El texto es básicamente un recuento de opiniones en la calle, lo cual es predecible. Falta profundizar en los detalles del caso Plus Ultra y en las conexiones empresariales mencionadas. Se limita a reflejar la indignación, sin aportar datos nuevos.
La cosa huele a chamusquina en Velilla de San Antonio. Mientras tú intentas no superar los 300 euros de la lista de la compra, Antonia Alcázar Jiménez, hermana de Gertrudis Alcázar (la mismísima secretaria de Zapatero, en el ojo del huracán del 'caso Plus Ultra'), se sienta en el banquillo. ¿El motivo? Prevaricación. Sí, esa palabra que suena a trámite burocrático pero que, traducida al lenguaje de la calle, es un buen sablazo a la legalidad. La Fiscalía pide tres años de cárcel y una multa que, calculando rápido, supera los 10.800 euros (20 meses a 15 euros diarios). Y no solo eso, sino 12 años sin poder tocar un ladrillo en puestos de responsabilidad. Acompañándola en esta 'fiesta' judicial, el concejal de Urbanismo, Joaquín Panadero, Elena Abraham (de Más Madrid, ¡vaya sorpresa!), y un par de técnicos municipales. Todos ellos acusados de mirar para otro lado mientras 'El Casón de la Quinta de San Antonio' hacía de las suyas. En 2019, los vecinos se quejaban. Y no solo un poco. Fiestas hasta las seis de la mañana, pirotecnia, música a todo volumen… Un caos. El restaurante, con licencia de restaurante, se había convertido en un improvisado salón de bodas y bautizos. La alcaldesa y su equipo, conocedores de todo (gracias a las denuncias y a las actas de la Policía Local), solo abrieron cuatro expedientes sancionadores… que quedaron en nada. Un agujero contable en la gestión municipal. Un silencio cómplice que ahora les ha sentado en el banquillo. La pregunta es: ¿cuánto cuesta un favor a la hermana de la secretaria del expresidente?
Velilla de San Antonio, un municipio donde la justicia tarda tanto en llegar que las bodas ilegales ya celebran su jubilación. La Fiscalía pide tres años de cárcel para Antonia Alcázar, alcaldesa de dicho municipio y hermana de María Gertrudis Alcázar, la eterna secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero. Tres años. El tiempo que tardan en tramitar una devolución de Hacienda, pero bueno, quién cuenta. El caso, que huele a prevaricación urbanística y ambiental, se centra en un restaurante, 'El Casón de la Quinta de San Antonio', que durante seis años convirtió sus exteriores en una discoteca ilegal con licencia para hacer ruido y aglomeraciones. Los vecinos, hartos de pirotecnia a las cinco de la mañana, denunciaron hasta la saciedad. ¿La respuesta del ayuntamiento? Cuatro expedientes sancionadores que se evaporaron misteriosamente en los despachos, como calcetines desparejados en la lavadora. A esto se suma la omnipresencia de Zapatero, visto apoyando la candidatura de la alcaldesa en fotos que circulan por redes sociales como si fueran pruebas irrefutables de una trama. Y no solo eso, también la alcaldesa defendió activamente a Zapatero y a Sarah Santaolalla en un incidente con el periodista Vito Quiles, añadiendo más leña al fuego. Seis años de silencio administrativo, de celebraciones a todo volumen y de vecinos desesperados. Una dejación de funciones que, según la Fiscalía, fue deliberada. La indemnización para los damnificados, por supuesto, será un detalle. Al final, la jaula de grillos socialista sigue creciendo. Y el casero de Ferraz, con el alquiler pagado.
Móstoles, una ciudad donde la paciencia es un deporte olímpico. El alcalde, Manuel Bautista, ha lanzado una misiva –sí, una carta de papel, en pleno siglo XXI– al ministro Óscar Puente, rogándole, casi suplicándole, que desentierre de algún cajón el proyecto de conexión del barrio PAU-4 con la R-5. Un proyecto que lleva años, años, enredado en la burocracia estatal, como un calcetín perdido en la lavadora. La historia es simple: el Ayuntamiento de Móstoles y la Comunidad de Madrid han estado colaborando, aportando informes, cumpliendo requerimientos… básicamente, haciendo los deberes. Y la Demarcación de Carreteras dio su visto bueno hace más de un mes. Un visto bueno que, al parecer, se ha evaporado en las oficinas del Ministerio de Transportes. Fuentes del Consistorio, con la diplomacia rota, aseguran que Puente tiene el expediente “metido en un cajón”. ¿El impacto? Miles de vecinos de Móstoles atrapados en un atasco perpetuo, intentando acceder a la M-506, la A-5, la M-50. Una pesadilla vial que, según el alcalde, podría aliviarse con esta conexión. Hablamos de facilitar el acceso al PAU-4, una zona en desarrollo, y mejorar la movilidad en el norte del municipio. Pero claro, la movilidad no es gratis. El coste de la inacción se mide en tiempo perdido, en combustible derrochado, en estrés acumulado. Y, por supuesto, en votos. La carta es una petición de reunión urgente, una llamada de atención con tono de “a ver si nos echas una mano, que esto se pone feo”. Una colaboración que, insisten, están dispuestos a ofrecer. ¿La respuesta? Silencio administrativo. Un silencio que, en política, suele ser la peor de las respuestas. En resumen, Móstoles espera, España espera, y el ministro Puente… ¿dónde estará?
El Ministerio de Transportes, señores, parece el huerto privado de un ex presidente. No hablamos de plantar lechugas, sino de sembrar cargos afines para cosechar contratos jugosos. El sumario, según fuentes cercanas a la investigación del magistrado Calama, dibuja una red tejida por José Luis Rodríguez Zapatero y su lugarteniente, Óscar Puente. ¿La estrategia? Colocar a ‘supervivientes’ de anteriores legislaturas, gente de confianza, en puestos clave. No es una simple ‘infiltración’, es una operación de ingeniería financiera donde cada puesto viene con un contrato de obra pública debajo del brazo. La cosa no es nueva: ya en la época de José Blanco, se gestaba este ‘equilibrio de poder’. Pero Puente, al parecer, ha refinado la técnica, ‘limpiando’ rastros de Ábalos y recomponiendo el tablero a su favor. Nombres como Benito Núñez Quintanilla, asesor de Elena Salgado, o Raúl Míguez, jefe de gabinete de Isabel Pardo de Vera (también imputada), son piezas clave. Y no nos olvidemos del ‘núcleo de confianza’ de Puente: Belén Villar, Belén Roel, Pilar Suárez, Juan Pedro Fernández Palomino y Jesús Miguel Fumanal, quienes controlan hasta la última coma de los contratos ministeriales. El presupuesto de Transportes, el más abultado de la Administración, ha sido el campo de batalla. Una auditoría controvertida, encargada por Puente y cuestionada en el ‘caso Mascarillas’, es solo la punta del iceberg. La ‘ministra en la sombra’, Encarnación Sandonís, parece dirigir la orquesta con mano de hierro. Al final, señores, mientras el ciudadano aprieta el cinturón, la trama sigue su curso, tejiendo una red de favores y contratos que huelen a podrido. Y la pregunta que queda en el aire es: ¿Cuántos millones de euros se han esfumado en este juego de tronos?
El 5 de julio de 2019, mientras el mundo veía un desfile militar en Venezuela, la realidad era otra: soldados cargando cajas CLAP, un salvavidas lanzado a un país hundido en la miseria. No eran fusiles, sino promesas vacías empaquetadas en cartón. Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y el clan bolivariano vieron en el hambre ajena una oportunidad de negocio. Una vergüenza, vamos. La hiperinflación, del 9.500% en 2019, convirtió el café en achicoria y las manzanas en un recuerdo lejano. Mientras tanto, el régimen, con un historial de violencia que supera los 250 muertos desde 2013, creaba en 2016 las CLAP: una docena de productos básicos para comprar lealtad y silenciar protestas. Harina, arroz, pasta, aceite… un espejismo de abundancia. El truco estaba en el precio. El Estado pagaba una fortuna por cada caja, y la diferencia se evaporaba en cuentas de Dubái, supuestamente gestionadas por instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero. Landside Dubai Fzco, una empresa bajo investigación, es el epicentro de este agujero contable. Alex Saab, el testaferro de Maduro, movía más de 200 millones de dólares en alimentos a través de la firma mexicana Group Grand Limited. Y todo vigilado por los “Comités Políticos”, versiones modernas de los temidos “punteros” que controlan el voto a cambio de favores. La ONU denunció el chantaje clientelar y la pésima calidad de las CLAP. Hoy, las cajas han desaparecido, sustituidas por bolsas transparentes, pero la miseria sigue siendo la misma. Cuestan 930 bolívares (poco más de un euro y medio), una fortuna para quienes no tienen ni para respirar. Un negocio redondo basado en el hambre, con el aroma de la hipocresía y la corrupción.
La jugada sale a la luz justo ahora: mientras la lista de la compra se dispara, el Gobierno decide cambiar la jueza de enlace con Francia y Suiza. ¿Casualidad? No, si el ex-presidente Zapatero está en el ojo del huracán por el 'caso Plus Ultra'. Una investigación que, irónicamente, necesita precisamente esa cooperación judicial internacional para desenmascarar movimientos de 53 millones de euros rescatados por la SEPI y supuestamente blanqueados con dinero venezolano. Félix Bolaños, el ministro de Justicia, parece estar jugando al escondite con los plazos: nombran a una jueza en 2024, la despiden en 2026 sin explicaciones y, de paso, cambian de opinión sobre la eficiencia de agrupar las plazas francesa y suiza. Antes decían que era “la mejor opción”, ahora… silencio. El PP huele la improvisación a kilómetros y clama contra la “gestión caótica”. ¿Por qué tanta prisa por cambiar de jueza justo cuando la Fiscalía Anticorrupción, en colaboración con Francia y Suiza, investiga si Zapatero dirigió una organización criminal para lavar dinero? La pregunta queda flotando, como una factura de la luz en agosto. No es solo un asunto de plazas judiciales, es un sablazo a la credibilidad, una señal de que alguien quiere mover los hilos antes de que la madeja se deshaga del todo. Y, claro, la transparencia se ha ido de vacaciones.
La ironía, señores, tiene el color del óxido. What the Fav, la agencia de marketing digital fundada por las hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez, parecía haber tirado la toalla en diciembre de 2025, justo cuando el caso Plus Ultra comenzaba a freír los circuitos mediáticos. Un repliegue estratégico, le llamaron. Más bien, un chapuzón exprés en el silencio digital. Pero la red, como los fantasmas, siempre vuelve. Y la cuenta de X (antes Twitter) de la empresa, en lugar de apagarse para siempre, ha resucitado como un megáfono 'antisocialista'. ¿Quién controla ahora el timón de ese perfil? Un tercero, un okupa digital, que ha decidido usar el legado de la familia Zapatero para lanzar dardos envenenados contra el Gobierno de Sánchez y el PSOE. Cada día, reproches a la política económica, amplificación de las denuncias fiscales y recordatorios constantes del citado caso Plus Ultra. Un giro de 180 grados que, por supuesto, no ha pasado desapercibido. Imaginen la escena: la misma agencia que, en teoría, debería vender 'posicionamiento de marca' a otros, se ha posicionado a sí misma como el azote del sanchismo. La cosa es aún más surrealista si echamos un vistazo a su Instagram: apenas ocho publicaciones antes de congelar la actividad. Ocho. Para una empresa de comunicación digital, es como un panadero sin harina. La cuenta de X, ahora convertida en un centro de operaciones 'antisocialista', parece burlarse de la inactividad de la agencia. Mientras tanto, el silencio de Laura y Alba Rodríguez es ensordecedor. ¿Ignorancia? ¿Indiferencia? ¿O simplemente una estrategia retorcida que solo ellos entienden? Lo que está claro es que, en el mundo digital, la historia nunca está escrita en piedra… ni siquiera si la firma es la de una familia con un pasado político importante.
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