La noticia, aunque completa, carece de contexto sobre la empresa Análisis Relevante. El titular, aunque llamativo, podría considerarse sensacionalista al centrarse únicamente en el bloqueo de cuentas sin profundizar en la gravedad de las acusaciones.
El chiste privado de dos ex-presidentes, lo que empezó como un comentario socarrón en un evento de Vocento en 2017, ha acabado oliendo a gasolina y a rescate aéreo. Aznar, con la perspicacia de quien sabe algo que los demás ignoran, soltó a Zapatero, mientras éste se levantaba a marcharse: “¿Te vas a Venezuela?”. Una pregunta que, en aquel momento, provocó risas nerviosas y miradas esquivas (la de Felipe González, un clásico en el arte de no opinar). Ahora, con Zapatero imputado por delitos de organización criminal y falsedad documental en el caso Plus Ultra, y con 53 millones de euros de los contribuyentes volatilizados como humo, el chiste tiene un sabor amargo. El rescate a Plus Ultra, una aerolínea que parecía más muerta que viva, se convirtió en un agujero negro financiero. Mientras las familias recortan en gastos básicos, el Gobierno de Pedro Sánchez, bajo la lupa, inyectó esa cantidad estratosférica para mantener a flote una empresa con más deudas que pasajeros. Y Zapatero, precisamente él, tenía billete de ida y vuelta a Caracas. Un viaje cancelado, curiosamente, justo el día de su imputación. ¿Casualidad? La UDEF, al parecer, no cree en las coincidencias. El ex-presidente socialista, con una agenda repleta de viajes a Venezuela como supuesto mediador (más bien, como un invitado de honor del régimen chavista), tenía un plan: volar a Santo Domingo y de ahí, en un jet privado, directo a Caracas. Un desplante que dejó esperando a un pasaje entero, mientras los agentes de policía le entregaban la citación en su mansión de Puerta del Hierro. Aznar, mientras tanto, se limita a repetir el mantra de la independencia judicial. Un silencio elocuente, digno de un maestro del suspense. El caso Plus Ultra es un caldo de cultivo para las suspicacias y una radiografía del 'establishment' político y económico español. La broma, al final, se la han jugado a los ciudadanos.
La televisión pública, ese pozo sin fondo donde el dinero de todos se evapora en programas de dudosa utilidad, ha decidido redecorar su sala de estar. Y no con un simple cambio de cortinas, no. Han fulminado a Loles León, con su 'Zero Dramas' -que, irónicamente, parecía el único drama ser la falta de audiencia-, para darle las llaves a Mercedes Milá. ¿El motivo? Aparentemente, los 2,7% de 'share' de Loles no eran suficientes para mantener a flote un programa que, según argumentan, usaban para 'contraprogramar' a un ex-compañero. ¡Como si la competencia fuera el problema y no la programación! Pero aquí, queridos televidentes, entramos en el terreno de la 'ingeniería financiera' televisiva. La Milá, recordaremos, salió a defender a José Luis Rodríguez Zapatero en 'La Revuelta' con un fervor que rozó lo religioso. Y, como en la España de siempre, defender a los poderosos tiene su premio. El programa de Milá, un 'jardín' de entrevistas con personajes como Sor Lucía Caram y Miguel Ángel Revilla (¡menudo aquelarre!), precederá a otro nuevo formato, esta vez de 'salseo' puro y duro, capitaneado por Nuria Marín, ex-concursante de 'Sálvame'. Es decir, de la reflexión a la hemeroteca rosa en cuestión de segundos. ¿Les suena familiar? Pues recuerden que el programa de Loles, a pesar de su paupérrimo 2,7%, llegó a abordar temas como la pornografía y los 'swingers', un atrevimiento que quizá incomodó a ciertos estamentos. Mientras tanto, la Milá, en 'La Revuelta', se descolgaba con un “¿Qué te parece el montaje? Yo no me creo ni una palabra de lo de Zapatero”, demostrando una lealtad que, evidentemente, no ha pasado desapercibida. Todo esto, mientras el ciudadano de a pie intenta cuadrar las cuentas al final del mes. El dato: 255.333 espectadores, la audiencia media de 'Zero Dramas'. Una cifra que, para TVE, parece ser un fracaso monumental. Pero, claro, a veces el fracaso de unos es el éxito de otros... especialmente si esos otros tienen buenos contactos.
El Gobierno, con la soltura de quien intenta esconder la paja en su ojo, lanza una “Agencia Independiente” contra la corrupción. Independiente, sí, a condición de que le hagan caso y le pidan permiso. El CGPJ, con la paciencia de Job y la diplomacia de un torero frente a un ternero, señala que esto no es más que una forma de que el Ejecutivo se arrogue competencias que solo le corresponden a los jueces. Estamos hablando de una ley que, en teoría, busca erradicar el fraude y la corrupción. En la práctica, parece más un intento de control remoto del sistema judicial. El presidente de la Agencia, elegido a dedo por el Ministerio de Hacienda, será refrendado por el Congreso con una simple mayoría. ¿Una mayoría simple para controlar la lucha contra la corrupción? ¡Pero si para cambiar el color de las cortinas en el Congreso hacen falta pactos de estado! La agencia, con un presupuesto que seguramente superará el PIB de algún país pequeño, tendrá la misión de investigar, sancionar y, sobre todo, supervisar. Supervisar, como si los jueces fueran niños pequeños que necesitan que alguien les diga qué hacer. El CGPJ, con razón, teme que esta agencia termine interfiriendo en investigaciones en curso, creando un caos legal digno de película de Berlanga. Imaginen la escena: la Agencia investigando un caso de corrupción, mientras el juez, con las manos atadas, observa impotente. El caso es que, mientras el Gobierno presume de “tolerancia cero” contra la corrupción, el CGPJ advierte que esta ley podría ser un agujero negro para la independencia judicial. Y no olvidemos el contexto: el escándalo de Santos Cerdán, las dudas sobre el rescate de Air Europa y la sombra de Begoña Gómez. ¿Casualidad? No lo creo. Todo esto, mientras los ciudadanos, para variar, siguen pagando la factura. 2 millones de euros, la inversión inicial, para una agencia que promete mucho y cumple poco. Lo cual, dicho sea de paso, es la definición perfecta de la política moderna. El Gobierno acumula competencias de organismos ya existentes (Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, Autoridad Independiente de Protección del Informante, Oficina de Conflictos de Intereses) que, hasta ahora, han demostrado ser más una fachada que una herramienta eficaz. ¿Será esta la agencia definitiva? Difícil de creer. Más bien parece un intento de centralizar el control y, de paso, tapar algunas manchas en el expediente.
Hay una regla no escrita en el manual del político español: si vas a cobrar comisiones bajo la mesa, que al menos no se note en el ladrillo. Pero los Zapatero han decidido saltársela con la alegría de quien paga con tarjeta de crédito ajena. Mientras los españoles hacen malabares para pagar la hipoteca, la familia del expresidente ha ido acumulando propiedades por valor de casi dos millones de euros, la misma cifra que la UDEF sitúa en el debe de las presuntas mordidas. Casualidad o ingeniería financiera, el caso es que el juez Calama ya ha puesto fecha: 2 de junio, cita con el banquillo. El auto es un manual de instrucciones para entender cómo se mueve el dinero en la trastienda del poder. Según la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ingresó 1.936.560 euros a través de una red orquestada por la consultora Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez, al que los investigadores llaman testaferro. Ese dinero llegó de tres fuentes: Plus Ultra, Gate Center y Thinking Heads. La aerolínea rescatada con 53 millones del erario público durante la pandemia, la misma que luego pagó un 1% de comisión que acabó en una sociedad offshore en Dubái. Sí, Dubái, ese paraíso fiscal donde el sol nunca se pone sobre las cuentas opacas. Ahora viene lo divertido: la familia Zapatero ha empleado exactamente esa cantidad en comprar cuatro viviendas en zonas de postín de Madrid. En 2018, cuando el patriarca se reunía con Nicolás Maduro para desbloquear 200 millones de Globalia, ejercía el derecho a compra del chalé de Valdemarín (Pozuelo) por 800.000 euros. Una casa con ascensor privado, gimnasio y jardín japonés. Nada que ver con el barrio obrero de su juventud. Luego, en 2024, su hija Laura se compró un piso en la Dehesa de la Villa por 300.000 euros, con hipoteca de 184.000. Ese mismo año, la familia adquirió un chalé en Puerta de Hierro (318 metros cuadrados) que planean reformar. Y en 2025, la hija menor, Alba, se sumó al festival inmobiliario con un piso en Valdezarza por otros 300.000 euros, aportando 60.000 de entrada. Todo mientras el expresidente vive de alquiler en Las Rozas, esperando a que terminen las obras de su nueva mansión. Pero no olvidemos las propiedades anteriores: en 2007, siendo presidente, compró un chalé en Vera (Almería) que ahora está en el foco porque allí se fundó una de las empresas que cobró de Plus Ultra. Y en 2017, fuera del radar de las gestiones de lobby, la familia desembolsó 1,2 millones por una villa frente a la playa de Famara, en Lanzarote. Total: más de 2,6 millones en ladrillo, sin contar las reformas. La pregunta es: ¿de dónde sale el dinero si el sueldo de expresidente son 70.000 euros anuales? Zapatero lo ha explicado: conferencias, asesorías. Pero la UDEF sospecha que esas conferencias se facturaban en el garaje del chalé de Valdemarín, y que las asesorías eran en realidad gestiones para cobrar comisiones. El juez Calama sostiene que hay indicios de tráfico de influencias y blanqueo. La red habría actuado entre 2019 y 2024, con el rescate de Plus Ultra como joya de la corona. Zapatero, en un vídeo, lo niega todo: jamás hizo gestiones, jamás tuvo sociedades. Pero los papeles dicen otra cosa: sociedades offshore, testaferros, pagos canalizados a través de la agencia de sus hijas, Whathefav. La ironía es que mientras el expresidente defiende su inocencia, las propiedades siguen sumando metros cuadrados. Al final, lo que la Justicia tendrá que dilucidar es si los Zapatero compraron esos pisos con el sudor de su frente o con el rescate de una aerolínea que nunca debió ser rescatada.
El accidente de Adamuz lleva un mes en pausa, pero no por falta de pruebas, sino por un juego de tronos judicial donde la imparcialidad se negocia como un favor político. Mientras 46 familias siguen esperando respuestas, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se rasca la cabeza: tiene laboratorios, tiene tramos de vía, tiene soldaduras sospechosas... pero no tiene peritos. ¿El problema? Dos de los tres designados por el juzgado de Montoro fueron recusados por una acusación particular que parece haber confundido 'imparcialidad' con 'perfección de santos'. El teatro judicial comenzó el 20 de abril, cuando la juez designó a los tres peritos. Diez días después, aceptaron el cargo. Pero entonces, alguien recordó que uno de ellos era socio director de 'Soluciones Globales Gestor de Proyectos', una empresa que, entre otras cosas, certificó obras de Ferrovial y AZVI en el ramal ferroviario de Cádiz —sí, el mismo que reformó el tramo de Adamuz ochos meses antes del accidente. La acusación particular olfateó conflicto de intereses y recurrió al manual del 'si no eres virgen, no sirves'. El segundo perito, en cambio, fue recusado por trabajar en una obra de Adif en Albacete, como si el hecho de que el Estado pague infraestructuras fuera un delito mayor que la negligencia que ya costó 46 vidas. Los peritos, lejos de echarse a temblar, se plantaron. Negaron cualquier relación con Ferrovial o Adif, aunque uno admitió que su vinculación con AZVI fue 'tangencial' en un proyecto de aguas residuales (la EDAR de La Carlota) donde, casualmente, la empresa ya estaba adjudicada. ¿Tangencial? Suena a como decir que tu vecino es 'un conocido lejano' cuando te ha prestado dinero para pagar el IBI. Pero el juzgado, en lugar de profundizar, parece haber aceptado el guion: si los peritos dicen que no hay conflicto, el conflicto desaparece. Magia judicial. Mientras tanto, la CIAF se pudre en su propia burocracia. Tiene laboratorios seleccionados para analizar la vía y las soldaduras —las mismas que, según sospechas, provocaron el siniestro— pero sin peritos, ni siquiera sabe cuándo podrán empezar. Un mes perdido. Un mes en el que el dinero público sigue fluyendo (¿para qué? ¿para pagar abogados que recusen peritos o para investigar de verdad?), mientras las familias de las víctimas miran el reloj como si fuera un reloj de arena en un desierto sin oasis. La paradoja es obscena: se recusó a expertos por tener vínculos lejanos con empresas que trabajaron en infraestructuras ferroviarias, pero nadie parece preocuparse por investigar si esas mismas infraestructuras —reformadas por UTEs con Ferrovial y AZVI— cumplían los estándares de seguridad. ¿Dónde está el conflicto real? Quizás en que, cuando el Estado gasta millones en adjudicar obras y luego otros millones en investigar accidentes, lo último que quiere es que salgan a la luz negligencias que huelan a sablazo institucional. La investigación se alarga 'varios meses más', advierten fuentes. Pero nadie dice si será por falta de peritos, por falta de voluntad política o porque, al final, lo importante no es encontrar culpables, sino cerrar el caso antes de que el olvido —ese gran aliado de los poderes fácticos— haga el resto. Mientras, en Adamuz, las familias siguen esperando. Y el tren, quieto en la vía, ya ni siquiera es metáfora.
El Gobierno derrama 340 millones en una desaladora marroquí mientras nos ahogamos en sequía. No es un error de cálculo, es una declaración de intenciones. Mientras Acciona construye en Casablanca la mayor planta desaladora de África —300 millones de metros cúbicos anuales, o lo que es lo mismo, el agua equivalente a 120.000 piscinas olímpicas al año—, los embalses de Almería se pudren al 12,05% de su capacidad. ¿Casualidad? Ni de coña. El Ejecutivo de Pedro Sánchez financia este splash internacional con tres herramientas públicas: 250 millones del FIEM (el fondo de los sueños corporativos), 70 millones asegurados por CESCE (que cubrirá el 80% del riesgo, porque claro, si algo sale mal, el Estado español asume), y 31 millones del FIEX de COFIDES (el crowdfunding de los contribuyentes para que las empresas españolas se forren en el extranjero). 340 millones, redondos como un cheque sin firmar. Mientras, en el sureste, el trasvase Tajo-Segura —el grifo que mantiene viva la huerta de Europa— sufre un recorte que dejará a los regantes con la mitad del agua. Mitad. Como si alguien hubiera partido por la mitad la factura del agua en tu casa, pero en lugar de protestar, te dijeran: «Es por el cambio climático, ya verás qué bien queda la desaladora en Casablanca». Amparo López Senovilla, secretaria de Estado de Comercio, posó en la ceremonia de la desaladora marroquí con la sonrisa de quien acaba de cerrar un trato redondo. Mientras, en Orihuela, Miguel Barrachina, conseller de Agricultura valenciano, escupía veneno: «Incoherencia y agravio». No es un insulto al azar. Es la traducción literal de lo que ven los agricultores cuando ven cómo el Gobierno prioriza un proyecto en un país con sus propias autopistas del agua y planes hídricos hasta 2050, mientras aquí los embalses de Murcia están al 35,14% y los de Alicante, al 50,79% (sí, la mitad, como el agua que les queda a los regantes). Lucas Jiménez, presidente del SCRATS, lo llamó «traición de primer nivel». Y tiene razón. Porque el Gobierno no solo recorta el trasvase, sino que exporta agua en forma de tecnología y dinero público a un competidor directo en mercados como el agroalimentario. Marruecos, por cierto, ya tiene sus propias desaladoras y planes de interconexión de cuencas. ¿Necesitaba España financiarles otra? Parece que el problema no era la sed marroquí, sino la oportunidad de que Acciona facturara y el Estado español se llevara el trofeo de la cooperación internacional. Pero hay más. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha (la región que cede el agua del Tajo), ha llevado al Gobierno al tribunal para que se cumplan los recortes que benefician a su comunidad, aunque eso signifique asfixiar a Murcia y Alicante. El Tribunal Supremo ya ha puesto un freno a la discrecionalidad de la Confederación Hidrográfica del Segura, pero el daño está hecho: el campo español se ahoga en una paradoja. Mientras España envía excedentes de agua a Portugal (sí, sobrante que no llega al sureste), el Gobierno destina 340 millones a un país que ya tiene solucionado el agua y, de paso, ahoga la economía de quienes hacen que España sea la despensa de Europa. La moraleja? El agua es un negocio, y en este tablero, los peones son los regantes. Mientras los políticos juegan al ajedrez hídrico, los agricultores pierden la partida. 340 millones en Marruecos, pero en Almería, Murcia y Alicante, el grifo gotea. Y no es sequía: es prioridad mal puesta.
El árabe se va, pero el tabaco sigue siendo rey. Mientras en Talayuela el 30% de la población es marroquí —y el pueblo entero depende de las manos que cosechan hojas de burley en los campos—, la Junta de Extremadura ha decidido que aprender la lengua de sus vecinos es un lujo prescindible. El vicepresidente Óscar Fernández no tiene dudas: ‘lo pactado se cumple a rajatabla’. Como si firmar un acuerdo con Vox fuera un contrato de alquiler y no un cheque en blanco para la desmemoria. 80 alumnos menos en clases de tarde, 110 sin refuerzo escolar. El Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), ese oasis de integración que lleva 22 años regando desde 2002, se desmonta sin miramientos. Y no es por falta de dinero: los profesores, pagados por Marruecos, siguen cobrando su sueldo desde Rabat, pero ahora sin aulas. Ironía del sistema: mientras el Estado extremeño gasta millones en luchar contra el fraude de empadronamientos (sí, Fernández denunció un ‘negocio espurio’ detrás de la inmigración), borra de un plumazo el programa que más ayuda a que esos mismos vecinos no terminen en la marginalidad. Dos colegios, una petición unánime: mantenerlo. El CEIP Gonzalo Encabo y el Juan Güell, junto a familias, AMPA y hasta el Ayuntamiento (gobernado, por cierto, por PP y Vox), pedían a gritos que se quedara. Pero en la política, cuando hay un pacto firmado con tinta indeleble, hasta el sentido común se convierte en un lujo. Septiembre de 2026 es la fecha oficial, aunque Fernández ya adelanta que ‘se aplicará desde ya’. Traducción: ‘nosotros mandamos, y si hay que saltarse plazos, se salta’. Talayuela, el pueblo donde el árabe es más útil que el español. Con 7.500 habitantes y medio de origen marroquí, este rincón de Extremadura es el laboratorio perfecto para entender la hipocresía del nacionalismo excluyente. ¿Problema? Que los marroquíes no solo cosechan tabaco, sino que también pagan impuestos, crían hijos en el sistema y, según los datos, no son un ‘negocio espurio’, sino la columna vertebral de una economía local que sin ellos se vendría abajo. Pero claro, cumplir un pacto con Vox pesa más que 190 niños aprendiendo a decir ‘shukran’ en vez de ‘gracias’. El detalle que nadie menciona: el PLACM no cuesta un euro a la Junta. Todo está subvencionado por Marruecos, como un trueque cultural que ahora se tira a la basura por principios ideológicos. Mientras, Extremadura sigue gastando fortunas en controlar empadronamientos —otra forma de decir ‘perseguir extranjeros’— cuando el verdadero fraude es priorizar la identidad sobre la convivencia. La moraleja en la calle: si en Talayuela el árabe se extingue, no será por falta de hablantes, sino por falta de voluntad política. Y eso, amigos, es el colmo del sablazo: borrar lo que funciona para cumplir con quien promete desmontarlo todo.
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