Crítica:
El informe de la UCO es denso y técnico, pero la historia es clara: la sospecha de corrupción es flagrante. Falta conocer la respuesta de los implicados y la evolución judicial del caso, pero el hedor a prevaricación es inconfundible.
La UCO apunta que la cátedra de Begoña Gómez amañó y falseó contratos públicos
Gómez: La Cátedra Amañada al Detalle
Otros artículos
Trump le pone la puerta a España
El Pentágono está poniendo la puerta de vuelta a España, y no precisamente para invitarla a bailar. La decisión de reducir los enlaces militares en suelo español, un movimiento sin precedentes en décadas, es el último capítulo de una serie de gestos que huelen a cabreo trumpista. Mientras el ciudadano de a pie se pregunta si podrá pagar la próxima factura de la luz, el Departamento de Defensa planea recortar 50.000 millones de dólares –unos 43.000 millones de euros, para que lo entendamos todos– en gastos militares. Y España, parece, está en la lista negra. La jugada no es un capricho personal de Donald Trump, insisten, sino una política de austeridad que afecta a aliados como Alemania, Francia, Australia o Japón. Pero la coincidencia con la postura de Pedro Sánchez sobre Irán, y el veto al uso de las bases de Morón y Rota para las operaciones estadounidenses, levanta sospechas. El castigo, en forma de no sustitución de agregados militares, es una forma elegante de decir: “Aquí ya no les queremos”. La cosa ha escalado hasta el punto de que los enlaces militares españoles en Washington han sido relegados a la zona de los “no confiables”, sin acceso a información sensible. Un desplante que, según fuentes militares, podría tener consecuencias en la cooperación y, lo que es peor, abrir la puerta a que otros países, como China, se acerquen a España. El Pentágono incluso sondeó la posibilidad de suspender a España de la OTAN, algo que, aunque inviable legalmente, envía un mensaje claro: aquí hay un problema. El general de división Manuel Pérez y Javier Carrasco, los españoles más visibles en la cúpula militar aliada, observan la tormenta desde lejos. Pero el verdadero desafío, quizás, sea el futuro: ¿podrán los candidatos españoles acceder a puestos clave en la OTAN si Estados Unidos pone el veto? La respuesta, por ahora, es un misterio. Y mientras tanto, el general Manuel García se prepara para una estancia “muy incómoda” en Tampa, Florida, como representante de España en el Mando Central de EEUU, con la información limitada a lo que se pueda leer en Google.
Zapatero: Petróleo a cambio de 5G
El caso es más turbio que un café con posos. José Luis Rodríguez Zapatero, en su faceta de 'influencer' petrolero, recibió una compensación curiosa por facilitar el aterrizaje del 5G de Huawei en España: “cupos” de petróleo venezolano. ¿La fecha? 2021, justo cuando las sanciones internacionales dejaban a Venezuela en bragas. Mientras el ciudadano de a pie se apretaba el cinturón, Zapatero se movía en un avispero de comisiones, lobistas y rescates empresariales de Air Europa, Plus Ultra y Duro Felguera. Pero la verdadera bomba es que esta operación no solo llenó los bolsillos de ZP, sino que arrastró a Pedro Sánchez a un espaldarazo público a Huawei, desafiando a sus aliados europeos y las advertencias de la OTAN sobre posibles riesgos de espionaje. La contraprestación, según testimonios directos, fueron “pagos millonarios de PDVSA”. El ‘príncipe’ se convirtió en ‘el siniestro’ para Delcy Rodríguez, la mano derecha de Maduro, hasta que la magia china lo reencauzó. Su contacto clave era Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, quien concedía los “cupos” para el petróleo Merey, un crudo valioso pero complicado de refinar. Todo orquestado por Antonio Mangas, de Huawei, quien buscaba a través del ‘grupo acelerador’ un aliado en el Gobierno español. ¿El plan? Sortear el veto internacional al 5G. Huawei se aseguró los servicios de los comisionistas y, de paso, fichó al ex jefe de seguridad de Zapatero, Segundo Martínez, como jefe de seguridad propio. La hija de Zapatero también se benefició con contratos de Huawei, que desaparecieron rápidamente cuando los escándalos de sobornos a eurodiputados salieron a la luz. Al final, el sablazo se lo lleva el contribuyente, mientras los políticos y empresarios se dan el lujo de jugar con el petróleo y la seguridad nacional. La jugada maestra de China, aprovechando las sanciones, fue convertir a Zapatero en su lobista estrella. Este, a cambio de favores, abrió las puertas de España al gigante tecnológico, poniendo en riesgo la ciberdefensa europea. Una historia de intereses cruzados, favores políticos y petróleo a raudales.
Zapatero: La Hipoteca con Sabor a Trama
El chalé de Puerta de Hierro, ese sueño inmobiliario de 580.000 euros adquirido en 2024, ahora es un solar. Un espejismo de ladrillo y tejas desvanecido, como las promesas electorales. Pero la verdadera demolición no es la física, sino la de la narrativa de José Luis Rodríguez Zapatero. Él, el ex-presidente que nos vendía austeridad, se ve ahora en el ojo del huracán, con la UDEF desmontando su versión sobre cómo pagó la hipoteca de medio millón de euros. Zapatero juró y perjuró que la venta de otra casa, en Aravaca, fue la solución. Un trueque limpio, un ajuste doméstico. Pero la UDEF, con su paciencia de funcionario y su olfato para el dinero sucio, ha encontrado la madeja. Esa cuenta bancaria, manejada por su esposa, Sonsoles Espinosa, no solo recibió fondos, sino que los recibió de la 'trama', una red de pagadores turbios que alimentaron la cuenta con 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025. Análisis Relevante SL, Gate Center… nombres que suenan a ingeniería financiera y a comisiones ocultas. ¿El sablazo en la factura? 498.000 euros, la cantidad exacta para cancelar la hipoteca, salieron de esa misma cuenta, como por arte de magia. Una transferencia única, sin explicaciones convincentes. Y mientras el ciudadano de a pie aprieta el cinturón, el ex-presidente parece que tenía una llave maestra para desbloquear la financiación. El juez Calama ya ha citado a Zapatero a declarar, imputado por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros delitos que suenan a película de Hollywood. La sombra de la Infanta Cristina, condenada por el caso Nóos, planea ahora sobre Sonsoles Espinosa. Un 'caso Zapatero' que huele a podrido y a promesas rotas. Con la ironía de un solar donde antes había un chalé.
Cataluña: El Español, Idioma 'No Grato'
Sant Cugat del Vallès, municipio de postal en Cataluña, ha decidido poner una señal de tráfico a la convivencia. No para regular el tráfico, sino para advertir a los visitantes que el español no es bienvenido. Un cartelito con el hashtag #parlemcatalà, cortesía de 'Municipis per la Llengua', una escisión de 'Municipis per la Independència'. La cosa va más allá de un gesto simbólico. Los Presupuestos de la Generalitat, firmados por PSC y Esquerra Republicana, destinan más de 100 millones de euros a esta “emergencia lingüística”, según la nomenclatura oficial. La mitad de ese pastel irá a “promover el monolingüismo en las redes”, porque, claro, el problema no es la sanidad ni la educación. Tres millones para la Inteligencia Artificial en catalán (¿para que Siri nos insulte en catalán?), 10 para el deporte (¿para que los jugadores solo puedan gritar “Força Barça!”?) y 35 para engordar la 'consellería' de Política Lingüística, ahora dirigida por un republicano, aunque la idea original fuera de los socialistas. La iniciativa, que busca crear “consejerías lingüísticas” en todos los ayuntamientos y un buzón de “alertas lingüísticas” (¿denuncias por hablar español?), se presenta como un acto de “defensa de los derechos nacionales del pueblo catalán”. En Sant Cugat, la cosa va en serio: ya tienen su propio Departamento Lingüístico, dirigido por Núria Fernández, quien aconseja responder siempre en catalán, incluso a los recién llegados, porque “cambiar de idioma crea barreras”. Con lo que cuesta levantar una barrera de verdad... y con lo que cuesta el sablazo de la ‘emergencia lingüística’ a los contribuyentes.
Zapatero-Escrivá: El Rescate con Sabor a Cena
El olor a chamusquina en el Banco de España es denso. No es un incendio, no, es el eco lejano de una comida entre José Luis Rodríguez Zapatero y José Luis Escrivá en septiembre de 2020. Una cena que, según el juez Calama, podría haber allanado el camino para un rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros de dinero público. 53 millones, señores, lo que cuesta poner en marcha un hospital de última generación, o, para que lo entiendan mejor, el precio de unas cuantas cocinas de diseño para políticos con gusto exquisito. La historia se complica como un nudo en un cable de la OCU. Plus Ultra, una aerolínea con menos aviones propios que un taxista con deudas, necesitaba respirar. Tenía una deuda importante con la Seguridad Social, un agujero contable que la alejaba del rescate. Pero, ¡oh, sorpresa!, un aplazamiento de pago, convenientemente autorizado, abrió las puertas del paraíso. ¿Fue Escrivá, entonces ministro, quien tiró de hilos? El juez lo investiga. La sombra de la sospecha, esa que mancha hasta el mejor traje, se extiende ahora sobre el Banco de España, una institución con más de 3.000 empleados y un equipo de economistas que, irónicamente, deberían estar prediciendo estos desastres. El PP, con cara de pocos amigos, ha declarado la 'guerra total'. Quieren ver a Escrivá acorralado en el Senado, respondiendo a preguntas incómodas sobre esa comida y sus posibles consecuencias. Y mientras tanto, la reputación del Banco de España, antes a prueba de bombas, ahora tiembla como un flan. ¿Recuerdan el caso Bankia? Tres altos cargos dimitieron en su día. Escrivá, por ahora, se defiende. Pero el ruido, ese que corroe la confianza, ya ha empezado a inundar los pasillos de Cibeles. Un rescate con aroma a bombo y platillo, y un gobernador en el ojo del huracán. La cosa pinta fea, muy fea.
Universidades Privadas: El Sablazo Legal
España, tierra de laberintos burocráticos y promesas incumplidas. Mientras nos venden la moto de una universidad pública autosuficiente, la realidad es que el sector privado, con sus 400.000 estudiantes y entre 60.000 y 80.000 empleos generados, es el respirador artificial que evita el colapso. ¿La paradoja? El Estado, cual padre que niega la paternidad, exige a estas instituciones privadas una aprobación parlamentaria para existir, un trámite que para el resto de sectores (hospitales, colegios, incluso partidos políticos) es solo papeleo administrativo. Es como pedirle una ley especial a tu panadero para que te venda una barra de pan. Una chapuza legal que vacía el derecho a la defensa y la tutela judicial, dejando a los promotores universitarios a merced de los caprichos de las mayorías políticas. Y mientras tanto, la pública, ahogada en una infrafinanciación crónica (invertimos un 1,2% del PIB frente al 1,5% de la UE), se beneficia silenciosamente de esta ingeniería financiera. La investigación, dicen, es más prolífica en lo público. Mentira. La pública investiga más porque recibe el 93% de los fondos nacionales, el 97% de las infraestructuras científicas y más del 90% de los fondos autonómicos. Es como darle a alguien una mano llena de billetes y luego sorprenderse de que compre más cosas. La gratuidad de la pública, otro espejismo, se paga con el dinero de todos. En definitiva, un sistema universitario construido sobre una base de ilusiones políticas y económicas que, convenientemente, conviene ocultar. La universidad privada, mientras tanto, atrae talento internacional, dinamiza la economía y se convierte en el motor de la internacionalización, triplicando a la pública en captación de estudiantes extranjeros en grado y duplicándola en máster. Un dato que, evidentemente, no sale en los titulares.
Puente: Otro puente, la misma historia
El viaducto de Tremor, en León, parece tener un gemelo siniestro. Uno que, según el PP, el Gobierno de Sánchez prefiere mantener en la sombra, como un secreto de familia mal guardado. ¿Por qué? Porque es idéntico al de O Castro, el que se desplomó en 2022, dejando un reguero de sustos y preguntas sin respuesta. En mayo de 2023, el Ministerio de Transportes, con el acelerador a fondo, encargó una inspección de “emergencia” –sí, como si la seguridad fuera una opción–, citando un “grave peligro”. Y, ojo, que la cosa no acabó ahí: en marzo de 2024, más impermeabilización, más monitorización (que ahora parece una vigilancia constante), desvíos que convierten la A-6 en un laberinto y un estudio de “alternativas de gran reparación”. Traducido: se están gastando pasta, pero nadie dice dónde va a parar. La respuesta del Ministerio de Óscar Puente, lejos de aclarar, es un enlace a la documentación de expropiaciones para un futuro viaducto. Es decir, en lugar de decir qué tal está el que tenemos, nos ofrecen el plan B. Las diputadas Ester Muñoz y Silvia Franco, hartas de correos electrónicos sin respuesta, denuncian la “inaceptable” actitud del Gobierno. Y no les falta razón: 1,49 millones de euros adicionales en marzo de 2026, sin ni siquiera una explicación mínima. ¿Qué patologías tiene el viaducto? ¿Qué riesgos corremos al pasar por encima? ¿Qué se ha hecho, exactamente, con el dinero público? Preguntas que, por ahora, quedan flotando en el aire, como escombros de un puente a punto de caer. En resumen, el Gobierno prefiere hablar de futuros puentes que de arreglar los que ya tenemos. El silencio, al parecer, es la mejor política… o la más barata.
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