Si la palabra ‘incompatibilidad’ suena a aburrimiento, Antonio Manuel López Hernández te recuerda que el aburrimiento también tiene un precio. El ex–concejal‑teniente de Guadix, el que una vez hizo la lista de la compra con el PSOE y ahora colecciona títulos universitarios, se encuentra en medio de una paradoja que parece sacada de un episodio de “El que dice, el que hace”. El profesor de la Universidad de Granada, que en 2026 redactó el informe pericial que salvó la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado, también ejerce como consejero activo de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
La Ley de 1988, que regula su función, impone una incompatibilidad absoluta: “solo se puede administrar el propio patrimonio”. En otras palabras, el órgano fiscalizador exige dedicación exclusiva, como si los consejeros fueran chefs que no se permiten preparar otra receta al mismo tiempo. Sin embargo, López Hernández está en la lista de profesorado del Máster Universitario en Dirección y Gestión Pública de Granada para 2024/2025 y 2025/2026, y parece que planea un tercer máster.
Según fuentes del expediente, también imparte clases en otro curso de la misma universidad. El registro de compatibilidades de la Cámara, actualizado y público, muestra seis autorizaciones otorgadas desde 2021, pero ninguna para él ni para impartir clases ni para dictar informes periciales. El ex presidente de la Cámara, que dirigió el organismo entre marzo de 2011 y marzo de 2021, también es el candidato que el PSOE‑A eligió para presidir la institución cuando María Jesús Montero, que de 2013 a 2018 fue Consejera de Hacienda de Andalucía y ahora ministra de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez, se convirtió en la esposa de la beneficiaria del informe pericial.
El vínculo entre López Hernández y Montero se vuelve una joya de ironía: el hombre que garantiza la imparcialidad de las cuentas públicas también colabora con la persona que, en la misma época, no vio los escándalos del caso de los ERE. El informe, fechado el 16 de abril de 2026, concluye que la participación de entidades privadas en las cátedras extraordinarias “se limita fundamentalmente a la aportación de recursos financieros o técnicos”.
Pero la crítica jurídica es clara: el documento no entra en el fondo y no desmiente los extremos del escrito de procesamiento del juez. Si Peinado se decide a tirar el hilo, el propio informe que debería proteger a Begoña Gómez podría convertir al autor en la pieza más valiosa del rompecabezas. En suma, la historia de López Hernández es una mezcla de la lista de la compra del poder, la falacia de la “incompatibilidad” y la ironía de que quien vigila la legalidad también la viola con la misma mano.
La política, como el café de la mañana, a veces se sirve sin filtro.
Crítica:
El artículo deja en claro que la incompatibilidad se ha convertido en una excusa más barata que el café de la mañana. No hay controversia sobre la falta de datos, solo sobre la falta de sentido de la ley.
Comentarios