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Adif modificó casi un mes después del accidente el informe sobre la «calidad» de la obra de Adamuz y ocultó...

Adif manipula informe

politica Una imagen de un tren descarrilado con esquirlas incandescentes y personas agarrotadas para evitar caerse

Mientras el país lloraba a las 46 víctimas del accidente de Adamuz, Adif estaba 'perfeccionando' su informe de calidad de la obra. Un informe que, casualmente, fue 'revisado' un mes después del siniestro. ¿Qué pasó durante ese mes? ¿Se 'olvidaron' de mencionar algo? La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ya había alertado sobre 'incongruencias' en la documentación.

Firmas escaneadas, fechas contradictorias y un baile de versiones que hacen dudar de la validez del informe. La CIAF denunció que el informe final de soldaduras aluminotérmicas tenía dos versiones, con firmas escaneadas que pueden ser manipuladas. El presidente de la CIAF, Ignacio Barrón de Angoiti, mostró su preocupación por la 'incongruencia en cuanto al control de las versiones'.

El informe de la CIAF apunta a la rotura de la vía como causa del descarrilamiento y posterior colisión. Pero, ¿qué hay detrás de esta rotura? ¿Fue un accidente o una consecuencia de la negligencia? La jueza de Montero (Córdoba) tiene un dossier que revela la existencia de una rotura de carril a la altura del kilómetro 318,681.

Los vídeos del coche 6 y 7 del tren Iryo muestran el inicio de la vibración asociada al descarrilamiento. La reacción de los pasajeros es de pánico y desesperación. El informe recoge también la presencia de esquirlas incandescentes y la inercia de freno que provoca que el personal se agarre para evitar caerse.

Todo esto mientras Adif 'revisaba' su informe de calidad. La pregunta es, ¿qué más se 'olvidaron' de mencionar? El costo de la obra de Adamuz fue de 2 millones de euros, una cantidad que podría haberse utilizado para mejorar la seguridad de la vía. En lugar de eso, se utilizó para 'perfeccionar' un informe que ahora está bajo sospecha.

La lista de la compra de la obra de Adamuz incluyó materiales de baja calidad y un control de calidad deficiente. El sablazo en la factura de la obra de Adamuz es de 2 millones de euros, una cantidad que podría haberse utilizado para salvar vidas. En lugar de eso, se utilizó para 'revisar' un informe que ahora está bajo sospecha.

La factura de la obra de Adamuz es un ejemplo de cómo el dinero público se utiliza para 'perfeccionar' informes en lugar de mejorar la seguridad de la vía. La pregunta es, ¿qué más se 'olvidaron' de mencionar en el informe de calidad de la obra de Adamuz?

Vía: okdiario.com coments compartir
Noticias>Politica>30-Apr-2026>adif_manipula_informe

Crítica:

El artículo es tendencioso y falta información sobre la responsabilidad de Adif en el accidente. El título es engañoso y no refleja la gravedad del asunto

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En abril de 2023, la Universidad Carlos III, ese templo de la ingeniería que también formará a la princesa Leonor, se convirtió en escenario de un desfile de patrocinios políticos. La presidenta del Gobierno, Begoña Gómez, se presentó como madrina del nuevo máster titulado *La [in]diferencia*, proclamado como el único en Europa para la formación en producción sostenible, eficiencia energética y ecodiseño. Mientras los alumnos de ingeniería se alinean con sus portátiles, la mujer del presidente, quien ostenta una licenciatura en marketing obtenida en una academia privada sin homologación oficial, se pronuncia con la misma pompa que un anuncio de coche de lujo. El acto, bajo la supervisión del rector Ángel Arias, ingeniero industrial de la misma universidad, y con la presencia telemática de la vicepresidenta tercera Teresa Ribera, se convirtió en una especie de desfile de moda política: traje a medida, discurso a la medida, y un gran cartel que anunciaba el nombre del máster con la promesa de “transformación social competitiva”. La audiencia, compuesta por ingenieros de todo tipo —industrial, mecánica, eléctrica, aeroespacial, biomédica, física, química industrial—, escuchaba mientras la presidenta recalaba que “para el 2050 seremos 9.100 millones de personas y necesitaremos tres veces nuestro planeta”. Con la misma voz que la que promociona el “Plan España 2050”, la presidenta habló de reducción de consumo de carne, ropa, electrodomésticos y desplazamientos, como si el mundo se hubiera convertido en un buffet de la conciencia ambiental. Sin embargo, el plan se alinea con la misma lógica de marketing que la candidata, promoviendo la idea de que la política puede subirse al escenario y venderse como una solución, mientras que la universidad sigue siendo la que se beneficia del flujo de fondos públicos. El máster, que promete cubrir una necesidad planetaria, se promociona como una oportunidad única, pero su perfil de ingreso indica que solo los graduados en ingenierías pueden participar, y la directora de la cátedra en Transformación Social Competitiva de la Complutense, Begoña Gómez, se presenta como la fuerza motriz de la iniciativa, pese a su título de marketing. El discurso, que intenta convencer a los ingenieros de que deben adoptar hábitos de reciclaje, se convierte en el nuevo slogan de la campaña: “estamos siendo indiferentes” y la respuesta de las universidades es un eco vacío. En esta crónica, la hipocresía política se viste de traje y se sirve con la promesa de un futuro sostenible mientras el gobierno sigue utilizando la universidad como un megáfono para su propia publicidad.

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RTVE se defiende, pero ¿por qué?

En la madrugada de hoy, el cable de RTVE se ha enredado en una telaraña de políticos y reguladores. La corporación, que hasta ahora se ha quejado de la presión de los partidos, ha pedido a la CNMC que analice si la nueva comisión del Senado está invadiendo su independencia editorial. Alfonso Morales, secretario general, ha enviado una carta que, con la elegancia de un telegrama urgente, señala que la comisión, creada con la mano firme del PP y la voz resonante de Vox, no es solo un control de gastos, sino un ataque directo a la libertad de prensa pública. El 8 de abril, el pleno del Senado aprobó la comisión con 146 votos a favor de PP y Vox, dejando al margen a UPN y a las demás fuerzas. En la mesa, Cristina Díaz, senadora popular, asume la presidencia; Juan Bautista Milian Querol se coloca como vicepresidente primero y Cristina Casanueva como secretaria primera, mientras que el PSOE gana el vicepresidente segundo (Gabriel Colomé) y la secretaria segunda (Paula Somalo). RTVE argumenta que la comisión, al incluir valoraciones explícitas sobre su línea editorial y contenidos, excede el ámbito de control económico y se adentra en la esfera de la información. El riesgo, según la corporación, es que el PP y Vox, que han criticado públicamente a la cadena, utilicen la comisión como herramienta partidista. La carta subraya que la independencia de los medios públicos está garantizada por el Derecho de la Unión, y que la comisión amenaza ese núcleo protegido. En la misma línea, los trabajadores de RTVE, en una consulta interna, han expresado su desaprobación ante la supuesta parcialidad de la cadena y la posible pérdida de imagen. La Comisión de Investigación, presidida por Cristina Díaz, se presenta como una herramienta de transparencia y responsabilidad en el uso de fondos públicos. Pero la crónica revela que la realidad es más compleja: la política se viste de investigación, y la independencia editorial se convierte en un juego de fichas. La petición de RTVE a la CNMC no es una simple solicitud de protección; es un grito de guerra contra la interferencia partidista que, sin embargo, parece haber sido la causa de la propia comisión. En medio de esta maraña, la pregunta persiste: ¿qué pasa cuando los mismos políticos que crean la comisión intentan regular la cadena que la creó? La respuesta, como suele ocurrir en la política española, es un equilibrio frágil y una promesa de justicia que, en última instancia, puede quedar en la sombra de la burocracia.

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Una escena nocturna de una operación policial en un barrio de Almería: agentes de la policía en uniforme, linternas iluminan calles estrechas, cables eléctricos cortados y una granja clandestina de plantas iluminada por luces LED. La escena muestra la tensión y el desorden sin rostros visibles, con un entorno urbano y una atmósfera de drama.

Policía corta cables, atrapa drogas, ¡boom!

El sol de Almería se alzó sobre un escenario que parece sacado de un guion de acción, pero con la realidad de un barrio enloquecido por la luz de los LEDs de los cultivos clandestinos. 15 personas caeron bajo la mirada fría de 60 agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES). La operación, que se trajo a la vida en la mañana, devolvió a la ciudad un mensaje de que la ley no se toma café con los traficantes de marihuana en hoja ni con los que tiran de la llave del suministro eléctrico para hacer su propio teatro de “cortes de energía”. Los agentes arrastraron una cantidad de droga calificada como «ingente», la mayoría de hoja y cogollos que, en el mundo de los cultivos indoor, equivaldrían a un millón de cajas de manzana de la caja de la abuela. Además, se encontraron tres armas, dos de largo alcance que hacen de espía de la policía la última vez que la gente se sube a la calle y una corta que, según las armas de la ONU, es un “pistón de la guerra” en la mano de un niño. No se trata solo de la droga ni de las armas. La operación también destapó una red de utilería para el cultivo: macetas, fertilizantes, luces de cultivo que brillan más que la luz de las lámparas de la calle. La policía, con la precisión de un cirujano de la ONU, tomó el control de los barrios Los Almendros y Pescadería, y de la localidad de Pechina, donde el silencio de la noche se rompiu con el estruendo de la fuerza. El plan funcional de respuesta a zonas tensionadas de la Comisaría Provincial de Almería se activó, y la compañía de energía, Endesa, confirmó que ya cerró una serie de nueve registros relacionados con la electricidad. Se contabilizó seis positivos con plantaciones, un número de cortes que alcanzó los 100 y unos 200 metros de cable desmantelados en las calles Alegría, Rocío, Albahaca y Buen Amigo. Una cifra que, al final, suena más a una receta de cocina que a una factura de servicios públicos. El día se terminó con la sensación de que el gobierno intenta poner la mano en la bolsa de la gente, pero el truco está en los cables y las luces de los cultivos. La ciudad se vuelve una pista de baile donde los pasos están marcados por la policía, las armas y la electricidad, y el público, sin saberlo, baila al ritmo de un sistema que se mueve bajo la fachada del orden.

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Una escena en un restaurante de Madrid: una mujer vestida con un elegante traje negro intenta salir mientras un periodista de traje oscuro sostiene una cámara y una conversación telefónica. La atmósfera es tensa, con la iluminación tenue y una mesa con platos y copas. La mujer se muestra determinada, pero el periodista parece implacable, con la mano en la espalda de la mujer y la cámara apuntando hacia ella. No se muestran rostros claros, enfocándose en la postura y el ambiente de confrontación.

Vito Quiles, la sombra del acoso

La escena se abre como un episodio de reality show donde la protagonista, Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, se ve atrapada en una cruzada de la que sólo él y su marido pueden hablar en tono de confidencia. Cuando el periodista Vito Quiles, con la elegancia de un pulpo en la playa, decide que la mujer del presidente no es libre de salir del local, la situación se vuelve tan tensa como una lista de la compra en la que cada artículo es un escándalo. El miércoles, en un restaurante madrileño, Quiles, sin colgar la escena en redes, se convierte en el héroe de una historia donde la cámara y el teléfono son la nueva arma de la persuasión. La video‑editada del propio reportero muestra a la mujer intentando alejarse mientras él, sin perder ritmo, le pregunta sobre la asesora de Moncloa. Una acompañante, con la paciencia de la hora de la comida, le sugiere que retire “esa mierda” –la cámara– y el periodista, con la calma de un gato en la ventana, la sujetó por la espalda. El gesto, más que agresión, parece una demostración de poder que la víctima llama acoso, mientras los defensores de la esposa del presidente se levantan como soldados de la justicia en la política. El juez Juan Carlos Peinado ya propone juzgar a la mujer del presidente por varios delitos, mientras la defensa intenta desmontar cualquier irregularidad. En el parlamento, Arcadi España, Diana Morant, Elma Saiz y Óscar Puente, con la fuerza de un escuadrón de la política, se alinean contra el periodista, denunciando que el “periodismo” se ha convertido en una forma de bullying. El PSOE, con Rebeca Torró, Patxi López y Montse Mínguez, lanza un mensaje de solidaridad, y el diputado José Zaragoza, con la determinación de un entrenador de fútbol, pide a Jorge Azcón que condene a Quiles por la estrategia de acoso que, según él, ha sido financiada por el PP. Todo esto se convierte en una historia de poder, donde la verdadera víctima es la credibilidad de la prensa y el respeto a la dignidad humana. La lección queda clara: en la política, la sombra del acoso se proyecta tanto sobre la víctima como sobre el espectador que no se atreve a mirar.

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