En la última edición de la prensa, el Gobierno español decidió, con la elegancia de un político que ha perdido la brújula, destinar 30 000 millones de euros, parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a un nuevo fondo soberano y, con la gracia de un ladrón que se cree invisible, dejar a las empresas con solo el 5 % de lo que les correspondía.
La cifra, que se suponía debía fluir como una corriente de aire fresco en la economía, se transformó en un agujero negro de la fiscalidad, dejando a la mayoría de las compañías en la misma posición que un cliente sin tarjeta: sin crédito, sin respaldo, sin esperanza de un préstamo en condiciones ventajosas. Mientras el Ejecutivo se enorgullece de que la economía “va como un cohete”, las cifras lo cuentan todo: en noviembre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) gestionaba 8 150 millones de euros en líneas de crédito, pero hoy quedan menos de 600 compañías con acceso a fondos, una caída brutal que revela una negligencia que no se podía pasar por alto.
La metáfora de la lista de la compra se vuelve cruel cuando el gobierno decide que las empresas no necesitan ayuda porque, según el portavoz del PP, la economía está en su punto más alto. Parece que el único préstamo que se les exige es el de la arrogancia. El “robo” no es un acto de robo en el sentido literal, sino una ingeniería financiera que convierte la ayuda pública en un colchón para la banca y el Estado, dejando a las pequeñas y medianas empresas con la sensación de que su propio negocio es una deuda que debe pagar a sí misma.
El nuevo fondo soberano, que se supone que debe impulsar la inversión, se ha convertido en la nueva víctima de la política de austeridad, mientras el Gobierno continúa con la estrategia de “no pedir créditos” como si la falta de financiación fuera una señal de prosperidad. El mensaje para los empresarios es claro: si no están listos para pedir créditos, no los recibirán.
Si están listos para la deuda, el Estado se las ofrece con intereses mucho más altos que los que se prometían. Todo esto, bajo la justificación de que la economía va bien, se convierte en un ejercicio de hipocresía donde el gasto público se vuelve un juego de manos que beneficia a las entidades estatales y a los grandes actores financieros a costa de las pequeñas empresas.
Crítica:
El autor se queda sin datos de la verdadera distribución de los fondos, mientras pinta al Ejecutivo como un benefactor inexistente. El título, aunque mordaz, niega la complejidad de la gestión fiscal.
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