Crítica:
La noticia carece de profundidad y se centra en la polémica, sin ofrecer una visión más amplia del tema. La falta de contexto y de fuentes independientes debilita la credibilidad del artículo.
El PSOE admite el ‘pucherazo’: dice en privado que ojalá los nuevos regularizados pudieran «votar ahora»...
Pucherazo electoral
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Consejo, clase y ley en choque
Si la palabra ‘incompatibilidad’ suena a aburrimiento, Antonio Manuel López Hernández te recuerda que el aburrimiento también tiene un precio. El ex–concejal‑teniente de Guadix, el que una vez hizo la lista de la compra con el PSOE y ahora colecciona títulos universitarios, se encuentra en medio de una paradoja que parece sacada de un episodio de “El que dice, el que hace”. El profesor de la Universidad de Granada, que en 2026 redactó el informe pericial que salvó la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado, también ejerce como consejero activo de la Cámara de Cuentas de Andalucía. La Ley de 1988, que regula su función, impone una incompatibilidad absoluta: “solo se puede administrar el propio patrimonio”. En otras palabras, el órgano fiscalizador exige dedicación exclusiva, como si los consejeros fueran chefs que no se permiten preparar otra receta al mismo tiempo. Sin embargo, López Hernández está en la lista de profesorado del Máster Universitario en Dirección y Gestión Pública de Granada para 2024/2025 y 2025/2026, y parece que planea un tercer máster. Según fuentes del expediente, también imparte clases en otro curso de la misma universidad. El registro de compatibilidades de la Cámara, actualizado y público, muestra seis autorizaciones otorgadas desde 2021, pero ninguna para él ni para impartir clases ni para dictar informes periciales. El ex presidente de la Cámara, que dirigió el organismo entre marzo de 2011 y marzo de 2021, también es el candidato que el PSOE‑A eligió para presidir la institución cuando María Jesús Montero, que de 2013 a 2018 fue Consejera de Hacienda de Andalucía y ahora ministra de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez, se convirtió en la esposa de la beneficiaria del informe pericial. El vínculo entre López Hernández y Montero se vuelve una joya de ironía: el hombre que garantiza la imparcialidad de las cuentas públicas también colabora con la persona que, en la misma época, no vio los escándalos del caso de los ERE. El informe, fechado el 16 de abril de 2026, concluye que la participación de entidades privadas en las cátedras extraordinarias “se limita fundamentalmente a la aportación de recursos financieros o técnicos”. Pero la crítica jurídica es clara: el documento no entra en el fondo y no desmiente los extremos del escrito de procesamiento del juez. Si Peinado se decide a tirar el hilo, el propio informe que debería proteger a Begoña Gómez podría convertir al autor en la pieza más valiosa del rompecabezas. En suma, la historia de López Hernández es una mezcla de la lista de la compra del poder, la falacia de la “incompatibilidad” y la ironía de que quien vigila la legalidad también la viola con la misma mano. La política, como el café de la mañana, a veces se sirve sin filtro.
Adif manipula informe
Mientras el país lloraba a las 46 víctimas del accidente de Adamuz, Adif estaba 'perfeccionando' su informe de calidad de la obra. Un informe que, casualmente, fue 'revisado' un mes después del siniestro. ¿Qué pasó durante ese mes? ¿Se 'olvidaron' de mencionar algo? La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ya había alertado sobre 'incongruencias' en la documentación. Firmas escaneadas, fechas contradictorias y un baile de versiones que hacen dudar de la validez del informe. La CIAF denunció que el informe final de soldaduras aluminotérmicas tenía dos versiones, con firmas escaneadas que pueden ser manipuladas. El presidente de la CIAF, Ignacio Barrón de Angoiti, mostró su preocupación por la 'incongruencia en cuanto al control de las versiones'. El informe de la CIAF apunta a la rotura de la vía como causa del descarrilamiento y posterior colisión. Pero, ¿qué hay detrás de esta rotura? ¿Fue un accidente o una consecuencia de la negligencia? La jueza de Montero (Córdoba) tiene un dossier que revela la existencia de una rotura de carril a la altura del kilómetro 318,681. Los vídeos del coche 6 y 7 del tren Iryo muestran el inicio de la vibración asociada al descarrilamiento. La reacción de los pasajeros es de pánico y desesperación. El informe recoge también la presencia de esquirlas incandescentes y la inercia de freno que provoca que el personal se agarre para evitar caerse. Todo esto mientras Adif 'revisaba' su informe de calidad. La pregunta es, ¿qué más se 'olvidaron' de mencionar? El costo de la obra de Adamuz fue de 2 millones de euros, una cantidad que podría haberse utilizado para mejorar la seguridad de la vía. En lugar de eso, se utilizó para 'perfeccionar' un informe que ahora está bajo sospecha. La lista de la compra de la obra de Adamuz incluyó materiales de baja calidad y un control de calidad deficiente. El sablazo en la factura de la obra de Adamuz es de 2 millones de euros, una cantidad que podría haberse utilizado para salvar vidas. En lugar de eso, se utilizó para 'revisar' un informe que ahora está bajo sospecha. La factura de la obra de Adamuz es un ejemplo de cómo el dinero público se utiliza para 'perfeccionar' informes en lugar de mejorar la seguridad de la vía. La pregunta es, ¿qué más se 'olvidaron' de mencionar en el informe de calidad de la obra de Adamuz?
PSOE no presenta querellas
El PSOE ha anunciado cuatro veces acciones judiciales contra Víctor de Aldama por sus acusaciones públicas, pero ninguna ha llegado a presentarse. Desde noviembre de 2024, el partido ha comunicado respuestas por 'injurias y calumnias', ha promovido trámites previos y ha solicitado amparo institucional, pero la acción penal definitiva anunciada ha seguido sin materializarse públicamente. La primera reacción se produjo el 22 de noviembre de 2024, un día después de la declaración de Aldama en la Audiencia Nacional dentro del caso Koldo. El PSOE registró una demanda de conciliación previa a la querella, un trámite contemplado por la legislación española para intentar una retractación o acuerdo antes de acudir a la vía penal. En ese escrito figuraban Pedro Sánchez, Begoña Gómez, María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres, Salvador Illa, Santos Cerdán y Carlos Moreno. El partido sostuvo entonces que las declaraciones de Aldama eran 'absolutamente falsas difamatorias, injuriosas y calumniosas'. Menos de un mes después, el 16 de diciembre de 2024, llegó un segundo episodio. Distintos medios informaron de que el PSOE había solicitado al Tribunal Supremo 'la preceptiva licencia para querellarse contra Aldama por injurias y calumnias'. Ese movimiento respondía a nuevas declaraciones del empresario arrepentido y al hecho de que algunas de las personas aludidas eran aforadas. La petición de licencia se interpretó como un nuevo paso hacia la querella anunciada. No obstante, la hemeroteca consultada no refleja que aquella iniciativa culminara en una querella formal posterior presentada en esos términos. El proceso quedó situado, de nuevo, en una fase preparatoria. El PSOE se agarra a que el Supremo no autorizó el movimiento tal como lo idearon. El tercer momento relevante se produjo el 23 de abril de 2025, cuando se celebró en Madrid el acto de conciliación entre las partes. La reunión concluyó sin acuerdo y sin retractación por parte de Aldama. Tras ese fracaso, varias informaciones señalaron que 'el PSOE se querellará por injurias contra Aldama tras resolverse sin acuerdo el acto de conciliación'. Otras crónicas utilizaron incluso el término 'finalmente', subrayando que la querella seguía pendiente cinco meses después del primer anuncio. Pese a ello, tampoco entonces ha quedado acreditada la presentación inmediata de esa acción penal. Sí se difundió la intención de presentarla, pero no la formalización pública del paso anunciado. El cuarto episodio se produjo este miércoles 29 de abril de 2026. Durante una nueva declaración judicial, Aldama volvió a lanzar acusaciones contra el presidente del Gobierno y aseguró que Pedro Sánchez era 'el número uno' de la trama. La respuesta del PSOE ha sido anunciar que pediría amparo al Tribunal Supremo frente a las 'injurias' vertidas por el empresario. La fórmula elegida volvió a ser distinta de la proclamada en noviembre de 2024. En lugar de una querella por injurias y calumnias, el partido optó por una solicitud de amparo institucional ante el alto tribunal. Sorprende porque el recurso de amparo como tal se tiene que presentar ante el Tribunal Constitucional cuando se agotan todos los niveles de la Justicia. El PSOE noqueado. Desde el primer momento, el PSOE ha sostenido que esas afirmaciones forman parte de una estrategia política y carecen de sustento probatorio. Sin embargo, aunque si bien a cuentagotas hay muchos elementos expuestos por Aldama que se han demostrado reales. Han sido infinitas las gestiones realizadas con Koldo García y otros empresarios. 'Yo con Koldo lo único que me ha faltado ha sido acostarme', ha llegado a exponer ante los magistrados. A día de hoy, el PSOE mantiene su tesis de que las acusaciones de Aldama son falsas y difamatorias. Pero entre el estruendo de los titulares y el silencio de los registros judiciales permanece una pregunta incómoda: qué pesa más, la amenaza de acudir a los tribunales o el hecho de no haber llegado todavía hasta su puerta.
RTVE se defiende, pero ¿por qué?
En la madrugada de hoy, el cable de RTVE se ha enredado en una telaraña de políticos y reguladores. La corporación, que hasta ahora se ha quejado de la presión de los partidos, ha pedido a la CNMC que analice si la nueva comisión del Senado está invadiendo su independencia editorial. Alfonso Morales, secretario general, ha enviado una carta que, con la elegancia de un telegrama urgente, señala que la comisión, creada con la mano firme del PP y la voz resonante de Vox, no es solo un control de gastos, sino un ataque directo a la libertad de prensa pública. El 8 de abril, el pleno del Senado aprobó la comisión con 146 votos a favor de PP y Vox, dejando al margen a UPN y a las demás fuerzas. En la mesa, Cristina Díaz, senadora popular, asume la presidencia; Juan Bautista Milian Querol se coloca como vicepresidente primero y Cristina Casanueva como secretaria primera, mientras que el PSOE gana el vicepresidente segundo (Gabriel Colomé) y la secretaria segunda (Paula Somalo). RTVE argumenta que la comisión, al incluir valoraciones explícitas sobre su línea editorial y contenidos, excede el ámbito de control económico y se adentra en la esfera de la información. El riesgo, según la corporación, es que el PP y Vox, que han criticado públicamente a la cadena, utilicen la comisión como herramienta partidista. La carta subraya que la independencia de los medios públicos está garantizada por el Derecho de la Unión, y que la comisión amenaza ese núcleo protegido. En la misma línea, los trabajadores de RTVE, en una consulta interna, han expresado su desaprobación ante la supuesta parcialidad de la cadena y la posible pérdida de imagen. La Comisión de Investigación, presidida por Cristina Díaz, se presenta como una herramienta de transparencia y responsabilidad en el uso de fondos públicos. Pero la crónica revela que la realidad es más compleja: la política se viste de investigación, y la independencia editorial se convierte en un juego de fichas. La petición de RTVE a la CNMC no es una simple solicitud de protección; es un grito de guerra contra la interferencia partidista que, sin embargo, parece haber sido la causa de la propia comisión. En medio de esta maraña, la pregunta persiste: ¿qué pasa cuando los mismos políticos que crean la comisión intentan regular la cadena que la creó? La respuesta, como suele ocurrir en la política española, es un equilibrio frágil y una promesa de justicia que, en última instancia, puede quedar en la sombra de la burocracia.
Policía corta cables, atrapa drogas, ¡boom!
El sol de Almería se alzó sobre un escenario que parece sacado de un guion de acción, pero con la realidad de un barrio enloquecido por la luz de los LEDs de los cultivos clandestinos. 15 personas caeron bajo la mirada fría de 60 agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES). La operación, que se trajo a la vida en la mañana, devolvió a la ciudad un mensaje de que la ley no se toma café con los traficantes de marihuana en hoja ni con los que tiran de la llave del suministro eléctrico para hacer su propio teatro de “cortes de energía”. Los agentes arrastraron una cantidad de droga calificada como «ingente», la mayoría de hoja y cogollos que, en el mundo de los cultivos indoor, equivaldrían a un millón de cajas de manzana de la caja de la abuela. Además, se encontraron tres armas, dos de largo alcance que hacen de espía de la policía la última vez que la gente se sube a la calle y una corta que, según las armas de la ONU, es un “pistón de la guerra” en la mano de un niño. No se trata solo de la droga ni de las armas. La operación también destapó una red de utilería para el cultivo: macetas, fertilizantes, luces de cultivo que brillan más que la luz de las lámparas de la calle. La policía, con la precisión de un cirujano de la ONU, tomó el control de los barrios Los Almendros y Pescadería, y de la localidad de Pechina, donde el silencio de la noche se rompiu con el estruendo de la fuerza. El plan funcional de respuesta a zonas tensionadas de la Comisaría Provincial de Almería se activó, y la compañía de energía, Endesa, confirmó que ya cerró una serie de nueve registros relacionados con la electricidad. Se contabilizó seis positivos con plantaciones, un número de cortes que alcanzó los 100 y unos 200 metros de cable desmantelados en las calles Alegría, Rocío, Albahaca y Buen Amigo. Una cifra que, al final, suena más a una receta de cocina que a una factura de servicios públicos. El día se terminó con la sensación de que el gobierno intenta poner la mano en la bolsa de la gente, pero el truco está en los cables y las luces de los cultivos. La ciudad se vuelve una pista de baile donde los pasos están marcados por la policía, las armas y la electricidad, y el público, sin saberlo, baila al ritmo de un sistema que se mueve bajo la fachada del orden.
Vito Quiles, la sombra del acoso
La escena se abre como un episodio de reality show donde la protagonista, Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, se ve atrapada en una cruzada de la que sólo él y su marido pueden hablar en tono de confidencia. Cuando el periodista Vito Quiles, con la elegancia de un pulpo en la playa, decide que la mujer del presidente no es libre de salir del local, la situación se vuelve tan tensa como una lista de la compra en la que cada artículo es un escándalo. El miércoles, en un restaurante madrileño, Quiles, sin colgar la escena en redes, se convierte en el héroe de una historia donde la cámara y el teléfono son la nueva arma de la persuasión. La video‑editada del propio reportero muestra a la mujer intentando alejarse mientras él, sin perder ritmo, le pregunta sobre la asesora de Moncloa. Una acompañante, con la paciencia de la hora de la comida, le sugiere que retire “esa mierda” –la cámara– y el periodista, con la calma de un gato en la ventana, la sujetó por la espalda. El gesto, más que agresión, parece una demostración de poder que la víctima llama acoso, mientras los defensores de la esposa del presidente se levantan como soldados de la justicia en la política. El juez Juan Carlos Peinado ya propone juzgar a la mujer del presidente por varios delitos, mientras la defensa intenta desmontar cualquier irregularidad. En el parlamento, Arcadi España, Diana Morant, Elma Saiz y Óscar Puente, con la fuerza de un escuadrón de la política, se alinean contra el periodista, denunciando que el “periodismo” se ha convertido en una forma de bullying. El PSOE, con Rebeca Torró, Patxi López y Montse Mínguez, lanza un mensaje de solidaridad, y el diputado José Zaragoza, con la determinación de un entrenador de fútbol, pide a Jorge Azcón que condene a Quiles por la estrategia de acoso que, según él, ha sido financiada por el PP. Todo esto se convierte en una historia de poder, donde la verdadera víctima es la credibilidad de la prensa y el respeto a la dignidad humana. La lección queda clara: en la política, la sombra del acoso se proyecta tanto sobre la víctima como sobre el espectador que no se atreve a mirar.
Sánchez, el capo de mascarillas
En el tribunal, Víctor de Aldama, con la misma elegancia de quien hace cuentas en el cajón de la despensa, acusa a Pedro Sánchez de ser el jefe de una banda criminal organizada. Cuando Aldama, con la calma de un pescador que espera la ola, dice que “Sánchez es el número 1”, la sala se vuelve más densa que el aire de la oficina de transporte tras la lluvia de mascarillas. El empresario, que se presenta como comisionista y que en su memoria más que en el de un corredor de bolsa, se llama a sí mismo “el cuarto” en la jerarquía que él mismo dibuja: Sánchez, 1°; Ábalos, 2°; Koldo García, 3°; Aldama, 4°. Esa cadena no es un juego de mesa, es la estructura de la trama que se desdobló en febrero de 2019, cuando Ábalos y Koldo decidieron presentar al presidente socialista en un mitin que, según Aldama, quedó marcado por la cercanía de “el día del teatro”. Koldo, con la misma sutileza de un corredor de la calle que ofrece un café a un político, se acercó a Moncloa, pero Sánchez lo reubicó a la oficina de Transportes bajo la supervisión de Santos Cerdán. La trama, que incluye a constructores y a la empresa de mascarillas, se alimenta de donaciones que, según Aldama, se describen como “ayuda”, pero que en realidad son la fórmula para financiar al PSOE. Mientras el juez escucha la confesión de que el presidente “sabía todo” y que los contactos de Koldo con la política se manejaban en tono de “Pedro” en vez de “presidente”, el público se pregunta si la política es una tienda de conveniencia donde el cajero es el jefe de la cadena. Aldama avanza que la relación entre Sánchez y Koldo va más allá de la etiqueta, que el presidente no quiere que se le llame “presidente” y que el ministro que no se llevaba bien con Ábalos también respondía a la llamada de Koldo. El argumento se sostiene sobre la afirmación de que, cuando Koldo llamaba, se atendía al llamado por la autoridad que, según la trama, es Sánchez. La acusación también toca la posible financiación irregular del PSOE: Koldo presentó a Aldama a representantes de constructoras que deseaban una donación al partido, mientras que la extradición de la mano de los venezolanos a Caracas, con la mención de Juan Guaidó y el “pisar” de Zapatero, se vuelve el telón de fondo de esta historia de negocios y política. Mientras los cargos de comisionista pueden llegar a 30 años de prisión, Aldama, con la defensa de la colaboración, enfrenta solo siete años. La escena se alinea con la imagen de un teatro donde el presidente es el protagonista y los demás son sus asistentes, y la audiencia se queda con la pregunta: ¿cuándo se cierra la puerta de la “banda criminal” y se abre la puerta de la justicia?
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