Crítica:
La pieza destila indignación, pero adolece de falta de pruebas concretas sobre la participación directa de Zapatero. El título, aunque efectivo, roza el sensacionalismo. Necesita más corroboración de fuentes independientes.
La pieza destila indignación, pero adolece de falta de pruebas concretas sobre la participación directa de Zapatero. El título, aunque efectivo, roza el sensacionalismo. Necesita más corroboración de fuentes independientes.
Móstoles, una ciudad donde la paciencia es un deporte olímpico. El alcalde, Manuel Bautista, ha lanzado una misiva –sí, una carta de papel, en pleno siglo XXI– al ministro Óscar Puente, rogándole, casi suplicándole, que desentierre de algún cajón el proyecto de conexión del barrio PAU-4 con la R-5. Un proyecto que lleva años, años, enredado en la burocracia estatal, como un calcetín perdido en la lavadora. La historia es simple: el Ayuntamiento de Móstoles y la Comunidad de Madrid han estado colaborando, aportando informes, cumpliendo requerimientos… básicamente, haciendo los deberes. Y la Demarcación de Carreteras dio su visto bueno hace más de un mes. Un visto bueno que, al parecer, se ha evaporado en las oficinas del Ministerio de Transportes. Fuentes del Consistorio, con la diplomacia rota, aseguran que Puente tiene el expediente “metido en un cajón”. ¿El impacto? Miles de vecinos de Móstoles atrapados en un atasco perpetuo, intentando acceder a la M-506, la A-5, la M-50. Una pesadilla vial que, según el alcalde, podría aliviarse con esta conexión. Hablamos de facilitar el acceso al PAU-4, una zona en desarrollo, y mejorar la movilidad en el norte del municipio. Pero claro, la movilidad no es gratis. El coste de la inacción se mide en tiempo perdido, en combustible derrochado, en estrés acumulado. Y, por supuesto, en votos. La carta es una petición de reunión urgente, una llamada de atención con tono de “a ver si nos echas una mano, que esto se pone feo”. Una colaboración que, insisten, están dispuestos a ofrecer. ¿La respuesta? Silencio administrativo. Un silencio que, en política, suele ser la peor de las respuestas. En resumen, Móstoles espera, España espera, y el ministro Puente… ¿dónde estará?
El Ministerio de Transportes, señores, parece el huerto privado de un ex presidente. No hablamos de plantar lechugas, sino de sembrar cargos afines para cosechar contratos jugosos. El sumario, según fuentes cercanas a la investigación del magistrado Calama, dibuja una red tejida por José Luis Rodríguez Zapatero y su lugarteniente, Óscar Puente. ¿La estrategia? Colocar a ‘supervivientes’ de anteriores legislaturas, gente de confianza, en puestos clave. No es una simple ‘infiltración’, es una operación de ingeniería financiera donde cada puesto viene con un contrato de obra pública debajo del brazo. La cosa no es nueva: ya en la época de José Blanco, se gestaba este ‘equilibrio de poder’. Pero Puente, al parecer, ha refinado la técnica, ‘limpiando’ rastros de Ábalos y recomponiendo el tablero a su favor. Nombres como Benito Núñez Quintanilla, asesor de Elena Salgado, o Raúl Míguez, jefe de gabinete de Isabel Pardo de Vera (también imputada), son piezas clave. Y no nos olvidemos del ‘núcleo de confianza’ de Puente: Belén Villar, Belén Roel, Pilar Suárez, Juan Pedro Fernández Palomino y Jesús Miguel Fumanal, quienes controlan hasta la última coma de los contratos ministeriales. El presupuesto de Transportes, el más abultado de la Administración, ha sido el campo de batalla. Una auditoría controvertida, encargada por Puente y cuestionada en el ‘caso Mascarillas’, es solo la punta del iceberg. La ‘ministra en la sombra’, Encarnación Sandonís, parece dirigir la orquesta con mano de hierro. Al final, señores, mientras el ciudadano aprieta el cinturón, la trama sigue su curso, tejiendo una red de favores y contratos que huelen a podrido. Y la pregunta que queda en el aire es: ¿Cuántos millones de euros se han esfumado en este juego de tronos?
La jugada sale a la luz justo ahora: mientras la lista de la compra se dispara, el Gobierno decide cambiar la jueza de enlace con Francia y Suiza. ¿Casualidad? No, si el ex-presidente Zapatero está en el ojo del huracán por el 'caso Plus Ultra'. Una investigación que, irónicamente, necesita precisamente esa cooperación judicial internacional para desenmascarar movimientos de 53 millones de euros rescatados por la SEPI y supuestamente blanqueados con dinero venezolano. Félix Bolaños, el ministro de Justicia, parece estar jugando al escondite con los plazos: nombran a una jueza en 2024, la despiden en 2026 sin explicaciones y, de paso, cambian de opinión sobre la eficiencia de agrupar las plazas francesa y suiza. Antes decían que era “la mejor opción”, ahora… silencio. El PP huele la improvisación a kilómetros y clama contra la “gestión caótica”. ¿Por qué tanta prisa por cambiar de jueza justo cuando la Fiscalía Anticorrupción, en colaboración con Francia y Suiza, investiga si Zapatero dirigió una organización criminal para lavar dinero? La pregunta queda flotando, como una factura de la luz en agosto. No es solo un asunto de plazas judiciales, es un sablazo a la credibilidad, una señal de que alguien quiere mover los hilos antes de que la madeja se deshaga del todo. Y, claro, la transparencia se ha ido de vacaciones.
La ironía, señores, tiene el color del óxido. What the Fav, la agencia de marketing digital fundada por las hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez, parecía haber tirado la toalla en diciembre de 2025, justo cuando el caso Plus Ultra comenzaba a freír los circuitos mediáticos. Un repliegue estratégico, le llamaron. Más bien, un chapuzón exprés en el silencio digital. Pero la red, como los fantasmas, siempre vuelve. Y la cuenta de X (antes Twitter) de la empresa, en lugar de apagarse para siempre, ha resucitado como un megáfono 'antisocialista'. ¿Quién controla ahora el timón de ese perfil? Un tercero, un okupa digital, que ha decidido usar el legado de la familia Zapatero para lanzar dardos envenenados contra el Gobierno de Sánchez y el PSOE. Cada día, reproches a la política económica, amplificación de las denuncias fiscales y recordatorios constantes del citado caso Plus Ultra. Un giro de 180 grados que, por supuesto, no ha pasado desapercibido. Imaginen la escena: la misma agencia que, en teoría, debería vender 'posicionamiento de marca' a otros, se ha posicionado a sí misma como el azote del sanchismo. La cosa es aún más surrealista si echamos un vistazo a su Instagram: apenas ocho publicaciones antes de congelar la actividad. Ocho. Para una empresa de comunicación digital, es como un panadero sin harina. La cuenta de X, ahora convertida en un centro de operaciones 'antisocialista', parece burlarse de la inactividad de la agencia. Mientras tanto, el silencio de Laura y Alba Rodríguez es ensordecedor. ¿Ignorancia? ¿Indiferencia? ¿O simplemente una estrategia retorcida que solo ellos entienden? Lo que está claro es que, en el mundo digital, la historia nunca está escrita en piedra… ni siquiera si la firma es la de una familia con un pasado político importante.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno español, ha convertido su viaje oficial a China en un viral involuntario. No por acuerdos comerciales, ni por la IV Cumbre Global de Promoción del Comercio y la Inversión 2026, sino por una muleta con doble personalidad. Un vídeo de la agencia EFE, imágenes oficiales sin trampas, muestra a la líder de Sumar alternando el uso de la muleta entre el brazo derecho y el izquierdo, como si el tobillo sufriera una crisis de identidad. El 12 de mayo, un esguince por una caída, según el parte médico, la obligó a replantear su agenda. Pero las redes sociales, ese gran confesionario de la verdad y la mentira, han convertido el tema en un festival de teorías conspirativas. ¿Esguince fijo discontinuo? ¿Tobillo inclusivo y resiliente? ¿Ambidiestra con tacones? La realidad es que, mientras el país debate sobre la estabilidad económica y el futuro del empleo, el 'caso muleta' se ha convertido en el chismorreo del momento. La atención se desvía, como siempre, hacia lo pintoresco, dejando en un segundo plano los verdaderos problemas. Y mientras tanto, la factura de la visita a China, con sus comidas, hoteles y reuniones, se infla como un globo aerostático. Una muleta que cambia de lado, una distracción barata en tiempos de esguinces colectivos.
Pedro Sánchez y su equipo, campeones olímpicos en el arte de la promesa incumplida. Las 200.000 viviendas que debían ser el oasis en el desierto de la angustia residencial, se han evaporado como un suspiro. Cero llaves entregadas, cero familias felices, solo la foto de rigor con el ministro de turno. La propaganda, señores, es la nueva política pública. Ahora, ante la evidencia de su incapacidad, el Gobierno decide tirar de la billetera y soltar 7.000 millones de euros a las comunidades autónomas. Un gesto generoso, sin duda… si antes hubieran preguntado a las comunidades qué demonios necesitan. Imaginen la escena: repartir dinero a ciegas, como si fuera confeti en una boda. La asfixia urbanística, la maraña de licencias, los recursos judiciales… detalles irrelevantes. La realidad es tozuda: un hogar español dedica casi el 40% de su sueldo al alquiler. En Barcelona, la cosa se pone seria, llegando al 46%. Prácticamente la mitad del salario, volatilizado antes de pagar la luz o la comida. Seis años de intervencionismo, Ley de Vivienda, topes y zonas tensionadas, y el resultado es que la vivienda es más escasa y más cara. No es mala suerte, es física, pura y dura. Para rematar la faena, Pablo Bustinduy, en una muestra de brillantez estratégica, multa a Alquiler Seguro, una empresa que precisamente intenta dar algo de cordura al mercado. La lógica es implacable: si el problema es la falta de oferta, ataquemos a quienes la ofrecen. Más propietarios retirando pisos, más jóvenes compartiendo habitación a los treinta. En resumen, España no tiene un problema de vivienda, tiene un problema de Gobierno. Uno que prefiere la subvención a la liberalización, el anuncio a la construcción y la multa a la comprensión. La factura, como siempre, la pagamos los ciudadanos, y el recibo llegará, inevitablemente, en las urnas.
El chiste privado de dos ex-presidentes, lo que empezó como un comentario socarrón en un evento de Vocento en 2017, ha acabado oliendo a gasolina y a rescate aéreo. Aznar, con la perspicacia de quien sabe algo que los demás ignoran, soltó a Zapatero, mientras éste se levantaba a marcharse: “¿Te vas a Venezuela?”. Una pregunta que, en aquel momento, provocó risas nerviosas y miradas esquivas (la de Felipe González, un clásico en el arte de no opinar). Ahora, con Zapatero imputado por delitos de organización criminal y falsedad documental en el caso Plus Ultra, y con 53 millones de euros de los contribuyentes volatilizados como humo, el chiste tiene un sabor amargo. El rescate a Plus Ultra, una aerolínea que parecía más muerta que viva, se convirtió en un agujero negro financiero. Mientras las familias recortan en gastos básicos, el Gobierno de Pedro Sánchez, bajo la lupa, inyectó esa cantidad estratosférica para mantener a flote una empresa con más deudas que pasajeros. Y Zapatero, precisamente él, tenía billete de ida y vuelta a Caracas. Un viaje cancelado, curiosamente, justo el día de su imputación. ¿Casualidad? La UDEF, al parecer, no cree en las coincidencias. El ex-presidente socialista, con una agenda repleta de viajes a Venezuela como supuesto mediador (más bien, como un invitado de honor del régimen chavista), tenía un plan: volar a Santo Domingo y de ahí, en un jet privado, directo a Caracas. Un desplante que dejó esperando a un pasaje entero, mientras los agentes de policía le entregaban la citación en su mansión de Puerta del Hierro. Aznar, mientras tanto, se limita a repetir el mantra de la independencia judicial. Un silencio elocuente, digno de un maestro del suspense. El caso Plus Ultra es un caldo de cultivo para las suspicacias y una radiografía del 'establishment' político y económico español. La broma, al final, se la han jugado a los ciudadanos.
Comentarios