La noticia, aunque informativa, carece de contexto sobre los criterios de selección de TVE. El título, si bien atractivo, podría considerarse clickbait. Falta investigar a fondo los vínculos entre la Milá y otros cargos de la cadena pública.
Mientras tú y yo estamos mirando los precios en el súper, pensando si tirar de tarjeta o no, al expresidente Zapatero le han puesto el freno a las cuentas. No un candado total, ojo, que esto no es el Oeste. Sino un 'pellizquito' de 490.780 euros. Una cifra que, para algunos, es una bicoca, y para otros, el primer aviso. El juez Calama, ese que parece que no se anda con chiquitas, ha decidido que mientras tanto se aclara el entuerto de Plus Ultra, mejor tener ese dinero 'dormidito'. Plus Ultra… suena a aerolínea de lujo, pero aquí estamos hablando de tráfico de influencias, organización criminal y, para colmo, falsedad documental. Un cocktail explosivo que ha salpicado al expresidente, al que el juez Calama describe como el cerebro de una red que movía hilos para conseguir beneficios económicos. O sea, que no era solo una cena de amigos, era un negocio con facturas y 'ingeniería financiera' para disfrazar la jugada. Que alguien le explique al ciudadano de a pie cómo se pasa de gobernar un país a ser el presunto líder de una trama turbia. La ironía, amigos, es que el auto judicial detalla cómo Zapatero, con su 'capacidad de dirección', repartía hasta los archivos Excel con los clientes de Análisis Relevante. ¡Excel! La herramienta del oficinista se convierte en la prueba reina de una presunta trama. La cosa se pone seria. Zapatero deberá dar explicaciones el 2 de junio. Y no serán fáciles. Porque, según el juez, no era un 'mandao' directo, sino una 'supervisión' discreta, la de un jefe que prefiere que otros se manchen las manos. Un director de orquesta, vaya. Y mientras tanto, la Audiencia Nacional investiga a otras mercantiles implicadas en el asunto, porque claro, en estas cosas nunca se va solo. El caso promete dar muchas más vueltas de tuerca. Y nosotros, los de a pie, a ver si esta vez la justicia funciona como un reloj suizo, y no como un cuckoo averiado.
El Gobierno, con la soltura de quien intenta esconder la paja en su ojo, lanza una “Agencia Independiente” contra la corrupción. Independiente, sí, a condición de que le hagan caso y le pidan permiso. El CGPJ, con la paciencia de Job y la diplomacia de un torero frente a un ternero, señala que esto no es más que una forma de que el Ejecutivo se arrogue competencias que solo le corresponden a los jueces. Estamos hablando de una ley que, en teoría, busca erradicar el fraude y la corrupción. En la práctica, parece más un intento de control remoto del sistema judicial. El presidente de la Agencia, elegido a dedo por el Ministerio de Hacienda, será refrendado por el Congreso con una simple mayoría. ¿Una mayoría simple para controlar la lucha contra la corrupción? ¡Pero si para cambiar el color de las cortinas en el Congreso hacen falta pactos de estado! La agencia, con un presupuesto que seguramente superará el PIB de algún país pequeño, tendrá la misión de investigar, sancionar y, sobre todo, supervisar. Supervisar, como si los jueces fueran niños pequeños que necesitan que alguien les diga qué hacer. El CGPJ, con razón, teme que esta agencia termine interfiriendo en investigaciones en curso, creando un caos legal digno de película de Berlanga. Imaginen la escena: la Agencia investigando un caso de corrupción, mientras el juez, con las manos atadas, observa impotente. El caso es que, mientras el Gobierno presume de “tolerancia cero” contra la corrupción, el CGPJ advierte que esta ley podría ser un agujero negro para la independencia judicial. Y no olvidemos el contexto: el escándalo de Santos Cerdán, las dudas sobre el rescate de Air Europa y la sombra de Begoña Gómez. ¿Casualidad? No lo creo. Todo esto, mientras los ciudadanos, para variar, siguen pagando la factura. 2 millones de euros, la inversión inicial, para una agencia que promete mucho y cumple poco. Lo cual, dicho sea de paso, es la definición perfecta de la política moderna. El Gobierno acumula competencias de organismos ya existentes (Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, Autoridad Independiente de Protección del Informante, Oficina de Conflictos de Intereses) que, hasta ahora, han demostrado ser más una fachada que una herramienta eficaz. ¿Será esta la agencia definitiva? Difícil de creer. Más bien parece un intento de centralizar el control y, de paso, tapar algunas manchas en el expediente.
Hay una regla no escrita en el manual del político español: si vas a cobrar comisiones bajo la mesa, que al menos no se note en el ladrillo. Pero los Zapatero han decidido saltársela con la alegría de quien paga con tarjeta de crédito ajena. Mientras los españoles hacen malabares para pagar la hipoteca, la familia del expresidente ha ido acumulando propiedades por valor de casi dos millones de euros, la misma cifra que la UDEF sitúa en el debe de las presuntas mordidas. Casualidad o ingeniería financiera, el caso es que el juez Calama ya ha puesto fecha: 2 de junio, cita con el banquillo. El auto es un manual de instrucciones para entender cómo se mueve el dinero en la trastienda del poder. Según la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ingresó 1.936.560 euros a través de una red orquestada por la consultora Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez, al que los investigadores llaman testaferro. Ese dinero llegó de tres fuentes: Plus Ultra, Gate Center y Thinking Heads. La aerolínea rescatada con 53 millones del erario público durante la pandemia, la misma que luego pagó un 1% de comisión que acabó en una sociedad offshore en Dubái. Sí, Dubái, ese paraíso fiscal donde el sol nunca se pone sobre las cuentas opacas. Ahora viene lo divertido: la familia Zapatero ha empleado exactamente esa cantidad en comprar cuatro viviendas en zonas de postín de Madrid. En 2018, cuando el patriarca se reunía con Nicolás Maduro para desbloquear 200 millones de Globalia, ejercía el derecho a compra del chalé de Valdemarín (Pozuelo) por 800.000 euros. Una casa con ascensor privado, gimnasio y jardín japonés. Nada que ver con el barrio obrero de su juventud. Luego, en 2024, su hija Laura se compró un piso en la Dehesa de la Villa por 300.000 euros, con hipoteca de 184.000. Ese mismo año, la familia adquirió un chalé en Puerta de Hierro (318 metros cuadrados) que planean reformar. Y en 2025, la hija menor, Alba, se sumó al festival inmobiliario con un piso en Valdezarza por otros 300.000 euros, aportando 60.000 de entrada. Todo mientras el expresidente vive de alquiler en Las Rozas, esperando a que terminen las obras de su nueva mansión. Pero no olvidemos las propiedades anteriores: en 2007, siendo presidente, compró un chalé en Vera (Almería) que ahora está en el foco porque allí se fundó una de las empresas que cobró de Plus Ultra. Y en 2017, fuera del radar de las gestiones de lobby, la familia desembolsó 1,2 millones por una villa frente a la playa de Famara, en Lanzarote. Total: más de 2,6 millones en ladrillo, sin contar las reformas. La pregunta es: ¿de dónde sale el dinero si el sueldo de expresidente son 70.000 euros anuales? Zapatero lo ha explicado: conferencias, asesorías. Pero la UDEF sospecha que esas conferencias se facturaban en el garaje del chalé de Valdemarín, y que las asesorías eran en realidad gestiones para cobrar comisiones. El juez Calama sostiene que hay indicios de tráfico de influencias y blanqueo. La red habría actuado entre 2019 y 2024, con el rescate de Plus Ultra como joya de la corona. Zapatero, en un vídeo, lo niega todo: jamás hizo gestiones, jamás tuvo sociedades. Pero los papeles dicen otra cosa: sociedades offshore, testaferros, pagos canalizados a través de la agencia de sus hijas, Whathefav. La ironía es que mientras el expresidente defiende su inocencia, las propiedades siguen sumando metros cuadrados. Al final, lo que la Justicia tendrá que dilucidar es si los Zapatero compraron esos pisos con el sudor de su frente o con el rescate de una aerolínea que nunca debió ser rescatada.
El accidente de Adamuz lleva un mes en pausa, pero no por falta de pruebas, sino por un juego de tronos judicial donde la imparcialidad se negocia como un favor político. Mientras 46 familias siguen esperando respuestas, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se rasca la cabeza: tiene laboratorios, tiene tramos de vía, tiene soldaduras sospechosas... pero no tiene peritos. ¿El problema? Dos de los tres designados por el juzgado de Montoro fueron recusados por una acusación particular que parece haber confundido 'imparcialidad' con 'perfección de santos'. El teatro judicial comenzó el 20 de abril, cuando la juez designó a los tres peritos. Diez días después, aceptaron el cargo. Pero entonces, alguien recordó que uno de ellos era socio director de 'Soluciones Globales Gestor de Proyectos', una empresa que, entre otras cosas, certificó obras de Ferrovial y AZVI en el ramal ferroviario de Cádiz —sí, el mismo que reformó el tramo de Adamuz ochos meses antes del accidente. La acusación particular olfateó conflicto de intereses y recurrió al manual del 'si no eres virgen, no sirves'. El segundo perito, en cambio, fue recusado por trabajar en una obra de Adif en Albacete, como si el hecho de que el Estado pague infraestructuras fuera un delito mayor que la negligencia que ya costó 46 vidas. Los peritos, lejos de echarse a temblar, se plantaron. Negaron cualquier relación con Ferrovial o Adif, aunque uno admitió que su vinculación con AZVI fue 'tangencial' en un proyecto de aguas residuales (la EDAR de La Carlota) donde, casualmente, la empresa ya estaba adjudicada. ¿Tangencial? Suena a como decir que tu vecino es 'un conocido lejano' cuando te ha prestado dinero para pagar el IBI. Pero el juzgado, en lugar de profundizar, parece haber aceptado el guion: si los peritos dicen que no hay conflicto, el conflicto desaparece. Magia judicial. Mientras tanto, la CIAF se pudre en su propia burocracia. Tiene laboratorios seleccionados para analizar la vía y las soldaduras —las mismas que, según sospechas, provocaron el siniestro— pero sin peritos, ni siquiera sabe cuándo podrán empezar. Un mes perdido. Un mes en el que el dinero público sigue fluyendo (¿para qué? ¿para pagar abogados que recusen peritos o para investigar de verdad?), mientras las familias de las víctimas miran el reloj como si fuera un reloj de arena en un desierto sin oasis. La paradoja es obscena: se recusó a expertos por tener vínculos lejanos con empresas que trabajaron en infraestructuras ferroviarias, pero nadie parece preocuparse por investigar si esas mismas infraestructuras —reformadas por UTEs con Ferrovial y AZVI— cumplían los estándares de seguridad. ¿Dónde está el conflicto real? Quizás en que, cuando el Estado gasta millones en adjudicar obras y luego otros millones en investigar accidentes, lo último que quiere es que salgan a la luz negligencias que huelan a sablazo institucional. La investigación se alarga 'varios meses más', advierten fuentes. Pero nadie dice si será por falta de peritos, por falta de voluntad política o porque, al final, lo importante no es encontrar culpables, sino cerrar el caso antes de que el olvido —ese gran aliado de los poderes fácticos— haga el resto. Mientras, en Adamuz, las familias siguen esperando. Y el tren, quieto en la vía, ya ni siquiera es metáfora.
El Gobierno derrama 340 millones en una desaladora marroquí mientras nos ahogamos en sequía. No es un error de cálculo, es una declaración de intenciones. Mientras Acciona construye en Casablanca la mayor planta desaladora de África —300 millones de metros cúbicos anuales, o lo que es lo mismo, el agua equivalente a 120.000 piscinas olímpicas al año—, los embalses de Almería se pudren al 12,05% de su capacidad. ¿Casualidad? Ni de coña. El Ejecutivo de Pedro Sánchez financia este splash internacional con tres herramientas públicas: 250 millones del FIEM (el fondo de los sueños corporativos), 70 millones asegurados por CESCE (que cubrirá el 80% del riesgo, porque claro, si algo sale mal, el Estado español asume), y 31 millones del FIEX de COFIDES (el crowdfunding de los contribuyentes para que las empresas españolas se forren en el extranjero). 340 millones, redondos como un cheque sin firmar. Mientras, en el sureste, el trasvase Tajo-Segura —el grifo que mantiene viva la huerta de Europa— sufre un recorte que dejará a los regantes con la mitad del agua. Mitad. Como si alguien hubiera partido por la mitad la factura del agua en tu casa, pero en lugar de protestar, te dijeran: «Es por el cambio climático, ya verás qué bien queda la desaladora en Casablanca». Amparo López Senovilla, secretaria de Estado de Comercio, posó en la ceremonia de la desaladora marroquí con la sonrisa de quien acaba de cerrar un trato redondo. Mientras, en Orihuela, Miguel Barrachina, conseller de Agricultura valenciano, escupía veneno: «Incoherencia y agravio». No es un insulto al azar. Es la traducción literal de lo que ven los agricultores cuando ven cómo el Gobierno prioriza un proyecto en un país con sus propias autopistas del agua y planes hídricos hasta 2050, mientras aquí los embalses de Murcia están al 35,14% y los de Alicante, al 50,79% (sí, la mitad, como el agua que les queda a los regantes). Lucas Jiménez, presidente del SCRATS, lo llamó «traición de primer nivel». Y tiene razón. Porque el Gobierno no solo recorta el trasvase, sino que exporta agua en forma de tecnología y dinero público a un competidor directo en mercados como el agroalimentario. Marruecos, por cierto, ya tiene sus propias desaladoras y planes de interconexión de cuencas. ¿Necesitaba España financiarles otra? Parece que el problema no era la sed marroquí, sino la oportunidad de que Acciona facturara y el Estado español se llevara el trofeo de la cooperación internacional. Pero hay más. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha (la región que cede el agua del Tajo), ha llevado al Gobierno al tribunal para que se cumplan los recortes que benefician a su comunidad, aunque eso signifique asfixiar a Murcia y Alicante. El Tribunal Supremo ya ha puesto un freno a la discrecionalidad de la Confederación Hidrográfica del Segura, pero el daño está hecho: el campo español se ahoga en una paradoja. Mientras España envía excedentes de agua a Portugal (sí, sobrante que no llega al sureste), el Gobierno destina 340 millones a un país que ya tiene solucionado el agua y, de paso, ahoga la economía de quienes hacen que España sea la despensa de Europa. La moraleja? El agua es un negocio, y en este tablero, los peones son los regantes. Mientras los políticos juegan al ajedrez hídrico, los agricultores pierden la partida. 340 millones en Marruecos, pero en Almería, Murcia y Alicante, el grifo gotea. Y no es sequía: es prioridad mal puesta.
El árabe se va, pero el tabaco sigue siendo rey. Mientras en Talayuela el 30% de la población es marroquí —y el pueblo entero depende de las manos que cosechan hojas de burley en los campos—, la Junta de Extremadura ha decidido que aprender la lengua de sus vecinos es un lujo prescindible. El vicepresidente Óscar Fernández no tiene dudas: ‘lo pactado se cumple a rajatabla’. Como si firmar un acuerdo con Vox fuera un contrato de alquiler y no un cheque en blanco para la desmemoria. 80 alumnos menos en clases de tarde, 110 sin refuerzo escolar. El Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), ese oasis de integración que lleva 22 años regando desde 2002, se desmonta sin miramientos. Y no es por falta de dinero: los profesores, pagados por Marruecos, siguen cobrando su sueldo desde Rabat, pero ahora sin aulas. Ironía del sistema: mientras el Estado extremeño gasta millones en luchar contra el fraude de empadronamientos (sí, Fernández denunció un ‘negocio espurio’ detrás de la inmigración), borra de un plumazo el programa que más ayuda a que esos mismos vecinos no terminen en la marginalidad. Dos colegios, una petición unánime: mantenerlo. El CEIP Gonzalo Encabo y el Juan Güell, junto a familias, AMPA y hasta el Ayuntamiento (gobernado, por cierto, por PP y Vox), pedían a gritos que se quedara. Pero en la política, cuando hay un pacto firmado con tinta indeleble, hasta el sentido común se convierte en un lujo. Septiembre de 2026 es la fecha oficial, aunque Fernández ya adelanta que ‘se aplicará desde ya’. Traducción: ‘nosotros mandamos, y si hay que saltarse plazos, se salta’. Talayuela, el pueblo donde el árabe es más útil que el español. Con 7.500 habitantes y medio de origen marroquí, este rincón de Extremadura es el laboratorio perfecto para entender la hipocresía del nacionalismo excluyente. ¿Problema? Que los marroquíes no solo cosechan tabaco, sino que también pagan impuestos, crían hijos en el sistema y, según los datos, no son un ‘negocio espurio’, sino la columna vertebral de una economía local que sin ellos se vendría abajo. Pero claro, cumplir un pacto con Vox pesa más que 190 niños aprendiendo a decir ‘shukran’ en vez de ‘gracias’. El detalle que nadie menciona: el PLACM no cuesta un euro a la Junta. Todo está subvencionado por Marruecos, como un trueque cultural que ahora se tira a la basura por principios ideológicos. Mientras, Extremadura sigue gastando fortunas en controlar empadronamientos —otra forma de decir ‘perseguir extranjeros’— cuando el verdadero fraude es priorizar la identidad sobre la convivencia. La moraleja en la calle: si en Talayuela el árabe se extingue, no será por falta de hablantes, sino por falta de voluntad política. Y eso, amigos, es el colmo del sablazo: borrar lo que funciona para cumplir con quien promete desmontarlo todo.
El rescate de Plus Ultra costó 53 millones... pero el sablazo más gordo se lo llevaron los Zapatero de casa. Mientras los contribuyentes pagábamos el rescate de la aerolínea con dinero público (53 millones de euros, para que no se nos olvide), las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero —Laura y Alba— se inflaron sus cuentas personales con 447.095 euros procedentes de Whathefav, una sociedad que, según el juez José Luis Calama, no hacía nada útil: solo maquilar informes que ya estaban hechos y redistribuir fondos como si fuera una lotería particular. El auto de la Audiencia Nacional deja claro que Whathefav era el centro de mando financiero de una trama de tráfico de influencias. Entre abril de 2021 y diciembre de 2025, la empresa —controlada por las hijas de Zapatero— recibió 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva y 239.755 euros de Análisis Relevante (otra sociedad del entorno, esta controlada formalmente por Julio Martínez Martínez, pero con Zapatero de director de orquesta). Mientras, las cuentas de Laura y Alba se llenaban: 247.191 euros para una y 199.904 para la otra, como si el dinero lloviera en forma de bonos por influencia. Pero hay más: el propio Zapatero aparecía como autorizado en sus cuentas bancarias, lo que, según el juez, refuerza la conexión operativa entre el expresidente y la red. ¿Para qué? Para justificar con contratos de consultoría y marketing (sí, como los de toda la vida, pero estos con cero actividad real) el flujo de dinero desde empresas como Plus Ultra, Softgestor o Grupo Aldesa, todas con intereses en el rescate público. El juez lo dice sin rodeos: Whathefav era un vehículo de lavado de imagen, no de informes. La paradoja: Mientras la justicia investiga si Zapatero usó su influencia para que Plus Ultra recibiera 53 millones, sus hijas se forraron con el dinero que, según la investigación, no provenía de un negocio legítimo, sino de una red de favores y pagos opacos. El juez Calama no lo dice, pero la pregunta flota en el aire: ¿Dónde está el dinero que falta? Porque si Whathefav no facturaba nada real, ¿de dónde salían esos 447.000 euros? La respuesta, según los correos internos analizados, está en la redistribución selectiva: informes hechos por Análisis Relevante → maquillados por Whathefav → cobrados por las hijas de Zapatero → parte a cuentas personales, parte a Gate Center (otra sociedad del entorno, vinculada a Daniel Romero-Abreu). El detalle que lo corona todo: El juez destaca que la vía de influencia ligada a Zapatero fue la que predominó para que Plus Ultra consiguiera el rescate. Es decir, mientras los directivos de la aerolínea movían hilos por un lado, el otro brazo de la trama —el de los Zapatero— se llevó la parte del león. Y todo con la complicidad de una sociedad que no hacía nada, pero que justificaba pagos millonarios con facturas de asesoramiento fantasma. La moraleja callejera: Si rescatar una aerolínea cuesta 53 millones, pero el dinero público acaba en cuentas personales de familiares de políticos, el problema no es el rescate... es el sistema que lo permite. Mientras, los contribuyentes seguimos pagando el menú del día: rescates con dinero público y comisiones privadas para quienes saben mover los hilos. Y lo peor es que esto no es un caso aislado, sino el manual de instrucciones de cómo funciona el negocio político en España. Datos duros que duelen: - 53 millones de euros: Rescate público de Plus Ultra. - 447.095 euros: Dinero opaco que terminó en cuentas de las hijas de Zapatero. - 247.191 y 199.904 euros: Cantidades exactas para Laura y Alba Rodríguez Espinosa. - Abril 2021 - Diciembre 2025: Plazo en el que se movieron los fondos. - Whathefav, Análisis Relevante, Inteligencia Prospectiva, Gate Center: Sociedades pantalla en la trama. - José Luis Calama: Juez que desmonta la estructura como un castillo de naipes financiero. - Plus Ultra, Softgestor, Grupo Aldesa: Empresas que pagaron por influencia, no por servicios. - 561.440 euros: Transferencia de Inteligencia Prospectiva a Whathefav (el pastel más grande). - Zapatero como autorizado en cuentas: La guinda del pastel que confirma la conexión directa.
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