Crítica:
La información es sólida, pero se echa en falta un análisis más profundo de las conexiones entre las sociedades implicadas y el origen del dinero. El titular, aunque llamativo, podría ser más preciso.
La UDEF desmiente la versión de Zapatero: la cuenta con la que canceló el préstamo de 500.000 € recibió din...
Zapatero: La hipoteca pagada con 'pasta' dudosa
Otros artículos
Zapatero: 'Calla y vota, please'
El silencio, al parecer, tiene precio. Y en el caso Plus Ultra, parece que costó 53 millones de euros de dinero público. La UDEF ha destapado un audio demoledor donde se revela que José Luis Rodríguez Zapatero, el ex presidente, tomó el teléfono para 'persuadir' a Antonio Caldeiro Téllez, un consejero de la aerolínea, para que votara a favor del rescate. Caldeiro, con un 9,46% de participación a través de Alva Skies and Wings SL, se había convertido en un obstáculo. Dudaba, preguntaba, ¡un hereje en la operación! Roberto Roselli, director financiero, lo resumía a Rodolfo Reyes, accionista principal: «Dice que no firmará nada. Que no tiene información». La respuesta de Reyes: «Dale una hostia». Poco después, la llamada de Zapatero. Al día siguiente, Caldeiro, repentinamente iluminado, asegura que ya no hace falta autorización y vota a favor. ¿Magia? No, influencia. La 'finance boutique' de Julio Martínez Martínez, el 'Julito', parece haber sido el canal de pagos por este 'servicio'. El rescate, aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021, levantó ampollas desde el principio, con una aerolínea con una cuota de mercado irrisoria (0,03%) y vínculos con accionistas venezolanos bajo la lupa en EEUU por blanqueo de capitales. La investigación, que conecta también al círculo de José Luis Ábalos, sigue abierta. Zapatero niega, pero el audio de Roselli es un puñetazo en la mesa. Una orden clara: 'para que se calle la boca y diga a todo que sí'.
Zapatero: El Negocio Familiar, a Fondo
La UDEF ha pasado seis horas revisando la papelería de la agencia de marketing de las hijas de Zapatero. Seis horas, imaginen, revisando facturas, emails… el sudoku de la vida moderna. Mientras tanto, la web elplural.es, dirigida por Chema Garrido y controlada por Angélica Rubio –la que fue jefa de prensa de Zapatero, o sea, la que sabe dónde están enterrados los esqueletos–, presumía de “innovación” y colaboraciones con la susodicha agencia, Whathefav S.L. Todo esto, mientras el juez Calama rastrea transferencias por un total de 730.535 euros: 490.780 euros que fueron directos a Zapatero y 239.755 euros a la empresa de sus retoños. Es decir, casi tres cuartos de millón de euros cambiando de manos. ¿Para qué? Bueno, para “información y entretenimiento” sobre deportes electrónicos, según el anuncio. Apuesto a que la lista de la compra de la semana cuesta menos. Angélica Rubio, además de dirigir elplural.es desde 2018, es ahora consejera de RTVE, un detalle que añade más leña al fuego. Rubio y Zapatero tienen una historia larga, ella fue su asesora personal antes de que él llegara a Moncloa. En resumen, un entramado de favores, negocios familiares y cargos públicos que huele a naftalina y a “amiguismo” de manual. Y mientras tanto, el ciudadano de a pie intenta cuadrar los números para llegar a fin de mes. La ironía, señores, es que la UDEF está buscando pruebas de algo que, a estas alturas, parece bastante evidente.
Begoña Gómez: La Legalidad a la Carta
La UCO de la Guardia Civil ha desenterrado un tinglado en la cátedra que codirigía Begoña Gómez en la Complutense. Un informe de 317 páginas, más denso que la lista de la compra de un mes, apunta a “contratos al margen de la normativa”, pero con una “apariencia de legalidad” tan fina como una cortina de humo. ¿La firma elegida para orquestar este baile de intereses? Deloitte Consulting SLU, que parece haber hecho sus deberes con antelación, iniciando funciones antes del contrato e imponiendo sus condiciones como si fuera el único jugador en el campo. Los pagos, eso sí, se sustentaron en contratos menores y un procedimiento abierto simplificado… ¡qué tranquilidad! Pero la UCO desconfía, y con razón: las adjudicaciones a Deloitte estaban “premeditadas”, los plazos eran una mera formalidad y el precio, una sugerencia. Para rematar la faena, se deduce que se solicitaron ofertas de forma simulada o con condiciones que limitaron la competencia, todo en beneficio de Deloitte. No olvidemos que Begoña Gómez también firmó cartas de recomendación para Juan Carlos Barrabés, un empresario aragonés que se llevó más de 10 millones de euros de Red.es, la empresa pública. La asesora de Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez, acompañó a la esposa de Sánchez a algunas reuniones… aunque, según los presentes, se limitó a observar. El juez Peinado ya ha procesado a Gómez, Álvarez y Barrabés por tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación indebida. La cosa pinta fea, y la “apariencia de legalidad” empieza a desmoronarse como un castillo de naipes.
Violencia de Género: ¿Ocio o Ayuda?
Mientras la pasta para la zumba y las catas de chocolate se dispara, la violencia de género sigue siendo un drama real. El Ministerio de Igualdad, liderado por Ana Redondo, se enfrenta a un agujero contable que huele a chamusquina. 107 denuncias entre 2021 y 2025, con un pico de 56 en 2024. ¿El motivo? Parece que el dinero destinado a combatir la lacra se ha empleado en actividades dignas de un catálogo de ocio: talleres de escritura creativa, rutas culturales, clases de bachata, e incluso jornadas LGTBIQ+. Siete millones de euros en subvenciones, y la pregunta es inevitable: ¿quién vigila que el dinero se gasta en lo que debe, y no en un festival privado? Las provincias afectadas son un mapa de España: Madrid, Sevilla, Granada, Alicante… La lista de municipios es larga y variopinta, desde Leganés hasta Santa Cruz de Bezana. La ironía es que, al mismo tiempo, se modifican las bases de las subvenciones para favorecer a entidades abolicionistas con la prostitución. Un giro de guion que, como mínimo, levanta sospechas. La burocracia, como siempre, esconde la verdad bajo montañas de expedientes y resoluciones de Transparencia.
Muface: Opacidad a precio de oro
Muface, la caja de herramientas de los funcionarios, ha puesto la cortina bajada. ¿Motivo? No tienen “medios” para desvelar los entresijos inmobiliarios de la familia Gómez, la parentela cercana a la Moncloa. Ojo, no es que quieran ocultar nada, es que, según ellos, buscar la información sería como buscar una aguja en un pajar… un pajar digital, eso sí. La transparencia, al parecer, tiene un precio, y en este caso, el precio es la incomodidad. 3,6 millones de euros en propiedades, una sauna familiar y un edificio en la calle San Bernardo. Números que, mientras el ciudadano de a pie aprieta el cinturón, suenan a música celestial para algunos. La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) alega una “reelaboración previa de datos dispersos” para justificar su negativa. Traducido: “No queremos contarte nada”. El edificio de San Bernardo, ¿un nido de fortuna? Muface se escuda en la Ley de Transparencia, pero la respuesta, lejos de aclarar, enturbia. El Fondo Especial, ese mecanismo que financia las prestaciones sociales, parece más bien un laberinto de intereses. Óscar López, al mando de la cartera, se limita a repetir la letanía legalista. No es la primera vez. El Consejo de Transparencia ya reconoció que no existe “documento o contenido” sobre los inmuebles alquilados a la familia de Begoña Gómez. ¿Casualidad? El Grupo Popular del Senado también se topó con un muro de silencio. Mientras tanto, Muface gestiona 91 viviendas en cinco ciudades españolas, la mayoría en Madrid. Un patrimonio inmobiliario que, curiosamente, se actualiza con el índice de precios de alquiler de oficinas… un detalle que no pasa desapercibido. La ironía es que el organismo encargado de proteger a los funcionarios se ha convertido en el guardián de los secretos mejor guardados.
Violencia de Género: El Negocio de la Residencia
La estadística, ese animal que nunca miente… hasta que lo interpreta alguien. En España, las autorizaciones de residencia por violencia de género se han disparado. No un poquito, no un avance gradual. ¡Un 498,4% desde 2018! Para que lo visualicen mejor: si en 2017 eran 628, en 2024 ya son 3.758. Casi seis veces más. ¿Casualidad? La ley lo permite, sí, y desde que Pedro Sánchez llegó al poder, parece que la cosa se ha puesto de moda. Pero la cosa no acaba ahí. Colombia y Marruecos lideran el ranking de las beneficiadas, aportando más del 60% del total. Las colombianas, especialmente, han visto cómo su oportunidad de residir en España se multiplicaba por 3.140% entre 2017 y 2024, pasando de 50 a 1.620. Un dato que, al menos, levanta una ceja. ¿Será que la violencia de género es un problema emergente en Colombia? ¿O que la vía de la denuncia se ha convertido en una autopista para la regularización? La instrucción de Elma Saiz en 2021, que abarató los trámites incluso para las que ya tenían permiso, no ha hecho más que añadir leña al fuego. En total, desde 2005 se han concedido alrededor de 42.000 autorizaciones, pero la gran mayoría, como era de esperar, se concentran en los últimos años. Un agujero legal, señores, o una política migratoria con efectos secundarios inesperados. La línea es fina, y el debate, inevitable. Porque mientras la estadística sigue subiendo, la pregunta es: ¿estamos protegiendo a las víctimas o abriendo una puerta trasera a la inmigración irregular? Y, sobre todo, ¿quién está pagando la factura?
Plus Ultra: El rescate a la carta
El rescate de Plus Ultra, esa aerolínea que parecía flotar en un mar de deudas, ha destapado un desaguisado que huele a chamusquina. No a gasoil de avión, sino a acuerdos turbios y favores políticos. Resulta que, mientras la lista de la compra se encarecía, 53 millones de euros de la SEPI desaparecieron en un rescate que, según los chats intervenidos, estaba blindado desde dentro. Rodolfo Reyes Rojas, el magnate venezolano al timón de Plus Ultra, no se andaba con chiquitas: ordenaba “cortar” la investigación como quien corta el pan. Y para ello, movía hilos en el Ministerio Público, recurriendo a la influencia de figuras como José Luis Rodríguez Zapatero a través de su testaferro, Julio Martínez Martínez. La fiscal jefe, Pilar Rodríguez, y su mano derecha, María Luisa Llop, parecen haber jugado un papel clave, poniendo zancadillas a la jueza Esperanza Collazos, que intentaba desentrañar los vínculos de la aerolínea con el entramado venezolano y las presuntas mordidas. La Fiscalía, en lugar de defender el interés público, parecía abogada de Plus Ultra, solicitando el archivo de la causa sin investigar a fondo. Y, como guinda del pastel, la fiscal Llop fue premiada con un ascenso a la Audiencia Nacional, un ejemplo perfecto de cómo se “resuelven” los asuntos en este país. Al final, la jueza Collazos, sin poder interrogar al representante legal a tiempo, tuvo que dar carpetazo al caso. Un final previsible, con un sabor amargo a impunidad.
Comentarios