suena a aburrimiento, Antonio Manuel López Hernández te recuerda que el aburrimiento también tiene un precio. El ex–concejal‑teniente de Guadix, el que una vez hizo la lista de la compra con el PSOE y ahora colecciona títulos universitarios, se encuentra en medio de una paradoja que parece sacada de un episodio de “El que dice, el que hace”. El profesor de la Universidad de Granada, que en 2026 redactó el informe pericial que salvó la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado, también ejerce como consejero activo de la Cámara de Cuentas de Andalucía. La Ley de 1988, que regula su función, impone una incompatibilidad absoluta: “solo se puede administrar el propio patrimonio”. En otras palabras, el órgano fiscalizador exige dedicación exclusiva, como si los consejeros fueran chefs que no se permiten preparar otra receta al mismo tiempo. Sin embargo, López Hernández está en la lista de profesorado del Máster Universitario en Dirección y Gestión Pública de Granada para 2024/2025 y 2025/2026, y parece que planea un tercer máster. Según fuentes del expediente, también imparte clases en otro curso de la misma universidad. El registro de compatibilidades de la Cámara, actualizado y público, muestra seis autorizaciones otorgadas desde 2021, pero ninguna para él ni para impartir clases ni para dictar informes periciales. El ex presidente de la Cámara, que dirigió el organismo entre marzo de 2011 y marzo de 2021, también es el candidato que el PSOE‑A eligió para presidir la institución cuando María Jesús Montero, que de 2013 a 2018 fue Consejera de Hacienda de Andalucía y ahora ministra de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez, se convirtió en la esposa de la beneficiaria del informe pericial. El vínculo entre López Hernández y Montero se vuelve una joya de ironía: el hombre que garantiza la imparcialidad de las cuentas públicas también colabora con la persona que, en la misma época, no vio los escándalos del caso de los ERE. El informe, fechado el 16 de abril de 2026, concluye que la participación de entidades privadas en las cátedras extraordinarias “se limita fundamentalmente a la aportación de recursos financieros o técnicos”. Pero la crítica jurídica es clara: el documento no entra en el fondo y no desmiente los extremos del escrito de procesamiento del juez. Si Peinado se decide a tirar el hilo, el propio informe que debería proteger a Begoña Gómez podría convertir al autor en la pieza más valiosa del rompecabezas. En suma, la historia de López Hernández es una mezcla de la lista de la compra del poder, la falacia de la “incompatibilidad” y la ironía de que quien vigila la legalidad también la viola con la misma mano. La política, como el café de la mañana, a veces se sirve sin filtro.
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