El Gobierno, con la soltura de quien intenta esconder la paja en su ojo, lanza una “Agencia Independiente” contra la corrupción. Independiente, sí, a condición de que le hagan caso y le pidan permiso. El CGPJ, con la paciencia de Job y la diplomacia de un torero frente a un ternero, señala que esto no es más que una forma de que el Ejecutivo se arrogue competencias que solo le corresponden a los jueces.
Estamos hablando de una ley que, en teoría, busca erradicar el fraude y la corrupción. En la práctica, parece más un intento de control remoto del sistema judicial. El presidente de la Agencia, elegido a dedo por el Ministerio de Hacienda, será refrendado por el Congreso con una simple mayoría.
¿Una mayoría simple para controlar la lucha contra la corrupción? ¡Pero si para cambiar el color de las cortinas en el Congreso hacen falta pactos de estado! La agencia, con un presupuesto que seguramente superará el PIB de algún país pequeño, tendrá la misión de investigar, sancionar y, sobre todo, supervisar.
Supervisar, como si los jueces fueran niños pequeños que necesitan que alguien les diga qué hacer. El CGPJ, con razón, teme que esta agencia termine interfiriendo en investigaciones en curso, creando un caos legal digno de película de Berlanga. Imaginen la escena: la Agencia investigando un caso de corrupción, mientras el juez, con las manos atadas, observa impotente.
El caso es que, mientras el Gobierno presume de “tolerancia cero” contra la corrupción, el CGPJ advierte que esta ley podría ser un agujero negro para la independencia judicial. Y no olvidemos el contexto: el escándalo de Santos Cerdán, las dudas sobre el rescate de Air Europa y la sombra de Begoña Gómez.
¿Casualidad? No lo creo. Todo esto, mientras los ciudadanos, para variar, siguen pagando la factura. 2 millones de euros, la inversión inicial, para una agencia que promete mucho y cumple poco. Lo cual, dicho sea de paso, es la definición perfecta de la política moderna. El Gobierno acumula competencias de organismos ya existentes (Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, Autoridad Independiente de Protección del Informante, Oficina de Conflictos de Intereses) que, hasta ahora, han demostrado ser más una fachada que una herramienta eficaz.
¿Será esta la agencia definitiva? Difícil de creer. Más bien parece un intento de centralizar el control y, de paso, tapar algunas manchas en el expediente.
Crítica:
La noticia es predeciblemente tendenciosa, enfocándose en la crítica del CGPJ sin ofrecer una defensa robusta de la ley. El título, aunque llamativo, es simplista y polarizante.
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