En el tribunal, Víctor de Aldama, con la misma elegancia de quien hace cuentas en el cajón de la despensa, acusa a Pedro Sánchez de ser el jefe de una banda criminal organizada. Cuando Aldama, con la calma de un pescador que espera la ola, dice que “Sánchez es el número 1”, la sala se vuelve más densa que el aire de la oficina de transporte tras la lluvia de mascarillas. El empresario, que se presenta como comisionista y que en su memoria más que en el de un corredor de bolsa, se llama a sí mismo “el cuarto” en la jerarquía que él mismo dibuja: Sánchez, 1°; Ábalos, 2°; Koldo García, 3°; Aldama, 4°.
Esa cadena no es un juego de mesa, es la estructura de la trama que se desdobló en febrero de 2019, cuando Ábalos y Koldo decidieron presentar al presidente socialista en un mitin que, según Aldama, quedó marcado por la cercanía de “el día del teatro”. Koldo, con la misma sutileza de un corredor de la calle que ofrece un café a un político, se acercó a Moncloa, pero Sánchez lo reubicó a la oficina de Transportes bajo la supervisión de Santos Cerdán.
La trama, que incluye a constructores y a la empresa de mascarillas, se alimenta de donaciones que, según Aldama, se describen como “ayuda”, pero que en realidad son la fórmula para financiar al PSOE. Mientras el juez escucha la confesión de que el presidente “sabía todo” y que los contactos de Koldo con la política se manejaban en tono de “Pedro” en vez de “presidente”, el público se pregunta si la política es una tienda de conveniencia donde el cajero es el jefe de la cadena. Aldama avanza que la relación entre Sánchez y Koldo va más allá de la etiqueta, que el presidente no quiere que se le llame “presidente” y que el ministro que no se llevaba bien con Ábalos también respondía a la llamada de Koldo.
El argumento se sostiene sobre la afirmación de que, cuando Koldo llamaba, se atendía al llamado por la autoridad que, según la trama, es Sánchez. La acusación también toca la posible financiación irregular del PSOE: Koldo presentó a Aldama a representantes de constructoras que deseaban una donación al partido, mientras que la extradición de la mano de los venezolanos a Caracas, con la mención de Juan Guaidó y el “pisar” de Zapatero, se vuelve el telón de fondo de esta historia de negocios y política. Mientras los cargos de comisionista pueden llegar a 30 años de prisión, Aldama, con la defensa de la colaboración, enfrenta solo siete años.
La escena se alinea con la imagen de un teatro donde el presidente es el protagonista y los demás son sus asistentes, y la audiencia se queda con la pregunta: ¿cuándo se cierra la puerta de la “banda criminal” y se abre la puerta de la justicia?
Crítica:
El relato no menciona pruebas concluyentes, solo declaraciones. La acusación parece más un guion de drama que un caso judicial.
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