Crítica:
La noticia está sesgada hacia la crítica del PP, faltan declaraciones de la defensa de Escrivá y un análisis más profundo de la SEPI. El titular, aunque atractivo, simplifica demasiado la complejidad del caso.
La conexión Zapatero-Escrivá y la onda expansiva en el Banco de España
Zapatero-Escrivá: El Rescate con Sabor a Cena
Otros artículos
Cataluña: El Español, Idioma 'No Grato'
Sant Cugat del Vallès, municipio de postal en Cataluña, ha decidido poner una señal de tráfico a la convivencia. No para regular el tráfico, sino para advertir a los visitantes que el español no es bienvenido. Un cartelito con el hashtag #parlemcatalà, cortesía de 'Municipis per la Llengua', una escisión de 'Municipis per la Independència'. La cosa va más allá de un gesto simbólico. Los Presupuestos de la Generalitat, firmados por PSC y Esquerra Republicana, destinan más de 100 millones de euros a esta “emergencia lingüística”, según la nomenclatura oficial. La mitad de ese pastel irá a “promover el monolingüismo en las redes”, porque, claro, el problema no es la sanidad ni la educación. Tres millones para la Inteligencia Artificial en catalán (¿para que Siri nos insulte en catalán?), 10 para el deporte (¿para que los jugadores solo puedan gritar “Força Barça!”?) y 35 para engordar la 'consellería' de Política Lingüística, ahora dirigida por un republicano, aunque la idea original fuera de los socialistas. La iniciativa, que busca crear “consejerías lingüísticas” en todos los ayuntamientos y un buzón de “alertas lingüísticas” (¿denuncias por hablar español?), se presenta como un acto de “defensa de los derechos nacionales del pueblo catalán”. En Sant Cugat, la cosa va en serio: ya tienen su propio Departamento Lingüístico, dirigido por Núria Fernández, quien aconseja responder siempre en catalán, incluso a los recién llegados, porque “cambiar de idioma crea barreras”. Con lo que cuesta levantar una barrera de verdad... y con lo que cuesta el sablazo de la ‘emergencia lingüística’ a los contribuyentes.
Universidades Privadas: El Sablazo Legal
España, tierra de laberintos burocráticos y promesas incumplidas. Mientras nos venden la moto de una universidad pública autosuficiente, la realidad es que el sector privado, con sus 400.000 estudiantes y entre 60.000 y 80.000 empleos generados, es el respirador artificial que evita el colapso. ¿La paradoja? El Estado, cual padre que niega la paternidad, exige a estas instituciones privadas una aprobación parlamentaria para existir, un trámite que para el resto de sectores (hospitales, colegios, incluso partidos políticos) es solo papeleo administrativo. Es como pedirle una ley especial a tu panadero para que te venda una barra de pan. Una chapuza legal que vacía el derecho a la defensa y la tutela judicial, dejando a los promotores universitarios a merced de los caprichos de las mayorías políticas. Y mientras tanto, la pública, ahogada en una infrafinanciación crónica (invertimos un 1,2% del PIB frente al 1,5% de la UE), se beneficia silenciosamente de esta ingeniería financiera. La investigación, dicen, es más prolífica en lo público. Mentira. La pública investiga más porque recibe el 93% de los fondos nacionales, el 97% de las infraestructuras científicas y más del 90% de los fondos autonómicos. Es como darle a alguien una mano llena de billetes y luego sorprenderse de que compre más cosas. La gratuidad de la pública, otro espejismo, se paga con el dinero de todos. En definitiva, un sistema universitario construido sobre una base de ilusiones políticas y económicas que, convenientemente, conviene ocultar. La universidad privada, mientras tanto, atrae talento internacional, dinamiza la economía y se convierte en el motor de la internacionalización, triplicando a la pública en captación de estudiantes extranjeros en grado y duplicándola en máster. Un dato que, evidentemente, no sale en los titulares.
Puente: Otro puente, la misma historia
El viaducto de Tremor, en León, parece tener un gemelo siniestro. Uno que, según el PP, el Gobierno de Sánchez prefiere mantener en la sombra, como un secreto de familia mal guardado. ¿Por qué? Porque es idéntico al de O Castro, el que se desplomó en 2022, dejando un reguero de sustos y preguntas sin respuesta. En mayo de 2023, el Ministerio de Transportes, con el acelerador a fondo, encargó una inspección de “emergencia” –sí, como si la seguridad fuera una opción–, citando un “grave peligro”. Y, ojo, que la cosa no acabó ahí: en marzo de 2024, más impermeabilización, más monitorización (que ahora parece una vigilancia constante), desvíos que convierten la A-6 en un laberinto y un estudio de “alternativas de gran reparación”. Traducido: se están gastando pasta, pero nadie dice dónde va a parar. La respuesta del Ministerio de Óscar Puente, lejos de aclarar, es un enlace a la documentación de expropiaciones para un futuro viaducto. Es decir, en lugar de decir qué tal está el que tenemos, nos ofrecen el plan B. Las diputadas Ester Muñoz y Silvia Franco, hartas de correos electrónicos sin respuesta, denuncian la “inaceptable” actitud del Gobierno. Y no les falta razón: 1,49 millones de euros adicionales en marzo de 2026, sin ni siquiera una explicación mínima. ¿Qué patologías tiene el viaducto? ¿Qué riesgos corremos al pasar por encima? ¿Qué se ha hecho, exactamente, con el dinero público? Preguntas que, por ahora, quedan flotando en el aire, como escombros de un puente a punto de caer. En resumen, el Gobierno prefiere hablar de futuros puentes que de arreglar los que ya tenemos. El silencio, al parecer, es la mejor política… o la más barata.
Zapatero: Cortan el Grifo en Suiza
Mientras la lista de la compra se encarece cada día, el Gobierno decide que Suiza no necesita un 'enlace'. Un juez que, casualmente, estaba destapando una trama con el ex-presidente Zapatero y 53 millones de euros de Plus Ultra. Félix Bolaños, ministro de Justicia, nos asegura que es una simple reestructuración, una optimización de recursos. Como si el saber que alguien te está siguiendo desapareciera mágicamente. La jueza Silvia Martínez Cantón, cesada en mayo de 2026, era el dolor de cabeza de ciertos círculos. Ahora, la cooperación con Suiza se gestionará desde Francia, porque, según el ministro, “hay demasiado trabajo en Francia”. Sí, demasiado trabajo para que un juez se dedique a Suiza, donde, al parecer, desentrañaban una historia que no apetecía contar. La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, allá por 2024, apuntaba a un “uso indebido” de esos 53 millones rescatados en 2021. Francia y Suiza, al tanto, enviando peticiones de cooperación. Y el Gobierno, con la tijera en mano, eliminando al incómodo juez. Bolaños insiste: “No ha habido ninguna sustitución”. Solo una reubicación estratégica, un cambio de aires. El BOE de mayo confirma la jugada. La misión de un juez de enlace, según la web del Ministerio, es “promover y facilitar la cooperación judicial”. Pero, a veces, la cooperación judicial es más eficiente en la oscuridad. El artículo 42.6 de la Ley 2/2014 permite al Gobierno crear o suprimir plazas de magistrados de enlace. Un Real Decreto y listo. Un agujero legal para tapar otro agujero, esta vez, contable y político. La historia, en resumen, es que cuando el río suena, a veces, es porque alguien ha tirado piedras… o ha silenciado al que las veía caer.
Europa nos deja fuera del avispero
Mientras el precio de la gasolina sigue subiendo y el IBEX 35 tose, las grandes potencias europeas han decidido jugar a ser diplomáticos… pero sin nosotros. Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, cual club de ricos, han firmado un comunicado en el que le ponen el dedo en la llaga a Israel por los asentamientos en Cisjordania. Unos asentamientos que, según denuncian, están “socavando” las posibilidades de una solución de dos estados. ¿Socavando? Más bien dinamitando, diría yo. En el documento, que parece escrito con lupa para no mancharse las manos, exigen a Israel que frene la expansión de esos asentamientos y que investigue la violencia de los colonos. A la vez, piden que se levanten las trabas económicas a la Autoridad Palestina, como si soltar unos cuantos euros fuera a solucionar décadas de conflicto. Y, por si fuera poco, alertan sobre el plan E1, un corredor que, según afirman, dividiría Cisjordania en dos. Es decir, más leña al fuego. Lo curioso es que, mientras se preocupan por el derecho internacional –que, claro, es muy bonito sobre el papel–, también advierten a las empresas privadas de los “riesgos legales y de reputación” de participar en licitaciones de construcción en la zona. En cristiano: que no se metan en líos, que el negocio es peligroso. Y, como guinda del pastel, condenan a aquellos que “abogan por la anexión y el desplazamiento forzoso”. Unas palabras bonitas que suenan a poco, especialmente cuando España no está ni invitada a la fiesta. Porque, al parecer, en este baile de intereses, tenemos el papel de espectadores de pago. Una vez más.
Interior cede Cataluña: ¡Otro sablazo!
El Ministerio del Interior está jugando al escondite con la Guardia Civil en Cataluña, y no precisamente al de las vacaciones. Primero, el GEAS de la Costa Brava, unidad de rescate subacuático, se difumina como azúcar en agua. ¿La justificación? “Optimización de recursos”, eufemismo que huele a recorte a kilómetros. De seis agentes a dos, y luego, ¡puf!, desaparecidos, integrados en la plantilla de Barcelona, donde ya hay 11. Es como cerrar la tienda de barrio porque “se optimizan las rutas de reparto”. Pero la cosa no acaba ahí. El GEDEX de Tarragona, expertos en desactivar bombas, corre el mismo destino. Según Jucil, la asociación de guardias civiles, es un “plan perfectamente orquestado” para dejar a Cataluña en manos de los Mossos. La seguridad en puertos y aeropuertos ya es suya, y se habla de un control de fronteras compartido (aunque la ley diga lo contrario). Para rematar la faena, el Gobierno promete 210 millones anuales hasta 2030 para engordar la plantilla catalana. ¡70.000 euros por cada nuevo puesto! Mientras tanto, la Guardia Civil pierde un tercio de su plantilla en la región. La excusa de la “reorganización” no cuela. Los agentes denuncian “fallos técnicos” y traslados forzados para acelerar el cierre de las bases. ¿Una emergencia en la Costa Brava en pleno verano? Prepárense para esperar dos horas, el tiempo que tarda en llegar la unidad de Barcelona. El Ministro Torres y el Consejero Dalmau firman acuerdos mientras la Guardia Civil se desmantela en silencio. Es como comprar un paraguas cuando ya está lloviendo a cántaros. El GEAS y el GEDEX, dos piezas clave, se evaporan en nombre de una “cesión” que huele a estrategia política y a ahorro a costa de la seguridad. Y mientras tanto, el ciudadano de a pie se pregunta: ¿quién vigila ahora a los vigilantes?
TVE: Zapatero y el 'rigor' a la parrilla
El avispero en TVE ha montado un pollo de dimensiones épicas. Resulta que el Consejo de Informativos, esos guardianes de la verdad televisiva, ha abierto una investigación a 'Mañaneros 360' y compañía por un supuesto “rigor periodístico” que, según denuncian desde dentro, brilla por su ausencia al cubrir la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. La cosa no va de si Zapatero está metido hasta el cuello (eso lo dirá la justicia), sino de cómo TVE vendió el pastel. Mientras tú y yo nos peleamos por si la leche de almendras es realmente leche, en La Hora de la 1, dirigida por Silvia Intxaurrondo, se atribuyó la querella contra Zapatero a Manos Limpias, ¡basándose en “recortes de prensa”! O sea, que en lugar de ir a la fuente original –la Fiscalía Anticorrupción en coordinación con Suiza y Francia, nada menos–, prefirieron un chismorreo de segunda mano. Y luego, Javier Ruiz, en 'Mañaneros 360', dedicó la mañana entera a dinamitar la investigación y al juez, como si estuviera defendiendo a un familiar. La cosa se puso fea en 'Malas Lenguas', donde acusaron a la justicia de “golpe de Estado”, sin ni siquiera pararse a contrastar la información. Porque, claro, ¿para qué molestarse en verificar hechos cuando puedes soltar una bomba informativa y ver cómo explota? Los trabajadores de TVE, hartos de “24 horas de manipulación”, votaron en una consulta interna para sentenciar a Ruiz y Cintora por “sesgo ideológico”. Un rifirrafe que ha terminado con acusaciones cruzadas y un ambiente laboral más tenso que un cable de alta tensión. Todo esto ha costado, según fuentes internas, la paciencia de más de uno. Pero, ¿quién cuenta los euros gastados en esta telenovela?
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