La noticia es un claro ejemplo de cómo la política interfiere en la justicia. Falta el testimonio de la jueza afectada y una investigación más profunda sobre los posibles motivos ocultos del cambio. El titular, aunque llamativo, simplifica demasiado la complejidad del asunto.
El Ministerio de Transportes, señores, parece el huerto privado de un ex presidente. No hablamos de plantar lechugas, sino de sembrar cargos afines para cosechar contratos jugosos. El sumario, según fuentes cercanas a la investigación del magistrado Calama, dibuja una red tejida por José Luis Rodríguez Zapatero y su lugarteniente, Óscar Puente. ¿La estrategia? Colocar a ‘supervivientes’ de anteriores legislaturas, gente de confianza, en puestos clave. No es una simple ‘infiltración’, es una operación de ingeniería financiera donde cada puesto viene con un contrato de obra pública debajo del brazo. La cosa no es nueva: ya en la época de José Blanco, se gestaba este ‘equilibrio de poder’. Pero Puente, al parecer, ha refinado la técnica, ‘limpiando’ rastros de Ábalos y recomponiendo el tablero a su favor. Nombres como Benito Núñez Quintanilla, asesor de Elena Salgado, o Raúl Míguez, jefe de gabinete de Isabel Pardo de Vera (también imputada), son piezas clave. Y no nos olvidemos del ‘núcleo de confianza’ de Puente: Belén Villar, Belén Roel, Pilar Suárez, Juan Pedro Fernández Palomino y Jesús Miguel Fumanal, quienes controlan hasta la última coma de los contratos ministeriales. El presupuesto de Transportes, el más abultado de la Administración, ha sido el campo de batalla. Una auditoría controvertida, encargada por Puente y cuestionada en el ‘caso Mascarillas’, es solo la punta del iceberg. La ‘ministra en la sombra’, Encarnación Sandonís, parece dirigir la orquesta con mano de hierro. Al final, señores, mientras el ciudadano aprieta el cinturón, la trama sigue su curso, tejiendo una red de favores y contratos que huelen a podrido. Y la pregunta que queda en el aire es: ¿Cuántos millones de euros se han esfumado en este juego de tronos?
El 5 de julio de 2019, mientras el mundo veía un desfile militar en Venezuela, la realidad era otra: soldados cargando cajas CLAP, un salvavidas lanzado a un país hundido en la miseria. No eran fusiles, sino promesas vacías empaquetadas en cartón. Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y el clan bolivariano vieron en el hambre ajena una oportunidad de negocio. Una vergüenza, vamos. La hiperinflación, del 9.500% en 2019, convirtió el café en achicoria y las manzanas en un recuerdo lejano. Mientras tanto, el régimen, con un historial de violencia que supera los 250 muertos desde 2013, creaba en 2016 las CLAP: una docena de productos básicos para comprar lealtad y silenciar protestas. Harina, arroz, pasta, aceite… un espejismo de abundancia. El truco estaba en el precio. El Estado pagaba una fortuna por cada caja, y la diferencia se evaporaba en cuentas de Dubái, supuestamente gestionadas por instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero. Landside Dubai Fzco, una empresa bajo investigación, es el epicentro de este agujero contable. Alex Saab, el testaferro de Maduro, movía más de 200 millones de dólares en alimentos a través de la firma mexicana Group Grand Limited. Y todo vigilado por los “Comités Políticos”, versiones modernas de los temidos “punteros” que controlan el voto a cambio de favores. La ONU denunció el chantaje clientelar y la pésima calidad de las CLAP. Hoy, las cajas han desaparecido, sustituidas por bolsas transparentes, pero la miseria sigue siendo la misma. Cuestan 930 bolívares (poco más de un euro y medio), una fortuna para quienes no tienen ni para respirar. Un negocio redondo basado en el hambre, con el aroma de la hipocresía y la corrupción.
La ironía, señores, tiene el color del óxido. What the Fav, la agencia de marketing digital fundada por las hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez, parecía haber tirado la toalla en diciembre de 2025, justo cuando el caso Plus Ultra comenzaba a freír los circuitos mediáticos. Un repliegue estratégico, le llamaron. Más bien, un chapuzón exprés en el silencio digital. Pero la red, como los fantasmas, siempre vuelve. Y la cuenta de X (antes Twitter) de la empresa, en lugar de apagarse para siempre, ha resucitado como un megáfono 'antisocialista'. ¿Quién controla ahora el timón de ese perfil? Un tercero, un okupa digital, que ha decidido usar el legado de la familia Zapatero para lanzar dardos envenenados contra el Gobierno de Sánchez y el PSOE. Cada día, reproches a la política económica, amplificación de las denuncias fiscales y recordatorios constantes del citado caso Plus Ultra. Un giro de 180 grados que, por supuesto, no ha pasado desapercibido. Imaginen la escena: la misma agencia que, en teoría, debería vender 'posicionamiento de marca' a otros, se ha posicionado a sí misma como el azote del sanchismo. La cosa es aún más surrealista si echamos un vistazo a su Instagram: apenas ocho publicaciones antes de congelar la actividad. Ocho. Para una empresa de comunicación digital, es como un panadero sin harina. La cuenta de X, ahora convertida en un centro de operaciones 'antisocialista', parece burlarse de la inactividad de la agencia. Mientras tanto, el silencio de Laura y Alba Rodríguez es ensordecedor. ¿Ignorancia? ¿Indiferencia? ¿O simplemente una estrategia retorcida que solo ellos entienden? Lo que está claro es que, en el mundo digital, la historia nunca está escrita en piedra… ni siquiera si la firma es la de una familia con un pasado político importante.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno español, ha convertido su viaje oficial a China en un viral involuntario. No por acuerdos comerciales, ni por la IV Cumbre Global de Promoción del Comercio y la Inversión 2026, sino por una muleta con doble personalidad. Un vídeo de la agencia EFE, imágenes oficiales sin trampas, muestra a la líder de Sumar alternando el uso de la muleta entre el brazo derecho y el izquierdo, como si el tobillo sufriera una crisis de identidad. El 12 de mayo, un esguince por una caída, según el parte médico, la obligó a replantear su agenda. Pero las redes sociales, ese gran confesionario de la verdad y la mentira, han convertido el tema en un festival de teorías conspirativas. ¿Esguince fijo discontinuo? ¿Tobillo inclusivo y resiliente? ¿Ambidiestra con tacones? La realidad es que, mientras el país debate sobre la estabilidad económica y el futuro del empleo, el 'caso muleta' se ha convertido en el chismorreo del momento. La atención se desvía, como siempre, hacia lo pintoresco, dejando en un segundo plano los verdaderos problemas. Y mientras tanto, la factura de la visita a China, con sus comidas, hoteles y reuniones, se infla como un globo aerostático. Una muleta que cambia de lado, una distracción barata en tiempos de esguinces colectivos.
Pedro Sánchez y su equipo, campeones olímpicos en el arte de la promesa incumplida. Las 200.000 viviendas que debían ser el oasis en el desierto de la angustia residencial, se han evaporado como un suspiro. Cero llaves entregadas, cero familias felices, solo la foto de rigor con el ministro de turno. La propaganda, señores, es la nueva política pública. Ahora, ante la evidencia de su incapacidad, el Gobierno decide tirar de la billetera y soltar 7.000 millones de euros a las comunidades autónomas. Un gesto generoso, sin duda… si antes hubieran preguntado a las comunidades qué demonios necesitan. Imaginen la escena: repartir dinero a ciegas, como si fuera confeti en una boda. La asfixia urbanística, la maraña de licencias, los recursos judiciales… detalles irrelevantes. La realidad es tozuda: un hogar español dedica casi el 40% de su sueldo al alquiler. En Barcelona, la cosa se pone seria, llegando al 46%. Prácticamente la mitad del salario, volatilizado antes de pagar la luz o la comida. Seis años de intervencionismo, Ley de Vivienda, topes y zonas tensionadas, y el resultado es que la vivienda es más escasa y más cara. No es mala suerte, es física, pura y dura. Para rematar la faena, Pablo Bustinduy, en una muestra de brillantez estratégica, multa a Alquiler Seguro, una empresa que precisamente intenta dar algo de cordura al mercado. La lógica es implacable: si el problema es la falta de oferta, ataquemos a quienes la ofrecen. Más propietarios retirando pisos, más jóvenes compartiendo habitación a los treinta. En resumen, España no tiene un problema de vivienda, tiene un problema de Gobierno. Uno que prefiere la subvención a la liberalización, el anuncio a la construcción y la multa a la comprensión. La factura, como siempre, la pagamos los ciudadanos, y el recibo llegará, inevitablemente, en las urnas.
El chiste privado de dos ex-presidentes, lo que empezó como un comentario socarrón en un evento de Vocento en 2017, ha acabado oliendo a gasolina y a rescate aéreo. Aznar, con la perspicacia de quien sabe algo que los demás ignoran, soltó a Zapatero, mientras éste se levantaba a marcharse: “¿Te vas a Venezuela?”. Una pregunta que, en aquel momento, provocó risas nerviosas y miradas esquivas (la de Felipe González, un clásico en el arte de no opinar). Ahora, con Zapatero imputado por delitos de organización criminal y falsedad documental en el caso Plus Ultra, y con 53 millones de euros de los contribuyentes volatilizados como humo, el chiste tiene un sabor amargo. El rescate a Plus Ultra, una aerolínea que parecía más muerta que viva, se convirtió en un agujero negro financiero. Mientras las familias recortan en gastos básicos, el Gobierno de Pedro Sánchez, bajo la lupa, inyectó esa cantidad estratosférica para mantener a flote una empresa con más deudas que pasajeros. Y Zapatero, precisamente él, tenía billete de ida y vuelta a Caracas. Un viaje cancelado, curiosamente, justo el día de su imputación. ¿Casualidad? La UDEF, al parecer, no cree en las coincidencias. El ex-presidente socialista, con una agenda repleta de viajes a Venezuela como supuesto mediador (más bien, como un invitado de honor del régimen chavista), tenía un plan: volar a Santo Domingo y de ahí, en un jet privado, directo a Caracas. Un desplante que dejó esperando a un pasaje entero, mientras los agentes de policía le entregaban la citación en su mansión de Puerta del Hierro. Aznar, mientras tanto, se limita a repetir el mantra de la independencia judicial. Un silencio elocuente, digno de un maestro del suspense. El caso Plus Ultra es un caldo de cultivo para las suspicacias y una radiografía del 'establishment' político y económico español. La broma, al final, se la han jugado a los ciudadanos.
Mientras tú y yo estamos mirando los precios en el súper, pensando si tirar de tarjeta o no, al expresidente Zapatero le han puesto el freno a las cuentas. No un candado total, ojo, que esto no es el Oeste. Sino un 'pellizquito' de 490.780 euros. Una cifra que, para algunos, es una bicoca, y para otros, el primer aviso. El juez Calama, ese que parece que no se anda con chiquitas, ha decidido que mientras tanto se aclara el entuerto de Plus Ultra, mejor tener ese dinero 'dormidito'. Plus Ultra… suena a aerolínea de lujo, pero aquí estamos hablando de tráfico de influencias, organización criminal y, para colmo, falsedad documental. Un cocktail explosivo que ha salpicado al expresidente, al que el juez Calama describe como el cerebro de una red que movía hilos para conseguir beneficios económicos. O sea, que no era solo una cena de amigos, era un negocio con facturas y 'ingeniería financiera' para disfrazar la jugada. Que alguien le explique al ciudadano de a pie cómo se pasa de gobernar un país a ser el presunto líder de una trama turbia. La ironía, amigos, es que el auto judicial detalla cómo Zapatero, con su 'capacidad de dirección', repartía hasta los archivos Excel con los clientes de Análisis Relevante. ¡Excel! La herramienta del oficinista se convierte en la prueba reina de una presunta trama. La cosa se pone seria. Zapatero deberá dar explicaciones el 2 de junio. Y no serán fáciles. Porque, según el juez, no era un 'mandao' directo, sino una 'supervisión' discreta, la de un jefe que prefiere que otros se manchen las manos. Un director de orquesta, vaya. Y mientras tanto, la Audiencia Nacional investiga a otras mercantiles implicadas en el asunto, porque claro, en estas cosas nunca se va solo. El caso promete dar muchas más vueltas de tuerca. Y nosotros, los de a pie, a ver si esta vez la justicia funciona como un reloj suizo, y no como un cuckoo averiado.
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