El artículo omite analizar por qué la acusación particular tiene tanto peso para recusar peritos sin pruebas contundentes de conflicto real, y elude preguntar si hay intereses ocultos en alargar la investigación. Además, el título original ('atascada') es inocuo: aquí el problema no es un atasco, sino un freno de mano puesto por quienes podrían salir perjudicados si se investiga a fondo.
El Gobierno derrama 340 millones en una desaladora marroquí mientras nos ahogamos en sequía. No es un error de cálculo, es una declaración de intenciones. Mientras Acciona construye en Casablanca la mayor planta desaladora de África —300 millones de metros cúbicos anuales, o lo que es lo mismo, el agua equivalente a 120.000 piscinas olímpicas al año—, los embalses de Almería se pudren al 12,05% de su capacidad. ¿Casualidad? Ni de coña. El Ejecutivo de Pedro Sánchez financia este splash internacional con tres herramientas públicas: 250 millones del FIEM (el fondo de los sueños corporativos), 70 millones asegurados por CESCE (que cubrirá el 80% del riesgo, porque claro, si algo sale mal, el Estado español asume), y 31 millones del FIEX de COFIDES (el crowdfunding de los contribuyentes para que las empresas españolas se forren en el extranjero). 340 millones, redondos como un cheque sin firmar. Mientras, en el sureste, el trasvase Tajo-Segura —el grifo que mantiene viva la huerta de Europa— sufre un recorte que dejará a los regantes con la mitad del agua. Mitad. Como si alguien hubiera partido por la mitad la factura del agua en tu casa, pero en lugar de protestar, te dijeran: «Es por el cambio climático, ya verás qué bien queda la desaladora en Casablanca». Amparo López Senovilla, secretaria de Estado de Comercio, posó en la ceremonia de la desaladora marroquí con la sonrisa de quien acaba de cerrar un trato redondo. Mientras, en Orihuela, Miguel Barrachina, conseller de Agricultura valenciano, escupía veneno: «Incoherencia y agravio». No es un insulto al azar. Es la traducción literal de lo que ven los agricultores cuando ven cómo el Gobierno prioriza un proyecto en un país con sus propias autopistas del agua y planes hídricos hasta 2050, mientras aquí los embalses de Murcia están al 35,14% y los de Alicante, al 50,79% (sí, la mitad, como el agua que les queda a los regantes). Lucas Jiménez, presidente del SCRATS, lo llamó «traición de primer nivel». Y tiene razón. Porque el Gobierno no solo recorta el trasvase, sino que exporta agua en forma de tecnología y dinero público a un competidor directo en mercados como el agroalimentario. Marruecos, por cierto, ya tiene sus propias desaladoras y planes de interconexión de cuencas. ¿Necesitaba España financiarles otra? Parece que el problema no era la sed marroquí, sino la oportunidad de que Acciona facturara y el Estado español se llevara el trofeo de la cooperación internacional. Pero hay más. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha (la región que cede el agua del Tajo), ha llevado al Gobierno al tribunal para que se cumplan los recortes que benefician a su comunidad, aunque eso signifique asfixiar a Murcia y Alicante. El Tribunal Supremo ya ha puesto un freno a la discrecionalidad de la Confederación Hidrográfica del Segura, pero el daño está hecho: el campo español se ahoga en una paradoja. Mientras España envía excedentes de agua a Portugal (sí, sobrante que no llega al sureste), el Gobierno destina 340 millones a un país que ya tiene solucionado el agua y, de paso, ahoga la economía de quienes hacen que España sea la despensa de Europa. La moraleja? El agua es un negocio, y en este tablero, los peones son los regantes. Mientras los políticos juegan al ajedrez hídrico, los agricultores pierden la partida. 340 millones en Marruecos, pero en Almería, Murcia y Alicante, el grifo gotea. Y no es sequía: es prioridad mal puesta.
El árabe se va, pero el tabaco sigue siendo rey. Mientras en Talayuela el 30% de la población es marroquí —y el pueblo entero depende de las manos que cosechan hojas de burley en los campos—, la Junta de Extremadura ha decidido que aprender la lengua de sus vecinos es un lujo prescindible. El vicepresidente Óscar Fernández no tiene dudas: ‘lo pactado se cumple a rajatabla’. Como si firmar un acuerdo con Vox fuera un contrato de alquiler y no un cheque en blanco para la desmemoria. 80 alumnos menos en clases de tarde, 110 sin refuerzo escolar. El Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), ese oasis de integración que lleva 22 años regando desde 2002, se desmonta sin miramientos. Y no es por falta de dinero: los profesores, pagados por Marruecos, siguen cobrando su sueldo desde Rabat, pero ahora sin aulas. Ironía del sistema: mientras el Estado extremeño gasta millones en luchar contra el fraude de empadronamientos (sí, Fernández denunció un ‘negocio espurio’ detrás de la inmigración), borra de un plumazo el programa que más ayuda a que esos mismos vecinos no terminen en la marginalidad. Dos colegios, una petición unánime: mantenerlo. El CEIP Gonzalo Encabo y el Juan Güell, junto a familias, AMPA y hasta el Ayuntamiento (gobernado, por cierto, por PP y Vox), pedían a gritos que se quedara. Pero en la política, cuando hay un pacto firmado con tinta indeleble, hasta el sentido común se convierte en un lujo. Septiembre de 2026 es la fecha oficial, aunque Fernández ya adelanta que ‘se aplicará desde ya’. Traducción: ‘nosotros mandamos, y si hay que saltarse plazos, se salta’. Talayuela, el pueblo donde el árabe es más útil que el español. Con 7.500 habitantes y medio de origen marroquí, este rincón de Extremadura es el laboratorio perfecto para entender la hipocresía del nacionalismo excluyente. ¿Problema? Que los marroquíes no solo cosechan tabaco, sino que también pagan impuestos, crían hijos en el sistema y, según los datos, no son un ‘negocio espurio’, sino la columna vertebral de una economía local que sin ellos se vendría abajo. Pero claro, cumplir un pacto con Vox pesa más que 190 niños aprendiendo a decir ‘shukran’ en vez de ‘gracias’. El detalle que nadie menciona: el PLACM no cuesta un euro a la Junta. Todo está subvencionado por Marruecos, como un trueque cultural que ahora se tira a la basura por principios ideológicos. Mientras, Extremadura sigue gastando fortunas en controlar empadronamientos —otra forma de decir ‘perseguir extranjeros’— cuando el verdadero fraude es priorizar la identidad sobre la convivencia. La moraleja en la calle: si en Talayuela el árabe se extingue, no será por falta de hablantes, sino por falta de voluntad política. Y eso, amigos, es el colmo del sablazo: borrar lo que funciona para cumplir con quien promete desmontarlo todo.
El rescate de Plus Ultra costó 53 millones... pero el sablazo más gordo se lo llevaron los Zapatero de casa. Mientras los contribuyentes pagábamos el rescate de la aerolínea con dinero público (53 millones de euros, para que no se nos olvide), las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero —Laura y Alba— se inflaron sus cuentas personales con 447.095 euros procedentes de Whathefav, una sociedad que, según el juez José Luis Calama, no hacía nada útil: solo maquilar informes que ya estaban hechos y redistribuir fondos como si fuera una lotería particular. El auto de la Audiencia Nacional deja claro que Whathefav era el centro de mando financiero de una trama de tráfico de influencias. Entre abril de 2021 y diciembre de 2025, la empresa —controlada por las hijas de Zapatero— recibió 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva y 239.755 euros de Análisis Relevante (otra sociedad del entorno, esta controlada formalmente por Julio Martínez Martínez, pero con Zapatero de director de orquesta). Mientras, las cuentas de Laura y Alba se llenaban: 247.191 euros para una y 199.904 para la otra, como si el dinero lloviera en forma de bonos por influencia. Pero hay más: el propio Zapatero aparecía como autorizado en sus cuentas bancarias, lo que, según el juez, refuerza la conexión operativa entre el expresidente y la red. ¿Para qué? Para justificar con contratos de consultoría y marketing (sí, como los de toda la vida, pero estos con cero actividad real) el flujo de dinero desde empresas como Plus Ultra, Softgestor o Grupo Aldesa, todas con intereses en el rescate público. El juez lo dice sin rodeos: Whathefav era un vehículo de lavado de imagen, no de informes. La paradoja: Mientras la justicia investiga si Zapatero usó su influencia para que Plus Ultra recibiera 53 millones, sus hijas se forraron con el dinero que, según la investigación, no provenía de un negocio legítimo, sino de una red de favores y pagos opacos. El juez Calama no lo dice, pero la pregunta flota en el aire: ¿Dónde está el dinero que falta? Porque si Whathefav no facturaba nada real, ¿de dónde salían esos 447.000 euros? La respuesta, según los correos internos analizados, está en la redistribución selectiva: informes hechos por Análisis Relevante → maquillados por Whathefav → cobrados por las hijas de Zapatero → parte a cuentas personales, parte a Gate Center (otra sociedad del entorno, vinculada a Daniel Romero-Abreu). El detalle que lo corona todo: El juez destaca que la vía de influencia ligada a Zapatero fue la que predominó para que Plus Ultra consiguiera el rescate. Es decir, mientras los directivos de la aerolínea movían hilos por un lado, el otro brazo de la trama —el de los Zapatero— se llevó la parte del león. Y todo con la complicidad de una sociedad que no hacía nada, pero que justificaba pagos millonarios con facturas de asesoramiento fantasma. La moraleja callejera: Si rescatar una aerolínea cuesta 53 millones, pero el dinero público acaba en cuentas personales de familiares de políticos, el problema no es el rescate... es el sistema que lo permite. Mientras, los contribuyentes seguimos pagando el menú del día: rescates con dinero público y comisiones privadas para quienes saben mover los hilos. Y lo peor es que esto no es un caso aislado, sino el manual de instrucciones de cómo funciona el negocio político en España. Datos duros que duelen: - 53 millones de euros: Rescate público de Plus Ultra. - 447.095 euros: Dinero opaco que terminó en cuentas de las hijas de Zapatero. - 247.191 y 199.904 euros: Cantidades exactas para Laura y Alba Rodríguez Espinosa. - Abril 2021 - Diciembre 2025: Plazo en el que se movieron los fondos. - Whathefav, Análisis Relevante, Inteligencia Prospectiva, Gate Center: Sociedades pantalla en la trama. - José Luis Calama: Juez que desmonta la estructura como un castillo de naipes financiero. - Plus Ultra, Softgestor, Grupo Aldesa: Empresas que pagaron por influencia, no por servicios. - 561.440 euros: Transferencia de Inteligencia Prospectiva a Whathefav (el pastel más grande). - Zapatero como autorizado en cuentas: La guinda del pastel que confirma la conexión directa.
El voto de los españoles en Venezuela viajó en el mismo avión que el rescate de Plus Ultra. Mientras el Estado tiraba 53 millones de euros a una aerolínea en apuros, una empresa vinculada a su red logística —Summerwind— se embolsaba 4.053,60 euros de Correos para gestionar el voto por correo de los residentes en Caracas. No era un capricho: era el menú del día de una estructura que, cinco años después, el juez Calama desmonta como un castillo de naipes financiero, con facturas ad hoc, testaferros y un ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el centro del huracán. Correos, con Juan Manuel Serrano al timón (y la mano de Pedro Sánchez de fondo), adjudicó el contrato a Summerwind GSA Cargo. La misma empresa que, según la Audiencia Nacional, actuó como sociedad instrumental en una trama de tráfico de influencias. ¿El detalle más elegante? Las papeletas electorales partieron de Barajas en un vuelo de Plus Ultra —la aerolínea que el Estado rescató con dinero público— el 7 de abril de 2021. Dos semanas después, otro avión de la misma flota transportaba los certificados para las elecciones de la Comunidad de Madrid. Un paquete completo: rescate, logística electoral y comisiones. Mientras los ciudadanos ajustaban el cinturón, el grupo Summerwind cobraba por servicios que, según el juez, no tenían ni pies ni cabeza económica. Los números no mienten (pero el juez sí los traduce). Summerwind SL recibió casi 4 millones de euros de Plus Ultra y pagó 213.202 euros a Afitta SL, sociedad vinculada a Julio Martínez Martínez —un nombre que la instrucción une a Zapatero como hilo de Ariadna en un laberinto de facturas. Los mensajes intervenidos por la UDEF son joyas de la confusión: Federico Lledó Soria, apoderado de Summerwind, discutía sobre la marcha cómo cambiar el concepto de las facturas según conviniera para el IVA. La creatividad contable era su modus operandi. En una conversación, Julio Martínez Sola pregunta por un pago a Martínez Martínez; en otra, Lledó aclara que ya ha liquidado una factura por 56.580 euros. Todo muy artesanal, como un taller de costura donde las prendas son documentos falsos y los clientes, políticos y empresarios con conexiones. El toque venezolano. Aurora López, esposa del accionista mayoritario de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, aparece en los chats preguntando por facturas. La respuesta de Martínez Sola es reveladora: «Está metido Rodolfo por en medio y le estamos dejando mal». Un juego de tronos donde el trono es una oficina en Madrid y los peones son los contribuyentes. El juez Calama no se corta: las operativas no buscaban beneficio económico, sino ocultar el origen de los fondos. Traducción callejera: lavado de imagen con dinero público. El colmo del cinismo. Mientras la oposición gritaba por la opacidad en el voto por correo en Venezuela, el Gobierno —con Zapatero como consultor informal— usaba a una aerolínea rescatada para transportar la documentación. El Estado pagaba dos veces: una por el rescate, otra por el servicio de favores. Y todo bajo la batuta de Correos, donde Serrano —hombre de confianza de Sánchez— presidía mientras la maquinaria funcionaba a máxima velocidad. La moraleja. En este país, hasta el acto más democrático —ejercer el voto— puede convertirse en negocio. Y cuando el dinero público se mezcla con contratos opacos y socios venezolanos, lo que empieza como un servicio termina siendo un sablazo. La próxima vez que te quejes del precio del pan, recuerda: hay quien cobra por gestionar tu derecho a quejarte.
El circo de la tele pública: cuando defender a un imputado es content. Mientras la justicia española sigue su curso —con imputaciones, pruebas y un proceso que, según la Constitución, presume inocencia hasta demostración en contrario—, el plató de La Revuelta en TVE se convirtió el martes en un tribunal paralelo donde Mercedes Milá, con la solemnidad de una jueza de pueblo y el aplauso de un jurado adicto, sentenció a José Luis Rodríguez Zapatero antes incluso de que el juez dictara una sola palabra. Inocente, claro que inocente, proclamó la presentadora entre risas y palmadas, como si el delito de traffic de influencias y blanqueo de capitales fueran dos cargos inventados por la Operación Salgari. Broncano, por su parte, se limitó a encoger los hombros y murmurar que todavía no había leído el caso, un mea culpa institucional que sonó a ‘yo qué sé, pero no me meto’. El espectáculo, sin embargo, no era casual. Milá no estaba allí solo para promocionar Me meto en un jardín (su nuevo espacio en La 2, con David Uclés de invitado estrella y un presupuesto que, como todo en TVE, debe ser milagroso). Venía a posicionarse. Y lo hizo con la desfachatez de quien sabe que en la televisión pública el sesgo no es un defecto, sino un requisito. Mientras el público —un coro de afines disfrazados de ciudadanos— aplaudía cada una de sus perlas, Broncano intentaba mantener las formas: ‘Eso es una acusación fuerte’, le recordó con la timidez de un profesor que no quiere suspender al alumno favorito. Pero Milá ya había pasado de modo neutral: ‘Zapatero es un tipo de primera categoría y la justicia en España es un desastre’. Frase redonda, fácil de recordar, imposible de rebatir sin parecer reaccionario. Y es que en el ecosistema RTVE, defender a un imputado no es opinión, es patriotismo. Pero el broche de oro llegó cuando la presentadora extendió su manto protector al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ‘Lo van a masacrar y no van a parar hasta sacarlo’, sentenció, como si Moncloa fuera un reino en peligro y no un gobierno con mayoría parlamentaria. Y entonces, el ataque personal: Broncano, según Milá, es un golfas de mucho cuidado, un cobarde que no se mojaría por defender al presidente. El conductor, herido en su orgullo de guardian del sistema, intentó rebatir con un ‘yo creo que en el Gobierno no estarán muy contentos conmigo’ que quedó truncado por la réplica fulminante: ‘Te callas porque eres un cobarde, pues yo sí me mojo todo lo que haga falta’. Mensaje claro: en TVE, mojarse no es un riesgo, es un requisito para el currículum. Lo más irónico —o cínico— es que todo esto ocurrió en un programa que, según Broncano, ‘nos deja hacer lo que queramos’. ¿En serio? ¿O es que en la televisión pública el querer ya incluye el derecho a la impunidad? Mientras, fuera del plató, los abogados de Zapatero sonreían. ‘Ya veréis’, había dicho Milá. Y es que en este país, cuando la tele pública se convierte en tribunal de honor para los poderosos, la justicia real —la de los juzgados, la de las pruebas— queda relegada a un segundo plano. Como si el veredicto ya lo hubiera dictado el aplauso del público. Datos que duelen (y cómo los esconden): - 24 de mayo: Fecha del estreno de Me meto en un jardín, el nuevo espacio de Milá en La 2, donde podrá seguir mojándose sin filtros. David Uclés, su primer invitado, será el testigo estrella de su inocencia institucional. - ‘Montaje’: Palabra favorita de Milá para tachar cualquier investigación que moleste. Como si los papeles y las cuentas fueran opinión. - ‘Justicia es un desastre’: Frase que, en boca de una presentadora de TVE, suena a ‘el rey está desnudo’… pero con aplausos. - ‘Golfas de mucho cuidado’: Insulto de Milá a Broncano, que resume la relación tóxica entre fidelidad y miedo en la tele pública. - 0 contrapuntos: Número de veces que Broncano realmente cuestionó a Milá. Porque en TVE, el debate es opcional cuando el guion ya está escrito. El gran negocio de la impunidad: Mientras los españoles hacen cola en el supermercado para comprar pan de molde a 2,50€ la barra, TVE gasta millones en programas que funcionan como altavoces políticos disfrazados de entretenimiento. La Revuelta no es un espacio de debate, es un club de fans donde los crímenes se convierten en anécdotas y los imputados en víctimas. Y lo peor: el público paga la factura con su dinero público, ese mismo que Milá y Broncano parecen olvidar cuando hablan de justicia o patria. La moraleja en la calle: En TVE, defender a un imputado es patriotismo; cuestionar al poder es cobardía; y aplaudir sin pensar es democracia en acción. Mientras, fuera de los platós, la justicia sigue su curso. Pero en la tele pública, el veredicto ya está escrito… y viene firmado por aplausos.
El 'chiringuito de los Zapatero' que hasta Google denunció. Mientras la Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero (sí, el mismo que nos coló el 'derecho a desconectar' como si fuera un regalo de Reyes), sus hijas siguen siendo el branding perfecto de cómo convertir una idea en un desastre con factura. What the Fav, la agencia de comunicación fundada por Alba y Carla Zapatero, no solo ha sido registrada por la UDEF este martes —como si fuera un after de la fiesta de la corrupción—, sino que su reputación online es tan sólida como el ladrillo de un banco en 2008: 2,9 sobre 5 en Google, con más unostros que cincoestrellas. El detalle curioso (o trágico, depende del humor del día) es que, mientras la empresa cobraba —se presume— de Análisis Relevante (sí, esa joya de la trama que huele a comisión oculta como un pescado a tres días), sus clientes dejaban reseñas que parecen sacadas de un reality de supervivencia empresarial. 'Experiencia bastante mejorable' —vaya, qué eufemismo—, 'horrible', 'muy poco profesionales, mal trato y muy MUY mala gestión'... Parece que el plus de tener a las hijas del expresidente como socias no incluía ni un email que llegara a tiempo ni un briefing que no oliera a copia-pegado de un PowerPoint de 2010. Datos duros para el data journalism callejero: - 48 reseñas en Google (casi todas low cost, como sus servicios). - 2,9/5 de media: suficiente para aprobar un examen, pero no para ganar un Premio Princesa de Asturias a la Excelencia. - Precio 'poco claro': porque en España, si no es bajo, es opaco. Como la luz de un semáforo en hora punta. - Registro de la UDEF este martes: porque hasta Hacienda se cansa de que le den plantón con facturas. El twist del pastel: entre tanto haters, hay fake lovers. Algunas reseñas de 5 estrellas suenan a compradas o automáticas, como si alguien hubiera contratado a un influencer para que dijera que el menú del día era gourmet. 'Personal super atentos y profesionales' —vaya, qué casualidad que solo lo digan quienes no dejaron más comentarios en su vida. Como ese amigo que solo te escribe en Navidad para preguntar por el regalo. Pero lo mejor llega ahora: tras la imputación de Zapatero, algunos clientes han actualizado sus reseñas con sarcasmo judicial. 'Se viene cerrada de chiringuito', 'pagado con tus impuestos'... Frases que resumen mejor que cualquier informe forense el business model de la familia: dinero público, conexiones políticas y un servicio que ni el menú del día de un bar de carretera. Porque, seamos honestos, ¿qué esperabas de una empresa cuyo nombre suena a slang de redes sociales pero cuyo backstage huele a comisiones turbias? El colmo: mientras la Audiencia Nacional cita a Zapatero a declarar el 2 de junio (como si fuera a un reencuentro de la ESO), What the Fav sigue ahí, con una puntuación que ni siquiera llega a suspendido con honores. Como ese tío que te promete un trabajo en el extranjero y te deja tirado en la estación de Atocha. Dinero público, mal servicio y reseñas que clavan más que un taco en un discurso político. ¿Casualidad? Que se lo pregunten a la UDEF.
El Gobierno repartió 400 euros a los ex-menas... pero ya lo hacía desde 2022. Y ahora, con el mismo dinero, quiere que visiten el mausoleo de Franco. Mientras Elma Saiz, portavoz del Gobierno, se pavoneaba en rueda de prensa anunciando que este año el bono cultural de 400 euros se extendería a los menores extranjeros no acompañados (menas) que cumplan 18 años, el Ministerio de Cultura —dirigido por Ernest Urtasun, de Sumar— se frotaba las manos con una sonrisa de ‘ya lo hacíamos antes’. Sí, porque desde 2022, cuando se lanzó la medida, los ex-menas ya cobraban esos 400 euros. El anuncio no era una novedad, sino un remake con mejor marketing. La diferencia ahora es que, oficialmente, se incluye a más perfiles: solicitantes de asilo, personas en protección temporal y jóvenes en trámites de residencia. O sea, la lista de la compra del Estado se ha ampliado. Pero hay más. El Gobierno quiere que esos 400 euros se gasten en cultura… y el Valle de los Caídos está en la lista. Patrimonio Nacional, ese organismo público que depende del Ministerio de Presidencia (dirigido por Félix Bolaños), ya ha colgado en su web el aviso: ‘Con tu bono cultural, puedes comprar entradas para el mausoleo franquista’. Sí, el mismo lugar donde yacen los restos de José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco, financiado con dinero público y rodeado de polémica histórica. ¿Cultura o lavado de imagen? El bono permite gastar hasta 200 euros en ‘artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales’. ¿Incluye el concierto de la banda de música de la Guardia Civil que actúa allí los domingos? Pregunta retórica. Mientras tanto, Ernest Urtasun, ministro de Cultura, sueña con que el bono pase del 70% al 80-90% de uso entre los jóvenes. Pero hay un detalle: los que menos lo usan son los de entornos desfavorecidos. Coincidencia curiosa. Para solucionarlo, el Gobierno firmará acuerdos con entidades del tercer sector (o sea, ONGs y asociaciones que ya hacen el trabajo sucio). ¿El objetivo? Que los jóvenes, ‘independientemente de su origen o renta’, puedan acceder. Traducción callejera: que no se queden sin su trozo de tarta. 400 euros para comprar un libro, un instrumento o… una entrada al Valle de los Caídos. Mientras, en las aulas públicas, los recortes en material escolar siguen siendo noticia. La hipocresía tiene precio, y este año cuesta 400 euros por joven. Pero tranquilos: al menos, si te gusta el franquismo, ya sabes dónde invertir tu bono cultural. Oportunidad única: cultura con historia (y polémica).
Comentarios