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Aldama desvela que Begoña Gómez le torpedeó la compra de unos terrenos de la SEPI

Gómez torpedea compra

politica Un hombre de negocios con una sonrisa astuta y un traje caro, rodeado de papeles y documentos, con una vista de la ciudad de Madrid al fondo.

¿Qué sucede cuando la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, quiere un terreno para ella misma? Pues que el empresario Víctor de Aldama, que había ofrecido 250 millones de euros por la parcela de Campo Velázquez en Madrid, se queda con nada. Aldama ha declarado en el Tribunal Supremo que le obligaron a retirar su oferta porque Gómez quería el terreno para ella.

La historia es un ejemplo perfecto de cómo la política y el dinero pueden entrelazarse de manera peligrosa. La parcela, que había sido puesta a subasta por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), era un premio codiciado, y Aldama había estado dispuesto a pagar un precio alto por ella.

Sin embargo, según su testimonio, la intervención de Gómez cambió todo. 'Me llamó Koldo y me dijo que teníamos que retirar la oferta porque Begoña Gómez quería Campo Velázquez para ella', declaró Aldama. La pregunta es, ¿qué hay detrás de esta historia? ¿Es solo un caso de corrupción política o hay algo más? La respuesta puede estar en la relación entre Aldama y el exjefe de Gabinete de la exministra María Jesús Montero, Carlos Moreno.

Según Aldama, Moreno le pidió que le ayudara a aplazar una deuda de su empresa, Pilot Real Estate, y él accedió. Sin embargo, cuando Aldama intentó comprar la parcela de Campo Velázquez, Moreno le dijo que no podía ayudarle porque 'no podía entrar a esas altas estancias'.

La historia es un laberinto de intereses y relaciones que pueden hacer que el lector se pregunte, ¿quién tiene el poder real en este país? La respuesta puede estar en la forma en que el dinero y la política se entrelazan en España. En este caso, la parcela de Campo Velázquez es solo un ejemplo de cómo el dinero puede hablar más fuerte que la ley.

Aldama ha declarado que la operación nunca se concretó, pero la pregunta es, ¿qué habría pasado si Gómez no hubiera intervenido? ¿Habría sido capaz de comprar la parcela y hacer un negocio rentable? La respuesta puede estar en la forma en que la política y el dinero pueden influir en las decisiones empresariales.

En cualquier caso, la historia de Aldama y la parcela de Campo Velázquez es un recordatorio de que, en España, el dinero y la política pueden ser una combinación peligrosa. La pregunta es, ¿quién será el próximo en caer en esta trampa? La historia de Aldama es solo un ejemplo de cómo la corrupción política puede afectar a los empresarios y a los ciudadanos en general.

La respuesta puede estar en la forma en que se abordan los casos de corrupción y se castiga a los culpables. En este caso, la justicia parece estar tardando en llegar, y la pregunta es, ¿quién será el próximo en ser juzgado? La historia de Aldama y la parcela de Campo Velázquez es un ejemplo perfecto de cómo la política y el dinero pueden entrelazarse de manera peligrosa, y cómo la corrupción puede afectar a todos.

La respuesta puede estar en la forma en que se abordan los casos de corrupción y se castiga a los culpables. En cualquier caso, la historia de Aldama es un recordatorio de que, en España, el dinero y la política pueden ser una combinación peligrosa, y que la justicia debe ser rápida y efectiva para castigar a los culpables.

Vía: theobjective.com coments compartir
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Crítica:

La noticia carece de contexto y profundidad, y se centra demasiado en la figura de Aldama. La falta de transparencia en la investigación es preocupante.

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Una escena en un tribunal con montones de sobres y mochilas de dinero, un comisionista con expresión desconcertada, un juez con mirada severa y un fondo de archivos de contabilidad del PSOE. El ambiente combina la tensión de un juicio con la informalidad de un callejón de negocios.

1,8 millares, donaciones y sobornos

En la esquina de la plaza de los papeles y los sobres, Víctor de Aldama, el comisionista que se quedó sin contrato con la realidad, se presenta en el Tribunal Supremo como el mensajero de un 1,8 millones de euros que supuestamente se esparció entre 2019 y 2020 en el bolsillo del PSOE. Entre 1,1 millones y 275 600 euros, la contabilidad oficial del partido muestra un pico que el propio Aldama asegura que se alimentó de la mano de Koldo García, asesor de José Luis Ábalos y, según él, con el visto bueno de Pedro Sánchez, el presidente que, según la narración, se convierte en el “número uno” de una organización criminal. El relato se construye sobre sobres y mochilas. Cuando los montos alcanzaban los 50 000 o 60 000 euros, se guardaban en sobres, pero cuando subían a 250 000 euros, el comisionista llevaba la carga en una mochila que, según él, era tan ligera como una promesa de obra pública. El “grupo acelerador”, según el periódico, era la máquina que, entre 15 % y 20 % de comisión, hacía a los constructores saltar la línea de la burocracia. Mientras tanto, la Fiscalía y las acusaciones populares piden siete años de prisión por el caso mascarillas, y el abogado de la acusación, Alberto Durán, exige confirmar los 3,5‑4 millones de euros que Aldama supuestamente pagó a Ábalos y a García. El comisionista, sin aportar pruebas, afirma simplemente: “Si miras las cuentas y hay un pico de donaciones en ese tiempo, pues se podrá ver de dónde ha venido el dinero”. El tono de la defensa es de un hombre que se siente entre la comodidad de un coche de alquiler y la incomodidad de un contrabando. “No me siento del todo cómodo, pero tampoco incómodo”, se repite, mientras explica que la donación no se facturaba porque “eso no se puede facturar”. En la escena, Pedro Sánchez, Ábalos, Koldo y Aldama ocupan un escalafón con la jerarquía del poder: líder, ministro, asesor y empresario. La ironía del relato es que, mientras el PSOE reporta 837 506 euros en donaciones en 2020, Aldama asegura haber entregado 1,8 millones en efectivo, lo que sugiere que la diferencia viene de los que no aparecen en la declaración de la contabilidad. La historia se convierte en un espejo de la hipocresía política: la campaña de transparencia se desmorona ante el mismo escenario que la prensa de la calle, donde el dinero se mueve sin papeles y el poder se alimenta de sobornos en la mochila. El caso no solo expone una posible “fusión” entre la caja del partido y los contratos públicos, sino que también subraya la falta de supervisión de los flujos de efectivo que, en la práctica, se manejan con la misma sutileza que un vendedor de licor en la madrugada.

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Una oficina con carteles de campaña política, un escritorio lleno de contratos y facturas, una ventana con vistas a la ciudad. En el centro, una mesa de madera con una taza de café, un móvil con notificaciones de redes sociales, y un fondo de luces que recuerdan a un escenario de teatro de barrio.

Zapatero vende agencia como paquete de chanchada

La oficina de Zapatero se ha convertido en el nuevo punto de encuentro entre el poder y la publicidad, donde los contratos se negocian como si fueran tapas de café en un bar de barrio. El expresidente, que todavía controla la agenda de su palacio de la fama, ha decidido poner las manos al trabajo para reponer la cartera de la agencia de sus hijas, Whathefav, que en tan solo un año ha visto hundirse más clientes que un crucero en la tormenta. La crisis reputacional se ha alzado con la misma fuerza que un anuncio mal colocado en la pared de la calle: el nombre de la agencia se ha vuelto sinónimo de “desfalco de la información” gracias a los pagos de 660.000 euros que se sospecha se le hicieron a él y a Laura y Alba por parte de la consultora Análisis Relevante. Mientras tanto, la cifra de 200.000 euros de “gestiones” con los mismos informes se ha convertido en la nueva obsesión de los medios, que no pueden evitar comparar la caída de Whathefav con la de un coche sin aceite. El propio Zapatero acusa a la agencia de haber vendido 18.000 euros por redactar informes que luego se editaron y se enviaron a clientes ya establecidos, todo bajo la sombra de la investigación de Plus Ultra. Los despidos de clientes emblemáticos —Neox, El Plural, La Razón, Público y El Español— son la prueba de que la agencia se ha convertido en la versión moderna del “cabo de la risa”, donde la chispa se quema y el chiste se deshace. Huawei, Víctor de Aldama y el Grupo Agem, con su exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, se fueron de la lista como si fueran ingredientes de una sopa que ya no sabe. Con el beneficio neto de 125.640 euros en el último ejercicio, Zapatero se ha puesto a la puerta de Movistar+, la rama de Telefónica que, según su amigo Javier de Paz, tiene la capacidad de convertir la experiencia en un paquete de eSports que ya no es “lo que estaba de moda” en la pandemia. Movistar+ representa la última oportunidad para que la agencia vuelva a flotar: la plataforma tiene un “gran aliado” en Javier de Paz, presidente de Telefónica Audiovisual Digital, y su presidente Marc Murtra. Pero la pregunta persiste: ¿realmente la agencia puede recuperar su reputación cuando el propio exlíder político se convierte en el vendedor de sus servicios? La respuesta parece tan incierta como la de un político que, después de años de campaña, intenta vender un producto que, hasta el momento, ha sido más un rumor que una realidad. Lo que queda claro es que el teatro de la política y la propaganda comercial se siguen entrelazando en una danza de apariencias que, como bien dice el viejo refrán del barrio: "Si buscas la verdad, al final te venden un cuento".

Hace 1 mes
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Un despacho oscuro con una mesa de madera sobre la que reposan papeles de declaración de bienes, un formulario, una calculadora y una tarjeta de crédito. Al fondo, un gran mapa de Castilla‑La Mancha con líneas que conectan ciudades, simbolizando flujos de dinero. Se ve una sombra de una figura política proyectándose sobre la pared, sin rostros ni nombres.

Interventor gasta 1.080 euros en el PSOE

Mientras el interventor, guardián de los billetes de Castilla‑La Mancha, decide que su propio cheque de 1.080 € va a la mesa del PSOE, la independencia que juró parece haber hecho un traspaso de papel. Manuel Laguna, titular del puesto de Interventor General desde el 1 de septiembre de 2022, se ha ganado la reputación de “el fiscal que no se ve con los ojos de los ciudadanos”. Su cargo, aunque de rango de viceconsejero, está “blindado” por la normativa autonómica que exige plena autonomía e independencia funcional al fiscalizar el gasto público. El 23 de septiembre, apenas dos días tras su nombramiento, firma el código ético para altos cargos. En él se compromete a “la veracidad” y a la “integridad” de sus actos públicos. Pero el punto 3b, que proscribe cualquier práctica que pueda levantar sospechas de favoritismo, se ve destrozado cuando en su declaración anual aparece una aportación de 1.080 € al PSOE. La cifra, muy por encima de los 120 € que el mismo interventor donó a la Asociación Española Contra el Cáncer o de los 220 € que se asignaron a Unicef y Acnur, no aclara si se trató de una cuota de afiliación mensual de 90 € o de una donación puntual. Para el público, 1.080 € es la diferencia entre una compra de un coche y la compra de una campaña política. Si la donación es un pago de membresía, el interventor estaría apostando su independencia por un billete que el partido que lo controla recibe de forma directa. Si es una donación puntual, la pregunta es por qué no se lo explicó en la declaración. El contexto no es ajeno a la polémica. En 2022, la salida de Francisco Javier Martín, jefe del mismo servicio, se produjo una semana después de que Ciudadanos denunciasen la falta de ejecución presupuestaria del Gobierno de Page. La portavoz naranja, Carmen Picazo, criticó la rapidez con que se le retiró el cargo a “uno de los pocos organismos independientes”. Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, aseguró que la prioridad del Ejecutivo era “el máximo rigor y honestidad” en la gestión de los recursos públicos. El interventor, con una trayectoria que abarca la política económica, la salud pública y la gestión presupuestaria, se enfrenta ahora a la ironía de que el fiscal que vigila el gasto del Estado esté alimentando al partido que controla su propio salario. La independencia se vuelve una palabra de moda cuando el billete se sale de la caja y se entrega a la mesa del PSOE.

Hace 1 mes
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Una escena de oficina con estanterías llenas de cómics, papeles con cifras y billetes flotando alrededor de una mesa redonda donde un jurado debate con gestos exagerados, todo ello iluminado por luces de neón que recuerdan a los carteles de una tienda de cómics clandestina; la atmósfera es tensa y levemente caótica, con sombras que sugieren conspiración.

Gálvez y los fondos de cómics

La primera convocatoria de Ayudas a la Creación de Cómic, lanzada en mayo de 2025, se ha convertido en el nuevo club de los ‘dedazos’ y los ‘sablazos en la factura’. Mientras la gente se queja de que la lista de aprobados no era anónima, la verdadera historia es que la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura, María José Gálvez, ha estado jugando al Monopoly con la misma banca que se supone debe proteger. El Ministerio de Cultura, bajo la tutela de Ernest Urtasun, aceptó a trámite dos denuncias de posible nepotismo. La primera apunta a Gálvez como la “puerta de entrada” de Carla Berrocal, líder del Colectivo de Autoras, y la periodista Cristina Fallarás. Juntas, recibieron 20 000 euros en una ayuda que, según ABC, pudo haber sido desviada del propio colectivo para beneficio personal. La segunda denuncia se centra en Verónica Álvarez, representante del PIFS (Profesionales de la Industria Franco‑Española) y al que le otorgaron 15 000 euros. Álvarez mantiene reuniones regulares con Gálvez, quien presidió el jurado que decidió su premio máximo, rompiendo la regla de no saber quién es quién en la lista de la compra del sector. En los papeles de la convocatoria, las bases se interpretaron de manera tan confusa que muchos candidatos se descalificaron después de haber recibido la ayuda provisional. El proceso, que se describió como “inseguro jurídica”, parece haber permitido que el propio jurado se convierta en el corredor de la esquina de la calle donde se negocian los fondos públicos. La denuncia interna pide que se revisen las actas, se revocen las ayudas y se asignen responsabilidades administrativas y disciplinarias. Gálvez, doctora en Derecho por la Universidad de Valencia y con estancias de investigación en Harvard, Pisa y Bruselas, ha estado a cargo desde 2020. Su posible implicación en un caso de “nepotismo” es solo el preludio de una serie de revelaciones que podrían sacudir el gabinete de Urtasun y la política cultural española. En un mundo donde la transparencia se vende como un café con leche, el drama de la dirección general del cómic demuestra que la mejor forma de pagar con el dinero público es a través de la sombra de la influencia institucional y la falta de control de calidad. La lección es clara: cuando la burocracia se queda sin brújula, la corrupción se convierte en el nuevo cómic de la semana.

Hace 1 mes
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Un tribunal con paredes de ladrillo envejecido, mesas de madera gastadas y una gran pantalla que proyecta números y documentos escaneados. Una figura masculina, sin rostro identificable, sostiene un micrófono y habla con voz firme mientras la audiencia escucha. La luz tenue resalta las líneas de la pared y el eco de las palabras se mezcla con el murmullo de papeles. El ambiente transmite tensión y poder, sin mostrar expresiones faciales explícitas.

Sánchez descubierto: uno y la lista

Si pensabas que el "uno" era solo un número, prepárate para ver su factura. El Tribunal Supremo se transformó en un escenario de karaoke donde Víctor de Aldama, con la precisión de un DJ de discoteca, soltó más bombas que la última tormenta de la ciudad. Entre chispas de fiscalidad y confesiones de “lo sabía todo”, su declaración giró a favor de un presidente que, según Aldama, estaba tan pendiente de los chanchullos con grandes constructoras como de los tratos con Venezuela. El relato comienza con la foto de febrero de 2019, donde Pedro Sánchez, con su sonrisa de negocio, aparece con la foto de un empresario que, en la vida real, no era más que un operador de contactos que se ganaba la vida entre el Ministerio de Transportes y los bancos de Moncloa. Koldo García y José Luis Ábalos, dos nombres que suenan a leyendas del PSOE, fueron los testigos de una conversación que Aldama tradujo como “el presidente me dice: ‘Muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo’”. Y ese “todo” era la lista de 400 asesores que, según Aldama, giraban bajo la lupa de Sánchez. El nombre de Begoña Gómez apareció como una sombra: operadora de una inmobiliaria que, según Aldama, se benefició del flujo de dinero de la administración. Y no podemos olvidar a Santos Cerdán, socio al 45 % de Servinabar, quien habría sido el verdadero motor del despacho de Transportes, con un contrato de 2 400 millones de euros con Stadler. Las comisiones, según Aldama, salieron como un chorro de luz en la noche de Madrid. Delcygate, el episodio que llevó a la política a la pista de Barajas, fue una carta enviada por Ábalos, con la aprobación de Sánchez, que buscaba facilitar la entrada de crudo venezolano a la Internacional Socialista. La carta, que al final se desvió por la sanción de la UE, fue un recordatorio de que la política a veces se negocia con el mismo lenguaje de los negocios: “Oye, que yo estoy sancionada para volar”. En el fondo, la crónica revela que la figura de Sánchez es el escalafón número uno, Ábalos el dos, Koldo el tres y Aldama el cuatro. Y mientras las cifras se multiplican –400 asesores, 45 % de participación, 2 400 millones de euros– el “uno” sigue el ritmo de la balanza que solo se inclina cuando el dinero está en la mano del que lo llama “presidente”.

Hace 1 mes
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Un tramo de vía de trenes con grietas visibles y un cartel de velocidad reducida a 50 km/h. Al fondo, una estación de tren con luces apagadas y un cielo gris como metáfora de la incertidumbre.

Vías a 50 km/h, drama sin fin

ADIF, el guardián de los rieles que jamás se ha hecho responsable de sus propias heridas, ha puesto una LTV de 50 km/h en un tramo de cinco kilómetros entre los kilómetros 335,5 y 340,5 de la línea Madrid‑Córdoba. La zona es la que, a apenas 17 km de Adamuz, dio la bienvenida a la tragedia del 18 de enero cuando un Alvia de Renfe chocó con un Iryo, arrancando la vida de 46 personas. El informe interno, descubierto por THE OBJECTIVE, describe un «defecto superficial de carril» que, como un parpadeo en la pantalla de un móvil, parece inocente pero puede esconder grietas más profundas. Fatiga por contacto de rodadura, desgaste ondulatorio, patinazos y desconchamiento: los villanos de la vía que, sin un mantenimiento serio, se convierten en la causa de los retrasos y, más gravemente, de las colisiones. En la práctica, ADIF pasa de lijar micro‑fisuras a soldar y, cuando la fatiga metalúrgica se vuelve mortal, a sustituir el carril completo. Todo esto mientras la línea Madrid‑Málaga, que había estado a la espera de una obra de talud tras la lluvia de febrero, vuelve a la pista con limitaciones. Los trenes entre Los Prados y Antequera‑Santa Ana circulan por una sola vía y a velocidad reducida en los 50 km que los unen. La reapertura se hace con la misma sensación de un coche que arranca tras una avería: lenta y con la mirada puesta en el próximo choque. La sombra de Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, se cierne sobre el asunto. Su nombre aparece en las discusiones sobre la crisis ferroviaria, y la ausencia de una respuesta clara sobre la gestión de ADIF y Renfe deja al lector con la sensación de que la culpa se esconde como la fuga de un agua sin detectar. En la gran pista de la política, el mantenimiento de la vía se vuelve un juego de escondite donde el público siempre termina en la línea de salida. La advertencia es clara: bajar la velocidad es solo la primera señal de alarma; la verdadera solución exige una reforma que deje de tratar los defectos superficiales como un simple parche y que, en lugar de ello, repare la infraestructura antes de que el tren sea un tren de riesgo.

Hace 1 mes
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Una vista de un edificio público con un letrero que dice

Alquiler SEPI, secreto a tope

No todo lo que brilla es oro, y en la esquina de María de Molina, el brillo es de opacidad. El Gobierno, con la audacia de un dueño de barrio que no quiere que le vean la factura de la luz, se negó a liberar el contrato de alquiler del campus de la SEPI que el Instituto de Empresa (IE) ocupa. La resolución del Portal de Transparencia, más una excusa que un documento, citó que exponer el precio “afectaría a los intereses económicos y comerciales de Sepides”, mientras las cifras se esconden tras un velo de burocracia que rivaliza con la de la última temporada de una telenovela de novela. Cuando el precio del metro cuadrado cayó de 23 euros a 4, la diferencia se tradujo en medio millón de euros al mes que el Estado dejó de cobrar: cinco millones al año, la suma equivalente a la tarifa de un coche eléctrico que nunca se recarga. Todo esto, mientras la mujer del presidente, Begoña Gómez, se instala como directora del IE Africa Center apenas dos meses después de que Pedro Sánchez se subiera a la Moncloa. Las manos que orquestaron el descenso de la renta provienen de un círculo de confianza de la vicepresidenta María Jesús Montero: Antonio Cervera, ex presidente de Sepides y ahora director general de Costes de Personal, y otros funcionarios que, según fuentes, se mantuvieron en la sombra desde la Junta de Andalucía hasta el Ministerio de Hacienda. El Tribunal Supremo, con Víctor de Aldama a la cabeza, reveló que un asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ordenó detener la compra de terrenos de 250 millones de euros para que el IE no tuviera competencia en el mercado. El “precio irrisorio” y el “trato de favor escandaloso” se revelan en un contexto donde la pandemia creó la oportunidad de un “bajo precio” que ninguna otra empresa privada logró. El IE, por su parte, sugiere que la reducción fue un ajuste de IPC y que recibió un crédito de 5 millones de euros al 5 % de interés, pero las fuentes de la SEPI apuntan a una quita real y efectiva. El Portal de Transparencia, pese a negar el contrato, añade que los alquileres están “en condiciones de mercado y sujetos a revisiones periódicas”, una declaración que no encaja con la realidad de 21 000 metros cuadrados de terrenos que se mantuvieron en mano del Estado. En cuanto a la fiscalidad, el IE pagó alrededor de 90 millones de euros anuales como principal inquilino, y su moratoria ante la imposibilidad de pagar se denegó, dejando al Estado con un agujero de medio millón de euros mensual. La historia termina con la pregunta: ¿Quién paga la verdad cuando el Estado mantiene el precio bajo la mesa? En la urbe donde los titulares son titulares y la transparencia es un mito, el precio de la información es el silencio que el público paga con su fe y su sospecha.

Hace 1 mes
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