La noticia se centra demasiado en la figura de la secretaria, desdibujando la responsabilidad del ex presidente. Aunque la información es sólida, carece de un análisis más profundo sobre el entramado financiero y el papel de otros implicados.
La televisión pública, esa máquina de hacer el ridículo a costa de tu dinero, vuelve a estar en el ojo del huracán. El Consejo de Informativos de RTVE ha abierto una investigación a 'Mañaneros 360', el programa de Javier Ruiz, porque, según sus propios compañeros, informar sobre la imputación de Zapatero con rigor periodístico es “impropio” de la cadena. ¿Acaso esperábamos menos? La cosa viene por una querella de Manos Limpias, esa asociación con más sombras que un callejón a medianoche, que el presentador, con la misma soltura con la que uno pide un café, desgranó en pantalla. Y aquí entra el juego de espejos: Elma Saiz, la portavoz del Gobierno, con la misma argumentación, defendió al ex presidente. Pero ojo, que la imputación no viene de la querella, sino de una investigación abierta en 2024 por blanqueo de dinero procedente de Venezuela, una historia que parece sacada de una serie de Netflix. RTVE ya había publicado un informe previo, calificando a 'Malas Lenguas' y 'Mañaneros' de incumplidores seriales de las normas periodísticas, acusándolos de comprometer la credibilidad de la cadena con un “sesgo político” tan evidente como el sol de mediodía. José Pablo López, el presidente de RTVE, hombre de confianza de Pedro Sánchez, se ha puesto en defensa de Ruiz y Cintora, asegurando que respetan al Consejo de Informativos, aunque considera “graves” sus afirmaciones. Mientras tanto, la querella original de Manos Limpias se basa en recortes de prensa, concretamente en una entrevista a Víctor de Aldama. En resumen, un culebrón televisivo donde la información, el rigor y la independencia parecen ser conceptos en extinción.
El presidente Sánchez ha descubierto la Sagrada Familia. ¡Quién lo diría! Después de saltarse funerales como si fueran rebajas, ahora se planta en la misa del Papa León XIV. Parece que la fe, o el cálculo político, florecen con la visita papal. Antes, la DANA, el Covid, Adamuz… tragedias donde los Reyes sí marcaban presencia y Sánchez optaba por ceremonias laicas o, directamente, por la ausencia justificadísima con una escapada a Lisboa o una agenda apretadísima. Ahora, de repente, el acto del 6 al 12 de julio en Madrid, Barcelona y Canarias es crucial. Un encuentro en la Nunciatura Apostólica, otro en el Congreso, y la joya de la corona: la misa en la Sagrada Familia, con 8.000 almas afortunadas (4.000 dentro, 4.000 fuera) y la bendición de la torre de Jesucristo de Gaudí de fondo. Los ministros, por supuesto, harán piña en las misas, mientras el Gobierno intenta convencer a todos de que esto no es un simple ejercicio de marketing electoral. Recordemos que Sánchez sí acudió a funerales de policías en Kabul o de Montserrat Caballé, pero esos no eran tan mediáticos como los de las tragedias nacionales. La coherencia, al parecer, es un lujo que solo se permiten los que tienen el calendario bien marcado. El contraste es evidente: antes, el funeral laico; ahora, la misa con el Papa. La jugada es transparente. Y, lo que es peor, previsible. La visita del pontífice, convertida en una oportunidad para sumar puntos y tapar agujeros de imagen. La cosa pinta a puro postureo, disfrazado de fervor religioso.
Mientras el ciudadano de a pie calcula si le llega para el fin de mes, la cuenta conjunta de José Luis Rodríguez Zapatero y su esposa, Sonsoles Espinosa, ha visto ingresar 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025. Un pequeño detalle, si no fuera porque la mitad de ese pastel procede de empresas en la mira del 'caso Plus Ultra', un laberinto de tráfico de influencias que ya le ha puesto el foco encima al ex presidente. La empresa Análisis Relevante SL, consultora de un amigo imputado, Julio Martínez Martínez, contribuyó con 490.780 euros a la cuenta familiar. El juez Calama, sin perder tiempo, ha bloqueado esa cantidad, previendo posibles responsabilidades civiles. Pero la cosa no acaba ahí. Thinking Heads Group, con 649.552 euros en 37 transferencias, y The Global Analysis & Trends In Emerging Regions, con 352.980 euros en otras 37, también inflaron la cuenta. ¡Casi un millón solo de esos dos! Y para rematar, Thinking Heads Americas LLC añadió otros 31.766,04 euros. Zapatero, según su defensa, justificó estos ingresos con conferencias internacionales, “asesoramiento estratégico” y otras actividades de alto nivel. En resumen, el ex presidente se ha convertido en un gurú geopolítico con un sueldo que haría palidecer a un jeque del petróleo. Lo curioso es que la empresa Inteligencia Prospectiva no se quedó atrás, enviando 561.440 euros a Whathefav, la sociedad de las hijas de Zapatero, y 266.200 euros a Gate Center, que luego redistribuyó parte de ese dinero a Whathefav y Thinking Heads Group. Un entramado digno de película, donde el dinero fluye como agua y las conexiones son tan complejas que necesitarías un diagrama de flujo para entenderlas. Mientras tanto, el ciudadano común sigue preguntándose: ¿Cómo se financian estas cosas?
La cosa huele a chamusquina en Velilla de San Antonio. Mientras tú intentas no superar los 300 euros de la lista de la compra, Antonia Alcázar Jiménez, hermana de Gertrudis Alcázar (la mismísima secretaria de Zapatero, en el ojo del huracán del 'caso Plus Ultra'), se sienta en el banquillo. ¿El motivo? Prevaricación. Sí, esa palabra que suena a trámite burocrático pero que, traducida al lenguaje de la calle, es un buen sablazo a la legalidad. La Fiscalía pide tres años de cárcel y una multa que, calculando rápido, supera los 10.800 euros (20 meses a 15 euros diarios). Y no solo eso, sino 12 años sin poder tocar un ladrillo en puestos de responsabilidad. Acompañándola en esta 'fiesta' judicial, el concejal de Urbanismo, Joaquín Panadero, Elena Abraham (de Más Madrid, ¡vaya sorpresa!), y un par de técnicos municipales. Todos ellos acusados de mirar para otro lado mientras 'El Casón de la Quinta de San Antonio' hacía de las suyas. En 2019, los vecinos se quejaban. Y no solo un poco. Fiestas hasta las seis de la mañana, pirotecnia, música a todo volumen… Un caos. El restaurante, con licencia de restaurante, se había convertido en un improvisado salón de bodas y bautizos. La alcaldesa y su equipo, conocedores de todo (gracias a las denuncias y a las actas de la Policía Local), solo abrieron cuatro expedientes sancionadores… que quedaron en nada. Un agujero contable en la gestión municipal. Un silencio cómplice que ahora les ha sentado en el banquillo. La pregunta es: ¿cuánto cuesta un favor a la hermana de la secretaria del expresidente?
La calle hierve. Zapatero, el ex-presidente que prometía el cambio, ahora se enfrenta a un juicio por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso Plus Ultra. 53 millones de euros rescataron a la aerolínea durante la pandemia, y ahora el juez Calama quiere saber quién tiró de los hilos. La gente, harta de tanto “rescate” que parece más un agujero contable, lo ve como una confirmación de lo que ya sospechaban: que todos son iguales. “Que vaya al colegio”, sentencia un ciudadano, usando el eufemismo para referirse a la cárcel, recordando el caso Ábalos y Koldo García como si fueran compañeros de pupitre. Pedro Sánchez, según la opinión popular, está perdiendo credibilidad a un ritmo que ni el Ibex en caída libre. No es solo Zapatero, es la acumulación de “sablazos” en la factura pública que desconfía a la ciudadanía. Algunos, nostálgicos, se niegan a creer que el “hombre recto” haya podido caer en la tentación, pero incluso ellos admiten que la imagen de España se va al garete. La desconfianza en la clase política es palpable. “El problema son los políticos y la política”, resume uno de los entrevistados, aunque insiste en que votar, aunque sea en blanco, sigue siendo el único arma que queda. Mientras tanto, el caso Plus Ultra se enquista, y la pregunta que flota en el aire es si esta vez, la justicia, tan lenta como una tortuga con artritis, logrará llegar al fondo del asunto. La indignación es generalizada: “Con todo el dinero que ganan, ¿por qué tienen que meter las manos donde no se puede?”, se pregunta una ciudadana, resumiendo la frustración de un país cansado de ver cómo sus impuestos se evaporan en operaciones turbias.
Velilla de San Antonio, un municipio donde la justicia tarda tanto en llegar que las bodas ilegales ya celebran su jubilación. La Fiscalía pide tres años de cárcel para Antonia Alcázar, alcaldesa de dicho municipio y hermana de María Gertrudis Alcázar, la eterna secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero. Tres años. El tiempo que tardan en tramitar una devolución de Hacienda, pero bueno, quién cuenta. El caso, que huele a prevaricación urbanística y ambiental, se centra en un restaurante, 'El Casón de la Quinta de San Antonio', que durante seis años convirtió sus exteriores en una discoteca ilegal con licencia para hacer ruido y aglomeraciones. Los vecinos, hartos de pirotecnia a las cinco de la mañana, denunciaron hasta la saciedad. ¿La respuesta del ayuntamiento? Cuatro expedientes sancionadores que se evaporaron misteriosamente en los despachos, como calcetines desparejados en la lavadora. A esto se suma la omnipresencia de Zapatero, visto apoyando la candidatura de la alcaldesa en fotos que circulan por redes sociales como si fueran pruebas irrefutables de una trama. Y no solo eso, también la alcaldesa defendió activamente a Zapatero y a Sarah Santaolalla en un incidente con el periodista Vito Quiles, añadiendo más leña al fuego. Seis años de silencio administrativo, de celebraciones a todo volumen y de vecinos desesperados. Una dejación de funciones que, según la Fiscalía, fue deliberada. La indemnización para los damnificados, por supuesto, será un detalle. Al final, la jaula de grillos socialista sigue creciendo. Y el casero de Ferraz, con el alquiler pagado.
Móstoles, una ciudad donde la paciencia es un deporte olímpico. El alcalde, Manuel Bautista, ha lanzado una misiva –sí, una carta de papel, en pleno siglo XXI– al ministro Óscar Puente, rogándole, casi suplicándole, que desentierre de algún cajón el proyecto de conexión del barrio PAU-4 con la R-5. Un proyecto que lleva años, años, enredado en la burocracia estatal, como un calcetín perdido en la lavadora. La historia es simple: el Ayuntamiento de Móstoles y la Comunidad de Madrid han estado colaborando, aportando informes, cumpliendo requerimientos… básicamente, haciendo los deberes. Y la Demarcación de Carreteras dio su visto bueno hace más de un mes. Un visto bueno que, al parecer, se ha evaporado en las oficinas del Ministerio de Transportes. Fuentes del Consistorio, con la diplomacia rota, aseguran que Puente tiene el expediente “metido en un cajón”. ¿El impacto? Miles de vecinos de Móstoles atrapados en un atasco perpetuo, intentando acceder a la M-506, la A-5, la M-50. Una pesadilla vial que, según el alcalde, podría aliviarse con esta conexión. Hablamos de facilitar el acceso al PAU-4, una zona en desarrollo, y mejorar la movilidad en el norte del municipio. Pero claro, la movilidad no es gratis. El coste de la inacción se mide en tiempo perdido, en combustible derrochado, en estrés acumulado. Y, por supuesto, en votos. La carta es una petición de reunión urgente, una llamada de atención con tono de “a ver si nos echas una mano, que esto se pone feo”. Una colaboración que, insisten, están dispuestos a ofrecer. ¿La respuesta? Silencio administrativo. Un silencio que, en política, suele ser la peor de las respuestas. En resumen, Móstoles espera, España espera, y el ministro Puente… ¿dónde estará?
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