En la esquina de la plaza de los papeles y los sobres, Víctor de Aldama, el comisionista que se quedó sin contrato con la realidad, se presenta en el Tribunal Supremo como el mensajero de un 1,8 millones de euros que supuestamente se esparció entre 2019 y 2020 en el bolsillo del PSOE.
Entre 1,1 millones y 275 600 euros, la contabilidad oficial del partido muestra un pico que el propio Aldama asegura que se alimentó de la mano de Koldo García, asesor de José Luis Ábalos y, según él, con el visto bueno de Pedro Sánchez, el presidente que, según la narración, se convierte en el “número uno” de una organización criminal. El relato se construye sobre sobres y mochilas.
Cuando los montos alcanzaban los 50 000 o 60 000 euros, se guardaban en sobres, pero cuando subían a 250 000 euros, el comisionista llevaba la carga en una mochila que, según él, era tan ligera como una promesa de obra pública. El “grupo acelerador”, según el periódico, era la máquina que, entre 15 % y 20 % de comisión, hacía a los constructores saltar la línea de la burocracia. Mientras tanto, la Fiscalía y las acusaciones populares piden siete años de prisión por el caso mascarillas, y el abogado de la acusación, Alberto Durán, exige confirmar los 3,5‑4 millones de euros que Aldama supuestamente pagó a Ábalos y a García.
El comisionista, sin aportar pruebas, afirma simplemente: “Si miras las cuentas y hay un pico de donaciones en ese tiempo, pues se podrá ver de dónde ha venido el dinero”. El tono de la defensa es de un hombre que se siente entre la comodidad de un coche de alquiler y la incomodidad de un contrabando.
“No me siento del todo cómodo, pero tampoco incómodo”, se repite, mientras explica que la donación no se facturaba porque “eso no se puede facturar”. En la escena, Pedro Sánchez, Ábalos, Koldo y Aldama ocupan un escalafón con la jerarquía del poder: líder, ministro, asesor y empresario. La ironía del relato es que, mientras el PSOE reporta 837 506 euros en donaciones en 2020, Aldama asegura haber entregado 1,8 millones en efectivo, lo que sugiere que la diferencia viene de los que no aparecen en la declaración de la contabilidad.
La historia se convierte en un espejo de la hipocresía política: la campaña de transparencia se desmorona ante el mismo escenario que la prensa de la calle, donde el dinero se mueve sin papeles y el poder se alimenta de sobornos en la mochila. El caso no solo expone una posible “fusión” entre la caja del partido y los contratos públicos, sino que también subraya la falta de supervisión de los flujos de efectivo que, en la práctica, se manejan con la misma sutileza que un vendedor de licor en la madrugada.
Crítica:
El relato carece de pruebas concretas, pintando una acusación sin respaldo. El título promete hechos, pero la evidencia es meramente verbal.
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