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El PSOE anunció cuatro querellas contra Aldama en 18 meses y ninguna ha llegado a presentarse

PSOE no presenta querellas

politica Un hombre con traje y corbata hablando en un tribunal, mientras un juez lo observa

El PSOE ha anunciado cuatro veces acciones judiciales contra Víctor de Aldama por sus acusaciones públicas, pero ninguna ha llegado a presentarse. Desde noviembre de 2024, el partido ha comunicado respuestas por 'injurias y calumnias', ha promovido trámites previos y ha solicitado amparo institucional, pero la acción penal definitiva anunciada ha seguido sin materializarse públicamente.

La primera reacción se produjo el 22 de noviembre de 2024, un día después de la declaración de Aldama en la Audiencia Nacional dentro del caso Koldo. El PSOE registró una demanda de conciliación previa a la querella, un trámite contemplado por la legislación española para intentar una retractación o acuerdo antes de acudir a la vía penal.

En ese escrito figuraban Pedro Sánchez, Begoña Gómez, María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres, Salvador Illa, Santos Cerdán y Carlos Moreno. El partido sostuvo entonces que las declaraciones de Aldama eran 'absolutamente falsas difamatorias, injuriosas y calumniosas'. Menos de un mes después, el 16 de diciembre de 2024, llegó un segundo episodio.

Distintos medios informaron de que el PSOE había solicitado al Tribunal Supremo 'la preceptiva licencia para querellarse contra Aldama por injurias y calumnias'. Ese movimiento respondía a nuevas declaraciones del empresario arrepentido y al hecho de que algunas de las personas aludidas eran aforadas.

La petición de licencia se interpretó como un nuevo paso hacia la querella anunciada. No obstante, la hemeroteca consultada no refleja que aquella iniciativa culminara en una querella formal posterior presentada en esos términos. El proceso quedó situado, de nuevo, en una fase preparatoria.

El PSOE se agarra a que el Supremo no autorizó el movimiento tal como lo idearon. El tercer momento relevante se produjo el 23 de abril de 2025, cuando se celebró en Madrid el acto de conciliación entre las partes. La reunión concluyó sin acuerdo y sin retractación por parte de Aldama.

Tras ese fracaso, varias informaciones señalaron que 'el PSOE se querellará por injurias contra Aldama tras resolverse sin acuerdo el acto de conciliación'. Otras crónicas utilizaron incluso el término 'finalmente', subrayando que la querella seguía pendiente cinco meses después del primer anuncio.

Pese a ello, tampoco entonces ha quedado acreditada la presentación inmediata de esa acción penal. Sí se difundió la intención de presentarla, pero no la formalización pública del paso anunciado. El cuarto episodio se produjo este miércoles 29 de abril de 2026. Durante una nueva declaración judicial, Aldama volvió a lanzar acusaciones contra el presidente del Gobierno y aseguró que Pedro Sánchez era 'el número uno' de la trama.

La respuesta del PSOE ha sido anunciar que pediría amparo al Tribunal Supremo frente a las 'injurias' vertidas por el empresario. La fórmula elegida volvió a ser distinta de la proclamada en noviembre de 2024. En lugar de una querella por injurias y calumnias, el partido optó por una solicitud de amparo institucional ante el alto tribunal.

Sorprende porque el recurso de amparo como tal se tiene que presentar ante el Tribunal Constitucional cuando se agotan todos los niveles de la Justicia. El PSOE noqueado. Desde el primer momento, el PSOE ha sostenido que esas afirmaciones forman parte de una estrategia política y carecen de sustento probatorio.

Sin embargo, aunque si bien a cuentagotas hay muchos elementos expuestos por Aldama que se han demostrado reales. Han sido infinitas las gestiones realizadas con Koldo García y otros empresarios. 'Yo con Koldo lo único que me ha faltado ha sido acostarme', ha llegado a exponer ante los magistrados.

A día de hoy, el PSOE mantiene su tesis de que las acusaciones de Aldama son falsas y difamatorias. Pero entre el estruendo de los titulares y el silencio de los registros judiciales permanece una pregunta incómoda: qué pesa más, la amenaza de acudir a los tribunales o el hecho de no haber llegado todavía hasta su puerta.

Vía: okdiario.com coments compartir
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Crítica:

La falta de presentación de las querellas es un tema preocupante, pero el artículo no aporta suficiente información sobre las razones detrás de esta decisión. El PSOE parece estar más interesado en generar titulares que en tomar acciones concretas.

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En el tribunal, Víctor de Aldama, con la misma elegancia de quien hace cuentas en el cajón de la despensa, acusa a Pedro Sánchez de ser el jefe de una banda criminal organizada. Cuando Aldama, con la calma de un pescador que espera la ola, dice que “Sánchez es el número 1”, la sala se vuelve más densa que el aire de la oficina de transporte tras la lluvia de mascarillas. El empresario, que se presenta como comisionista y que en su memoria más que en el de un corredor de bolsa, se llama a sí mismo “el cuarto” en la jerarquía que él mismo dibuja: Sánchez, 1°; Ábalos, 2°; Koldo García, 3°; Aldama, 4°. Esa cadena no es un juego de mesa, es la estructura de la trama que se desdobló en febrero de 2019, cuando Ábalos y Koldo decidieron presentar al presidente socialista en un mitin que, según Aldama, quedó marcado por la cercanía de “el día del teatro”. Koldo, con la misma sutileza de un corredor de la calle que ofrece un café a un político, se acercó a Moncloa, pero Sánchez lo reubicó a la oficina de Transportes bajo la supervisión de Santos Cerdán. La trama, que incluye a constructores y a la empresa de mascarillas, se alimenta de donaciones que, según Aldama, se describen como “ayuda”, pero que en realidad son la fórmula para financiar al PSOE. Mientras el juez escucha la confesión de que el presidente “sabía todo” y que los contactos de Koldo con la política se manejaban en tono de “Pedro” en vez de “presidente”, el público se pregunta si la política es una tienda de conveniencia donde el cajero es el jefe de la cadena. Aldama avanza que la relación entre Sánchez y Koldo va más allá de la etiqueta, que el presidente no quiere que se le llame “presidente” y que el ministro que no se llevaba bien con Ábalos también respondía a la llamada de Koldo. El argumento se sostiene sobre la afirmación de que, cuando Koldo llamaba, se atendía al llamado por la autoridad que, según la trama, es Sánchez. La acusación también toca la posible financiación irregular del PSOE: Koldo presentó a Aldama a representantes de constructoras que deseaban una donación al partido, mientras que la extradición de la mano de los venezolanos a Caracas, con la mención de Juan Guaidó y el “pisar” de Zapatero, se vuelve el telón de fondo de esta historia de negocios y política. Mientras los cargos de comisionista pueden llegar a 30 años de prisión, Aldama, con la defensa de la colaboración, enfrenta solo siete años. La escena se alinea con la imagen de un teatro donde el presidente es el protagonista y los demás son sus asistentes, y la audiencia se queda con la pregunta: ¿cuándo se cierra la puerta de la “banda criminal” y se abre la puerta de la justicia?

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1,8 millares, donaciones y sobornos

En la esquina de la plaza de los papeles y los sobres, Víctor de Aldama, el comisionista que se quedó sin contrato con la realidad, se presenta en el Tribunal Supremo como el mensajero de un 1,8 millones de euros que supuestamente se esparció entre 2019 y 2020 en el bolsillo del PSOE. Entre 1,1 millones y 275 600 euros, la contabilidad oficial del partido muestra un pico que el propio Aldama asegura que se alimentó de la mano de Koldo García, asesor de José Luis Ábalos y, según él, con el visto bueno de Pedro Sánchez, el presidente que, según la narración, se convierte en el “número uno” de una organización criminal. El relato se construye sobre sobres y mochilas. Cuando los montos alcanzaban los 50 000 o 60 000 euros, se guardaban en sobres, pero cuando subían a 250 000 euros, el comisionista llevaba la carga en una mochila que, según él, era tan ligera como una promesa de obra pública. El “grupo acelerador”, según el periódico, era la máquina que, entre 15 % y 20 % de comisión, hacía a los constructores saltar la línea de la burocracia. Mientras tanto, la Fiscalía y las acusaciones populares piden siete años de prisión por el caso mascarillas, y el abogado de la acusación, Alberto Durán, exige confirmar los 3,5‑4 millones de euros que Aldama supuestamente pagó a Ábalos y a García. El comisionista, sin aportar pruebas, afirma simplemente: “Si miras las cuentas y hay un pico de donaciones en ese tiempo, pues se podrá ver de dónde ha venido el dinero”. El tono de la defensa es de un hombre que se siente entre la comodidad de un coche de alquiler y la incomodidad de un contrabando. “No me siento del todo cómodo, pero tampoco incómodo”, se repite, mientras explica que la donación no se facturaba porque “eso no se puede facturar”. En la escena, Pedro Sánchez, Ábalos, Koldo y Aldama ocupan un escalafón con la jerarquía del poder: líder, ministro, asesor y empresario. La ironía del relato es que, mientras el PSOE reporta 837 506 euros en donaciones en 2020, Aldama asegura haber entregado 1,8 millones en efectivo, lo que sugiere que la diferencia viene de los que no aparecen en la declaración de la contabilidad. La historia se convierte en un espejo de la hipocresía política: la campaña de transparencia se desmorona ante el mismo escenario que la prensa de la calle, donde el dinero se mueve sin papeles y el poder se alimenta de sobornos en la mochila. El caso no solo expone una posible “fusión” entre la caja del partido y los contratos públicos, sino que también subraya la falta de supervisión de los flujos de efectivo que, en la práctica, se manejan con la misma sutileza que un vendedor de licor en la madrugada.

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