El informe de la UCO es denso y técnico, pero la verdadera historia está en los resquicios, en las omisiones y en la forma en que se intenta justificar lo injustificable. Falta contexto sobre el alcance real de las actividades profesionales de Gómez y la relación entre las empresas implicadas y el entorno político.
El Gobierno, con la agilidad de quien busca parchear un boquete con un celo, ha lanzado una consulta virtual para bendecir su plan de regularización masiva. Lo llaman “fortalecer la democracia”, pero huele a estrategia electoral a kilómetros de distancia. Mientras la cesta de la compra se encarece cada día, más de medio millón de personas podrían obtener un estatus legal gracias a demostrar cinco meses de padrón, citas médicas o, lo más gracioso, justificantes de envíos de dinero a sus países de origen. ¡Como si la regularización dependiera de la remesa! El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), una entidad cuyo nombre ya es una declaración de intenciones, lidera esta cruzada “inclusiva” junto al Consejo de Europa, una institución que, ojo, no es la Unión Europea. El objetivo: elaborar diez principios para “revitalizar la democracia”. Traducido: justificar con eufemismos la regularización masiva que el PSOE y Podemos acordaron a finales de enero, y que podría afectar a más de 800.000 personas. La consulta, abierta hasta nuevo aviso, te invita a “aportar” ideas para una democracia más “fuerte”. Pero, ¿quién necesita tu opinión cuando ya tienen el decreto listo? El Gobierno se regocija en su “enfoque inclusivo”, prometiendo igualdad de derechos y oportunidades, como si la igualdad se consiguiera con un simple decreto. Mientras tanto, el ciudadano de a pie se pregunta si esta “inclusión” se traduce en más recursos para sanidad, educación o, simplemente, en menos impuestos. Rafael Molina, desde OKDIARIO, apunta a la necesidad de analizar la estrategia en profundidad. El circo mediático se monta mientras la realidad, tozuda, sigue ahí: la regularización permite a los inmigrantes acceder a derechos desde el momento de la solicitud, incluyendo la suspensión de órdenes de expulsión y acceso a la sanidad pública. Un chollo, vamos. Y todo, bajo la bandera de una democracia que, según el Gobierno, se fortalece con cada firma en el padrón.
Arnaldo Otegi, como un domador experimentado, le está dando la cuerda a Pedro Sánchez. El líder de Bildu, en plena crisis de confianza del gobierno –con el fantasma de Zapatero acechando–, le recuerda que su supervivencia depende de los votos que le aporten los nacionalismos. Un pequeño empujón, ¿eh, Pedro? Mientras los ciudadanos hacen malabares con la cesta de la compra, Otegi propone un plan “de mínimos”: una España “plurinacional” para contentar a todos. Y no es que quiera un pastel enorme, solo una porción garantizada. El PNV, ese socio de ocasión, también entra en la ecuación. Otegi les invita a unirse a la fiesta, a formar una coalición que, en palabras del líder de Bildu, refleje “la voluntad democrática nacional vasca”. Traducido: más poder y más presupuesto para Euskadi. Y mientras tanto, Gabriel Rufián, el hombre de ERC, queda relegado a un segundo plano. “El programa primero”, sentencia Otegi, como quien dice “la sartén por el mango”. Otegi, con la astucia de un veterano político, aprovecha la debilidad del momento para poner sus condiciones. Un “programa de mínimos” que incluya la reforma plurinacional, “sin esperar ni un minuto más”. Y ejemplos al canto: Gales, Escocia, Irlanda… lugares donde la identidad local florece y los políticos se acercan a la gente. Porque, al final, la gente quiere soluciones concretas, “política de kilómetro cero”, como dice Otegi. Y, por supuesto, un gobierno que les escuche. Y les financie. Y les dé lo que quieren. En resumen, una estrategia que huele a pacto, a negociación y, sobre todo, a supervivencia política. Con fecha de caducidad en 2027, las próximas elecciones generales.
El silencio, al parecer, tiene precio. Y en el caso Plus Ultra, parece que costó 53 millones de euros de dinero público. La UDEF ha destapado un audio demoledor donde se revela que José Luis Rodríguez Zapatero, el ex presidente, tomó el teléfono para 'persuadir' a Antonio Caldeiro Téllez, un consejero de la aerolínea, para que votara a favor del rescate. Caldeiro, con un 9,46% de participación a través de Alva Skies and Wings SL, se había convertido en un obstáculo. Dudaba, preguntaba, ¡un hereje en la operación! Roberto Roselli, director financiero, lo resumía a Rodolfo Reyes, accionista principal: «Dice que no firmará nada. Que no tiene información». La respuesta de Reyes: «Dale una hostia». Poco después, la llamada de Zapatero. Al día siguiente, Caldeiro, repentinamente iluminado, asegura que ya no hace falta autorización y vota a favor. ¿Magia? No, influencia. La 'finance boutique' de Julio Martínez Martínez, el 'Julito', parece haber sido el canal de pagos por este 'servicio'. El rescate, aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021, levantó ampollas desde el principio, con una aerolínea con una cuota de mercado irrisoria (0,03%) y vínculos con accionistas venezolanos bajo la lupa en EEUU por blanqueo de capitales. La investigación, que conecta también al círculo de José Luis Ábalos, sigue abierta. Zapatero niega, pero el audio de Roselli es un puñetazo en la mesa. Una orden clara: 'para que se calle la boca y diga a todo que sí'.
La UDEF ha pasado seis horas revisando la papelería de la agencia de marketing de las hijas de Zapatero. Seis horas, imaginen, revisando facturas, emails… el sudoku de la vida moderna. Mientras tanto, la web elplural.es, dirigida por Chema Garrido y controlada por Angélica Rubio –la que fue jefa de prensa de Zapatero, o sea, la que sabe dónde están enterrados los esqueletos–, presumía de “innovación” y colaboraciones con la susodicha agencia, Whathefav S.L. Todo esto, mientras el juez Calama rastrea transferencias por un total de 730.535 euros: 490.780 euros que fueron directos a Zapatero y 239.755 euros a la empresa de sus retoños. Es decir, casi tres cuartos de millón de euros cambiando de manos. ¿Para qué? Bueno, para “información y entretenimiento” sobre deportes electrónicos, según el anuncio. Apuesto a que la lista de la compra de la semana cuesta menos. Angélica Rubio, además de dirigir elplural.es desde 2018, es ahora consejera de RTVE, un detalle que añade más leña al fuego. Rubio y Zapatero tienen una historia larga, ella fue su asesora personal antes de que él llegara a Moncloa. En resumen, un entramado de favores, negocios familiares y cargos públicos que huele a naftalina y a “amiguismo” de manual. Y mientras tanto, el ciudadano de a pie intenta cuadrar los números para llegar a fin de mes. La ironía, señores, es que la UDEF está buscando pruebas de algo que, a estas alturas, parece bastante evidente.
El caso Zapatero, lejos de cerrarse, resucita con un informe de la UDEF que pone en jaque la versión oficial. El ex-presidente, con su mujer Sonsoles Espinosa, canceló una hipoteca de 500.000 euros apenas once meses después de adquirir una vivienda en Madrid por 580.000 euros. ¿Un milagro financiero? No si la UDEF asegura que el dinero para esa cancelación provino de una cuenta alimentada por la misma 'trama' que ahora lo investiga. 1,5 millones de euros, un flujo constante entre 2020 y 2025, provenientes de sociedades como Análisis Relevante SL, vinculada al rescate de Plus Ultra, y Gate Center. La explicación de Zapatero, la venta de una casa en Aravaca, parece un espejismo ante la contundencia de los datos. La UDEF detalla que el dinero no se quedó en la cuenta inicial, sino que 'derramó' a otras tres cuentas de la pareja, una de ellas la que firmó la transferencia de 498.000 euros a la entidad bancaria. La ironía es palpable: el solar donde antes se alzaba el chalé, ahora un terreno baldío, es símbolo de una operación financiera que huele a chamusquina. Y mientras tanto, el juez Calama imputa a Zapatero por delitos de tráfico de influencia, blanqueo de capitales y organización criminal. Sonsoles Espinosa, en la mira, corre el riesgo de ser considerada 'partícipe a título lucrativo', un eco del caso Nóos. La pregunta es: ¿quién pagó la hipoteca, y a qué precio?
La UCO de la Guardia Civil ha desenterrado un tinglado en la cátedra que codirigía Begoña Gómez en la Complutense. Un informe de 317 páginas, más denso que la lista de la compra de un mes, apunta a “contratos al margen de la normativa”, pero con una “apariencia de legalidad” tan fina como una cortina de humo. ¿La firma elegida para orquestar este baile de intereses? Deloitte Consulting SLU, que parece haber hecho sus deberes con antelación, iniciando funciones antes del contrato e imponiendo sus condiciones como si fuera el único jugador en el campo. Los pagos, eso sí, se sustentaron en contratos menores y un procedimiento abierto simplificado… ¡qué tranquilidad! Pero la UCO desconfía, y con razón: las adjudicaciones a Deloitte estaban “premeditadas”, los plazos eran una mera formalidad y el precio, una sugerencia. Para rematar la faena, se deduce que se solicitaron ofertas de forma simulada o con condiciones que limitaron la competencia, todo en beneficio de Deloitte. No olvidemos que Begoña Gómez también firmó cartas de recomendación para Juan Carlos Barrabés, un empresario aragonés que se llevó más de 10 millones de euros de Red.es, la empresa pública. La asesora de Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez, acompañó a la esposa de Sánchez a algunas reuniones… aunque, según los presentes, se limitó a observar. El juez Peinado ya ha procesado a Gómez, Álvarez y Barrabés por tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación indebida. La cosa pinta fea, y la “apariencia de legalidad” empieza a desmoronarse como un castillo de naipes.
Mientras la pasta para la zumba y las catas de chocolate se dispara, la violencia de género sigue siendo un drama real. El Ministerio de Igualdad, liderado por Ana Redondo, se enfrenta a un agujero contable que huele a chamusquina. 107 denuncias entre 2021 y 2025, con un pico de 56 en 2024. ¿El motivo? Parece que el dinero destinado a combatir la lacra se ha empleado en actividades dignas de un catálogo de ocio: talleres de escritura creativa, rutas culturales, clases de bachata, e incluso jornadas LGTBIQ+. Siete millones de euros en subvenciones, y la pregunta es inevitable: ¿quién vigila que el dinero se gasta en lo que debe, y no en un festival privado? Las provincias afectadas son un mapa de España: Madrid, Sevilla, Granada, Alicante… La lista de municipios es larga y variopinta, desde Leganés hasta Santa Cruz de Bezana. La ironía es que, al mismo tiempo, se modifican las bases de las subvenciones para favorecer a entidades abolicionistas con la prostitución. Un giro de guion que, como mínimo, levanta sospechas. La burocracia, como siempre, esconde la verdad bajo montañas de expedientes y resoluciones de Transparencia.
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