Crítica:
La noticia es un reflejo de la opacidad institucional. La justificación de Muface es tan endeble que roza el insulto a la inteligencia. El título, aunque sugerente, podría ser más directo.
Muface niega información sobre la familia Gómez por «falta de medios» para facilitarla
Muface: Opacidad a precio de oro
Otros artículos
Begoña Gómez: La Legalidad a la Carta
La UCO de la Guardia Civil ha desenterrado un tinglado en la cátedra que codirigía Begoña Gómez en la Complutense. Un informe de 317 páginas, más denso que la lista de la compra de un mes, apunta a “contratos al margen de la normativa”, pero con una “apariencia de legalidad” tan fina como una cortina de humo. ¿La firma elegida para orquestar este baile de intereses? Deloitte Consulting SLU, que parece haber hecho sus deberes con antelación, iniciando funciones antes del contrato e imponiendo sus condiciones como si fuera el único jugador en el campo. Los pagos, eso sí, se sustentaron en contratos menores y un procedimiento abierto simplificado… ¡qué tranquilidad! Pero la UCO desconfía, y con razón: las adjudicaciones a Deloitte estaban “premeditadas”, los plazos eran una mera formalidad y el precio, una sugerencia. Para rematar la faena, se deduce que se solicitaron ofertas de forma simulada o con condiciones que limitaron la competencia, todo en beneficio de Deloitte. No olvidemos que Begoña Gómez también firmó cartas de recomendación para Juan Carlos Barrabés, un empresario aragonés que se llevó más de 10 millones de euros de Red.es, la empresa pública. La asesora de Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez, acompañó a la esposa de Sánchez a algunas reuniones… aunque, según los presentes, se limitó a observar. El juez Peinado ya ha procesado a Gómez, Álvarez y Barrabés por tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación indebida. La cosa pinta fea, y la “apariencia de legalidad” empieza a desmoronarse como un castillo de naipes.
Violencia de Género: ¿Ocio o Ayuda?
Mientras la pasta para la zumba y las catas de chocolate se dispara, la violencia de género sigue siendo un drama real. El Ministerio de Igualdad, liderado por Ana Redondo, se enfrenta a un agujero contable que huele a chamusquina. 107 denuncias entre 2021 y 2025, con un pico de 56 en 2024. ¿El motivo? Parece que el dinero destinado a combatir la lacra se ha empleado en actividades dignas de un catálogo de ocio: talleres de escritura creativa, rutas culturales, clases de bachata, e incluso jornadas LGTBIQ+. Siete millones de euros en subvenciones, y la pregunta es inevitable: ¿quién vigila que el dinero se gasta en lo que debe, y no en un festival privado? Las provincias afectadas son un mapa de España: Madrid, Sevilla, Granada, Alicante… La lista de municipios es larga y variopinta, desde Leganés hasta Santa Cruz de Bezana. La ironía es que, al mismo tiempo, se modifican las bases de las subvenciones para favorecer a entidades abolicionistas con la prostitución. Un giro de guion que, como mínimo, levanta sospechas. La burocracia, como siempre, esconde la verdad bajo montañas de expedientes y resoluciones de Transparencia.
Violencia de Género: El Negocio de la Residencia
La estadística, ese animal que nunca miente… hasta que lo interpreta alguien. En España, las autorizaciones de residencia por violencia de género se han disparado. No un poquito, no un avance gradual. ¡Un 498,4% desde 2018! Para que lo visualicen mejor: si en 2017 eran 628, en 2024 ya son 3.758. Casi seis veces más. ¿Casualidad? La ley lo permite, sí, y desde que Pedro Sánchez llegó al poder, parece que la cosa se ha puesto de moda. Pero la cosa no acaba ahí. Colombia y Marruecos lideran el ranking de las beneficiadas, aportando más del 60% del total. Las colombianas, especialmente, han visto cómo su oportunidad de residir en España se multiplicaba por 3.140% entre 2017 y 2024, pasando de 50 a 1.620. Un dato que, al menos, levanta una ceja. ¿Será que la violencia de género es un problema emergente en Colombia? ¿O que la vía de la denuncia se ha convertido en una autopista para la regularización? La instrucción de Elma Saiz en 2021, que abarató los trámites incluso para las que ya tenían permiso, no ha hecho más que añadir leña al fuego. En total, desde 2005 se han concedido alrededor de 42.000 autorizaciones, pero la gran mayoría, como era de esperar, se concentran en los últimos años. Un agujero legal, señores, o una política migratoria con efectos secundarios inesperados. La línea es fina, y el debate, inevitable. Porque mientras la estadística sigue subiendo, la pregunta es: ¿estamos protegiendo a las víctimas o abriendo una puerta trasera a la inmigración irregular? Y, sobre todo, ¿quién está pagando la factura?
Plus Ultra: El rescate a la carta
El rescate de Plus Ultra, esa aerolínea que parecía flotar en un mar de deudas, ha destapado un desaguisado que huele a chamusquina. No a gasoil de avión, sino a acuerdos turbios y favores políticos. Resulta que, mientras la lista de la compra se encarecía, 53 millones de euros de la SEPI desaparecieron en un rescate que, según los chats intervenidos, estaba blindado desde dentro. Rodolfo Reyes Rojas, el magnate venezolano al timón de Plus Ultra, no se andaba con chiquitas: ordenaba “cortar” la investigación como quien corta el pan. Y para ello, movía hilos en el Ministerio Público, recurriendo a la influencia de figuras como José Luis Rodríguez Zapatero a través de su testaferro, Julio Martínez Martínez. La fiscal jefe, Pilar Rodríguez, y su mano derecha, María Luisa Llop, parecen haber jugado un papel clave, poniendo zancadillas a la jueza Esperanza Collazos, que intentaba desentrañar los vínculos de la aerolínea con el entramado venezolano y las presuntas mordidas. La Fiscalía, en lugar de defender el interés público, parecía abogada de Plus Ultra, solicitando el archivo de la causa sin investigar a fondo. Y, como guinda del pastel, la fiscal Llop fue premiada con un ascenso a la Audiencia Nacional, un ejemplo perfecto de cómo se “resuelven” los asuntos en este país. Al final, la jueza Collazos, sin poder interrogar al representante legal a tiempo, tuvo que dar carpetazo al caso. Un final previsible, con un sabor amargo a impunidad.
Trump le pone la puerta a España
El Pentágono está poniendo la puerta de vuelta a España, y no precisamente para invitarla a bailar. La decisión de reducir los enlaces militares en suelo español, un movimiento sin precedentes en décadas, es el último capítulo de una serie de gestos que huelen a cabreo trumpista. Mientras el ciudadano de a pie se pregunta si podrá pagar la próxima factura de la luz, el Departamento de Defensa planea recortar 50.000 millones de dólares –unos 43.000 millones de euros, para que lo entendamos todos– en gastos militares. Y España, parece, está en la lista negra. La jugada no es un capricho personal de Donald Trump, insisten, sino una política de austeridad que afecta a aliados como Alemania, Francia, Australia o Japón. Pero la coincidencia con la postura de Pedro Sánchez sobre Irán, y el veto al uso de las bases de Morón y Rota para las operaciones estadounidenses, levanta sospechas. El castigo, en forma de no sustitución de agregados militares, es una forma elegante de decir: “Aquí ya no les queremos”. La cosa ha escalado hasta el punto de que los enlaces militares españoles en Washington han sido relegados a la zona de los “no confiables”, sin acceso a información sensible. Un desplante que, según fuentes militares, podría tener consecuencias en la cooperación y, lo que es peor, abrir la puerta a que otros países, como China, se acerquen a España. El Pentágono incluso sondeó la posibilidad de suspender a España de la OTAN, algo que, aunque inviable legalmente, envía un mensaje claro: aquí hay un problema. El general de división Manuel Pérez y Javier Carrasco, los españoles más visibles en la cúpula militar aliada, observan la tormenta desde lejos. Pero el verdadero desafío, quizás, sea el futuro: ¿podrán los candidatos españoles acceder a puestos clave en la OTAN si Estados Unidos pone el veto? La respuesta, por ahora, es un misterio. Y mientras tanto, el general Manuel García se prepara para una estancia “muy incómoda” en Tampa, Florida, como representante de España en el Mando Central de EEUU, con la información limitada a lo que se pueda leer en Google.
Zapatero: Petróleo a cambio de 5G
El caso es más turbio que un café con posos. José Luis Rodríguez Zapatero, en su faceta de 'influencer' petrolero, recibió una compensación curiosa por facilitar el aterrizaje del 5G de Huawei en España: “cupos” de petróleo venezolano. ¿La fecha? 2021, justo cuando las sanciones internacionales dejaban a Venezuela en bragas. Mientras el ciudadano de a pie se apretaba el cinturón, Zapatero se movía en un avispero de comisiones, lobistas y rescates empresariales de Air Europa, Plus Ultra y Duro Felguera. Pero la verdadera bomba es que esta operación no solo llenó los bolsillos de ZP, sino que arrastró a Pedro Sánchez a un espaldarazo público a Huawei, desafiando a sus aliados europeos y las advertencias de la OTAN sobre posibles riesgos de espionaje. La contraprestación, según testimonios directos, fueron “pagos millonarios de PDVSA”. El ‘príncipe’ se convirtió en ‘el siniestro’ para Delcy Rodríguez, la mano derecha de Maduro, hasta que la magia china lo reencauzó. Su contacto clave era Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, quien concedía los “cupos” para el petróleo Merey, un crudo valioso pero complicado de refinar. Todo orquestado por Antonio Mangas, de Huawei, quien buscaba a través del ‘grupo acelerador’ un aliado en el Gobierno español. ¿El plan? Sortear el veto internacional al 5G. Huawei se aseguró los servicios de los comisionistas y, de paso, fichó al ex jefe de seguridad de Zapatero, Segundo Martínez, como jefe de seguridad propio. La hija de Zapatero también se benefició con contratos de Huawei, que desaparecieron rápidamente cuando los escándalos de sobornos a eurodiputados salieron a la luz. Al final, el sablazo se lo lleva el contribuyente, mientras los políticos y empresarios se dan el lujo de jugar con el petróleo y la seguridad nacional. La jugada maestra de China, aprovechando las sanciones, fue convertir a Zapatero en su lobista estrella. Este, a cambio de favores, abrió las puertas de España al gigante tecnológico, poniendo en riesgo la ciberdefensa europea. Una historia de intereses cruzados, favores políticos y petróleo a raudales.
Gómez: La Cátedra Amañada al Detalle
La UCO ha lanzado la bomba: la cátedra de Begoña Gómez, la asesora de Sánchez, no era faro de innovación, sino, según las pesquisas, un ingenio para inflar facturas y favorecer a unos pocos elegidos. Mientras el ciudadano de a pie calcula si le llega para la lista de la compra, la plataforma Transforma TSC, cuyo coste directo para la Universidad Complutense ascendió a 108.765,79 euros, se convirtió en un agujero negro de fondos públicos y privados. La investigación, fechada el 21 de mayo de 2026, destapa adjudicaciones “premeditadas” a empresas como Making Science Group, que recibieron pagos por trabajos realizados sin ni siquiera tener el permiso en regla. Es decir, la factura primero y el papeleo después, una práctica que a muchos nos suena. La cosa no acaba ahí. Entidades colaboradoras como Reale Seguros, Fundación La Caixa, Google y Telefónica aportaron entre 225.000 y 253.000 euros, dinero que, una vez dentro de la UCM, pasó a ser “fondo público”, según la interventora de la universidad. Como quien mete dinero negro en una cuenta corriente y lo blanquea. Begoña Gómez, señalada como “principal responsable” del proyecto, aparece en el centro del huracán, con indicios de aprovechamiento privado de la plataforma y la creación de una sociedad homónima, Transforma TSC, sin acuerdos formalizados con la UCM. La cosa huele a chamusquina y a “no existe un software”, según declaraciones internas de la propia universidad. Cristina Álvarez, asesora de Presidencia, también figura en el atestado, participando en las gestiones. En resumen, un entramado donde la apariencia de legalidad fue, presuntamente, el único mérito.
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