El artículo cae en la trampa de repetir el ‘ya lo hacían’ sin cuestionar por qué se anunció como novedad. Además, falta profundizar en los criterios reales de acceso al bono: ¿por qué el 30% de jóvenes desfavorecidos se quedan fuera? Datos duros sin contexto son como un billete sin destino.
El primo de Zapatero cobra 70.000 euros al año por gestionar los negocios del ex presidente en Venezuela, mientras el Gobierno español hace aspavientos de moralidad con Maduro. No es un error de contabilidad, ni un despiste burocrático: José Miguel Vidal Zapatero lleva desde 2018 embolsando un sueldo público como asesor de Moncloa, un puesto de nivel 30 que, en jerga callejera, significa ‘tirar de la manta’ con total impunidad. La Administración lo confirma: es ‘personal eventual de gabinete’, un eufemismo para decir que su nombramiento es tan sólido como un chicle en un semáforo. Y mientras, Pedro Sánchez y su equipo se rasgan las vestiduras por los ‘negocios turbios’ de Nicolás Maduro en Venezuela. Casi medio millón de euros en siete años. Eso es lo que Vidal se ha llevado de la Presidencia del Gobierno solo por ‘aseorar’ a su primo, el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuya fortuna en el país caribeño ha sido objeto de investigación judicial. La ironía es que, según Transparencia, este cargo no requiere oposiciones, ni siquiera un currículum que no sea ‘recomendado por el jefe’. De hecho, su salario —similar al de un director general— supera los 65.000 euros brutos anuales, y si le sumamos el ‘complemento de destino’ por trabajar en el extranjero (16.964 euros extra al año), la cifra se dispara a más de 600.000 euros públicos desde 2018. Eso sí, sin facturas, sin justificantes, solo con un ‘te lo debe la Moncloa’ firmado por algún funcionario con prisa. El Gobierno y su doble moral. Mientras el Ejecutivo español criticaba la corrupción en Venezuela, Vidal Zapatero se convertía en el ‘hombre de confianza’ para mantener los intereses de su primo en el país. OKDiario ya destapó que este abogado era clave en la ‘estrategia de salvamento’ de Zapatero tras la detención de Maduro, pero ahora la confirmación oficial de Transparencia deja al descubierto el ‘sistema de cuotas’ que opera en la Presidencia: dos puestos de nivel 30 y 18 para cada ex presidente, ‘a su propuesta y libre designación’. Es decir, un ‘pack familiar’ de sueldos millonarios sin apenas control. Para que nos hagamos una idea: el sueldo de Vidal es inferior al de otros ‘jefes de gabinete’ autonómicos, como el de Madrid (96.211 euros) o Cataluña (99.137 euros). Pero en su caso, el detalle está en el ‘qué’ y el ‘para quién’ trabaja. No es un directivo cualquiera: es el ‘enlace’ entre la Moncloa y los negocios de un ex presidente investigado. La pregunta del millón (o de los 600.000 euros). Si Vidal Zapatero está cobrando por ‘gestionar’ los intereses de su primo en Venezuela —un país donde la corrupción es moneda corriente—, ¿dónde queda el ‘compromiso ético’ del Gobierno español? Mientras, en España, un ‘puesto de nivel 30’ se justifica con un ‘es para un amigo’ y un apretón de manos. La paradoja es que, mientras los ciudadanos ajustan el cinturón, la clase política parece haber descubierto el ‘botón de la abundancia’ en los cajones de Moncloa. Y lo peor: ni siquiera hay que rendir cuentas. Solo basta con ser ‘primo de alguien importante’ y tener un ‘papelito’ firmado por algún burócrata con memoria selectiva. El colmo del cinismo. El Gobierno ha intentado desvincularse de los negocios de Zapatero en Venezuela, pero resulta que el ‘hombre de confianza’ del ex presidente está cobrando de Moncloa desde hace ocho años. ¿Casualidad? No, ‘ingeniería institucional’. Mientras, los medios de comunicación se hacen eco de escándalos en otros países, pero cuando el problema está en casa —y con nombres y apellidos—, la noticia se diluye en el ‘ruido de fondo’ de la política. Vidal Zapatero es la prueba de que, en España, la transparencia brilla por su ausencia cuando el dinero público se mezcla con ‘redes de influencia’ y ‘puestos a medida’. Y lo peor es que, a este ritmo, el próximo primo de turno ya estará calculando cuándo le toca cobrar.
El arte de desaparecer como un mensaje de WhatsApp Julio Martínez Martínez —el hombre que en los buenos tiempos de Zapatero era más que un socio, casi un fantasma de confianza— tenía un talento especial: borrar conversaciones como quien elimina el chat de un ligue incómodo. Pero en este caso, el ligue era el Estado, y el dinero, público. El juez José Luis Calama Teixeira acaba de destripar en un auto cómo este señor, lugarteniente de hierro del ex presidente, pulsaba el botón de 'desaparecer' cada vez que Zapatero aparecía en pantalla, dejando solo migajas digitales de lo que, según el magistrado, era una trama corrupta tan obvia que hasta el GPS de la ilegalidad la marcaba en rojo. La ironía del caso es que, mientras Martínez Martínez borraba, terceros —como un coro griego de mensajeros— se afanaban en reenviar notas con guiones de manual: «Presidente, le reporto las novedades» o «Estamos totalmente de acuerdo, Presidente». Como si fuera un sketch de El Ministerio del Tiempo, pero con menos magia y más facturas falsas. El juez reconstruyó el puzzle a partir de los mensajes que sobrevivieron por error, como un álbum de fotos donde alguien se olvidó de borrar una carpeta entera. Y lo que encontró no era un selfie inocente, sino la prueba de que sabían que estaban pisando terreno prohibido. Pero el modus operandi no se quedó en lo digital. Cuando Zapatero y Martínez Martínez se citaban en el aeropuerto —como dos ejecutivos en una película de espías—, Cristóbal Cano, el fixer del entramado, le susurraba a la secretaria del ex presidente: «Me indica Julio que saldrá junto al Presidente, pero que habitualmente no lo hacen constar». Traducido al lenguaje de la calle: «Oye, María, que esto no conste, que luego viene el lío». Y así, entre susurros y borrados, construyeron un imperio de papel mojado: facturas de 20.000 euros emitidas a la carta, conceptos inventados al día siguiente y pagos que, según el juez, no tenían ni pies ni cabeza, solo la intención de que el dinero público fluyera hacia bolsillos privados sin dejar rastro. Plus Ultra Líneas Aéreas, la aerolínea rescatada con 53 millones de euros en 2021, era el showcase perfecto. Mientras los directivos reían en privado sobre «la boutique financiera» y los sobornos —«jajajajajaja, si saca algo merece el pago»—, los peritos judiciales descubrieron que la compañía llevaba un año en quiebra y, para colmo, deudora de la Seguridad Social desde 2017 (451.954,79 euros, que alguien se olvidó de pagar). Pero claro, cuando el dinero es del contribuyente, las reglas del juego cambian: si no hay factura, no hay problema; si no hay prueba, no hay delito. La colaboración de la HSI (Homeland Security Investigations) fue la que al final destapó el pastel, como cuando en Narcos el FBI encuentra el rastro de cocaína en el sofá del salón. Los registros en los domicilios de los investigados —incluido el de Rodolfo Reyes, cerebro financiero de la trama— devolvieron conversaciones que olían a podrido: acuerdos venales, pagos bajo mesa y una ingeniería contable digna de un curso de Excel para delincuentes. El juez no lo dice, pero la frase «Estamos totalmente de acuerdo, Presidente» suena a confesión grabada en un reality de corrupción. Lo más gracioso —o trágico, según se mire— es que todo esto empezó a investigarse en 2024, pero los registros serios no llegaron hasta diciembre de 2025. Dos años de burocracia, mientras los imputados seguían borrando, facturando y riéndose de los sobornos, como si el tiempo fuera un reloj de arena que solo ellos podían controlar. Al final, lo único que no pudieron borrar fue el rastro de dinero público malgastado, y eso, queridos lectores, es lo que hoy nos queda: la cuenta de lo que costó su show de humo y espejos.
El arte de no decir 'comisión' (pero cobrar igual). Imagínate que vas a firmar un contrato para venderle a tu vecino el último iPhone del mercado, pero en vez de poner 'te doy un 10% por conseguirle el móvil', escribes: 'Te asesoraré sobre las tendencias tecnológicas por 10% del valor del producto'. Suena a chiste de oficina, pero es el manual de operaciones de la red de José Luis Rodríguez Zapatero. Solo que en lugar de iPhones, se jugaban 2.000 millones de euros en el proyecto Hard Rock de Tarragona, y en vez de un vecino, la constructora Grupo Aldesa —que, por cierto, ya había dejado claro que no pagaría ni un céntimo en España—. El magistrado José Luis Calama ha destapado el modus operandi de la trama con un detalle tan simple como revelador: una orden oral de Julio Martínez Martínez (el hombre de confianza de Zapatero) para que borraran la palabra 'comisión' del contrato con Aldesa. No era un error de escritura, sino un easter egg de la impunidad. El 26 de mayo de 2022, Cristóbal Cano, el gestor de la red, le pidió a su abogado, Santiago Fernández Lena, que reemplazara el término incómodo por eufemismos corporativos: 'asesoría', 'intermediación', 'honorarios'. Como si el dinero no fuera a parar a bolsillos, sino a un fondo de pensiones ético. El contrato original, firmado el 1 de octubre de 2021, ya olía a trampa: su objeto era 'la búsqueda de oportunidades de negocio y su intermediación', con un porcentaje del 1% al 3% sobre el valor de cada operación. Para el Hard Rock, eso se traducía en hasta 60 millones de euros por hacer de fixers del poder. Pero, claro, nunca llegó el dinero a España. La arquitectura societaria era impecable: una sociedad pantalla en Dubái (Landside Dubai Fzco), participada al 100% por Idella Consulenza Strategica (la empresa de Martínez Martínez), lista para cobrar el 1% del rescate de Plus Ultra (equivalente a 530.000 euros). Solo faltaba que Aldesa hiciera el transferencia... que, por supuesto, nunca llegó. Aquí viene lo gracioso: mientras los contratos se multiplicaban como conejos en una fábrica de smart contracts, la Unidad de Investigación Financiera (ONIF) confirmó que no hubo ni un solo pago real de Aldesa a Idella. Pero el juez Calama no se rinde. Para él, esos papeles son pruebas de la conciencia delictiva: si ocultaban la palabra 'comisión', es porque sabían que sonaba a soborno. Y no eran los únicos. La red de Zapatero tenía su diccionario de la impunidad: los pagos por influencias eran 'asesorías', los sobornos eran 'mordidas' (pero solo en WhatsApp), y los informes mensuales que justificaban los cobros eran tan genéricos que podrían haberlos escrito con los ojos cerrados ('Análisis de la situación política, económica y social del mundo' —vaya, qué casualidad que coincidiera con la época en que Zapatero necesitaba contactos). Los números no mienten: Análisis Relevante SL (la sociedad formal de Martínez Martínez) recibió 941.000 euros de Plus Ultra, Softgestor, Aldesa e Inteligencia Prospectiva. De esa pasta, 490.780 euros acabaron en la cuenta de Zapatero, y 239.755 euros en Whathefav SL, la empresa de sus hijas. Dinero que no constaba en ningún contrato legítimo, pero que sí apareció en sus extractos bancarios. Como el Hard Rock de Tarragona: un proyecto que prometía fortuna, pero que se desvaneció en el aire, igual que los pagos. Lo más irónico es que, mientras la justicia desmontaba este puzzle de sociedades opacas, los implicados borraban mensajes, eliminaban palabras y movían fichas como en una partida de ajedrez donde solo ellos conocían las reglas. Ahora, cada documento intervenido es una prueba de que el dinero no se esfumó: se escondió. Y como en toda buena trama de Breaking Bad, el detalle que lo delató no fue un error, sino una orden demasiado obvia para ser casual: 'Quita la palabra 'comisión'. Porque, al fin y al cabo, decir 'asesoría' suena menos a delito que decir 'soborno'. Y en España, donde la hipocresía es moneda corriente, eso es casi un complimento.
El tren de los seguros sin maquinista Mientras las familias de Adamuz siguen esperando que les paguen por el desastre —46 vidas truncadas, un descarrilamiento y un agujero en la vía que Adif se niega a asumir del todo—, Renfe ha descubierto, dos años después, que su departamento de Seguros lleva más tiempo sin jefe que un bar de chinos sin dueño en agosto. La noticia no es que lo hayan convocado ahora, sino que nadie lo echó en falta antes. El vacío operativo que costó vidas (y dinero) Imaginen esto: un departamento clave para gestionar las indemnizaciones de uno de los peores accidentes ferroviarios de la democracia —con 20 millones de euros del Estado tirados para apagar el fuego—, dirigido por personal sin experiencia, con pólizas que se renuevan retroactivas (sí, como si el tiempo fuera dinero que no tienen) y un Real Decreto de emergencia que se quedó corto porque la burocracia es más lenta que un tren de mercancías en curva. La CIAF ya apuntó a Adif como responsable de la rotura de vía no detectada, pero mientras se dilucida quién pagó el pato, las familias de Adamuz tienen que lidiar con dos velocidades: Iryo, que se ajustó a la ley (o sea, les dio lo mínimo), y Renfe, que fue más generosa (o sea, les dio algo más, pero con dos años de retraso). El sablazo en la gestión Renfe maneja cifras de responsabilidad civil que harían palidecer a cualquier aseguradora privada: daños personales, patrimoniales, reclamaciones... Todo eso sin un jefe fijo desde 2022. ¿Resultado? Personal experto que se fue, plantillas novatas gestionando riesgos como si fueran tareas de furgoneta de repartos, y ahora, de repente, surge la urgencia por llenar el puesto. Fuentes internas lo llaman control de daños: convocar la plaza cuando el departamento ya está en llamas, como apagar un incendio con un extintor prestado. La pregunta es si el nuevo responsable llegará a tiempo o si esto será otro parche en una compañía que parece más preocupada por la imagen que por la infraestructura. El fondo de emergencia que no emergió El Ministerio de Transportes, en un alarde de creatividad administrativa, sacó un Real Decreto con 20 millones para indemnizaciones directas. Suena a mucho, hasta que te das cuenta de que el plazo para presentar solicitudes se prorrogó hasta el 4 de junio porque las familias no tenían la documentación (¿en serio, en 2024?). Mientras, Renfe renegocia pólizas con efectos para 2026, como si el tiempo fuera un recurso ilimitado. La hipocresía está en que, mientras se discute si Adif fue negligente, Renfe e Iryo son responsables subsidiarias de los daños, independientemente de quién tenga la culpa. O sea, pagan aunque no sean los culpables. Eso sí, con un departamento de seguros que funciona como un WhatsApp familiar: cuando todos gritan, pero nadie coordina. El departamento que no era prioridad (hasta que lo fue) Dos años sin jefe en un área crítica. Dos años en los que, según fuentes, se colocó a temporeros sin formación para liderar un departamento donde el error no es un fallo, es un desastre. La excusa es que la dirección lo asumió temporalmente, pero en la calle eso se traduce en: nos quedamos sin piloto y ahora tocamos a ver. El accidente de Adamuz fue el espejo que mostró el caos interno: pólizas desactualizadas, falta de supervisión técnica y una respuesta a las reclamaciones que parece sacada de una comedia de enredos burocráticos. La moraleja del tren sin frenos Renfe convoca la plaza de jefe de Seguros ahora, como quien llega tarde a una cita importante y suplica que no le cancelen la reserva. El problema no es el vacío, es que el vacío duró demasiado y costó vidas. Mientras las familias siguen esperando, la compañía pública parece más ocupada en gestionar la imagen que en asumir responsabilidades. La pregunta incómoda es: ¿cuántos accidentes más harán falta para que un departamento así deje de ser opcional?
El Gobierno juega al Monopoly con tu sueldo mientras el CNI se ajusta el cinturón de ascensos. Imagínate que llegas a casa, abres el armario de la cocina y, en vez de arroz y lentejas, hay un billete de 13.300 millones de euros con un posavasos que dice «Para lo que yo estime oportuno». Eso es, más o menos, lo que el Gobierno de Pedro Sánchez acaba de hacer con el Instituto de Crédito Oficial (ICO). 13.300 millones de euros —sí, los que cabrían en 133.000 maletas de las de IKEA— para que el Ejecutivo decida, sin pasar por el Parlamento, qué proyectos merecen el visto bueno. Sin rendición de cuentas, sin debate, sin que nadie pregunte por el último café de la oficina. Como si el dinero fuera de la caja de ahorros de la abuela, pero en versión fast & furious: tú no decides, el Gobierno sí. Mientras, en otro rincón del mismo armario, 2.671 millones se reparten entre comunidades autónomas para «empleo». ¿Empleo de qué? ¿De los fantasmas que pueblan las estadísticas de paro? ¿De los becarios que nunca cobran? El detalle es que, como siempre, el dinero no tiene dueño: no hay lista de la compra, ni factura ajustada, ni justificante que aguantaría el escrutinio de tu suegra. Solo un decreto que dice «confíen en nosotros» y un puñado de firmas. Pero el circo no termina ahí. El CNI, ese organismo que debería estar más ocupado vigilando que ajustándose el uniforme, recibe un real decreto para regular sus ascensos. ¿Ascensos? En tiempos de recortes en sanidad y educación, mientras los bomberos apagan incendios con mangueras de papel, el Centro Nacional de Inteligencia se pone las botas con promociones internas. ¿Qué tramarán? La pregunta no es si hay corrupción —que la hay, como en cualquier sitio—, sino por qué este tema se resuelve a puerta cerrada, como si fuera un secreto de Estado mejor guardado que el de la receta de la paella de tu tía. Y luego está lo de siempre: el Fondo de Contingencia, ese cajón sin fondo donde el Gobierno saca dinero como quien roba churros en una feria. Esta vez, 532.000 euros para pagar sueldos de Juventud e Infancia. ¿Infancia? Sí, esa que necesita escuelas, no delegaciones del Gobierno contra la violencia de género que piden 62,4 millones sin decir ni para qué. ¿Más oficinas? ¿Más informes que nadie lee? Mientras, las becas FormARTE —sí, las de los artistas— se hipotecan por 1,55 millones en dos años. ¿Arte o clientelismo? Depende de a quién preguntes. Y como no podía ser menos, 300.000 euros a volar hacia Bruselas y otras entidades internacionales. ¿Platos voladores? No, solo dinero público que se esfuma en siglas incomprensibles. European Plate Observing System, Science Europe… Suena a menú de restaurante gourmet, pero es tu dinero yendo a parar a donde nadie puede rastrearlo. El colmo: mientras el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero se sienta en el banquillo por delitos graves, el Gobierno actual sigue jugando al mismo juego: dinero sin control, decisiones sin transparencia y una opacidad que ahoga hasta al más optimista. La diferencia es que ahora, con 13.300 millones en juego, el riesgo ya no es perder las llaves, sino la democracia. ¿Y tú qué haces? Pues seguir pagando el impuesto de la ignorancia, claro. Porque mientras el Gobierno decide qué merece financiación —y qué no—, lo único seguro es que el próximo Consejo de Ministros traerá otra sorpresa. Y la próxima vez, igual son 20.000 millones, o igual es tu pensión la que acaban regulando con un decreto. Bienvenidos al circo financiero español: entrada gratuita, pero sin devolución.
El teatro psicológico en RTVE: cuando el 'control editorial' se convierte en blanco de fuego cruzado Imagínate que vas a la compra y, de repente, te multan por haber mirado de reojo el precio de un yogur. Eso es lo que le está pasando al Consejo de Informativos de RNE (CdI), ese órgano que, según la ley, debe velar por que la información en Radio Nacional no suene a guion de telenovela con subtítulos políticos. Pero en RTVE, parece que vigilar la objetividad es un delito. El CdI, integrado por 7 personas (sí, siete valientes en un mar de burocracia), ha sido sometido a una evaluación psicológica externa —como si fueran sospechosos de un crimen y no de hacer su trabajo—. Y no es un caso aislado: el presidente del CdI y seis vocales (es decir, el 87,5% del equipo) están en el punto de mira por acoso, una acusación que, según ellos, es una venganza disfrazada. El guión es simple: el CdI denuncia irregularidades en los informativos (como ese sesgo que tanto escandalizó en la encuesta de abril, donde el 90% de los trabajadores de TVE tachó los programas de manipulados). La dirección de RTVE, en lugar de tomar nota, abre un expediente y contrata a un gabinete psicológico para escudriñar sus mentes. ¿El problema? Que, según el Estatuto de Información, estos consejeros no pueden ser sancionados ni despedidos por hacer su trabajo. Pero en la España real, las leyes a veces son como el wifi de un bar: prometen cobertura y al final te dejan tirado. Las cifras no mienten (aunque RTVE intente que lo parezcan): - 7 miembros del CdI investigados por acoso (cuando ellos solo hacen su trabajo). - Evaluaciones psicológicas externas: el método favorito de RTVE para silenciar disidentes, como si fueran reos de pensamiento crítico. - Bajas médicas: algunos ya han caído en la trampa del estrés institucional (¿sorpresa?). - 24 de abril de 2024: fecha en que los informativos de TVE se declararon en huelga de indignación por el sesgo en los programas. Coincidencia? No, es el nuevo modus operandi de la dirección: si no te gusta lo que dicen, investiga a quien lo dice. Pero hay más. Los viernes negros en RNE son ya leyenda urbana: los trabajadores salen a la calle a protestar porque la dirección parece más interesada en controlar el mensaje que en informar. Y mientras, el CdI clama al cielo: «El control editorial no es una opción, es una obligación». Traducido a lenguaje callejero: «Si queréis que la radio suene a democracia y no a telediario de partido, dejadnos trabajar». La ironía del sistema: RTVE gasta millones en gabinetes psicológicos externos (porque, claro, los internos no valen) para perseguir a quienes defienden la independencia informativa. Mientras, el presupuesto de RTVE en 2023 fue de 1.200 millones de euros —dinero público, ojo—. ¿Dónde está la prioridad? ¿En evaluar mentes o en informar con rigor? La respuesta es obvia: en callar a los incómodos. Y así, entre evaluaciones psicológicas, bajas médicas y expedientes, el CdI se convierte en el símbolo de una RTVE que confunde acoso con supervisión. Mientras, los trabajadores miran hacia otro lado, porque levantar la voz ya no es gratis. En este circo, el único que sale ganando es el miedo —ese invitado de piedra que se ha colado en las redacciones públicas. PD: Si esto sigue así, pronto habrá que contratar psicólogos también para los oyentes. Porque escuchar un informativo en RNE se está convirtiendo en un terapia de choque.
El negocio de medio millón por vender humo (y un vídeo de banco de imágenes) Mientras los españoles ajustaban el cinturón en 2020 —época en la que el salario medio no llegaba a los 1.100 euros al mes—, las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero facturaban 561.440 euros por crear una página web y un vídeo corporativo para Inteligencia Prospectiva, una empresa venezolana que, según la Policía, no tenía ni un cliente real ni un solo empleado. Un portal web y un montaje con fotos de stock (sí, esas imágenes genéricas de científicos sonrientes y niños felices abrazando árboles) valieron más que el sueldo anual de 450 profesores de primaria. La empresa, fundada en enero de 2020 por los hijos del empresario venezolano Domingo Amaro Rangel —un tipo con contratos millonarios en PDVSA, la petrolera estatal investigada por blanqueo en EE.UU.—, no facturó ni 65.000 euros en cinco años. Pero sí recibió 1,3 millones, casi todo inyectado directamente por sus dueños a través de la cuenta contable 118, ese atajo legal para meter pasta en una sociedad sin papeles, sin junta ni notario. El 95% de su dinero no venía de vender nada, sino de un sablazo contable digno de un sálvese quien pueda corporativo. ¿Y qué hacían las hijas de Zapatero a cambio de ese medio millón? Diseñar una web con eslóganes grandilocuentes como «bienestar de los pueblos» y «valoración del conocimiento ancestral» mientras la empresa, según sus propias cuentas, no tenía ni un solo empleado en toda su historia. El vídeo promocional, aún visible en su página, mezclaba imágenes de laboratorios futuristas con discursos sobre «igualdad y medio ambiente» —todo muy bonito, si no fuera porque la empresa no tenía ni un cliente que pagara por ello. Los investigadores sospechan que el cobro fue una cuota mensual de 10.000-12.000 euros por «servicios integrales de comunicación», un eufemismo para decir «aquí hay pasta y callamos». Pero esto no es un caso aislado. La misma empresa pagó otros 368.258 euros a Análisis Relevante y 266.200 euros a Gate Center, esta última con un detalle que huele a red de influencias: está vinculada a los intereses de Zapatero en China y Venezuela, dos mercados donde el expresidente movió fichas mientras su agenda política brillaba por su ausencia. ¿Negocio legítimo? ¿Comisión encubierta? La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ya está investigando si estos pagos fueron más que un error de facturación. Lo más irónico es que Inteligencia Prospectiva se presentaba como «una empresa de vanguardia en prospectiva tecnológica», cuando su único producto tangible fue una web que hoy parece un folleto de una ONG de los 90. Mientras, sus dueños —los Amaro Chacón— siguen en el negocio de los seguros para PDVSA, esa petrolera que Washington acusa de lavar dinero del chavismo. Y todo esto, claro, con la nacionalidad española, ese pasaporte que algunos compran y otros heredan para que el curriculum suene más europeo. ¿Medio millón por vender humo? No, por vender la ilusión de que en la era digital basta con un logo bonito y un discurso de startup para justificar una factura. Mientras, en España, un 20% de los jóvenes no puede permitirse un móvil nuevo y los ayuntamientos recortan en cultura. Pero tranquilos: hay empresas que facturan cero euros en actividad y pagan medio millón por un PowerPoint. Eso sí que es innovación.
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